Vivir y transitar la ciudad de los márgenes

Un acercamiento al urbanismo feminista

23/07/2021

                                                                                                                                                                                                       Por Maira Muiños Cirone¹

Introducción

«La ciudad es espacio público» según Borja (2016), y nos recuerda la importancia de la planificación desde los espacios de socialización, de resistencia, de encuentro y desencuentro, de diferencias y similitudes. Nos plantea un escenario en el cual, la ciudad sin planificación y sin espacios públicos, no es ciudad. La apropiación del espacio desde la ciudadanía y las distintas clases sociales, dejan huellas en la ciudad de los deseos, necesidades, anhelos, miedos y cotidianidades, y proyecta en este los modelos de ciudad que a cada unx le interesa habitar. En este sentido, el espacio público se ha conformado socialmente, y se concibe a sí mismo como lugar donde las diferencias se encuentran, se solidarizan y se dirimen (Boy y Perelman, 2008). Sin embargo, este espacio urbano y la ciudad han sido resultado histórico de un urbanismo androcéntrico y patriarcal, que enaltece al sujeto hombre (heterosexual, blanco, clase media, padre y marido, sostén de las actividades económicas y del hogar) como sujeto universal y neutral de la planificación. Esta ha sido estudiada y problematizada principalmente desde las lógicas urbanas y corrientes científicas hegemónicas, de manera sectorizada, dejando por fuera la diversidad y heterogeneidad de sujetos asentados en el territorio, como así también la multiplicidad de relaciones y conflictos sociales originados en él. Comprende entonces un resultado político, y en líneas de Gorelik se encuentra “atravesado por una experiencia social, al mismo tiempo que organiza esa experiencia y da formas” (1998, p.20).

Este trabajo busca desarrollar de manera breve, un acercamiento al urbanismo con perspectiva de género y al urbanismo feminista, con el fin de comprender de qué manera los preceptos establecidos en la ciudad habitada, se han ido des-armando y re-pensando desde las teorías del género y las militancias feministas hispanoamericanas y latinoamericanas desde los años setenta. A su vez, se analiza qué impactos diferenciales genera la ciudad de hoy en general, y en particular la representación del miedo y las violencias urbanas desde las mujeres y disidencias en el espacio público y la ciudad, a partir de la transitoriedad, la circulación y la apropiación del mismo. Por último, se hará una reflexión sobre el urbanismo feminista y las agendas urbanas, para continuar pensando cómo aportar desde las distintas voces y miradas de los grupos más invisibilizados. 

Breve acercamiento a la producción del espacio público desde la perspectiva de género.

Continuando con la línea del espacio público producido y productor, y principalmente como resultado político de las distintas esferas de poder que organizan y controlan la ciudad, resulta imperante incorporar el género como concepto relacional, transversal a todas las dimensiones y esferas resultantes de la planificación y el urbanismo, entendiendo que su construcción ha sido históricamente política, patriarcal y androcentrista. Estos elementos físicos y simbólicos operan disciplinando a los/as sujetos/as, establecen restricciones al desplazamiento, imponen determinadas circulaciones, sujetan los encuentros sociales, es decir, revelan una estructura de poder, la cual se expresa y ejercita en las ciudades (Foucault, 1990). El urbanismo feminista viene a derribar al sujeto universal de nuestra sociedad y a romper la dicotomía generada por la división sexual en el territorio, que atribuía las esferas públicas con lo doméstico y las privadas con lo productivo y lo político, a su vez asignadas a categorías sexo-género. 

A partir de los años setenta algunas investigadoras, académicas y militantes feministas comienzan a poner el foco en la no neutralidad del urbanismo y las ciudades, como también en el contexto desigual que atravesaban las mujeres y disidencias sexuales al momento de transitar el espacio urbano y salir de la esfera privada. Si bien el espacio nunca puede considerarse neutral desde el punto de vista del género, su valoración se hace a través de quien hace uso de él (Cevedio, 2003), y en esta dirección el espacio público sigue siendo masculino. En palabras de Falú (2009), las mujeres y disidencias han tenido históricamente vedado el espacio público y la “irrupción” en él ha sido producto de sus luchas (Falú, 2009, p.23), es decir que la ocupación del mismo y su apropiación ha sido conquistado de manera colectiva, plural y desde abajo. 

Pero ¿qué implica incorporar el género al urbanismo? A nivel local son relevantes los aportes que realizan Falú (2014),  Rainero (2018) al momento de plantear la necesidad de incorporar la perspectiva de género y feminista en el análisis de las ciudades, para repensar los procesos de urbanización y planificación territorial. Ello implica cambiar las estructuras actuales de conocimiento de lo urbano y reconocer que las relaciones de género son constitutivas de esa desigualdad, que estructuran la vida social y se traducen en el territorio. En la misma línea Muxí (2011, 2019) señala que, la perspectiva de género aplicada al urbanismo significa poner en igualdad de condiciones las exigencias derivadas del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo, es decir, las necesidades cotidianas de atención a las personas. En este sentido, el urbanismo feminista pone sobre la mesa todas las actividades cotidianas de supervivencia y las regula, las engrana en una red de ciudades cuidadoras. Muxi ha sido una de las fundadoras del Col Lectiu.Punt 6 en Barcelona, una de las ciudades neurálgicas dónde estos planteos han comenzado a ponerse en práctica. La metodología construida por el urbanismo feminista, identifica seis grandes campos que definen el apoyo físico y social sobre el cual se desarrolla la red cotidiana (Muxí et al., 2011: 113): los espacios públicos o de relación, los equipamientos, la movilidad, la vivienda, la participación y la seguridad.

Resulta oportuno entender las diferentes perspectivas que se asumen del espacio público urbano, dependiendo de lxs sujetxs que lo transitan y habitan. Estos nuevos enfoques y maneras de comprender la ciudad, nos permiten pensar de manera transversal el género pero también la etnia, las condiciones socioeconómicas, las oportunidades, las olas migratorias, etc. En palabras de Czytajlo, arquitecta tucumana, el espacio, atravesado por el género, se encuentra configurado por tres esferas: la esfera material, la esfera simbólica y la esfera política (2020). En la primera, se visibilizan las desigualdades materiales en la ciudad desde la interseccionalidad, reflejados en la segregación social y fragmentación urbana. La segunda refiere a las construcciones discursivas y los sistemas de imaginarios construidos en la trama social y cultural. Y, por último, la tercera esfera, refleja las relaciones de poder y dominación, como así también las diferentes territorialidades configuradas desde la resistencia y la apropiación del espacio. 

Es por esto, que resulta pertinente y urgente la incorporación del género en la planificación urbana y las políticas públicas, ya que continuando la línea de Gorelik,  el espacio se encuentra “atravesado por una experiencia social, al mismo tiempo que organiza esa experiencia y da formas” (1998, p.20).  Experiencia que se ha convertido en espacios urbanos y tiempos vedados para las mujeres y disidencias, que lxs ha culpado si algo les sucedía, obstruyendo tanto el uso de ciertos sectores de la ciudad, momentos del día y la noche, creando medidas y estrategias internas para poder circular el espacio público de manera más segura y colectiva, y principalmente lxs ha privado de la participación ciudadana y política en ciertos momentos. A pesar de la heterogeneidad de experiencias y la diversidad de posiciones que las mujeres y disidencias tienen dentro de la sociedad, la violencia urbana, con sus múltiples caras, es quizás uno de los temores que más comparten todas las mujeres, sea cual sea su identidad (Garcia Ramón et al., 2016, p.27).

La inseguridad y las violencias urbanas representadas en el espacio público.

Continuando con lo expuesto, el espacio público urbano es reflejo de las relaciones de poder (de clase, género, etnia, raza,  etc) y de los roles de género intrínsecos a la cultura. Su uso y transitoriedad se ha visto obstaculizado por la percepción del miedo/inseguridad y las violencias ejercidas en el mismo, configurando distintos territorios dentro de la ciudad, estableciendo límites y zonas a ciertos actores sociales, y vedando temporalidades para su uso y apropiación. Es la violencia que se vive y la que se percibe (Falú, 2014) la que complejiza la transitoriedad de lo urbano.

Desde los años ochenta, y principalmente en las últimas dos décadas, la inseguridad se ha convertido en el tope de las demandas públicas (Kessler, 2010) y en América Latina se ha convertido en una de las principales problemáticas que atraviesan las sociedades y agendas políticas. Castel (2004) sostiene que la inseguridad y el miedo son el producto de una trama social constituida históricamente sobre el establecimiento de protecciones sociales y civiles (en Segura, 2009 p.63). Según Segura (2009), la inseguridad en Argentina ha sido producto de diferentes riesgos y posibilidades según el contexto histórico específico. Sin embargo, ambos autores mencionan la experiencia colectiva como creadora de nociones de riesgo, miedo y amenazas ante posibles hechos de inseguridad en el espacio urbano, sin considerar la real factibilidad de peligro del individuo. 

En este sentido, los contextos metropolitanos de los años noventa, han conformado variadas territorialidades configuradas según las relaciones entre ciudadanxs – espacio – entorno. Una manera de abordarlo es desde la articulación con lo externo, en donde las relaciones en y con el espacio público se convierten en dinámicas y efímeras.  Siguiendo con esta línea, Hannerz hace mención a cinco ámbitos o dominios que han caracterizado y configurado la vida social urbana, dada por participaciones situacionales e intencionadas (1993, p.118) de cada unx en el espacio público. Por un lado, las “relaciones de aprovisionamiento”, como relaciones asimétricas, de la cual se obtienen los recursos, y por el otro, las “relaciones de tránsito” categorizadas por el anonimato, la alteridad y la movilidad en el espacio, han sido los principales dominios para dar cuenta cómo se constituyen las estructuras sociales en nuestras ciudades. Por último, las “relaciones de vecindad”, como fuelle intermedio de las relaciones internas y externas, que establecen ciertos vínculos de proximidad estables, y permiten reconocimiento entre sí, alteridad y protección de la otredad.

Asimismo, se vuelve necesario comprender el miedo a partir de la relación del género y cómo influye en la participación ciudadana, posicionando esta lectura en la concepción contextual y situacional de la inseguridad en el espacio, por lo tanto, temporal y discontinua (Segura, 2013). A su vez, es fundamental comprender que la mirada sobre la vida en el espacio público urbano, debe ser conformada a partir de las diferencias de géneros establecidas, ya que estas determinan límites y restricciones, construyen imaginarios y significados de la ciudad (Boy, 2018; Burgess, 2009; Rainero, 2009; Vargas, 2009). En esta línea, las discusiones actuales que incorporan la perspectiva de género y disidencias en el análisis del espacio público, destacan que las configuraciones sociales, políticas y culturales impuestas condicionan y producen significados sobre la trama urbana, delimitando fronteras simbólicas y materiales en el espacio público (Boy, 2018, p.161) y construyendo representaciones hegemónicas alrededor de una idea de ciudadano. En palabras de Boy:

“Los diferentes grupos que habitan la ciudad desde sus posiciones económicas, sociales, culturales y sexo-genéricas diferenciales construyen narrativas morales que (i)legitiman, (i)legalizan, (des)posicionan y hasta expulsan o acobijan a unos grupos en detrimento de otros “(2018, p.159 – 160). Este constructo invisibiliza a todas aquellas identidades que se escapan de los marcos regulatorios y normativos, colocándolas en los márgenes de la ciudad y en el umbral de las políticas públicas. Siguiendo con las ideas de Sabsay, las fronteras no solo organizan, clasifican y jerarquizan las prácticas sociales, sino que operan de forma performativa, interpelando a los distintos sujetos sociales, y de este modo participan en la configuración del imaginario de cada identidad social (2011, p.72) Las preguntas entonces qué debemos revisar a la hora de problematizar y planificar las ciudades son, para quién, qué cuerpos la transitan y qué prácticas generalizadas/sexualidadas la utilizan, de qué manera, cómo se construye la idea de ciudadano y cómo se dirimen las fronteras urbanas. 

Reflexiones finales

La posible apropiación y experiencias en y desde el espacio urbano, dista de ciertas variables cómo el acceso a los espacios públicos, generalmente pensados y planificados para los centros urbanos y no en las periferias, el acceso a equipamientos urbanos y servicios de infraestructura que permitan la movilidad y circulación segura y sin violencias, el acceso a instituciones educativas, sanitarias, comerciales y jurisdiccionales, que reconozcan las identidades de cada unx y construyan oportunidades, el acceso al trabajo, los servicios y su distribución, entre otras. Estos aspectos son pensados por el urbanismo feminista, en conjunción con la esfera reproductiva y a escala barrial, con el fin de propiciar entramados que se sostengan entre sí y pongan en el centro de la escena la vida cotidiana. 

Asimismo, surge la pregunta sobre la situación en los barrios populares, villas y asentamientos típicos del contexto latinoamericano y de Argentina puntualmente. Creemos pertinente la incorporación de lecturas urbanas latinoamericanas, que permitan la circulación de programas y políticas públicas dentro de la región, que colaboren a pensar las desigualdades socioeconómicas de manera integral e inclusiva. 

En este sentido, el urbanismo feminista propone un cambio material y simbólico en las ciudades, pero que debe ser acompañado de cambios radicales en nuestra sociedad, de nuevas maneras de pensar y usar el espacio público.  El urbanismo feminista debe ser entonces interseccional y popular, pensando en la incorporación de las voces de aquellxs que transitan y construyen sus barrios, las voces militantes que esperan reconocerse y reapropiarse de los espacios que levantan y también de aquellos que viven cotidianamente, las voces de personas con distintas capacidades motrices, de aquellas que cuidan y sostienen las vidas de otrxs, las voces que han sido calladas históricamente por las lógicas del sistema.

[1]Arquitecta por la FAU-UNLP. Militante en ARQCOM LP. Becaria doctoral CONICET y doctoranda en el DEU-UNGS.

Bibliografía

Boy, M., & Perelman, M. (2008). Los sin techo de Buenos Aires. Revista Ciudades. Las múltiples manifestaciones de la pobreza, 78, 2-7.

Boy, M. (2018). El otro espacio público en los estudios urbanos de la Argentina actual: el género y las sexualidades también construyen ciudad//Other public space in urban studies in present day Argentina: gender and sexualities also build city. Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos, (9), 153-167.

Burgess, R. (2009). Violencia y la ciudad fragmentada. Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos, 99-126.

Cevedio, M. (2003). Arquitectura y género: espacio público-espacio privado (Vol. 203). Icaria Editorial.

Czytajlo, N. (2020). Género, ciudad y violencia (s). Territorialidades y cartografías emergentes. Revista nodo, 14(28), 41-57.

Dolors, M., Ramon, O. G. G., Ramon, M. D. G., Guitart, A. O., & Ferret, M. P. (2016). Espacios públicos, género y diversidad. Geografías para unas ciudades inclusivas.

Falú, A. (2009). Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos.

Falú, A. M. (2014). El derecho de las mujeres a la ciudad: espacios públicos sin discriminaciones y violencias.

Foucault, M. (1990). Vigilar y castigar, siglo XXI.

Gorelik, A. (1998). La grilla y el parque: espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936. Universidad Nacional de Quilmes.

Hannerz, U. (1993). Conclusión: la construcción de las ciudades y la vida urbana. Exploración de la ciudad. Hacia una antropología urbana, 272-350.

Kessler, G. (2010). Delito, sentimiento de inseguridad y políticas públicas. In VI Jornadas de Sociología de la UNLP 9 y 10 de diciembre de 2010 La Plata, Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología.

Muxí Martínez, Z., Casanovas, R., Ciocoletto, A., Fonseca, M., & Gutiérrez Valdivia, B. (2011). ¿ Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?.

Rainero, L. (2009). Ciudad, espacio público e inseguridad. Aportes para el debate desde una perspectiva feminista. MUJERES EN LA CIUDAD De violencias y derechos, 163.

Rainero, L. (2018). La ciudad,¿ para quiénes? Territorio y relaciones de género desde una perspectiva feminista. Revista Género y diversidad sexual. Revista Institucional de la Defensa Pública, 8(14).

Sabsay, L. (2011). Fronteras sexuales: espacio urbano, cuerpos y ciudadanía (p. 11). Buenos Aires: Paidós.

Saldaña, D., Cardona, H., Goula, J., & Muxí, Z. (2019). La co-creación del espacio público como estrategia para ciudades educadoras. kult-ur, 6(11), 109-128.

Segura, R. (2009). Paisajes del miedo en la ciudad. Miedo y ciudadanía en el espacio urbano de la ciudad de La Plata. Cuaderno Urbano. Espacio, cultura, sociedad, 8(8), 59-76.

Vargas, V. (2009). La violencia de género: pistas para un análisis. Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos, 55-60.

La globalización y los impactos socio territoriales en CABA.[1]

16/07/2021

Por Mariana Castegnola[2]

 

La idea de este trabajo es reflexionar  sobre  algunas transformaciones territoriales  e   impactos  producidos por  la globalización, en la Ciudad Autónoma de Bs As   con algunos ejemplos zona de Puertos Madero  Barracas- Ubicados en la zona centro – sur de la ciudad)  a través de un dialogo con la bibliografía citada

 

Saskia Sassen (1995)[3] “Ciudades globales” Incorpora el término “Nuevas centralidades”,[4] La autora también incorpora además un análisis según las escalas, donde sitúa los procesos desde lo regional hacia lo nacional y global. Y explica que el avance en la escala permite la proliferación de circuitos globales especializados para las actividades económicas. Se transforman en los lugares estratégicos de emplazamiento de empresas (actividades financieras y de servicios especializados) por lo tanto se constituyen nuevas funciones centrales que junto a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, además de los espacios virtuales, favorecen a una nueva configuración geográfica que va tomando diversas formas centrales y periféricas.

Pero estas ciudades no solo se convierten en lugares estratégicos para el capital global, como actividades más avanzadas y globalizadas, sino que también se incrementan las economías informales, formando una nueva dinámica. Entonces se configuran grandes urbes con fuertes polos económicos, y a la vez, grandes escenarios de pobreza.

En este sentido C A. Mattos( 2002 )y  M.Castells(1979 ) señalan que  en la medida en que la globalización se ha desarrollado, esencialmente, como instrumento de articulación de mercados capitalistas, la rentabilidad económica se convierte en el criterio fundamental para la inclusión o exclusión en las redes globales que articulan individuos, segmentos de población, países, regiones, ciudades, o barrios, al tiempo que excluyen otros tantos individuos, grupos sociales o territorios.  Y señalan que todos los países y territorios están atravesados por dicha lógica dual, de forma que se crean redes transnacionales de componentes dinámicos de la globalización, al tiempo que se segregan y excluyen segmentos sociales y territorios al interior de cada país, región o ciudad

Mattos (2008)[5], por otro lado,  indica que es menester relacionar este proceso con la crisis del modelo de desarrollo fordista de carácter concentrador, urbano industrial y liderado por grandes empresas. En este sentido es un desafío para los gobiernos encontrar respuesta a la movilidad del capital respecto de las dinámicas territoriales específicas y a las nuevas formas de acumulación flexibles.

Esta nueva configuración de los modelos de producción, empresariales, de acumulación de capital y reorganización social, implica una demanda creciente de servicios especializados que solo se encuentran en la ciudades, siendo los sitios preferidos de producción de estos servicios, en términos de Castells(1889), las llamadas actividades  “estructurales”[6].

Las demandas de actividades especializadas requieren servicios corporativos avanzados que se combinan para hacer de algunas ciudades el sitio cable, conector, para la generación de procesos y mercados globales que han significado que el sector de la economía se ha ampliado e impuesto una nueva dinámica de valorización del suelo urbano (De Mattos 2008: 52 )[7]  señala que  los  procesos empezaron “acelerarse desde el momento en el que los promotores inmobiliarios advirtieron que la recuperación del crecimiento de las grandes ciudades en el contexto de la globalización, las estaba convirtiendo en lugares en los que se localizaba la parte más dinámica de los correspondientes aparatos productivos nacionales y, en consecuencia, también un porcentaje mayoritario de los sectores sociales perceptores de los ingresos más elevados”; a partir de allí, el suelo metropolitano y ciertos productos inmobiliarios aumentaron con efectos negativos para los sectores no globalizados (vulnerados). Es decir, la desregulación financiera y la especulación inmobiliaria se prepararon para un proceso de gentrificación comercial y residencial.

En la Argentina en la década de los años 90, en el marco del proceso de privatización, desregulación y apertura económica inducido por políticas neoliberales donde se asentaron y estabilizaron estos procesos  macroeconómicos  el espacio se fue organizando de acuerdo a las demandas del mercado a la lógica del capital produciendo  una pérdida de control en distintos factores económicos, sociales y territoriales que impactaron en los espacios urbanos

Fernando Carrión (2013: 03) [8] resalta que “Buenos Aires  permite entender el significado que tiene el funcionamiento económico de la centralidad y como, a partir de esta constatación, se debe potenciar este valor con políticas urbanas y de financiamiento.” Un ejemplo donde esos capitales tendieron a concretarse y convertirse  en los principales actores del mercado

attos (2008) [9]

 

señala que estas  inversiones se orientan a construir grandes complejos comerciales, modernos edificios de oficinas y lujosas residencias que aunque pueden contribuir al crecimiento de la ciudad, también profundizan la fragmentación y las desigualdades territoriales. En algunas áreas en particular desencadenaron procesos de fragmentación, como emprendimientos inmobiliarios que revalorizaron zonas en desuso y transformándolas en centros de ocio, turismo, viviendas lujosas, torres de exclusivas, barrios privados en la periferias, autopistas de acceso rápido a las centralidades que  van modificando el uso de suelo,  grandes equipamientos de consumos, distritos con sectores empresariales. Esto describe un auge económico y de atracción de inversión macroeconómica, y a la vez, la profundización de una polarización que genera exclusión y expulsión social.

Ejemplos de estas principales tendencias de reestructuración territorial metropolitana son: La modernización del microcentro como la zona de Catalinas, Retiro, Puerto Madero.

Fotos  (2020) zona de  Puerto Madero (fragmentacion Social)– Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Las intervenciones inmobiliarias en algunos Barrios del Sur de la Ciudad de Buenos Aires  como La Boca, Barracas, San Telmo, Parque de los Patricios  han ido  afectando las fisonomías, los usos de suelo y los precios de los terrenos e inmuebles, sin embargo estas transformaciones no han sido homogéneas ni han afectados a todos por igual. En algunos de ellos estas renovaciones que están sucediendo  estarían  atravesando un proceso de gentrificación[10].  Como el caso de  Barracas al ir produciéndose  un proceso de cambio de vecindario. Cambio que incluye el aspecto económico en un vecindario históricamente desinvertido producido  por medio de la inversión inmobiliaria y la entrada de nuevos residentes de mayores ingresos, así como el cambio demográfico, no sólo en términos de nivel de ingresos, sino también en términos de los cambios en el nivel educativo o la composición racial de los residentes.

Se han revalorizado ciertas zonas, mejorando los accesos, reciclando edificios etc., pero ese avance va produciendo el desplazamiento forzado de las personas que habitan esos barrios. Porque no están pensadas en la planificación, no se  trata de ellas, de sus modos de vida, de sus ingresos, sus actividades sociales, laborales, productivas educativas.

Entonces, al producirse un incremento del valor de sus alquileres, sus impuestos, el pago de hospedajes como hoteles donde habitan familias enteras, se tiran abajo para nuevos emprendimientos produciendo desalojos de familias. Porque no son los habitantes incluidos, sino que son los excluidos.  No están pensados en las políticas públicas de la Ciudad Global expulsiva.

“El sur de la Ciudad de Buenos Aires está cambiando su fisonomía. Y gracias a los nuevos proyectos inmobiliarios que se multiplicaron en el último tiempo, uno de los barrios en donde más se están revalorizando las propiedades es Barracas”

[11]

 

Cuenya (2011)[12] señala que. …  “conceptualmente la noción de nueva política urbana del gobierno local sintetiza los nuevos ingredientes que adquieren particularmente las políticas de regeneración urbana en las últimas décadas: por un lado, un fuerte apoyo estatal al capital privado para la revitalización de la ciudad, en donde ésta aparece como “negocio”. Por otro lado, un régimen político urbano, en el cual los intereses públicos y privados se amalgaman para definir las decisiones de gobierno”

En síntesis  podrimos  poner como título final  las tendencias urbanas de la globalización a la exclusión social. En este sentido  señalando  las problemáticas que hemos  visto hasta aquí nos muestran determinadas coyunturas históricas de polarización social, que esas condiciones de vida se acumulan y dan lugar a procesos de exclusión social con un correlato territorial.  Es evidente que los problemas de la ciudad global en nuestro territorio metropolitano  implican dimensiones de equidad, eficacia, eficiencia y legitimidad. Por lo tanto se trata de distintas áreas de gobierno que deben incidir a partir de las políticas públicas  que consideren la necesidad de satisfacer la demanda de suelo de amplios sectores sociales desatendidos por el mercado inmobiliario, generación de espacios públicos y zonas que generen una  amortiguación a la calidad del ambiente para lograr dichas dimensiones en favor de toda la población se requiere de “gobernanza”

[1] Este trabajo es producto de una producción individual para el seminario  “Planificación y gestión del ordenamiento urbano y territorial” de la Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano (UNDAV-UNQ).Profesora a cargo Marta Aguilar.

[2] Lic. en gestión ambiental urbana (UNLa)

[3] Saskia Sassen (1995)La ciudad global”.[3] Sassen llama así a determinado tipo de ciudades para caracterizar los efectos de la economía de los gobiernos neoliberales

[4][4] Saskia Sassen (1995)donde los flujos de capital, información, mercancías y personas migrantes se intersectan, y se redirecciones

[5] Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbanos

[6] Actividades que requieren de una vasta infraestructura física que contengan nodos estratégicos con una concentración de servicios M castells CUENYA B.(2011); “Grandes Proyectos Urbanos” en carajillo de la ciudad Nº10

[7] Carlos A. de Mattos Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano

[8] Fernando Carrión :Dime quién financia el centro histórico y te diré qué centro histórico Número 16 / Octubre 2013  Carajillo de la Ciudad – Revista Digital del Programa de Gestión de la Ciudad

[9] Carlos A. de Mattos Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano

[10] La gentrificación es el fenómeno por el cual las clases altas migran residencialmente a los centros urbanos, desplazando a los habitantes de menores ingresos. Fernando Carrión :Dime quién financia el centro histórico y te diré qué centro histórico Número 16 / Octubre 2013  Carajillo de la Ciudad – Revista Digital del Programa de Gestión de la Ciudad

[11]https://www.baenegocios.com/negocios/Barracas-es-el-barrio-en-donde-mas-se-revalorizaron-las-propiedades-20190425-0061.html

[12] CUENYA B.(2011); “Grandes Proyectos Urbanos” en carajillo de la ciudad Nº10

Bibliografía

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CUENYA B.(2011); “Grandes Proyectos Urbanos” en carajillo de la ciudad Nº10

Carlos A. de Mattos Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano

Castells, M (1998) ¨Local y Global. La gestión de la Ciudades en la Era de la Información.

Castells, M. (1979). La intervención administrativa en los centros urbanos de las grandes ciudades. Papers. Revista de Sociología. Barcelona, v. 11, pp. 227-250

DE MATTOS, C. (2002). Transformación de las ciudades latinoamericanas. ¿Impactos de la globalización?. EURE. Santiago de Chile, v. 28, n. 25. Disponible en www.scielo.cl

Fernando Carrión : Dime quién financia el centro histórico y te diré qué centro histórico Número 16 / Octubre 2013  Carajillo de la Ciudad – Revista Digital del Programa de Gestión de la Ciudad

Sassen, S. (1995) Ciudad Global  “Una introducción al concepto y su historia”  publicado por Brown

https://www.urbandisplacement.org/gentrification-explained

https://www.baenegocios.com/negocios/Barracas-es-el-barrio-en-donde-mas-se-revalorizaron-las-propiedades-20190425-0061.html

La estigmatización como parte de la política urbana

02/07/2021

Por Federico Marco Chalimoniuk¹

“los estigmas territoriales no son solo fuente de desventajas, sino, al mismo tiempo, instrumentos de diferenciación social y, sobre todo, expresión de una violencia simbólica que reproduce y consolida las relaciones de poder y las desigualdades de la estructura social.”²

En nuestros días es evidente la existencia de un racismo arraigado al estigma y la perseverancia de la dicotomía de “lo civilizado” y “lo bárbaro” – como matriz común de una serie de puntos opuestos donde un barrio o una localidad (o parte de él/ella) se ubicaría en el polo negativo. 

Este estigma social y cultural es moneda corriente en varios aspectos e impulsado desde lugares que potencian esta discriminación y hacen que sea cada vez más difícil despegar de ella a los vecinos de los lugares mal señalados. Programas de televisión series, películas, notas periodísticas y reportajes a ciertos actores son algunos de los medios que suelen utilizarse, consciente o inconscientemente, para la estigmatización de determinadas zonas urbanas. 

La carga peyorativa que trae consigo esta estigmatización llevada a cabo por gran parte de la sociedad es un peso que recae sobre la gran mayoría de los barrios populares. Los habitantes de estas zonas se ven envueltos en un círculo vicioso que los lleva a tener que lidiar con dicha estigmatización que les dificulta la vida en varios aspectos: la discriminación a la hora de la búsqueda laboral, la falta de consideración por parte de los distintos niveles de gobierno y la extrema dificultad de poder acceder y/u ocupar lugares en canales institucionales para hacer oír las demandas y necesidades de aquellas personas que habitan las zonas más vulnerables.

La estigmatización de llegada masiva

«Una versión refinada del argumento de la cultura popular universal se centra no en los bienes de consumo, sino en los medios de comunicación.”³

Los procesos de estigmatización de tipo socio cultural vinculados a los territorios urbanos son llevados a cabo, muchas veces, desde los medios masivos de comunicación y las plataformas digitales (Facebook, Instagram, etc.)

Como una breve muestra de ello, propondré dos ejemplos claros para demostrar como las connotaciones racistas parten, en varias ocasiones, desde las pantallas.

El primer ejemplo corresponde a una entrevista realizada por el periodista Jorge Lanata (link youtube https://www.youtube.com/watch?v=VOWF74YtYMM) en el año 2017 en el marco de la campaña electoral. La misma consistía en una supuesta charla espontanea con un niño de unos 12 años del barrio de Villa Caraza, partido de Lanús, en donde el menor contestaba a distintas preguntas hechas por una voz en off. 

El resultado de la entrevista fue un menor que admitía haber cometido varios delitos y un editorial televisivo que, con fines electorales, resaltaba en la agenda política la necesidad de una baja en la edad de imputabilidad. La nota periodista tuvo luego una repercusión mediática más amplia: llegó a los diarios de mayor tirada y a los portales digitales más leídos.

El otro, refiere a la serie televisiva “El Puntero”, que fue emitida por canal 13 durante el año 2011. La misma tiene lugar en un barrio vulnerado ubicado en las cercanías del delta de Tigre (no especifica donde) e intenta dar una perspectiva sobre cómo se desarrolla la política en las zonas de barrios vulnerados a través de lo que se conoce como “punteros políticos” y de cómo es la vida cotidiana en un territorio de características similares. Lejos de mostrar una realidad y de generar empatía para con zonas vulneradas, la serie tiene una clara carga discriminatoria para todas aquellas personas que residen en zonas similares a las mostradas en la pantalla.

En ambos ejemplos se puede ver que, tanto con fines electorales como de entretenimiento, se carga de manera peyorativa a un cierto sector de la sociedad que habita zonas o barrios vulnerables. Dicha estigmatización tiene un alcance masivo que llega a personas y lugares que poco y nada saben sobre la vida en dichas zonas. No importa la realidad, en este caso ya fue mostrada (y demostrada) por ficciones que simulan recrear la realidad.

La estigmatización desde la clase política

La discriminación y estigmatización socio cultural sufrida por los barrios vulnerados y zonas periféricas no son una simple invención ficticia ni son lejanas a los grandes centros urbanos donde residen las clases media y alta. La realidad muestra que cada localidad del conurbano bonaerense se compone de un centro urbano desarrollado con acceso a todos los servicios y mayores comodidades en contraste a una periferia que, cuanto más se aleja de dicho centro, más vulnerada se encuentra en materia de acceso a servicios, inversiones de infraestructura, etc. Las ciudades de desarrollo mono céntrico no son un caso aislado del conurbano ni un hecho particular: son un resultado de procesos históricos en los que se ve la falta (o la presencia) de los distintos niveles de gobierno en materia de inversión para la mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, cada barrio dentro de las localidades tiene un pequeño “centro comercial” considerado como centro o avenida principal para sus vecinos, pero esto no implica que aquella zona delimitada como “centro” cuente con una mejor condición de acceso a servicios o infraestructura que el territorio lindero.

Un caso a analizar como muestra de desarrollo urbano desigualitario e impulsado explícitamente por un gobierno de turno es el caso de Lanús. La particularidad de este municipio es que, en contraste a otros municipios vecinos que han mostrado en los últimos años una política de inversión para los barrios periféricos, el municipio lanusense centra la mayoría de sus recursos y políticas de mejoras al centro más desarrollado y que menos necesidades presenta en comparación a otros barrios. 

Como bien describe Galgano, en los últimos años se ha visto un afianzamiento del sector inmobiliario en la zona céntrica del partido, mejor conocida como “Lanusita”. El aumento del valor del metro cuadrado, la construcción de edificios y la instalación constante de locales gastronómicos en la zona dan cuenta de un desarrollo elitista pensado para y desde el centro del partido. Lamentablemente, este crecimiento no se ve reflejado ni se reproduce en las zonas periféricas del partido.

Lejos de contar con la intervención del gobierno local para mejorar la calidad de vida de los vecinos, el municipio presta atención a las zonas en las cuales mayor cantidad de votos a nivel local obtuvo en los últimos comicios para destinar sus recursos. La constante ayuda a los comerciantes de Lanusita, la semi – peatonalización de calles céntricas y las inversiones de infraestructura son destinadas a zonas más bien relacionadas con la parte céntrica del municipio que a la periferia donde se ven mayores necesidades y vulnerabilidades

En contraste con la política del gobierno local que ya lleva seis años al frente, los barrios y zonas vulnerables son víctimas no solo de la falta de consideración por parte de los funcionarios locales a la hora de escuchar sus necesidades, sino también son acreedores de un estigma socio cultural que el mismo gobierno local carga con distintos barrios. El jefe de gabinete y secretario de seguridad del municipio enfoca sus redes sociales (y su futura campaña electoral) en una supuesta agenda de seguridad en la que cada semana participa en distintos operativos policiales en distintos barrios vulnerados La metodología siempre es similar: entran a un barrio, allanan una casa y detienen a una o varias personas por supuestas acciones ilegales. La realidad es que nunca se conocen los resultados de dichos allanamientos y que, en muchos casos, vecinos afirman que los operativos son montados sobre falsos delitos pura y exclusivamente para las cámaras.

Los vecinos de los barrios periféricos son víctimas no solo del abandono y la falta de inversión por parte del municipio. También, deben cargar con el peso del estigma que un mismo funcionario de su municipio carga cada semana sobre los distintos barrios en los que viven miles de personas del municipio. La estigmatización ya no solo proviene de las zonas de “clase media – alta”, sino también de funcionarios que, para satisfacer las demandas de seguridad de aquellas clases, montan un circo digital y mediático sin medir las consecuencias que ello implica para los vecinos de distintos barrios. 

A modo de conclusión 

Las estigmatizaciones producto de distintos frentes de la sociedad hacía los barrios vulnerados no hacen más que afianzar las desigualdades que estos últimos padecen. La construcción de sentido impulsada desde los medios masivos de comunicación no se detiene allí ni encuentra un punto final concreto, sino más bien se replica en medios digitales, redes sociales y, como explique arriba, de manera directa o indirecta por los mismos gobernantes electos por el pueblo. 

La solución a problemas estructurales como la discriminación y estigmatización sufrida por los sectores vulnerados por la sociedad no es sencilla ni se dará en el corto plazo. Es necesario de un plan de desarrollo territorial concreto e ininterrumpido que concentre sus políticas en lograr una mayor urbanización de las zonas periféricas de cada localidad para acortar las brechas de la desigualdad. Claro está que los diferentes posicionamientos ideológicos y políticos son, junto con los presupuestos limitados, un gran obstáculo para un mayor desarrollo de las zonas periféricas. Mientras los ojos de la política y de la inversión en obra pública no estén puestos, en gran parte, en los barrios vulnerados donde residen gran cantidad de habitantes, las desigualdades sociales, económicas y culturales seguirán asentándose y, por consiguiente, seguirán profundizándose cada vez más las estigmatizaciones a las personas que residan en zonas que los demás sectores de la sociedad consideran como aisladas o no deseadas.

 [1]Lic. en Ciencia Política y Gobierno (UNLa) y Maestrando en Políticas Públicas y Gobierno (UNLa)

[2]WACQUANT, L. 2007. Los condenados de la ciudad: gueto, peripherias, Estado. Buenos Aires, Siglo XXI.

[3] Huntington, S. (1996). El choque de civilizaciones y la reconfiguración mundial. Paidós: Buenos Aires.

Proceso de compactación y verticalización de las elites en “Lanusita”¹.

21/06/2021

Por Matias Galgano²

Debemos destacar la particularidad de la urbanización en el subdesarrollo. Baer plantea una dinámica de la urbanización capitalista en el subdesarrollo muy interesante. Enfatiza en que se dio de manera diferente que en los países considerados desarrollados. En primera instancia, la relación entre urbanización e industrialización en los países desarrollados tuvo una linealidad clara. El proceso fue de una continuidad muy clara entre la urbanización y la ocupación del suelo: primero se urbanizó y después se ocupó el territorio. 

En Argentina, producto del modelo de desarrollo agroexportador, la ciudad fue un mero instrumento logístico para la exportación. Buenos Aires, por ejemplo, hasta bien entrado el SXX se percibía solo como un nodo logístico de exportación. Por lo cual, con el esquema de sustitución de importaciones la ciudad se convirtió no solo en una herramienta del modelo de desarrollo sino como un territorio de ascenso social destacable. De este modo, la migración a la ciudad capital y sus periferias constituyó una dinámica, como plantea Baer, de ocupación del territorio antes de la urbanización a la inversa que en los países desarrollados.

Entonces, en términos actuales, hoy contamos con un nivel de concentración económica (en el corredor La Plata-Rosario se concentra el 40% de las pymes del país y el 65% de la mano de obra industrial) y demográfica (la RMBA representa el 35% de la población del país) que es producto de un modelo que se desarticuló completamente y, a partir de los 70, se implantó la finaciarización económica, apertura económica y de desguace de la industria nacional como ejes del maldesarrollo. Por tanto, el territorio que antes era símbolo de ascenso social se convirtió en un depositario de gran parte de la desocupación y la marginalidad nacional lo que transformó al AMBA en un depositario de desafíos en términos de políticas públicas enorme.

En este esquema es donde entra la idea de la ciudad “com-fusa”. Baer plantea que los patrones de urbanización en la actualidad tienen relaciones con un crecimiento compacto de las áreas centrales de la ciudad y un crecimiento difuso sobre todo de los sectores de más bajos ingresos. Abramo (2012) lo plantea claramente, en el sector informal del mercado del suelo, que es generalmente al que acceden los sectores de más bajos ingresos, hay una dinámica hacia la difusión en términos territoriales pero que termina decayendo específicamente en un proceso de compactación³.  En definitiva, el mercado informal del suelo tiende a incentivar el arraigo en territorios cada vez más alejados de los centros urbanos, pero, el costo de la movilidad por trabajo o alguna otra actividad termina siendo tan sustantivo que los sectores populares deciden localizándose en territorios cada vez más compactos. 

Ahí está realmente el nicho del problema, lo implica necesariamente un análisis desde la perspectiva de la política urbana que permita la integración socio-productiva de los sectores de más bajos recursos.

En el caso del mercado formal del suelo, según Abramo (2012), la dinámica decanta en la misma conclusión. Hay una tendencia a la difusión, o sea al avance sobre territorios cada vez más dispersos de las centralidades urbanas (las urbanizaciones privadas es el ejemplo más claro) pero al tiempo hay una tendencia a la compactación en los centros urbanos de las grandes ciudades producto de una política urbana desregulada que viene implementándose desde los años 70. (De Mattos, 2008)

Hay un eje directriz claro; el proceso de desregulación de la política urbana y particularmente la política de acceso al suelo urbano: “en las ciudades latinoamericanas, cuyos gobierno locales muchas veces cuentan con escasa capacidad y/o vocación política por regular el funcionamiento del mercado de suelo y vivienda, suelen conformarse esquemas de gobernanza y políticas urbanas que promueven los procesos de valorización inmobiliaria. Esta orientación de la gestión de la ciudad se basa en la creencia en la existencia de un ‘derrame espacial’, que aparece como el fundamento del desarrollo urbano contemporáneo.” (Guevara, 2017: 264)

En definitiva, la ciudad “com-fusa” es producto también de un proceso de desligue del Estado de la política urbana en términos de planificación de usos  del suelo urbano y un avance de los capitales privados, sobre todo inmobiliarios, en la dinámica de construcción de ciudad.

Lanús y la transformación de la centralidad principal. El caso de “Lanusita”.

Abordaré, de manera introductoria, la transformación de la centralidad principal de Lanús en relación con un proceso de profunda verticalización como producto de una dinámica urbana compacta.

El avance del sector inmobiliario en lo que se cataloga como “Lanusita” -territorio comprendido entre las calles 25 de Mayo y Alcorta y entre la Av. Hipólito Yrigoyen y 20 de septiembre- fue realmente sorprendente y tiene relación directa con una política de desarrollo urbano para un sector social en general de ingresos altos. 

Distribución geográfica de los edificios de más de 6 pisos en el centro de Lanús, año 2010.

Fuente: Elaboración Propia. 

Según los martilleros de la zona el valor del M2 oscila entre los 1800 y 2000 dólares dependiendo de las características de las edificaciones y la localización.

Esta dinámica de desarrollo inmobiliario en altura para la élite contribuye a un proceso de segmentación de la demanda 4  (Abramo 2012) y valorización financiera en la dinámica de compactación del entramado socio-urbano.

Según un trabajo de Vecslir y otros (2018) antes del año 90 la cantidad de edificios de más de 6 pisos en altura del distrito ascendía 112, durante los años 90 se construyeron 67 más y durante la década del 2000 la cifra llega a 152 lo que representa el 42% de la totalidad de edificios de más de 6 pisos del distrito: “La centralidad de Lanús ha sido la de mayor construcción de vivienda multifamiliar. Durante la década de 2000 se construyeron 152 emprendimientos en altura que representan casi la mitad del parque edilicio existente con más de seis pisos de altura. (…) El gran incremento de la edificación significó un aumento de un 40% de la ‘mancha céntrica’ entre los 90 y la fecha del relevamiento” (Vecsilir y otros 2018: 82)

Según los autores esta transformación refiere específicamente a un esquema de revalorización del centro tradicional y a una demanda de los sectores de altos ingresos por habitar territorios que estén en la cercanía del centro urbano de la ciudad y a la vez sea alternativa a los barrios privados o centros de altos ingresos de CABA5. 

Si bien estos proyectos urbanos no podrían catalogarse como un único “gran proyecto urbano” como aborda Cuenya (2011) si pueden contemplarse como una determinada política de desarrollar una parte del territorio para los pobladores de alto poder adquisitivo. Sin dejar de observar las profundas asimetrías socio-espaciales que implican estos proyectos en territorios (como el caso de Lanús) con grandes problemáticas en términos de acceso a los servicios urbanos de proximidad.

Pero, respecto a una parte del proceso, me gustaría rescatar el tema de las representaciones sociales que se construyen alrededor de la utilización de parte del territorio para desarrollos inmobiliarios “para las elites”. 

Cuenya (2011: 10) destaca:

 “En suma, las aspiraciones, demandas y estilos de vida de la elite que decide vivir y trabajar en los espacios de nueva centralidad, (interactuando dialécticamente con el marketing de los desarrolladores) inciden en el perfil de los lugares, en términos del tipo de usos, jerarquía, calidad físico ambiental, confort urbano, innovación en el diseño, seguridad y exclusividad de inmuebles y espacios. Las denominaciones que la publicidad utiliza para vender los productos y entornos describen la calidad de vida de las elites que los utilizan. Productos y usuarios son un binomio que refleja bien la articulación entre sociedad y espacio en los grandes proyectos urbanos.” 

Lo que me interesa rescatar de esta cita de Cuenya es justamente que este tipo de proyectos inciden no solo en el imaginario social de “las elites” sino que contribuyen a una diferenciación social específica entre centro y periferia. Las representaciones sociales que decantan de la idea de “el centro es para los ricos” son profundas grietas en el imaginario social urbano que decantan en un proceso de segmentación territorial y cultural que incentiva las asimetrías ya existentes.

Conclusión.

El proceso de verticalización que viene atravesando la centralidad principal del distrito de Lanús no está por fuera de un proceso más amplio que es específicamente el que se describe como ciudad com-fusa. La verticalización para “las elites” estipula cada vez con más fuerza un proceso de compactación territorial en áreas que se catalogan como “seguras y cercanas al centro urbano”, pero en definitiva es un proceso de compactación que los sectores de más altos ingresos demandan, al no poder acceder a urbanizaciones cerradas con un nivel de difusión considerable. 

Lo que también me interesa rescatar es que este proceso que vive el centro de Lanús es producto de una gestión urbana desregulada (De Mattos 2008) que viene desarrollándose desde mediados de los años 70 con un proceso de liberalización económica que le deja las manos libres a los desarrolladores urbanos para que sean ellos quien diseñen el entramado de la ciudad.

En definitiva, se necesitan de políticas activas que revaloricen otros espacios urbanos de la ciudad en relación con las centralidades alternativas, en este caso, del distrito de Lanús. Si no es de esa forma, estos proyectos solo tienden a la segregación espacial y al aumento de la desigualdad territorial que decanta, tarde o temprano, en grandes problemas de gestión urbana que el ejecutivo local tendrá que atender antes que se transforme en un problema sin solución concreta.

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[1]Esta publicación es producto de un trabajo individual presentado en el marco del Seminario denominado “Planificación y gestión del ordenamiento urbano y territorial” de la Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano de la Universidad Nacional de Avellaneda. Seminario a cargo de la Prof. Marta Aguilar.

[2]Lic. en Ciencia Política y Gobierno (UNLa). Doctorando en Estudios Urbanos (UNGS)

[3]“El mercado informal, al promover un territorio cada vez más difuso, impone costos de transporte crecientes a los trabajadores que viven en esos loteos; además, cuando el mismo mercado produce una compactación en los asentamientos consolidados, se promueve una precarización del hábitat popular, por el aumento de densidad (predial y habitacional) y verticalización, con todas las implicaciones que ello tiene en los indicadores de habitabilidad (escasez de aire, sol, etcétera) que esa compactación promueve.” (Abramo, 2012: 56)

[4] “Desde el punto de vista de la oferta —es decir, de los capitales inmobiliarios—, la segmentación de la demanda permite una reducción de los riesgos y de las incertidumbres de los emprendimientos inmobiliarios desde el punto de vista de la demanda (unidades familiares), la segmentación del mercado garantiza una relativa homogeneidad socioespacial de su entorno residencial” (Abramo 2012: 58)

[5] “El dinamismo inmobiliario actual responde mayoritariamente a la demanda de un sector poblacional de medianos y altos ingresos ya radicado en estos municipios, el cual se inclina por habitar –o invertir en bienes inmuebles- en los ‘centros tradicionales’ como alternativa residencial a las urbanizaciones cerradas y los centros barriales de la CABA.” (Vecsilir y otros 2018: 83)

Bibliografía.

  • ABRAMO, P. (2012) “La ciudad com-fusa: mercado y producción de la estructura urbana en las grandes metrópolis latinoamericanas” en Revista EURE Nro.38 (2012) 
  • BAER, L; Proceso de urbanización y dinámica de mercado de suelo (VIDEO)
  • BLANCO, J.: Movilidad sustentable en el AMBA (VIDEO) Disponible en: www.youtube.com/watch?v=JL67t31umQs  
  • CARRIÓN,F (2013), “Dime quién financia el centro histórico y te diré qué centro histórico es” en www.carajillo de la ciudad Nº 16
  • CUENYA B.(2011); “Grandes Proyectos Urbanos” en www.carajillo de la ciudad Nº10
  • DE MATTOS, C. (2008); Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano” en Lo urbano y su complejidad: una lectura desde América Latina; FLACSO.
  • GARAY, F. (2015); “La Problemática de Vivienda en Argentina” Ponencia en UGICAMBA, FADU, UBA.
  • GUEVARA, T.(2017); “Gobernanza urbana, políticas urbanas y valorización inmobiliaria: el mito del derrame espacial” en Ziccardi, A. y Cravacuore, D. (Coords.) Los Gobiernos Locales y las políticas de vivienda en Mexico y América Latina, Ed. CCC, UNQ, UNAM, Bs. As
  •  VECSLIR, L., BLANCO, J. y otros (2018) “Un corredor sin autopista. Centralidad y movilidad cotidiana en el sur de la región metropolitana”, Café de las ciudades, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, 2018..

PENSAR EL PERIURBANO: El caso de Marcos Paz.

11/05/2021

Por  Verónica Casco¹

El conurbano bonaerense es un vasto territorio, diverso y plagado de contrastes. Su poblamiento, caótico y más sujeto a los devenires económicos, políticos y sociales que a la planificación, es resultado de un proceso dinámico que ha sido y sigue siendo estudiado. La zona periurbana, entendida básicamente como la periferia en la que la masa compacta entra en contacto con la zona rural y todo lo que ello implica,  es  heterogénea, pero también puede ser abordada como un conjunto. Presentamos aquí un caso, correspondiente a un municipio del Tercer Cordón.

Marcos Paz es un distrito ubicado a 50 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dirección sudoeste. Si bien no está incluido en el Gran Buenos Aires “de 24 partidos” según la definición metodológica del INDEC, sí forma parte de la denominada Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), que comprende un área más amplia al incorporar los municipios vinculados funcionalmente con el centro metropolitano, configurando el “Tercer Cordón”, si se toma como límite exterior de esa corona el trazado de la Ruta Provincial N°6. 

Fig. 1: División política Provincia de Buenos Aires.
Fig. 1: División política Provincia de Buenos Aires.
Fig. 2: Imagen satelital. Posición relativa de Marcos Paz. (Google Maps

Su superficie es rural en un 95%. La zona urbana se concentra en la ciudad cabecera (Marcos Paz) y “los barrios” que, en una continuidad no del todo compacta, la vinculan con la “mancha urbana” a lo largo del eje de la Ruta Provincial N°40, conectándola con el municipio de Merlo. En la zona rural hay algunos asentamientos poblacionales dispersos y se presenta un barrio urbano sobre la Ruta Nacional N° 3, como desborde del vecino municipio de La Matanza. Todos ellos a 10 km de la ciudad cabecera.

La población total del distrito se estimaba para 2016 en 65 mil habitantes. Si bien el asentamiento original data del último cuarto del siglo XIX (el municipio fue fundado por ley en 1878), su crecimiento  demográfico se acelera significativamente en la etapa de expansión del conurbano a partir de loteos, en las décadas de los años 60 y 70, culminando el siglo XX con una variación intercensal 80-91 del 43,9% y 91-2001 del 49,1%. Ese crecimiento se nutre de la inmigración desde las provincias del interior del país y de países limítrofes, en busca de oportunidades laborales en la ciudad de Buenos Aires y primer cordón industrial. Se consolida un perfil de ciudad dormitorio, toda vez que la actividad económica del distrito no ofrece los puestos de trabajo suficientes para satisfacer esa demanda: no hay un desarrollo industrial importante y la actividad se orienta más bien al sector de los servicios, fundamentalmente inmobiliarios y el empleo público. Lo que atrae para fijar residencia en Marcos Paz, entonces, es la posibilidad de acceder a la tierra en un lugar relativamente próximo al verdadero centro de oportunidades para la reproducción de la vida, que es la ciudad capital, aún con una conectividad vial y ferroviaria bastante deficiente. Este proceso se inscribe dentro del patrón de urbanización de “ciudad difusa” fragmentada y desigual, con una gran extensión territorial, que caracteriza a las metrópolis latinoamericanas (Baer, video, 2012). 

Abramo (2012) ofrece algunas herramientas para el análisis de este proceso de expansión urbana. Si bien en un primer momento la demanda de tierra se resolvía de manera relativamente formal, a través de los mencionados loteos, esta dinámica se volvió cada vez más informal a partir de la sanción de una nueva normativa en la Provincia de Buenos Aires a partir de la Dictadura cívico-militar (decreto-ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo N° 8912/77), por la que ya no se pudieron comercializar lotes sin servicios. Esta medida no estuvo acompañada por una política que contemplara la necesidad de acceso a la tierra por parte de los sectores populares y se hizo cada vez más difícil en las décadas siguientes, cuando las políticas neoliberales iniciadas por la dictadura son profundizadas por el gobierno de Carlos Menem. La Figura 3 muestra el resultado actual de ese proceso de poblamiento, en la zona de “los barrios” es donde se presenta con mayor crudeza la precariedad habitacional, tanto en relación a la informalidad en la posesión de la tierra como en la calidad de las viviendas, dado el perfil socioeconómico que prevalece en esa porción del territorio. El censo 2010 arrojaba para Marcos Paz un 12,3% de hogares con NBI. No disponemos de datos actualizados a nivel municipal, pero varios estudios señalan que la zona Oeste del Conurbano bonaerense presenta los índices más altos de pobreza del Gran Buenos Aires. La situación que atraviesa el país –y el mundo- en estos tiempos difíciles de pandemia y cómo esta impacta con mayor crudeza en los sectores populares, hace pensar que el cuadro se ha agravado.

Fig. 3: Imagen satelital. Zona urbanizada del distrito. Se señalan grosso modo la ciudad cabecera y los barrios periféricos que se están analizando.

Formal o informal, es el mercado el que determina el desarrollo urbano. Y cuando el estado construye conjuntos habitacionales, refuerza esta misma lógica territorial, ya que los barrios de “viviendas sociales”, construidos ya sea a través de operatorias del Banco Hipotecario, del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (desde el comienzo de la democracia hasta finalizada la década de los 90) o, más cercano en el tiempo, del Plan Federal de Viviendas del Ministerio de Infraestructura de la Nación, salvo alguna excepción, van a ser construidos en la zona de “los barrios”. Siguiendo a Abramo (2012), esta imposición de la lógica del mercado coloca al estado “por detrás” de las necesidades de provisión de equipamiento público y servicios mínimos, al tiempo que se agudizan las desigualdades sociales expresadas territorialmente (ver también Baer, video 2012).

Si bien no hay presencia en Marcos Paz de asentamientos irregulares como producto de tomas de terrenos, o villas, la problemática de la posesión irregular de la tierra está bastante extendida y merece un estudio específico.  Más allá de los esfuerzos de inversión por parte del estado en los últimos veinte años (escuelas, playones deportivos y espacios públicos, pavimentación, salas de atención primaria de la salud, piscinas públicas) se ha construido -sobre una base material que no logra ser transformada estructuralmente- un universo simbólico en torno a la diferencia entre vivir en “el centro” o en “los barrios”. Este peso simbólico está absolutamente vigente, más allá del hecho objetivo de que las desigualdades sociales, agravadas en los últimos años, refuerzan esta situación. El valor de la tierra, o la oportunidad de ocupar un terreno, es más accesible en los barrios, en un marco de “periferización precaria”. El factor “confianza” de las transacciones inmobiliarias informales que menciona Abramo (2012) se verifica en la presencia de familias extensas o procedentes de una misma provincia o país de origen concentradas en determinados barrios (paraguayos, bolivianos, santiagueños, etc.). No se manifiesta en Marcos Paz con la crudeza de otros municipios del tercer cordón el aspecto “elitista” de la ciudad difusa, ya que no hay una presencia importante de barrios cerrados (hay solamente uno). El mercado inmobiliario formal es manejado por inmobiliarias locales, con predominio de dos o tres de ellas que oligopolizan fundamentalmente el mercado de alquileres de viviendas y locales comerciales. Como en toda la RMBA, el acceso al suelo es muy difícil para los sectores medios y populares, que son amplia mayoría. Los primeros, con un perfil ocupacional orientado hacia el pequeño comercio, asalariados fabriles, docentes, empleados públicos y los segundos en el empleo doméstico y la construcción. Es crítico para muchas familias de Marcos Paz resolver el problema de la vivienda, empujados “a la periferia de la periferia”.

El desarrollo urbano de este distrito presenta interesantes desafíos, que no son ajenos a otros de la Región Metropolitana. Por ejemplo, la necesidad de regulación del mercado del suelo para garantizar, por un lado, precios que guarden relación con los ingresos de las familias, a fin de que se vea garantizado su derecho a la vivienda y, por otro lado, que el estado municipal pueda acceder a las plusvalías generadas por el desarrollo inmobiliario, o de la renta generada por el uso especulativo de amplios baldíos en zonas residenciales (Baer, 2015). A esto se agrega la condición periurbana, por la cual es necesario prever y planificar qué tipo de avance de la urbanización se autoriza sobre terreno susceptible de ser destinado a espacios verdes, o a la producción de alimentos. 

Se hace necesario considerar las características de lo que Abramo (2012) llama la “ciudad caleidoscópica”, con una distribución espacial jerarquizada, donde el territorio reproduce la estratificación socioeconómica. Para el caso de Marcos Paz, implica superar la barrera material y simbólica de la dicotomía “centro-barrios”. Pero también se hace necesario exigir un abordaje regional, de los distintos niveles jurisdiccionales y jurisdicciones del mismo nivel que confluyen en la RMBA (CABA, Nación, Provincia de Buenos Aires y más de 40 municipios), que permita pensar y planificar como un todo, un vasto y diverso territorio con millones de habitantes, más allá de los condicionantes macro, incluso globales, que pesan fuertemente sobre el destino de la ciudadanía y sus posibilidades de desarrollo. Implica también un esfuerzo especial por parte de los gobiernos locales, normalmente tironeados por los tiempos políticos y las urgencias cotidianas.

El pensar “hacia dónde” se crece es de estricta necesidad en este municipio, ya que pronto acusará recibo de los efectos de la construcción de la Autopista Presidente Perón (continuación del Camino del Buen Ayre), ya que si bien no es tocado por su traza, pasa a escasos kilómetros. Las figuras 4 y 5 muestran las dos vías de acceso a la futura autopista y las distancias correspondientes. La Ruta Provincial 40 está asfaltada y ya licitada su repavimentación con dos manos por sentido de circulación. La otra vía de acceso, por la Ruta Provincial 1003, es un camino de tierra, cuya consolidación permanente está prevista en el plan de infraestructura de la Provincia de Buenos Aires para este año. Cabe destacar además que este último vincularía directamente la autopista con dos Complejos Penitenciarios Federales.

Fig. 4. Acceso a futura autopista por Ruta 40 (8,9 km).
Fig. 5: Acceso a futura autopista por camino consolidado, Ruta 1003)(9,5 km).

Blanco y San Cristóbal (2012) analizan el proceso de construcción de autopistas suburbanas, que se remonta a varias décadas atrás y su impacto en los territorios circundantes. Sitúan este proceso en el mencionado mecanismo de “concentración y difusión” de la mancha urbana y cómo ha influido en su configuración territorial discontinua y fragmentada. En una muy interesante observación, los autores plantean que los beneficios de las redes  -de comunicación en este caso- que a priori aparecen como portadoras de “progreso”, conectividad, velocidad, no son apropiadas de manera igualitaria por la población. Por ejemplo, en el gráfico N° 3 de su trabajo “Reestructuración de la red de autopistas y metropolización en Buenos Aires”, Marcos Paz aparece -con los otros distritos del conurbano atravesados por esta autopista- con la más baja tasa de motorización (menos de 15 vehículos cada 100 habitantes)

Cabe preguntarse entonces: ¿Qué impactos positivos acarreará para los habitantes de Marcos Paz la construcción de la autopista, cuando se trasladan diariamente a trabajar o estudiar al “centro compacto”, mediante una única ruta por donde circula una única línea de transporte automotor de pasajeros y una línea ferroviaria que carece de vías dobles y por lo tanto ofrece una baja frecuencia de servicios? ¿Qué sucederá con el precio del suelo si crece el interés de desarrolladores inmobiliarios para llevar adelante emprendimientos residenciales de elite?

 

Estas preguntas nos conducen a una última cuestión: a la dicotomía centro-barrios debe agregársele otro gran desafío “dicotómico” de este distrito mayormente rural: la presión de la expansión urbana sobre territorio productivo periurbano, en condiciones de poner a disposición de la gran urbe diversidad de alimentos frescos y generar potencialmente un círculo virtuoso de empleo y calidad de vida para consumidores y productores. La pregunta sobre el perfil futuro del territorio debe formularse y la construcción de la respuesta debe surgir de la apertura por parte del estado de mecanismos de participación de la ciudadanía. Si la opción son los barrios cerrados, que fragmentan el territorio y expresan las desigualdades sociales o bien la construcción colectiva, con la participación activa del estado, en articulación con los actores presentes en el territorio, de un proyecto en el que campo y ciudad (tomando estos conceptos provisoriamente de manera simplificada) puedan conjugarse armónicamente, con un modelo de crecimiento con proyección hacia el mediano plazo. 

[1]Lic. en Sociología (UBA)

Bibliografía:

ABRAMO, P. (2012). “La ciudad com-fusa: mercado y producción de la estructura urbana en las grandes metrópolis latinoamericanas”. Revista EURE N° 38.

BAER, L. (VIDEO) (2015). Procesos de urbanización en relación con dinámica de mercado de suelo; Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Programa de Capacitación de Agentes de Gobierno. https://www.youtube.com/watch?v=TFNF6qRyMf8.

BLANCO, J., SAN CRISTOBAL, D. (2012). “Reestructuración de la red de autopistas y metropolización en Buenos Aires” RIURB-Revista Iberoamericana de Urbanismo nº 8. core.ac.uk/download/pdf/41789976.pdf.

INDEC, censos de población. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-41 

Discapacidad y desarrollo urbano accesible

21/05/2021

Por Fernando Matias Brianda¹

Tomando como punto de partida la dualidad centro – periferia, cuyo origen lo podemos encontrar en la corriente de pensamiento político y económico conocida como desarrollismo o estructuralismo, y cuyo principal fundamento es la relación asimétrica que existe entre los países del Primer Mundo con respecto a los del Tercer Mundo, podremos comprender mejor las grandes diferencias entre el desarrollo urbano de unos países con respecto a otros. Estas diferencias son muy notorias, sobre todo, si hacemos mención a las consecuencias que este tiene sobre el colectivo de personas con discapacidad en particular.

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, existen dos artículos con sus respectivos incisos, que podríamos decir que tienen una estrecha vinculación uno con otro. Se trata de los artículos 9 y 20. El artículo 9 tiene como eje central el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad, mientras que el artículo 20 hace hincapié en la movilidad personal de las mismas.

En su primer inciso, el artículo 9 de la mencionada Convención, nos dice que los Estados Parte, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y puedan participar plenamente de todos los aspectos de la vida, adoptarán medidas pertinentes para asegurar su acceso en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas a: los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.

En su segundo inciso, el artículo dice que los Estados Parte también adoptarán medidas pertinentes para: desarrollar, promulgar, y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público. Por otra parte, sigue diciendo que también deberán asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad.

En cuanto al tema que refiere el artículo 20 (la movilidad personal de las personas con discapacidad), la Convención dice que los Estados Parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible. Luego sigue diciendo que se deberá facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible. En otro punto del artículo 20 se enuncia que los Estados Parte deberán alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.

Como podemos observar, sí hay una relación directa entre los artículos 9 y 20 en los puntos pretenciosamente seleccionados y transcriptos en esta nota, ya que por más que las personas con discapacidad cuenten con los dispositivos mínimos indispensables que le faciliten su desplazamiento en forma independiente (también conocidos como ajustes razonables), si no existe una planificación de desarrollo urbano que en su diseño contemple la eliminación de las barreras que impiden la libre accesibilidad en el medio para las personas con discapacidad, los apoyos y dispositivos tecnológicos no servirán de nada.

Lógicamente que estas son decisiones de políticas públicas que deben ser tomadas por las más altas autoridades nacionales, y que con buen tino debieran adoptar también las autoridades provinciales y municipales (esto vale tanto para nuestro país como para los demás países de América Latina, donde quizás haya un nivel un poco más alto de desarrollo urbano en este sentido, pero no mucho más alto).

Muy distinto es el caso en Europa donde, por ejemplo, en países como España hay un grado elevado de desarrollo urbano, tanto en lo que respecta a la accesibilidad en el transporte público, como en lo que se refiere a la circulación en forma independiente por la vía pública de las personas con discapacidad. Lo mismo ocurre si hacemos la comparación en lo que se refiere al acceso a los edificios públicos a uno y otro lado del mapa. En América Latina (Tercer Mundo) las leyes que exigen el cumplimiento estricto de las condiciones mínimas de implementación del diseño universal y de las normas de accesibilidad ni se cumplen, ni se controla que se haga efectivo su cumplimiento. En Europa (Primer Mundo) la cosa es bien distinta, por supuesto.

Otro punto álgido de la cuestión es la falta de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Si tomamos el caso argentino, desde 1981 (aunque hubo un antecedente que data de 1973) existe una ley que exige que tanto el Estado como las entidades privadas contraten un 4% de personas con discapacidad entre su plantilla laboral permanente, de la cual hacia 2019 había contratado solamente un 0,91%. En Europa (y tomaré nuevamente como punto de referencia España) por supuesto que la realidad del colectivo de personas con discapacidad es diferente en lo que se refiere a oportunidades laborales.

Como dije anteriormente, que exista un adecuado desarrollo urbano que favorezca el diseño de un entorno amigable para las personas con discapacidad, es pura y exclusivamente una decisión de voluntad política.

Pero cuando hablamos de desarrollo urbano y accesibilidad no solamente se hace referencia a las condiciones adecuadas en las que una persona con discapacidad debe desenvolverse en los ámbitos educativo y laboral, sino que también debe tener el acceso asegurado a los lugares públicos a los que desee concurrir y cuyos fines sean recreativos, ya se trate de un evento artístico, cultural o deportivo. Lo mismo cuenta para los centros de salud, hospitales o clínicas a los cuales deba concurrir a realizarse chequeos médicos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas.

En la actualidad no podemos hablar de que exista un desarrollo urbano accesible, ya que desde los ámbitos que están directamente implicados en el mismo, hay un total desconocimiento de cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad.

Volvamos por un instante al ejemplo de lo que sucede en Argentina; desde hace algunos años existen ONG’s, asociaciones civiles y hasta centrales obreras cuyo fin principal es el de luchar para que en nuestro país el derecho a la accesibilidad en cualquier espacio público sea definitivamente satisfecho. Por nombrar solamente algunas de las más conocidas tenemos los casos de REDI, Acceso Ya y la CTA; organismos que, ya sea que estén conformados o no en su totalidad por personas con discapacidad, se cargan sobre sus espaldas la responsabilidad de luchar por el cumplimiento efectivo del derecho fundamental de la accesibilidad.

Una premisa fundamental para que exista un desarrollo urbano que incorpore la perspectiva de la accesibilidad y de la inclusión es que tanto el recurso humano involucrado en la toma de decisiones y en la planificación, como el recurso humano involucrado en la ejecución estén capacitados e involucrados con y en ese proyecto.

En el mundo del siglo XXI ya no puede caber ni remotamente la posibilidad de que haya sectores que estén excluidos de la sociedad, como si fuesen material de descarte. Creo que es momento de empezar a bregar por una sociedad más igualitaria, en la cual se conquisten cada vez más derechos, donde los entornos físicos y sociales ya no sean más discapacitantes. El trabajo de concientización es arduo y no se va a lograr de un día para el otro, pero sí considero que sería muy productivo que se empiece a capacitar a los actores involucrados en estas cuestiones para que empiecen a incorporar una mirada y una perspectiva más abierta y más inclusiva, para que ninguno y ninguna vea cercenado su derecho al disfrute de una vida plena y en igualdad de condiciones con el resto.

En un sistema económico y social como el capitalista, imperante hasta nuestros días, la brecha de la desigualdad es cada vez más extensa. Esa extensión de la brecha de la desigualdad es la causante de las realidades tan dispares, sobre todo entre Europa y América, entre el centro y la periferia, entre el amo y el esclavo (aunque el amo mayor sea Estados Unidos).

Si realizamos una comparación entre el nivel de desarrollo urbano del área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires con el de grandes conglomerados urbanos como los las ciudades de Madrid y Barcelona, observaremos que hay diferencias abismales. Por citar solamente algunas, en lo que respecta al sistema de medios de transporte del área Metropolitana de Buenos Aires, las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad en los transportes públicos que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están cumplidas en algún grado mayor que aquellos que circulan por la zona del Conurbano bonaerense. Otro aspecto a resaltar es el del estado prácticamente intransitable de las calles que componen el Área Metropolitana de Buenos Aires. Acá nuevamente hay que diferenciar lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del sector del Conurbano Bonaerense. En la Ciudad de Buenos Aires el nivel de intransitabilidad o de inaccesibilidad es un poco más reducido que en el área del Conurbano, donde los niveles de desarrollo local son más bajos dependiendo del municipio. En los municipios donde el índice de pobreza es alto o muy alto, el desarrollo local será escaso o insuficiente, y por ende, el desarrollo urbano seguirá la misma tendencia. Por el contrario, en aquellos municipios en los cuales el índice de pobreza es  bajo y hay más posibilidades de lograr un desarrollo local de niveles aceptables, se podrá lograr un mayor grado de desarrollo urbano.

Merece un breve comentario la situación de los asentamientos (tanto del Conurbano como de CABA), que es donde menos desarrollo urbano existe, debido a las condiciones de extrema pobreza que hay en ellos. Esto último, por supuesto que tiene una estrecha ligazón con el tema de la accesibilidad (o de la no accesibilidad) de las personas con discapacidad a los espacios públicos. La pobreza, la discapacidad y la accesibilidad están directamente relacionadas dado que una de las mayores causas de discapacidad, es precisamente la pobreza; y a su vez, la discapacidad y la pobreza dificultan aún más las condiciones mínimas de accesibilidad con que debe contar el espacio urbano para ser más amigable.

Los casos de Madrid y Barcelona son muy distintos, dado que con los años han ido adaptando sus infraestructuras, sus sistemas de transporte público, y principalmente sus espacios públicos y sus calles, de manera tal que las personas con discapacidad puedan disponer libremente de la utilización de los primeros, y también del goce y el disfrute de los últimos.

El desarrollo urbano de la ciudad de Madrid, comenzó a darse en la década del 60’ del siglo XX, cuando empezó a incrementarse el número de su población, comenzó a operarse su crecimiento demográfico y se empezó a vislumbrar el incremento de su actividad industrial.

Con respecto a Barcelona, si bien es una ciudad con una marcada tendencia modernista, sus orígenes se remontan a los tiempos del Imperio Romano. De hecho, en la actualidad podemos observar como conviven en la ciudad construcciones antiguas con otras de estilo arquitectónico más moderno.  

Si bien España es un país donde la Revolución Industrial llegó tardíamente, a partir del siglo XX se ha ido adaptando a los cambios, y puntualmente, tanto Madrid como Barcelona son ciudades que han ido tomando medidas y han puesto en práctica políticas tendientes a lograr una mayor accesibilidad cuyo objetivo es facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas con discapacidad.

Como dije anteriormente, las diferencias entre Europa y América Latina son muchísimas, y el tema de la accesibilidad y de la inclusión de las personas con discapacidad de ninguna manera es la excepción a la regla. En este sentido, y en base a lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en referencia a la accesibilidad y a la movilidad personal (que ya fuera expuesto anteriormente), cada Estado debe garantizar a las personas con discapacidad, las condiciones mínimas e indispensables para su correcto desenvolvimiento y autonomía en igualdad de condiciones con las demás.

No podemos perder de vista que el nivel de desarrollo urbano en cada una de estas regiones va a depender en mayor o en menor medida de factores demográficos, pero también (y sobre todo) de factores de índole socioeconómica y (por qué no) cultural.

Creo que para lograr un desarrollo urbano que contemple el elemento de la accesibilidad, es de vital importancia contar con profesionales y expertos que, además de estar formados en el campo de su experticia, sean fundamentalmente formados en la temática de la inclusión y, en particular, en lo referente a la accesibilidad en general.

Otro elemento importante a tener en cuenta, es que más allá de los casos particulares que se han tomado para realizar las comparaciones, en ambos continentes la situación de la redistribución del ingreso es diametralmente diferente. Lo único que más o menos los empareja es que tanto en uno como en otro lugar, la población de personas con discapacidad como sujeto económicamente activo, no mueve las agujas de las macroeconomías de cada país.

Para finalizar, voy a decir que el desarrollo urbano con accesibilidad es una deuda pendiente para el futuro que tienen todos los países del mundo, desde los desarrollados, pasando por los subdesarrollados (o en vías de desarrollo) e inclusive los no desarrollados. Es así como el de la inclusión aparece como un tema que debe ser tomado como prioritario en las agendas de los distintos líderes políticos de los Estados, dándole el tratamiento serio que la temática merece y empleando en esa misión a técnicos, políticos y cualquier otro personal idóneo para abordar integralmente un tema muy sensible y esencial de cara a la conformación de las sociedades del futuro, donde haya más solidaridad, más igualdad y equidad, y por sobre todo, que sean sociedades con mayores niveles de justicia social.

                                                                                                                                                                                                               

[1]Licenciado en Ciencia Política  y Gobierno (UNLa)

Gestión urbana desregulada, desarrollo urbano extractivo y la ciudad para la elite

29/04/2021

El caso de Costa Salguero y Punta Carrasco, CABA[1]

Por

Matias Galgano[2]

María Eva Cossi[3]

Mariana Castegnola[4]

El martes pasado (27/04/2021) el juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de CABA, Leonardo Fuchi, declaró inconstitucional la ley 6.289, aprobada en 2019 por la Legislatura, que habilitaba al gobierno de la Ciudad a desprenderse de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.

El fallo dio lugar a un amparo presentado por la diputada nacional Gabriela Cerruti y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. El mismo puntualiza en que  «corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 6.289 por ser contraria a los artículos N° 63, N° 89 incisos 4 y 6, y N° 90 de la Constitución de la Ciudad» que, a grandes rasgos, estipulan que todos las leyes que tocan temas referidos a terrenos que son de “dominio público” deben ser sancionadas bajo un proceso de “doble lectura” y audiencia pública que en este caso no se cumplió.[1]

Este proyecto fue aprobado en la legislatura porteña, en su primera lectura, en octubre del 2020 con 37 votos a favor y  23 en contra. En términos generales, el oficialismo de la ciudad voto positivamente y la oposición, en términos amplios, se opuso a la iniciativa.

El predio de Costa Salguero  y Punta Carrasco cuenta con 32 hectáreas ribereñas. El proyecto de Ley enfatiza en que esas tierras se “desafectan del dominio público”. Un nuevo proyecto de Ley para enajenar definitivamente las tierras y venderlas para la realización de un proyecto inmobiliario privado: “La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, tiene el objetivo de poder desarrollar un ‘distrito joven’ con edificios, locales y áreas parquizadas. Sin embargo, un gran porcentaje de quienes se anotaron para dar su opinión se opusieron argumentando que de realizarse se perderá un valioso espacio verde y una salida al río.” (Perfil 29/01/2021)

El abogado ambientalista Enrique Viale para Clarín (25/11/2020) destacó que es «Un negociado con tierras públicas en donde, por otra parte, se construirán viviendas de lujo. Es decir que los inmuebles se convierten en un bien de cambio, un commodity. ¿Quién compra a más de 6.000 dólares el metro cuadrado?». En definitiva  es un proyecto de valorización inmobiliaria de tierras públicas, transformado estas en un bien de cambio específico.

En enero de este año se llevó a delante la audiencia pública con una gran participación que superó las 7000 personas, de las cuales 2057 fueron oradores. La gran mayoría, 2002 oradores, se pronunciaron en contra. Se destacó que el proyecto viola la Constitución de la Ciudad en términos de utilización de las riberas y espacios verdes. Un actor importante que se opuso, con otro argumento, es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) quien puntualizó que el proyecto, al realizarse en las cercanías del aeropuerto Jorge Newbery, «Atenta contra la seguridad aeroportuaria». (Perfil 29/01/2021)

La importancia de la iniciativa, según los argumentos del oficialismo, refiere “recuperar la relación entre la Ciudad y el Río de la Plata, como establece el Plan Urbano Ambiental(…) y dar otro paso importante en la transformación de la Ciudad, revitalizar al Río de la Plata como elemento urbano fundamental y recuperar la relación entre el río y la Ciudad como establece el Plano Urbano Ambiental;(…)es un proyecto que viene a sanar errores de la historia de nuestra ciudad que llevaron a tener una Buenos Aires de espaldas al río» (Página 12 09/10/2020) 

Justamente es todo lo contrario lo que está detrás de estas palabras, pues se esconde un proceso de privatización de uno de los pocos lugares con salida al rio que estaría quedando en la ciudad. Los ambientalistas y legisladores de la oposición plantean que no se estaría cumpliendo el  marco normativo   de la Constitución de la Ciudad  Art. 8,   como así también lo que indica el  Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, (ley marco a la que debe ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas), donde se establece en su art. 9, inc. C ítem4 que se deben destinar para uso público los predios de dominio estatal que afecten a las riberas.

El caso de Costa Salguero y Punta Carrasco es testigo de una dinámica urbana general pero que en CABA, por las particularidades ideológicas y políticas del gobierno porteño, se ven acentuadas: la gestión urbana desregulada, un desarrollo urbano extractivo y una política urbana para la elite.

En primera instancia, desde mediados de la década de los 70 la gestión pública de la cuestión urbana sufrió transformaciones profundas. La idea de la planificación racionalista de la política urbana, donde se acentuaban los controles en el diseño urbano de la ciudad, se fue desdibujando al compás de un proceso más amplio que se relaciona, entre otras cosas, con el fenómeno de globalización y financiarización económica. El avance del sector privado inmobiliario en el desarrollo urbano vio, de esta forma, un territorio fértil para la inversión con pocas o nulas regulaciones estatales. (De Mattos, 2008)

De esta forma, todos los postulados que enfatizaban sobre la necesidad de la gestión  urbana basada en grandes lineamientos nacionales que marcaban el camino de la planificación en una lógica de política pública racionalista se vieron modificados y ganaron espacio en la disputa las miradas más incrementalistas que basaban su gestión en políticas más desreguladas de la cuestión urbana, dejando espacio al sector privado en detrimento de la intervención pública. De esta manera, el proyecto de Costa Salguero y Punta Carrasco es un caso más de liberalización de la política urbana en perjuicio de la gestión y la intervención pública.

En segunda instancia, y como parte del mismo proceso, el caso de Costa Salguero y Punta Carrasco tiene una relación directa con las iniciativas de desarrollo urbano expansivo y extractivo. 

En términos teóricos, la iniciativa se puede considerar -tomando autores de la geografía crítica como David Harvey (2007)- como un proceso de acumulación por desposesión de bienes comunes. También se ha catalogado este tipo de iniciativas como parte del proceso que se dio en llamar “extractivismo urbano” (Svampa y Viale, 2014; Vásquez Duplat, 2017; Arqueros Mejica, 2017; Reese, 2017).

Según estos autores, la lógica del capital en los procesos de producción de la ciudad es la misma que en los procesos de acumulación en territorios rurales. Espacios públicos, considerados como bienes comunes, son valorizados en el marco de la acumulación capitalista y son desposeídos de los originarios propietarios incorporándolos a la acumulación de capital. Todo esto bajo una forma de actuar profundamente violenta y avasalladora.  

En el espacio rural es más claro. Miles de familias campesinas y pueblos originarios fueron expulsados de sus territorios quedando sus tierras en manos de grandes emporios, generalmente sojeros, que terminan incorporando a la lógica del capital territorios que eran originariamente utilizados para otros propósitos.

En el espacio urbano, aunque no tan evidente, el proceso es el mismo. Territorios que originariamente son parte de los bienes comunes o públicos comienzan a privatizarse e incorporarse a la lógica de valorización financiera e inmobiliaria, en un proceso de acumulación por desposesión.

El caso de Costa Salguero y Punta Carrasco, desde nuestro punto de vista, no es más que una expresión de un proceso de desarrollo urbano expansivo y extractivo. Donde un predio de acceso público a la ribera porteña se intenta privatizar para incorporarlo a la lógica de la especulación inmobiliaria, sin siquiera solucionar el grave problema de déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires.

Según Castells (2008), los medios de producción privados van formando polaridades y fragmentaciones. Acompañados de una política de desarrollo urbano especulativa, en búsqueda de ganancias acumulativas con el incremento del valor de uso de suelo a través de iniciativas urbanas complejas.

Y, finalmente, el producto del proceso de desregulación de la política urbana y del desarrollo urbano expansivo y extractivo tiene como corolario, en CABA, una ciudad para la elite. El proyecto tratado planea construir un complejo habitacional, dónde algunos especialistas postulan que el metro cuadrado valdría entre 10000 y 15000 dólares. (El Cronista 27/04/2021)

En definitiva, el proyecto político es construir una ciudad para goce de un sector minoritario, pero muy intenso, que determina en gran parte el imaginario común del ciudadano medio porteño. Sin dejar de ver que estos grandes proyectos urbanos  para las elites (Cuenya, 2011) producen, necesariamente, modificaciones en el desarrollo urbano local estructurando transformaciones no sólo en la fisonomía urbana sino también en el entramado de centralidades que terminan decayendo en un desarrollo geográfico desigual. (Harvey, 2007)

Como conclusión de la nota nos gustaría dejar algunas preguntas que sirvan de disparadores para el debate:

  • ¿Es necesario un proyecto inmobiliario que valorice un espacio que hoy es propiedad de todos los porteños solo para construir un barrio de lujo de espaldas al rio?
  • Y en todo caso, de ser utilizadas esas tierras para proyectos inmobiliarios ¿No deberían utilizarse para aminorar el déficit habitacional de la ciudad y no para que sirva al proceso de acumulación en base a la especulación inmobiliaria de ciertos actores económicos de la Ciudad?
  • ¿Cuáles son los sectores que se apropian de esta revalorización de la zona?
  • ¿El Río para quienes?
  • ¿Espacios abiertos, vistas al horizonte para quienes?
  • ¿Espacios integrados a la ciudad con aire y espacios verde para quienes?

 

[1]Este artículo se construyó de manera colectiva como producto de una compilación de trabajos individuales que tuvimos que presentar en el marco del seminario
“Gestión Ambiental Urbana y Territorial”, a cargo de Fernando Fimognare,  de la Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano (UNDAV – UNQ) que estamos cursando.

[2]Licenciado en Ciencia Política  y Gobierno (UNLa)

[3] Profesora en Antropología (UBA)

[4] Lic. en Gestión Ambiental Urbana (UNLa)

[5] Es para destacar que se dio lugar al recurso de amparo por una cuestión
específica de técnica legislativa y no sobre el fondo de la cuestión que es, en
definitiva, la privatización de un espacio público con acceso al rio.

 Referencias.

Notas periodísticas

Referencias bibliogáficas.

  • CASTELLS, M. (2008) “La cuestión urbana.” México, Siglo XXI, 2008
  • CUENYA, B. (2011); “Grandes Proyectos Urbanos”, en carajillo de la ciudad, Nº10
  • DE MATTOS, C. (2008); “Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano” en Lo urbano y su complejidad: una lectura desde América Latina; FLACSO.
  • HARVEY, D. (2007) “El nuevo imperialismo.” Madrid, Akal, 2007, Cap. IV, La acumulación por desposesión
  • HARVEY, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.
  • REESE, E. (2017) “Extractivismo urbano en la Región Metropolitana de Buenos Aires: resistencia a los atropellos del mercado de suelo a la luz de la ley 14.449 de acceso justo al hábitat” en VÁZQUEZ DUPLAT A. (comp.). (2017) “Extractivismo urbano. Debates para una construcción colectiva de las ciudades”, Fundación Rosa Luxemburgo, Centro de Estudios y Acción por la Igualdad. ElColectivo, Buenos Aires, 2017.
  • SVAMPA, M. y VIALE, E. (2014) “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo” Buenos Aires: Katz Editores. Primera edición: agosto de 2014, 425 pp. ISBN 978-987-1566-92-1. 
  • VÁZQUEZ DUPLAT A. (comp.). (2017) “Extractivismo urbano. Debates para una construcción colectiva de las ciudades”, Fundación Rosa Luxemburgo, Centro de Estudios y Acción por la Igualdad. ElColectivo, Buenos Aires, 2017.

Sobre el poblamiento del territorio II

21/08/2020

En el artículo precedente planteamos la necesidad imperiosa de repoblar nuestro territorio por una cuestión geoestratégica y porque resulta imperativo mejorar la calidad de vida de una parte considerable de nuestra población que no accede a condiciones dignas de vida.

Planteamos también en caso que fuera necesario, un esquema simplificado de adquisición de tierras, tomamos valores de referencia y sugerimos mecanismos de financiamiento para proyectos de estas características.

Entre otras aclaraciones dimos a entender que no se trata de un plan compulsivo en que el estado obligue a nadie a trasladarse o radicarse en algún lugar que no es el que desea, sino que se trata de crear condiciones dignas de vida en que diferentes actores sociales desde el migrante del interior que termina en un barrio precario de la periferia de una gran ciudad, hasta un profesional medio puedan acceder a una vivienda digna en un nuevo lugar con acceso a todas las necesidades y servicios básicos.

Entendemos que todas los habitantes de la Nación deberían acceder como mínimo a los siguientes bienes y servicios básicos para tener una vida digna: Alimentación saludable, energía, vivienda, agua potable, conocimiento, tecnologia, un ambiente sano, esparcimiento y la posibilidad de realizar actividades económicas que le permitan sustentarse y sustentar a su núcleo familiar.

Nuestra historia demuestra que la mayoría de los pueblos y ciudades nacieron al abrigo de una actividad económica principal que traccionaba a otras actividades secundarias y que cuando la actividad principal se agota o muere, los pueblos y ciudades lo hacen con ella.

El problema radicaba en que esas actividades económicas principales en general eran extractivas o extensivas en explotación de algún recurso natural y cuya explotación estaba a cargo de algún bendecido por el poder de turno sea un empresario nacional o extranjero.

Son ejemplos de esto las líneas ferroviarias cuya finalidad era la extracción de materias primas de origen agrícola para enviar a gran bretaña, pero también la minería en general o bien las actuales explotaciones sojeras.

La gran pregunta que nos hacemos es si es posible crear pequeñas comunidades que inicialmente tengan entre 1500 y 2000 habitantes capaces de no depender peligrosamente de una única actividad económica extractiva o externa al desenvolvimiento natural de la comunidad a crearse.

Claramente en este tipo de proyectos cabe al estado un rol fundamental en la planificación en sentido amplio, no solo de la obtención y loteo de tierras, también en el financiamiento de la construcción de viviendas, la provisión de herramientas y equipos con financiamiento, en el asesoramiento a los posibles futuros colonos, en la coordinación de las profesiones y actividades a realizarse, es decir en todos aquellos aspectos que hacen a la constitución de una comunidad.


La concepción es sencilla, un pueblo de 400 familias no puede ser sustentable con 100 herreros, 100 mecánicos y 200 peluqueros.

Se trata de construir un entramado social que pueda brindar a la propia comunidad todo aquello que puede necesitar al mismo tiempo que resulta medioambientalmente sustentable.

Para ello es necesario planificar seria y consistentemente, en función del lugar en que se piensa localizar el naciente poblado el entramado económico a constituirse garantizando en principio la sostenibilidad temporal de la unidad comunitaria a desarrollar.

La finalidad claro esta, es ofrecer otras lógicas de ordenamiento social diferentes a las que imperan en las grandes ciudades y sus periferias.

A partir de la respuesta esquemática de las siguientes preguntas (*) que abordaremos en este y en los subsiguientes artículos es posible trazar ejes de acción para ensamblar líneas de desarrollo conceptual y practico para la puesta en práctica de proyectos de estas características.

Existen tres requerimientos fundamentales para garantizar la factibilidad de este tipo de proyectos.

1.- Se necesita la disponibilidad de agua potable o potabilizable a bajo costo en cantidad y calidad de la que se deberá tener un manejo responsable.

2.- Se necesitan extensiones de tierras disponibles o de fácil adquisición en superficies de 200 hectareas como minimo en adelante.

3.- Se necesita la voluntad política del distrito principalmente municipios para que se pueda realizar este tipo de emprendimientos tomando todas las medidas a nivel gubernamental en los poderes que correspondan (ejecutivo, legislativo y/o judicial) para facilitar la adquisición, rezonificación, loteo, e inicio de actividades necesarias.


Retomando la idea de realizar las preguntas antes mencionadas (*) ensayaremos algunas respuestas que permitan abrir caminos de análisis.

1.- ¿Qué rol le cabe al estado en este sentido de generador de empleo?.

2.- ¿De que forma es posible garantizar empleo en la comunidad para que esta pueda sostenerse en el tiempo?,

3.- ¿Es posible producir en el marco de esta nueva comunidad los alimentos necesario para abastecer sobradamente a la misma?.

4.- ¿Es posible producir la energía necesaria para abastecer sobradamente las necesidades de la comunidad?

5.- ¿Es posible garantizar un flujo de dinero en la comunidad que pueda permitir las operaciones económicas necesarias de todos los intercambios de bienes y servicios?.

6.- ¿Es posible garantizar educación y acceso al conocimiento mediante diferentes formas en esta comunidad?.

7.- ¿Es posible garantizar a los miembros de la comunidad el acceso a la tecnología necesaria?.

Comenzaremos ensayando algunas respuestas disparadoras posiblemente de otras preguntas no necesariamente en el orden expuesto pues entendemos que va liberando dudas o por lo menos inicia el despeje de las mismas.

Estamos acostumbrados a pensar bajo las siguientes premisas o creencias. El estado interviene en las grandes urbes garantizando el empleo necesario para que las actividades privadas puedan desarrollarse y garantizando un mínimo de provisión de servicios de orden publico que son competencia del estado y cuya magnitud esta siempre en discusión. En el interior en cambio, fuera de la zona nucleo, mayoritariamente los pueblos y comunidades pequeñas no son sustentables económicamente por falta de explotaciones económicas privadas lo suficientemente atrayentes y rentables y cabe al estado generar la cantidad de empleo público necesario para que estos pueblos sobrevivan.

Cuando hablamos de actividades económicas para el ámbito privado lo suficientemente atrayentes y rentables nos referimos a actividades que puedan desenvolverse con ciertas lógicas del liberalismo económico que no necesariamente son las lógicas con las que se rige la mayoría del pueblo Argentino.

¿Qué queremos decir con esto?, la lógica liberal imperante es la búsqueda de la maximización de la ganancia en un marco de crecimiento económico que pueda garantizar rentabilidades crecientes a los dueños de los factores de la producción principalmente capital y recursos naturales. Pero acaso, ¿un pintor, un gasista, un cartonero, un kioskero, un peluquero, un obrero de la construcción, un obrero metalúrgico o un docente se rigen bajo esas lógicas?.

Claramente no, la maximización de la ganancia en un contexto de crecimiento económico que resulta legitima como aspiración sectorial, no es la lógica por la que se rigen los actores mencionados, en todo caso persiguen una mejora del poder adquisitivo de su salario para acceder a bienes y servicios que hagan mas confortable sus vidas.

Existen actores como ser empresarios, comerciantes, financistas (claramente minoritarios en la sociedad) etc que se rigen por la búsqueda de la maximización de la ganancia, pero existen otros actores mayoritarios que se rigen por la lógica alternativa mencionada.

Claramente creemos que en la segunda lógica se encuentra la sustentabilidad medioambiental, laboral y de construcción de comunidad y basado en esta lógica es que resulta sostenible el desarrollo de nuevas comunidades como las que pretendemos pensar en estos artículos.

Hecha esta aclaración, entendemos que el estado tiene un rol fundamental en la creación de empleo pero por fuera de las formas tradicionales en que entendemos al estado como empleador. Es decir, aceptamos en general con mayor o menor tolerancia la idea de un “estado bobo” que no controla, que no ejerce sus facultades y que en épocas de crisis y de gobiernos populares crea empleo contratando ejércitos de barrenderos, de pintores de cordones o de podadores de árboles.

Pero hasta ahí llega su función, a crear empleo básico, que no agrega valor, que brinda servicios deficientes a la comunidad y que no enseña y no forma mediante el trabajo. Su rol se limita a garantizar un emplea a cambio de una actividad improductiva hasta que se relance el ciclo de crecimiento que alguna crisis cíclica foránea o local, autoinfligida o casual interrumpió.

¿Es que eso es todo lo que puede hacer el estado?; ¿es que eso es todo lo que debe hacer el estado?; ¿acaso con las nuevas generaciones de profesionales universitarios que egresan de a miles anualmente de las nuevas Universidades del Conurbano, especializados en ciencia política, gestión de gobierno, medio ambiente y urbanismo, educación, logística, producción de alimento etc, es todo lo que podemos esperar?; Acaso ¿no saben los gobiernos locales que en esos profesionales que egresan año a año tienen la profesionalización de sus funciones así como la mejora en la productividad y la calidad de los servicios que les brinda a los vecinos?.

Por desarrollar solo un caso a modo de ejemplo, un estado municipal que consigue cuatro camiones con 20 trabajadores, dos vehículos de menor porte para los supervisores y herramental de poda (motosierras, escaleras, serruchos, hachas, etc), carga los camiones con los restos de poda y los manda a un relleno sanitario, ¿es todo lo que se puede hacer?, ¿no hay chance de hacer algo mas?.

Por ejemplo esos trabajadores municipales ¿no podrían ser formados para diferenciar las especies implantadas?, ¿reconocer las especies nativas, tener noción de la peligrosidad por cercanía a infraestructura de energía y comunicaciones?, ¿hacer un relevamiento territorial por especie?; ¿estar capacitado para hacer correctamente y en temporada poda y/o raleo? no podrían procesar la poda realizada separando hojas y aserrin, de ramas finas, de leña bruta. Esos subproductos, no tienen otros posibles destinos que el relleno sanitario, las hojas y aserrín con destino a alguna planta de compostaje, la leña para comercialización o abastecimiento de algún edificio publico en condiciones de usarlo, etc.

Deberiamos desterrar esta lógica de generar y mantener un estado bobo que en el mejor de los casos genera empleo y basura; Resulta factible en cambio, tener un estado con labores de cercanía, que genera beneficios y convierte potenciales residuos en recursos utilizables. ¿Todos los residuos de poda de un distrito como Avellaneda y/o Lomas de Zamora y/o Lanus por ejemplo, a cuantas toneladas de leña blanda equivalen?

Esta lógica de aprovechar recursos y generar la menor cantidad de desperdicios posibles ya sea en el ámbito privado tanto como en el publico es la que debe imperar en las nuevas comunidades a formar.

El trabajo dignifica, pero el trabajo incorporando conocimientos y haciendo cosa útiles al conjunto dignifica más.

En los artículos subsiguientes seguiremos ensayando posibles respuestas para las preguntas que dejamos planteadas en el presente.

Facundo Frattini

Sobre el poblamiento del territorio 

04/08/2020

La pandemia y el post macrismo dejo al descubierto un conjunto de problemas estructurales de nuestro país que por más que queramos, ya no estaría resultando fácil ignorar.

Pobreza estructural, indigencia estructural, falta de acceso a servicios básicos, elevados niveles de hacinamiento, etc.

Todo esto en un país con el octavo territorio en extensión mas grande del mundo, y salvo alguna excepción con todos los suelos y todos los climas que se pueden pedir; un pbi per capita de U$S 11.618 a 2018 según la CEPAL; una capacidad actual para producir alimentos para mas de 10 veces su población; con la mayoria de los recursos naturales necesario para todas las industrias basicas y con millones y millones de hectáreas de territorio vacías, muchas con dueño que se las apropiaron en formas non sancta o las pagaron monedas, pero improductivas.

Grandes porciones de nuestra población económicamente activa desocupadas, otras trabajando en la informalidad y muchos rebuscándoselas en actividades marginales y de baja productividad que no obstante, demuestran, los elevados niveles de dignidad que posee la mayoría de nuestro Pueblo.

Desde las elecciones del año pasado tomo fuerza un debate que por antiguo no necesariamente esta caduco, sino mas bien, con el correr del tiempo, cada vez, toma mas vigencia. Se retomaron viejas discusiones mediante diferentes propuestas provenientes de diferentes sectores sociales y sus correspondientes referentes con ideas referidas a repensar y planificar la distribución espacial de la población en nuestro territorio y las actividades económicas asociadas que se podrían realizar.

Juan Grabois referente del MTE y el plan general San Martin cuya finalidad seria urbanizar los mas de 4400 barrios populares de nuestro país y poner a la venta medio millon o un millón de lotes con servicios.

Enrique Martinez, ex presidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular con un plan para poner a la venta un millon de lotes e iniciar un plan masivo de forestación y uno de producción y distribución de equipamiento de energías renovables, además de generar nuevos mecanismos de comercialización de alimentos para abaratar sus costos.

También Leandro Santoro dirigente de los Irrompibles provenientes del radicalismo Enunciando la idea de fundar 100 nuevas ciudades y crear en estas 10.000 nuevas PYMES.

Lo cierto es que mas allá del interlocutor que se elija, el tema esta flotando en el aire y salvo que una catastrofe político económica o social de magnitud ocurra, el tema estará presente en la agenda de los próximos años.

¿Pero es posible considerar estas ideas?; ¿Qué cantidad de recursos demandan?; ¿es posible crear nuevas comunidades, pueblos o ciudades?, ¿existen otras lógicas para construir comunidad por fuera de los actuales modos de consumir y descartar de esta etapa de capitalismo neoliberal mundial?; ¿las únicas formas de alcanzar sostenibilidad ocupacional es montarse en los trenes de la obsolescencia programada y/o percibida?.

Una hectárea en las zonas mas productivas de la zona núcleo sale unos U$S15.000, en zonas menos productivas el valor se encuentra por debajo del umbral de los U$S10.000 y si buscamos en el interior a una distancia prudente de las ciudades medianas y los núcleos urbanos no necesariamente de los mas densos, tierras poco aptas para producir pero muy aptas para habitar, seguramente encontremos tierras bastante mas económicas.

Si del perimetro de una hectárea dejamos un borde de 10 mts alrededor para calles, parquizado y veredas nos queda un área de 80 mts x 80 mts, es decir 6400 mts2, en donde tranquilamente podríamos fraccionar lotes de 10 mts x 40 mts y 20 mts x 20 mts obteniendo 16 lotes por cada ha.

Si tomamos como referencia un valor de la ha de U$S8.000i y lo dividimos por 16 lotes nos da que cada uno tendría un valor U$S500 y considerando un dólar promedio de $70, cada lote vale $35.000.

Si pensamos en mecanismos de financiación, por ejemplo que esos lotes se vendan a pagar en 5 años, tendríamos cuotas mensuales de $583.

Como cuota es excesivamente baja y podríamos incluirle un monto para infraestructura de servicios, una actualización por inflación y una tasa de interés cuyo fin sea la constitución de un fondo que de sustentabilidad al programa.

Debe considerarse que el estado tiene superficies considerables de tierras propias pero en caso de que no todas resulten apropiadas y hubiera que comprarlas, para realizar 500.000 lotes por considerar una referencia, se necesitarían 31.250 has. Podríamos ampliar el número a 35.000 dejando espacios disponibles para construcción de servicios, infraestructura y ampliaciones de los tejidos urbanos.

A U$S 8.000 promedio, la inversión total seria de U$S 250.000.000 que claro esta, el estado no tiene porque pagarlas en dolares, por ende a un tipo de cambio de $70 por dólar nos da $17.500.000.000 (diecisiete mil quinientos millones de pesos).

El presupuesto nacional de la Republica Argentina para 2019 fue de $4.172.312.239.441 (4,172 billones de pesos (4,17 millones de millones de pesos)).

La inversión total para el medio millón de lotes seria de 0,4194% del presupuesto total 2019 y si consideramos que cada lote podría ser adquirido por una familia tipo (cuatro integrantes), seria el principio de solución habitacional para 2 millones de Argentinos.

En este punto se vuelve necesario realizar algunas aclaraciones de suprema importancia.

1.- Argentina tiene 2,78 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, lo que nos da 278 millones de hectáreas de superficie.

2.- Hay grandes propietarios que tienen decenas de miles y hasta centenas de miles de has, de hecho un caso emblemático pero por desgracia no el único es el del empresario extranjero beneton que posee 900.000 hectáreas en la Patagonia que pago monedas.

3.- Si por una cuestión estratégica y de interés nacional (poblar el territorio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes lo es) se necesitan 1000 o 2000 o 3000 de esas hectáreas, se deberian expropiar pagando lo que corresponde.

4.- Este tipo de proyectos no implica bajo ninguna circunstancia pensar que el estado tiene que forzar el traslado de poblaciones urbana a ningún lugar, simplemente se trata de que aquellos que quieran iniciar una vida diferente a la que desarrollan en los grandes centros urbanos puedan hacerlo sin que un especulador inmobiliario se quede con sus ahorros de toda la vida. Se trata de que aquellos que migran desde lugares remotos, aislados y pobres de nuestro país buscando una vida mejor puedan encontrarla. Se trata nada mas ni nada menos que de ofrecer oportunidades.

5.- Los valores de la propiedad tanto como la renta esperada por la misma en las grandes ciudades alcanzaron niveles orgiásticos en los últimos 20 años. Propiedades que valían U$S 35.000 (treinta y cinco mil dolares) en 2005, pasaron a valer U$S 100.000 (cien mil dolares) ocho años después. Un lote de las dimensiones de los descriptos, 8,66mts x 40mts en Remedios de Escalada este, zona inundable vale U$S 80.000 (ochenta mil dolares). Alquileres comerciales de locales pequeños en la zona céntrica de Lanus, sobre avenida 9 de Julio superan los $50.000 (cincuenta mil pesos) mensuales.

6.- Debe considerarse también que en el periodo jul-2016 a dic-2019 por ejemplo el salario de una maestra de grado (para un cargo) sin antigüedad medido en dólares cayo de U$S 651,56 a U$S 366,06 perdiendo un 43,82% de su poder adquisitivo en dólares. Al mes de junio del 2020 se encuentra en U$S 429,01ii.

Si consideramos por caso las jubilaciones mínimas en el mismo periodo eran de U$S 317,37 en julio del 2016 y de U$S 223,44 en diciembre del 2019 perdiendo en este caso un 29,59% en dólaresiii.

Resulta claro que en los últimos 20 años al tiempo que los precios de las propiedades en dólares se multiplicaron por 2, 3, 4 o mas, los ingresos de los diferentes sectores de la población se dividieron.

Una maestra de grado, alguien con formación por encima del promedio, pues tiene un terciario completo con un salario de U$S 429 mensuales por un cargo (el actual), necesitaría entregar su salario completo durante mas de 19 años enteros para adquirir una propiedad de U$S100.000. ¿Podemos pensar que resulta razonable?; ¿Podemos aceptar que todos los Argentinos y Argentinas de mas de 25 años incluyendo la mayoría de los profesionales deben resignarse a que no tendrán una vivienda propia y deberán alquilar de por vida?.

Hoy día en las grandes ciudades del conurbano sur como Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, un alquiler no baja de los $12.000 para una vivienda familiar sin lujos y mas o menos bien ubicada. A un tipo de cambio de $70 por dólar nos da un alquiler de U$S 171 dolares mensuales. En 20 años son poco mas de U$S 41.000 solo ahorrándolo, sin invertirlo que a una tasa del 12% anual se mas que duplica en 20 años, y sin claro esta, considerar el calculo como interés compuesto.

¿Es posible pensar en otro destino posible?; ¿es posible a partir de los proyectos mencionados al principio del presente imaginar diferentes caminos posibles?; ¿es posible que quienes lo deseen puedan imaginar un futuro diverso alejados de lo que hace a las grandes ciudades lugares cada vez mas inhabitables?.

Hay un sentido común construido a martillazos mediáticos que indica que los Argentinos y Argentinas migran desde los pequeños poblados del interior a las periferias de las grandes ciudades buscando mejores condiciones de vida. Y se supone que las grandes ciudades brindan esas mejores condiciones de vida. Estas mejores condiciones de vida se deben a tener acceso a salud, educación, servicios (agua potable, energía eléctrica, gas, cloacas, etc), viviendas habitables, trabajo, etc, pero en la realidad alejada de lo discursivo, las ciudades tienen cada vez mas gente y menos recursos, resultan insustentables en términos medioambientales y no garantizan el acceso a un trabajo digno, a una vivienda digna, a salud y educación dignas así como tampoco a servicios básicos.

De hecho es por ello que tenemos en el país 4400 barrios populares en los que viven 4,5 millones de personas en muy malas condiciones, en las periferias de las grandes urbes y sin acceso a ninguna de las promesas idílicas de las ciudades y el neoliberalismo imperante.

Resulta imperativo ensayar otros caminos y en los artículos subsiguientes iremos desarrollando ideas que entendemos pueden ser disparadores interesantes para aportar a pensar la cuestión.

i Entendemos que estamos tomando un valor de referencia elevado para tierras de las caracteristicas necesarias, no obstante la existencia de tierras mas economicas reforzaria la viabilidad del proyecto.

ii Se considero el salario indicado en las grillas para el mes de jul-16 de $9.975,46 y un tipo de cambio de 15,31$/U$S (tipo de cambio promedio entre el primer y ultimo día del mes cotización BCRA), y, para dic-19 también salario de grilla $23.046,87 y tipo de cambio 62,96$/U$S (tipo de cambio promedio entre el primer y ultimo día del mes cotización BCRA).

iii Se considero el salario indicado en las grillas para el mes de jul-16 de $4.858,97 y un tipo de cambio de 15,31$/U$S (tipo de cambio promedio entre el primer y ultimo día del mes cotización BCRA), y, para dic-19 también salario de grilla $14.067,93 y tipo de cambio 62,96$/U$S (tipo de cambio promedio entre el primer y ultimo día del mes cotización BCRA).

Facundo Frattini