LAS INUNDACIONES COMO CONSECUENCIA DEL EXTRACTIVISMO URBANO

19/03/2024

María Eva Koutsovitis1

Diciembre, febrero y marzo mostraron a la Ciudad colapsada por las lluvias. Y si bien escuchamos que el colapso de la Ciudad es por culpa de las fuerzas del cielo, si analizamos con un poco más detalle la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) resulta que el acumulado de lluvias en los últimos 12 meses se encuentra por debajo del promedio de los últimos 30 años. Por lo tanto, repetir todos los meses que estamos frente a eventos extraordinarios, no tiene correlato con la realidad de quienes se inundaron en diciembre, en febrero y en marzo.

Precipitación acumulada respecto al promedio del período 1991-2020

https://www.smn.gob.ar/clima/vigilancia

Las lluvias también ponen en evidencia la desigualdad territorial. En muchas de las villas porteñas, las inundaciones ocurren cada vez que llueve, pero nunca son noticia. Son miles las familias que se inundan con agua de lluvia mezclada con líquido cloacal y que pierden todo luego de cada lluvia.

Fotos de la tormenta del 13 de marzo del 2024 en la Villa 21-24 y en Villa 20.

Las inundaciones son, en principio, el resultado de un fenómeno natural, las lluvias intensas. Sin embargo, la ocurrencia o no de una inundación depende no sólo de la intensidad de la lluvia, sino también de la capacidad del suelo para retener e infiltrar el agua y de la infraestructura prevista para contener y evacuar las aguas pluviales excedentes. Por lo tanto, la problemática de las inundaciones no puede reducirse solamente a la existencia de lluvias intensas y obras inadecuadas, sino que debemos abordarla en el contexto del modelo urbano, el ordenamiento territorial y los usos del suelo. La Ciudad de Buenos Aires está atravesada por caudalosos arroyos que desembocan en el río de la Plata. De norte a sur tenemos al Arroyo Medrano que tiene desarrollo en los partidos de Tres de Febrero, San Martin y Vicente López y atraviesa el norte de la Ciudad de Buenos Aires. El Arroyo Vega que nace y desemboca dentro de los límites de la Ciudad. El Arroyo Maldonado, también con nacientes en la provincia de Buenos Aires recorre buena parte de la Ciudad bajo la avenida Juan B. Justo atravesando los barrios porteños de Liniers, Versalles, Villa Luro, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Crespo, Palermo. Los arroyos del sur de la Ciudad, como por ejemplo el arroyo Cildañez, desembocan en el Riachuelo, una de las cuencas hídricas más contaminadas del mundo que descarga sus aguas en el rio de Plata. En total son once las cuencas que atraviesan la Ciudad de Buenos Aires: Medrano, Vega, White, Maldonado, Radio Antiguo, Ugarteche, Boca-Barracas, Ochoa-Elía, Erézcano, Cildañez y Larrazábal–Escalada.

Hace casi un siglo que, para resolver la contaminación creciente de los arroyos urbanos, la solución de entonces consistió en entubarlos construyendo mega túneles enterrados. Hoy existe un consenso generalizado respecto al fracaso del entubado de ríos y arroyos. Ya que no sólo no resuelven el problema de la contaminación, sino que el entubado limita el caudal de escurrimiento, los taponamientos por sedimentación son frecuentes, el riesgo hídrico se invisibiliza creando una falsa sensación de seguridad para sus habitantes, la posibilidad de autodepuración que tienen los cursos naturales se anula y por supuesto se destruye toda la biodiversidad acuática y terrestre.

La Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el Plan de Acción Climática 2050, enfrenta tres amenazas de origen natural: las inundaciones pluviales, las inundaciones costeras y las olas de calor. Y para mitigarlas resultan claves las superficies verdes, el arbolado y la recuperación del borde costero. Generar en la costanera porteña un biocorredor nos permitiría recuperar y preservar sus humedales, mitigar eventuales ascensos del nivel del rio, permitir que los vientos frescos ingresen desde la costa hacia la Ciudad para mitigar las olas de calor, reducir el impacto de las inundaciones y desafiarnos a desentubar progresivamente desde la desembocadura hacia aguas arriba los arroyos entubados. Mientras las ciudades del mundo, en el marco de paradigmas de sustentabilidad ambiental, están recuperando los bordes ribereños, desentubando sus arroyos, construyendo biocorredores y diseñando obras de infraestructura compatibles con la preservación de los ecosistemas urbanos; la actual gestión de la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna desde diciembre de 2007, ha implementado en estos 16 años un nuevo plan para entregar el sector de la ciudad adyacente al Río de la Plata a la corporación especulativa inmobiliaria. La venta definitiva de Costa Salguero para la construcción de torres de suntuosas; el relleno del río de la Plata en la Costanera Norte para construir BA Playa en lugar de recuperar las concesiones ilegales que desde la década del 90 ocupan la costanera; el proyecto en la Costanera Sur del grupo económico IRSA junto al gobierno porteño de construir un nuevo Puerto Madero llamado Costa Urbana al lado de la reserva ecológica destruyendo uno de los pulmones verdes más importantes de la Ciudad y uno de los pocos humedales que aún conserva; son sólo algunos ejemplos.

El negacionismo de la crisis climática por parte del poder político incluso llega a plasmarse en una de las leyes más relevantes para el planeamiento de la Ciudad, cómo lo es el Código Urbanístico. Esta ley plantea que el borde costero no debe considerarse zona de riesgo hídrico.

Mapa de Áreas de Prevención de Riesgo Hídrico

Fuente: Anexo III Atlas. Código Urbanístico

Muchas de las lluvias que inundan a la Ciudad, hace 30 años no la inundaban. La sobreconstrucción, la mutilación del arbolado público y la destrucción sistemáticas de las superficies verdes son determinantes para que una lluvia que en el pasado no nos inundaba hoy nos inunde. Sólo en la última década se han privatizado el equivalente a 75 Plazas de Mayo de superficie verde absorbente. Y en septiembre del 2020, en plena pandemia, el gobierno porteño modificó el Código Urbanístico para transformar en estacionamientos de autos los pulmones verdes de manzana.

En paralelo la lógica del despojo avanza con la cementación de la Costanera y el deterioro, fragmentación y destrucción de nuestras superficies verdes y el arbolado público, la temperatura máxima anual ha aumentado casi 1°C en las últimas tres décadas.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Observatorio Buenos Aires (OCBA). Elaboración Propia

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Observatorio Buenos Aires (OCBA). Elaboración Propia

El gobierno porteño promociona la construcción de nuevos mega túneles entubados de los arroyos Maldonado y Vega como obras vanguardistas de ingeniería. Gestionar las aguas lluvias construyendo túneles cada vez más grandes, completamente fuera de toda escala humana, responde a un paradigma superado, que nada tiene que ver con el actual régimen de precipitaciones ni con la morfología urbana de la Ciudad. Replicar soluciones obsoletas e ineficaces, que atrasan un siglo, sólo puede explicarse a partir del enorme negocio que generan la utilización de esas grandes tuneleras.

Foto del nuevo túnel del Arroyo Maldonado

Fuente: https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/un-viaje-por-el-tunel-del-arroyo-maldonado

Lo eficiente, como sucede en otras ciudades del mundo, es gestionar el agua de lluvia donde cae, reteniéndolas y potenciando los procesos de infiltración. Los nuevos paradigmas basados en soluciones aportadas por la naturaleza, denominados por sus siglas SUDS (Soluciones Urbanas de Drenaje Sostenible) se caracterizan por retener las aguas de lluvia donde caen utilizando diferentes dispositivos distribuidos en el territorio urbano que nos permiten además preservar el paisaje, recuperar los ecosistemas urbanos, mejorar la calidad de las aguas de lluvia a través de su filtrado utilizando vegetación. Terrazas verdes, pavimentos permeables, sistemas de retención y colecta de aguas de lluvias en los techos de las edificaciones, reservorios temporales en zonas deprimidas de parques y plazas que se ocupan con agua de lluvia generando un paisaje acuático y luego se vacían cuando la lluvia pasa.

Desde la inundación del 2 y 3 abril del 2013, las distintas asambleas de inundados vienen reclamando al gobierno de la Ciudad democratizar los sistemas de alertas y elaborar un plan de contingencia. La Ciudad no cuenta con un plan de contingencia o un plan de manejo para que la población sepa cómo manejarse frente a un evento extraordinario: ¿Qué tenemos que hacer cuando hay alerta de vientos fuertes o cuando hay alerta de tormentas? ¿Qué zonas debemos evitar? ¿Cuáles son las vías de evacuación? ¿Dónde se encuentran los lugares seguros? El Jefe de Gobierno Jorge Macri por Twitter, durante la última tormenta, recomendaba caminar con cuidado, manejar con precaución y retirar las macetas del balcón. En muchas ciudades las alertas se comunican a la población a través de mensajes de textos, utilizando las redes, o a través de dispositivos de comunicación oficial. El gobierno porteño destina más de 110 millones de pesos por día en propaganda y pauta oficial. Es urgente destinar parte de ese exorbitante presupuesto a la gestión del riesgo, por ejemplo, comunicando adecuadamente las alertas meteorológicas. Las imágenes de autos flotando bajo los túneles de la ciudad se repiten cada vez que sucede una lluvia intensa.

Túnel Spinetta en Avenida Congreso 3900 CABA

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202111/576289-lluvias-anegamientos-ciudad-de-buenos-aires.html

Sino pensamos integralmente y en el contexto del espacio urbano el conjunto de las políticas hídricas, la Ciudad de Buenos Aires va continuar inundándose. Necesitamos reemplazar el modelo hegemónico y patriarcal de las mega obras de ingeniería por obras a escala humana que puedan dialogar con el paisaje y los ecosistemas urbanos. Y por supuesto este desafío implica necesariamente poner en debate nuevas urbanidades basadas en la democracia participativa ambiental.

1 Ingeniera civil (UBA). Titular del Seminario de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Posible final de la Ley de Alquileres: ¿Cuál es el criterio de la necesidad y la urgencia?

28/12/2023

Nota editorial de CEPIDRA

En la niñez de su mandato el presidente de la Nación ha decretado una reforma estructural del sistema económico y social argentino. No es novedad en cuanto a lo que planteó en campaña: ha ganado una segunda vuelta, dentro de los márgenes constitucionales, con una agenda tan disruptiva como regresiva. Resta observar, a esta altura, cuál será la decisión del Poder Legislativo (PL) al respecto (jamás en la historia democrática argentina el PL rechazó un decreto presidencial) así como también cuál será el impacto de la movilización y el “plan de lucha” del movimiento obrero organizado. La inestabilidad del contexto nos hace difícil predecir un comportamiento político de los próximos meses, la acuciante realidad social presiona sobre la falta de representatividad y la representatividad (institucional) parece no dar abasto con las necesidades actuales de la sociedad argentina. Cuando las necesidades corren más rápido que las representaciones suceden los estallidos sociales, como pasó el 19 y 20 de diciembre de 2001.

 Más allá de las particularidades ideológicas y el nivel de re-concentración política en la máxima autoridad del poder ejecutivo (como ya vivimos en la década de 1990), el anuncio puso como primer punto a reformar la derogación de la Ley de Alquileres. Deberíamos preguntarnos ¿Cuál es el criterio para considerar de necesidad y urgencia esa derogación? ¿El déficit habitacional de 3.000.000 de viviendas es la causa de la búsqueda de la derogación para mejorar la política de acceso a la vivienda en Argentina? ¿Lo urgente y necesario es sacar de la situación calle a las casi 10.000 duermen todos los días en los barrios del AMBA? ¿Es necesario y urgente porque el 10% de la plaza de viviendas de CABA está vacía y hay gente que no tiene donde vivir?

Estas preguntas deben ser respondidas por el campo científico y tecnológico. Aquí sólo esbozaremos una opinión editorial que creemos es parte de las observaciones que venimos realizando en el AMBA y algunos de los análisis cuantitativos que CEPIDRA realiza cotidianamente sobre el desarrollo urbano.

Lo primero que debe decirse es: SÍ, es efectivamente urgente y necesario solucionar la grave crisis habitacional con que cuenta nuestro país.

La dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) dolarizó los inmuebles. Hasta entonces las transacciones inmobiliarias se realizaban en la moneda soberana. Este fue el primer hito de la financiarización de un bien humano básico: la vivienda. Pero ¿Cómo se desempeña el proceso de dolarización y financiarización de la vivienda?

La dolarización transforma a la vivienda en una materia prima exportable, es decir, el derecho de los argentinos a vivir bajo un techo digno se extranjeriza y pasa a competir en la plaza internacional. De este modo, arbitrando tipos de cambio, la vivienda en solo 20 años quedó fuera de la órbita del ahorro de la clase media argentina. En la década de 1990 hubo un gran pico de compraventas de inmuebles a moneda internacional debido a que la convertibilidad aseguraba la posibilidad de compra inmediata en dólares al tiempo que la tasa de inflación era muy baja (debido a la apertura indiscriminada de importaciones y un stock de capital producto de la venta de las empresas públicas). Estas dos variables permitieron el fomento al acceso al crédito hipotecario a sectores de clase media y, por ende, un aumento de las compraventas de inmuebles.

Detengámonos un instante en este punto: algún distraído podría decir, entonces, que la política habitacional del menemismo fue un éxito. Está muy lejos de la realidad esa afirmación. Debido a que se dolarizó el mercado y se pasó a competir internacionalmente los precios de las propiedades no estaban al alcance del ahorro de una familia de clase media. Por este motivo el sector financiero actuó como garante del negocio inmobiliario. Por lo cual, no solo se continuó con la política de vender en moneda foránea sino que los sectores de clase media, que antes de 1976 podrían comprar un lote en pesos, desde entonces debían tener al sistema financiero como intermediario, es decir endeudarse en dólares. Eso no es un éxito, es justamente todo lo contrario: es la mercantilización absoluta del acceso a la vivienda digna y el inicio del proceso de expulsión territorial. 

Al mismo tiempo, luego de la política de “erradicación de villas”, que la dictadura cívico-militar implementó, los sectores populares de CABA se trasladaron al Conurbano Bonaerense. Fueron expulsados y encontraron posibilidades de acceso al techo por medio de la búsqueda de la dispersión territorial. Al mismo tiempo, la crisis económica que se suscitó en la segunda parte del gobierno de Menem empujó a la pobreza al 50% de la población y al 25% de la PEA a la desocupación. Esta acuciante realidad económica argentina se materializó en una inquilinización precaria (en pesos).

Por lo cual, tuvimos en 25 años una transformación socioeconómica que impactó directamente en el acceso a la vivienda. En 1974 el 70% de las familias eran propietarias, hoy el 70% son inquilinos. La política extranjerizante, financiera y expulsiva solo trajo una grave problemática que es el fin del acceso a la vivienda como derecho humano.

En el siglo XXI asistimos a un fenómeno aún más grave: el proceso de turistización devenido de la globalización neoliberal. En las ciudades globales (dentro de las cuales CABA es de tercer orden internacional) la vivienda es un commodity, es decir multinacionales invierten de manera significativa en el entramado urbano bajo cánones globales y producen viviendas suntuosas para el turismo internacional. Esto no sería un problema para un país que tenga una paridad del poder adquisitivo que le permita a los ciudadanos nativos alquilar a precios internacionales (como sucedió entre 2005 y 2011). Ahora bien, cuando los costos de mantenimiento de una vivienda y los impuestos se abonan en pesos, pero el valor del inmueble se cotiza en dólares entonces el negocio es enorme: invierten en una ciudad de tercer orden global, con flujo de turistas constante, donde se puede comprar a precio degradado y se puede mantener en la moneda soberana.

De esta manera, según relevamientos, los alquileres en las plataformas digitales rondan los 100 dólares la noche. El turismo internacional viaja todo el año: por lo cual en 1 año un inversor puede tener una renta de 34.000 dólares. En poco más de dos años se puede comprar otro departamento, y al cabo de cuatro años se puede adquirir un departamento por año.

Esta dolarización de los alquileres se da en las plataformas digitales pues son, las más conocidas, internacionales. Pero con el decreto se liberaliza el mercado de los alquileres y se los dolariza los que van a estar dolarizados son los de todo el país, por lo cual el proceso de expulsión territorial por extranjerización se va a profundizar. Por lo cual queda responder ¿Cuál puede ser el desempeño de esta medida?

La historia marca que va a ser útil para los sectores más concentrados del mercado del acceso a la vivienda. Van a invertir, alquilar en dólares, fijando el precio que crean conveniente siempre en función a la tasa de retorno internacional y al cabo de 4 años tendrán 5 o 6 departamentos más para seguir haciendo circular el capital de inversión.

Queremos ser muy claros, CEPIDRA no está en contra del negocio inmobiliario. Creemos que la construcción es uno de los sectores más dinámicos nacionales y produce una irradiación a una infinidad de oficios que desarrollan el mercado local. Pero consideramos que estas características del mercado no deben tender a un monopolio extranjerizante donde se expulse la población local. Debe haber una armonía entre el capital y el trabajo que le permita al inquilino alquilar y al propietario a seguir capitalizándose. Esto se hizo en otras épocas nacionales ¿Por qué no se podría hacer ahora?

Otra afirmación que observamos en la discusión pública es la siguiente: “la Ley de Alquileres no funciona, no hay alquileres disponibles, profundizó la problemática”. Trataremos de analizar esta afirmación para comprobar o refutar esta hipótesis.

Lo primero que debe decirse es que la Ley funcionó para los inquilinos: que la ley contemple un aumento al año (en relación al índice del BCRA) ayuda a que los inquilinos puedan pagarlo con el aumento de sus sueldos. Ahora bien, dentro de la afirmación también hay una verdad. La problemática de acceso a los alquileres se profundizó. Pero esto no responde a una falencia de la Ley de Alquileres sino al grave problema inflacionario que tiene Argentina producto de un endeudamiento en 2018 de 47.000 millones de dólares que presiona sobre la cuenta capital de la balanza de pagos, las especulaciones sobre los alimentos, la inestabilidad y el proteccionismo internacional y la falta de controles efectivos de precios.

Es lógico que un propietario no quiera alquilar si la tasa de actualización se realiza cada 1 año y no ajustada por el IPC sino por el BCRP que conjuga precios y salarios. Pero el problema no tiene como causa la Ley sino en la irresponsable política de endeudamiento del gobierno de Macri y la falta de efectividad política en el de Fernandez. La inflación condiciona a la Ley, pero no la hace culpable.

Concluyendo, la urgencia y necesidad por derogar la ley de alquileres no responde a la ineficiencia de la propia ley, ni a la necesidad de sancionar otra que atenúe la grave política habitacional argentina, ni que le permita participar de su hábitat a los ciudadanos argentinos. Responde a una necesidad y urgencia de los sectores concentrados argentinos por dolarizar un mercado que es plausible de ser relacionado con los cánones internacionales. Los argentinos cobramos en pesos ($800 por 1 US$) y vamos a pagar los alquileres en dólares, va a ser 800 veces más difícil acceder a una vivienda digna.

Es bueno recordar que el acceso a la vivienda digna es un derecho celebrado en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional:

“Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.” (Constitución Nacional Argentina, el énfasis es propio)

¡Lo urgente y necesario es hacer cumplir este artículo!

Análisis del movimiento ambientalista en Argentina y las políticas de la gestión 2020 – 2022

25/10/2023

Por Schulz Ailén

Resumen:

En este trabajo nos proponemos analizar y describir la vinculación de la emergencia sanitaria en relación con el movimiento ambientalista en Argentina durante la época del 2020 – 2022 como multiplicación de demandas por parte de la sociedad civil hacia el ingreso de la agenda institucional. Nuestra hipótesis es que durante el periodo de 2020 a 2022 con la emergencia sanitaria se ha evidenciado una serie de problemáticas que darán lugar a discusiones y posicionamientos por parte del movimiento ambientalista juvenil en Argentina sobre proyectos en torno a la producción, el desarrollo y los recursos naturales que darán lugar a la visibilizacion y multiplicación de discursos, narrativas y el ingreso de la agenda publica a la agenda institucional.

 

Palabras Claves: Ambientalismo, agenda pública e institucional, actores, covid 19.

 

Marco Teórico

La pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) ha colocado problemas centrales en la agenda política que durante mucho tiempo fueron minimizadas e invisibilizadas: por un lado, ha vislumbrado las desigualdades en términos de derechos sociales y económicos, como los altos niveles de concentración de riqueza, el acceso a la vivienda, el sistema de salud y el trabajo junto a intereses y posiciones de diversos actores y sectores involucrados en la participación de quema en Pastizales y negocios inmobiliarios, entre otros. En la medida en que el covid-19 puso en el centro aquello que estaba en la periferia, dio lugar y acceso a los debates sobre la urgencia de la transición socioecologica y ambiental. Así, aquello que aparecía reservado a unos pocos especialistas y activistas radicales entró en la agenda pública.

De este modo, visibilizó la importancia de los cuidados en sus múltiples dimensiones. Por un lado, esto se ha generado en la dirección más general del cuidado de los territorios, de los ciclos de la vida, de los ecosistemas.  Particularmente en Argentina, a partir del año 2020 – 2022 se ha revelado la conexión entre crisis sanitaria, neoextractivismo y emergencia climática, en las cuales, hubo numerosas movilizaciones que denunciaron los incendios en los humedales del Delta y la acción de los lobbies empresariales que hay detrás de la negativa a sancionar una ley. Ahora bien, dentro de esas revelaciones, nuestro trabajo busca aportar a las narrativas e ingreso de aquellas agendas públicas al plano institucional, desde un ejecutivo que ha comenzado a implementar una perspectiva ecológica en sus discursos, ante la creación y políticas de los Ministerios de Ambiente, hasta los debates e ingresos de proyectos de Ley en el Congreso de la Nación.

Antes de iniciar a explicar el desarrollo de cada demanda como parte de una síntesis a la investigación es importante pensar como aquellas problemáticas mencionadas por parte de la sociedad civil, organizaciones ambientalistas y sociales han ingresado a la agenda política y gubernamental en los últimos dos años. Por ello, me detengo a mencionar el proceso de formación de agenda estudiado por el campo de la Ciencia Política, que ha desembocado en análisis como los de Joan Subirats (2008) Sebastian Barbosa (2021) Casar Amparo y Claudia Maldonado (2008) entre tantos otros y otras son imprescindibles para poder analizar el lenguaje, contenido, perspectivas y comunicación política que han adoptado los diversos actores para responsabilizar en materia de decisiones y políticas públicas sobre aquel eje que será el principal estudio de este desarrollo investigativo. Para el campo de la Ciencia Política, el estudio sobre la Formación de Agenda y Problemas Públicos – de hecho, muy reciente – ha generado aportes fundamentales y novedosos que han permitido desentrañar por qué algunos asuntos reconocidos como parte de las demandas y “agenda pública” ingresan o no a la agenda gubernamental. Ahora bien, el ingreso (u omisión) de diversos temas pueden darse mediante sesgos o ciertos elementos a tener en cuenta: en el primer caso, mediante la sensibilización, transformación del tema en un asunto público, organización y movilización en torno al problema junto a la toma de decisión gubernamental.

 

Políticas Ambientales durante el periodo de 2020 – 2022

Por todo lo que he mencionado anteriormente, comenzaré a desarrollar algunas de las políticas, discursos y acciones desplegadas durante este periodo que han dado lugar a los debates públicos y próximas agendas a discutir en el Congreso de la Nación. La gestión de Alberto Fernández en el gobierno, comienza con la re – fundación del área disuelta en el año 2018 por el presidente Mauricio Macri, en el cual degradó el ministerio al rango de secretaría dentro de la Secretaría General de la Presidencia. En el año 2019, el presidente actual anuncia que el área vuelve a tener categoría de rango ministerial y nombra como titular a Juan Cabandié. A su vez, el Estado Provincial en el año 2021 constituye por primera vez el Ministerio de Ambiente.

 

A partir del año 2020 el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones legislativas marcó el rumbo que buscaba para su gobierno junto a los principales proyectos para enviar a Congreso de la Nación. Entre ellos se planteó la necesidad de poner en valor sectores que históricamente han tenido conflictos socio ambientales con las comunidades locales y que han causado grandes devastaciones ecológicas. A su vez, también hizo mención al cambio climático, la ley de bosques y las ciudades sustentables. Durante el primer año de su gestión se lanzó el “Plan de Políticas Ambientales” cuyo objetivo trata de construir un modelo sostenible, de consumo responsable y de cuidado del medio ambiente a nivel nacional. Durante aquel acto, se anunció la puesta en marcha del “Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto”, el Proyecto de “Ley de Educación Ambiental”, la implementación del plan Casa Común y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego a la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí es importante detenernos de forma breve con la presentación de este Plan, ya que han sido convocados actores como Jóvenes por el Clima, como Mercedes Pombo y Jonatan Castillo, quien integra la Federación Argentina de Cartoneros, del cual he mencionado previamente. Además, también se promulgo la ley de cambio climático que fue un proyecto presentado por el ex senador Fernando “Pino” Solanas en conjunto con “Jóvenes por el Clima” en el cual, la norma “establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en todo el territorio nacional en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional” (Ley 27.520, 2019); institucionaliza la existencia de un Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) y define su labor interministerial. En sintonía con estos mensajes – incluidos a su vez en las sesiones ordinarias del año 2021 y 2022 – desarrollaré a continuación las medidas más relevantes de aquellos años: por un lado, en el año 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú – Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – que es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Aquel, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, el cual establece estándares regionales para los derechos de acceso en asuntos ambientales, además de promover la creación y fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional en la materia. Por el otro, se creó el “Programa de Conservación Inclusiva” en el año 2022, con el objetivo de instrumentar un sistema de apoyo técnico y financiero a comunidades indígenas y otras comunidades que deseen conservar los ecosistemas naturales de sus predios y aprovechar los recursos silvestres de manera sostenible.

 

 Reflexiones finales:

De este modo, y en relación con lo anterior, las proyecciones, análisis, investigaciones, acciones y movilizaciones realizadas por los actores mencionados previamente se realizan en pos de una búsqueda por la protección ambiental con la sanción e implementación de políticas públicas que, en el caso de Argentina pueden clarificarse con los últimos ejemplos y discusiones públicas en materia legislativa por la Ley de Humedales, Ley de Bosques, Ley de Reciclaje Integral, Ley de Declaración de Estado en Emergencia Climática y la Ley de Envases. Por ello, analizar y poder pensar en materia discursiva algunas narrativas como “La Deuda es con el Sur” y “Si el Presente es de lucha el futuro es nuestro” (como parte de la re – utilización de una frase célebre de Ernesto Guevara) luego de la crisis global por el covid – 19, tienen una fuerte conexión territorial con la región en la que se movilizan, pero también una perspectiva nacional con los diversos discursos, argumentos y análisis realizados por otros actores del país.

  • Referencias Bibliográficas:
  • Subirats, Joan (2008). ANALlSIS DE Políticas PUBLICAS y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION
  • BARBOSA, S. (2021). Introducción a los estudios de agenda y problemas públicos.
  • CASAR, MA. AMPARO Y MALDONADO CLAUDIA (2008), “Formación de agenda y procesos de toma de decisión. Una aproximación desde la Ciencia Política. En Problemas, decisiones y soluciones CIDE y FCE, México.

 

Lineamientos de base para aportar al debate sobre el derecho a la ciudad en Lanús

27/08/2022

La realidad urbana del Conurbano Bonaerense (CB) es muy particular y esto no es más que producto del devenir histórico. La discontinuidad de las políticas urbanas inclusivas, y con ello la falta de planificación, hizo del conurbano una mixtura entre áreas urbanas consolidadas y territorios con una profunda desigualdad socio-económica y habitacional.

El Conurbano, al igual que todos las áreas metropolitanas, primero se ocupó y después se urbanizó (Ciccolella et al., 2015). Recién con los Planes Quinquenales del peronismo se vislumbró un atisbo de planificación urbana centralizada. Después de ello, el neoliberalismo urbano invadió la producción de la ciudad.

De esta manera, cualquier análisis urbano que debamos hacer debe necesariamente estar situado, ubicado histórica y territorialmente en las características sociales y económicas que estructuran la época. Así es como hoy vivimos en su máxima expresión el neoliberalismo urbano.

Ahora: ¿Qué significa neoliberalismo urbano?

En primera instancia estamos ante un fenómeno que lleva por lo menos 50 años de desarrollo y no es una expresión solo del Conurbano Bonaerense. El neoliberalismo urbano desde la década de los 70 (en Argentina, a partir de 1976) impone que la producción de la ciudad, es decir los modos en que la habitamos, no debe ser potestad del Estado en cuanto regulador de la vida en comunidad. De esta manera, se plantea la “gobernanza” de las políticas públicas que no es más (en los modos de aplicación neoliberal) que una asociación entre el capital privado y el sector público. Bajo la cáscara de la supuesta participación privada y responsabilidad social empresaria se esconde un asociativismo entre el sector público y privado que solo decanta en una producción totalmente mercantilizada de la ciudad.

Ahora bien, del neoliberalismo urbano también se desprende el proceso de desregulación urbana que también desde los 70 viene imponiéndose en nuestras ciudades (De Mattos, 1997). Cada vez con más fuerza se instaura un modelo de normativa urbana que va en sintonía con el sector inmobiliario y que favorece los negocios empresariales, también en detrimento de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

De este concepto aplicado tajantemente en el entramado urbano se desprenden fenómenos que no son más que expresiones del modo mercantil de producción de la ciudad. Mencionemos algunos de estos procesos:

Extractivismo urbano: En el marco mencionado, la ciudad pasa a ser mercantilizada y sus bienes comunes urbanos (parques públicos, propiedades públicas, empresas, etc.) pasan a ser atractivas para el sector privado y se avanza en su privatización. Este proceso, Harvey (2015) lo describen como una vulneración de los derechos colectivos ejecutados por la acumulación por desposesión de bienes comunes. (Harvey, 2007)

 

*NOTA: Este documento fue elaborado por el Lic. Matias Galgano, integrante de CEPIDRA, como aporte al Foro Vecinal por Derecho a la Ciudad en Lanús, realizado el día 20 de agosto de 2022. Esta actividad fue propuesta por la Agrupación vecinal X MI BARRIO SIN EDIFICIOS de Lanús, Provincia de Buenos Aires.

 

Renovación urbana: El proceso de mercantilización de la ciudad hace de los barrios de casas bajas espacios atractivos para el desarrollo inmobiliario en altura. Donde antes había casas unifamiliares, producto de un “embellecimiento” y “modernización” de la ciudad, se transforman en espacios totalmente exclusivos de sectores de alto poder adquisitivo (Zapata et al., 2018). No hay renovación urbana sin un proceso de expulsión de los sectores de clases medias de espacios tradicionalmente arraigados en estos lugares. No es incluyente, la renovación es propiamente un proceso de expulsión social.

Gentrificación: Este proceso fue denominado de esta forma en Inglaterra hacia finales de la década del 60 del siglo pasado. Deviene de la palabra gentry que era la nobleza dentro de la edad media y luego la alta burguesía. El proceso refiere a la transformación urbana que decanta en la expulsión de sectores de medios y bajos ingresos de espacios donde tradicionalmente se asentaban y producto del proceso de renovación son expulsados. Donde antes se afincaban estos sectores ahora se asientan sectores de ingresos altos. Mucho se ha analizado si este proceso en América Latina se sucede de esta forma, algunos estudios marcan que no es tan lineal al estilo europeo. (Herzer, 2008)

Empresarialismo urbano: Harvey (1989) ha conceptualizado el pasaje de la gestión de la ciudad por parte del sector público al asociativismo empresarial entre sector público y privado que viene desarrollándose en las ciudades desde los 70 como empresarialismo urbano. La gestión de la ciudad ya no es potestad del sector público sino que este se circunscribe a ser la base material de los procesos empresariales y mercantiles de producción de la ciudad. Son socios en el negocio de la ciudad mercantil.

Segregación socio-espacial: producto del neoliberalismo urbano, muchos investigadores han identificado que la ciudad se está transformando en pequeños núcleos donde los pobres conviven con los pobres y los ricos con los ricos. Los espacios se “segregan”, es decir se aíslan de otros. Lo que quiere decir que la idea de ciudad integral se pierde siempre que se parcele la utilización del espacio. (Chamboredon y Lemaire 1970; Cutler, Glaeser y Vigdor. 2008; González y otros 2007; Sabatini 2006; Ziccardi 1989)

Fragmentación urbana: A diferencia de la segregación, la fragmentación habla de una barrera física. Es decir que muchas veces las clases sociales no solo se aíslan dentro de sus barrios sino que hay barreras físicas que los separa (el ejemplo más claro son los muros que separan los barrios de clase alta y las villas en San Isidro, por ejemplo) (Abramo, 2012)

Por supuesto, estos procesos no son los únicos que devienen del neoliberalismo urbano. Pero si son los principales.

Ahora: ¿Qué tiene que ver esto con el derecho a la ciudad y la estructura social y urbana de Lanús? ¿De qué nos sirve saber esto?

Lo primero que hay que decir es que el derecho a la ciudad es un derecho humano básico. El urbanismo inclusivo contempla el derecho a la ciudad como una idea fuerza que estructura su profundo sentido humano.

El derecho a la ciudad es entender a la ciudad como obra de las fuerzas sociales presentes en el territorio y no como un producto de los sectores empresariales. De esta manera, el principal actor social que es sujeto de este derecho es el ciudadano y la ciudadana. Es una postulación que pone al habitante de la ciudad en el centro de la producción social del espacio urbano.

La ciudad como producto de la estética y el turismo ya fue denunciado por Lefebvre (1978) cuando postulaba que el proceso de mercantilización de la ciudad empujaba a construirlas para el sector privado (empresarios) y no para el ciudadano. La ciudad como producto colectivo para el autor murió.

 

Hoy no es más que una mercancía que se transa en la plaza global.

De esta manera, Lefebvre entiende el derecho a la ciudad como una herramienta de lucha por un espacio urbano entendido como producto comunitario. Su propuesta es tender hacia un nuevo humanismo, hacia una nueva práctica urbana, que no es otra que la sociedad urbana ¿Cómo? Escapando a los mitos que amenazan esta voluntad, destruyendo las ideologías que falsean este proyecto y sus estrategias.

¿Qué significa esto?

Para Lefebvre el sujeto de esta disputa es la clase obrera. En nuestras ciudades, como sabemos, la clase obrera es solo una parte del imaginario popular. Pero pensando a Lefebvre a los ojos del Siglo XXI y del conurbano bonaerense los sujetos del derecho a la ciudad son los sectores populares urbanos: estudiantes, profesionales, trabajadores, jóvenes, etc. La mixtura de estos sectores es lo que hoy encarna el sujeto que debe asegurar el derecho a la ciudad. (Harvey, 2015)

¿Qué tiene que ver esto con la estructura social urbana de Lanús?

Lanús desde hace 20 años viene desarrollando un proceso de renovación urbana y desregulación que está en sintonía con los fenómenos descriptos como consecuencia del neoliberalismo urbano.

Como sabemos, Lanús es parte de un área metropolitana que no está fuera de estos fenómenos que vulneran los derechos elementales del vecino y la vecina.

El derecho al espacio público, el derecho a la centralidad, el derecho al espacio verde, a la movilidad urbana, al sol, al esparcimiento, a la privacidad, al ambiente sano, al agua y el saneamiento, al acceso al hábitat digno, etc. Son todos derechos que se ven permanentemente vulnerados producto del proceso de mercantilización de la ciudad.

De esta forma, la estructura urbana del distrito también se ve modificada producto de esta visión sobre la producción del espacio. Lanús es una ciudad profundamente desigual, lo era previamente al neoliberalismo, y fruto de estos procesos se acentuó esta desigualdad.

La desigualdad es, en definitiva, la principal causa de la vulneración del derecho a la ciudad. Si queremos defender este derecho primero tenemos que entender que nuestra estructura urbana y territorial es parte fundamental del problema.

La defensa de ese derecho está en nuestras manos, trabajemos juntos para que deje de ser un ideal y se transforme en una realidad.

Bibliografía para seguir aportando al análisis y la práctica:

  1. ABRAMO, P. (2012). La ciudad com-fusa: Mercado y producción de la estructura urbana en las grandes metrópolis Eure, 38(114), 35–69. https://doi.org/10.4067/S0250- 71612012000200002
  2. CHAMBOREDON, J. C. y LEMAIRE M. (1970). Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur Revue française de sociologie, 11(1), 3-33.
  3. CICCOLELLAa, ,   VECSLIR,  L.,   &   BAER,   L.   (2015).  REVITALIZACIÓN  DE SUBCENTROS METROPOLITANOS. 11–28.
  4. CUTEL, M., GLAESER, E. L. y VIGDOR, J. L. (2008). When are ghettos bad? Lessons from immigrant segregation in the United States. Journal of Urban Economics, 63(3), 759-774.
  5. DE MATTOS, A. (1997). Dinámica económica globalizada y transformación metropolitana: hacia un planeta de archipiélagos urbanos. VI Encuentro de Geógrafos de América Latina, 1–10. 
  6. GONZALEZ, I., DIAZ, W., GOMEZ, J., LOPEZ, L., MARTINEZ, L., MORENO, M., RIOS, M., et al. (2007). Segregación socioeconómica en el espacio urbano de Bogotá.
  7. HARVEY, (1989). De la gestión al empresarialismo.
  8. HARVEY, (2007). El nuevo imperialismo (pp. 111–140).
  9. HARVEY, D. (2015). Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. In Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Vol. 33, Issue 99). https://doi.org/10.24201/es.2015v33n99.1401
  10. HERZER, (2008). Con el corazon mirando al sur. (p. Cap. 1).
  11. LEFEBVRE, (1978). El Derecho a la Ciudad.
  12. SABATINI, (2006). La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina. 
  13. ZICCARDI, A. (1989). De la ecología urbana al poder local (cinco décadas de estudios urbanos), en Revista Mexicana de Sociología, 51, N° 1, enero abril, 275-306.
  14. ZAPATA, C., DÍAZ, M. P., & DÍAZ PARRA, I. (2018). Clases sociales, renovación urbana y gentrificación. Miradas desde América Latina. Quid 16, 16(9), 1–8.
Download

Por un Lanús vivible para todos

Análisis del nuevo código de Edificación del municipio de Lanús

02/06/2022

Por agrupación -X mi barrio sin edificios-

Los integrantes del colectivo “X mi barrio sin edificios “, queremos compartir el análisis del nuevo código de edificación de Lanús, aprobado el 5.4.22 en el Concejo Deliberante, ordenanza 13.399/ 22. El mismo fue votado por los bloques de “Juntos por Lanús” y la UCR. Se opuso el bloque del “Frente de todos”, que no bajó al recinto. 

Nuestro colectivo, desde fines del 2021, preocupados por la construcción en altura en zonas no preparadas para tal fin (sin cloacas), nos agrupamos inicialmente para modificar la ordenanza Nro. 12741 (2018) que habilitaba dicha urbanización. En ese recorrido tuvimos conocimiento de un proyecto de edificación enviado por el ejecutivo municipal el 8.3.22, que no daba respuestas a nuestra problemática, por lo cual solicitamos la postergación de su tratamiento y votación, pedido que nos fue denegado. En ese recorrido, comunicamos a los concejales nuestras objeciones a algunos aspectos del proyecto, lo cual derivó en que se incluyeran modificaciones parciales en la aprobación final.

Podemos concluir que, la organización como vecinos para participar en el diseño urbanístico de nuestro hábitat, además de ser un derecho contemplado por ley, es la única forma de gestionar una ciudad vivible.  Logramos conseguir mejoras con respecto a la normativa sancionada en el 2018 y al nuevo proyecto enviado al HCD el 8.3.22.  A su vez, queremos aclarar que el proyecto finalmente aprobado NO fue consensuado con nuestro colectivo, como informó un comunicado emitido por el bloque mayoritario. 

Hemos realizado y queremos compartir, un estudio comparativo entre: a) la ordenanza Nro. 12741 (27.12.18); b) el proyecto de código de edificación enviado por Néstor Grindetti al HCD el 8.3.22; c) la normativa finalmente votada el 5.4.22 en el HCD. De dicho estudio se desprenden los aspectos que evaluamos como positivos o negativos de la ordenanza aprobada.  Ver anexo. 

Valorando la gestión realizada, caben detallar las mejoras logradas por nuestro colectivo, tanto en la normativa 12.741/ 18, como en el proyecto de edificación enviado el 8.3.22:

  1. Sacar a la calle Gral. Madariaga del listado de corredores jerarquizados.
  2. Limitar drásticamente la altura de construcción en las zonas S2-R3 (blanca), S2-R4 (azul) y S1-R1 (naranja) sin el servicio de cloacas.
  3. Bajar la densidad de habitantes de la zona S2-R4 (azul) de 1400 a 1000 aunque creemos que sigue siendo alta.
  4. La publicación en la web del municipio de Lanús, del código de edificación y las distintas ordenanzas que lo complementan, en tanto dicha normativa, a diferencia de otros municipios no estaba publicada. Entendemos que es obligación del municipio permitir el acceso a la ciudadanía de la normativa vigente.

Queremos destacar el hecho de que nuestra lucha colectiva pudo lograr mejoras concretas, para lo cual fue necesario sentarnos en la mesa de discusión con concejales de todos los bloques, con el bagaje adquirido luego del estudio de las ordenanzas, asesorarnos con expertos de diversas disciplinas relacionadas a la urbanización, y propiciar el dialogo con la comunidad.  Dicho recorrido refuerza nuestra voluntad de seguir trabajando en pos de lograr un Lanús vivible, del que nuestros hijos no quieran irse.

Finalmente, creemos que el intendente Néstor Grindetti debe promover la conformación de una comisión integrada por todos los actores sociales del municipio: colegios de arquitectos, técnicos, ingenieros, universidades, especialistas en urbanismo y asociaciones de vecinos, para mejorar la actual normativa, es decir, formular un nuevo plan estratégico de urbanismo que dé respuestas integrales a las necesidades de nuestro municipio.

Anexo

Los aspectos negativos de la actual normativa son:

  1. La Falta de participación ciudadana: como vecinos no fuimos consultados previamente, durante los dos años en que el ejecutivo municipal elaboró el proyecto. Nuestro grupo tuvo conocimiento del nuevo proyecto de edificación enviado al HCD el 8.3.22 por vía informal y pocos días antes de su votación, a pesar de haber tenido reuniones previas con concejales oficialistas. Entendemos que no convocar a los distintos actores sociales de la comunidad contradice la ley provincial 14.449/12 de acceso justo al hábitat, que obliga a la participación de la comunidad en las modificaciones urbanísticas.
  1. Falta de estudios previos de impacto ambiental: no conocemos si se han realizado previamente estudios sobre el impacto ambiental que supone la nueva normativa -no se nos ha informado-, pero podemos inferir su ausencia. Lo anterior, en tanto los medios académicos especializados en urbanismo y los colegios de arquitectos por nosotros consultados, expresan no haber intervenido en su elaboración. Como ejemplo, al Colegio de Arquitectos Distrito II, solo se les informó el contenido del nuevo código, no hubo consulta previa. En tal sentido, consideramos imprescindible, contar con estudios de impacto ambiental, previamente a aprobar nuevas rezonificaciones.   
  1. La ampliación de zonas que crecen en superficie y en las que aumenta la densidad poblacional
  • La zona comercial administrativa denominada S1-CA (rojiza) aumentó su superficie en 72 ha. porque quieren replicar la experiencia del polo gastronómico-comercial conocido como la “Lanusita”, en otras áreas del municipio: Lanús Este, Valentín Alsina y Remedios de Escalada.  Desconocemos si se han realizado estudios de factibilidad, en función de evaluar si dichas zonas cuentan con los servicios suficientes para soportar la nueva urbanización.  
  • La zona residencial S1-R1 (naranja) aumentó su superficie en 21 Ha en Lanús Oeste, abarcando desde el centro de Lanús hasta el centro de Remedios de Escalada, atravesando barrios de casas bajas: algunos sin servicios de cloacas habilitados y otros con dificultades en la presión de agua -como Remedios de Escalada a partir de la construcción en altura.
  • La zona residencial S2-R4 (azul) no solo aumentó su superficie en forma alarmante: 341 Ha en Lanús Oeste y 95 Ha en Lanús Este, también aumentó la densidad poblacional de 800 a 1000 hab/ ha. En dicha zona se autoriza a construir edificios de 12 mts. de altura (PB + 3 pisos c/retiro de fachada de 2 mts.) y de 15 mts. (PB + 4 pisos c/ retiro de fachada de 5 mts.).  Lo anterior significa que una parcela podrá ser habitada por más personas que con la normativa anterior, o sea, edificios con más dormitorios. Dicho cambio parece no haber evaluado -al menos no se ha hecho público-, el impacto ambiental en cuanto a si los servicios de cloacas, presión de agua, red eléctrica están preparados para ofrecer sus respectivos servicios, a un número mayor de habitantes.  Tampoco parecen haberse previsto el impacto de contaminación sonora y   problemas de tránsito.
  1. Corredores jerarquizados 

Se denomina corredor jerarquizado a una avenida o calle donde las alturas máximas permitidas de los edificios son de 30 mts. con fachada al límite municipal; de 33 mts. con retiro de fachada de 2 mts y de 39 mts con 5 mts de retiro de fachada. 

Consideramos valido contar con algunos corredores jerarquizados en el municipio, siempre y cuando los servicios lo permitan, como por ejemplo la Av. Hipólito Yrigoyen, la cual atraviesa varias ciudades del sur del conurbano y es transitada por numerosas líneas de ómnibus de corta y media distancia. Por otra parte, su cercanía a las vías de FFCC Gral. Roca hace que las estaciones de trenes estén a un paso. Pero objetamos que se designen como corredores jerarquizados, a calles que atraviesan barrios de casas bajas que no disponen de servicios preparados para recibir mayor población.  Como ejemplo la calle Gral. Arias que cuenta con casas bajas en la mayoría de su extensión. 

  1. Frente a la falta de espacios para estacionamiento en las zonas céntricas de Lanús, se promueve la construcción de cocheras por debajo de los 6,80 mts edificios ubicados en las zonas con densidad poblacional mayor a 1000 hab/ ha. Pero para el cómputo de la altura máxima se toma en cuenta el primer piso habitable. Por lo tanto, las alturas máximas indicadas en la tabla de más abajo serán sustancialmente superiores.

Los aspectos positivos de la actual normativa son:

Aunque evaluamos favorablemente los intentos de corrección hechos a la ordenanza anterior, creemos que no logran su cometido, visto que como ya mencionáramos, se hicieron sin el correspondiente estudio de impacto ambiental y deben ser sujetos a revisión: 

  1. En las zonas residenciales S1-R1 (naranja), S2-R3 (blanca) y S2-R4 no se puedan construir edificios cuando no existen servicios cloacales. Cabe mencionar que esto estaba permitido en la normativa del 2018 a pesar de violar legislación provincial (ver cuadro comparativo).
  1. En la zona residencial S2-R3 (blanca) con servicio de cloacas, por estar alejada del centro y conformada por barrios de casas bajas – es la zona de mayor superficie del municipio- presente una limitación en la construcción de altura (10 mts/ PB + 2 Pisos) con un retiro de fachada de 3 mts. 
  1. Se haya eliminado como corredor jerarquizado la calle Gral. Madariaga, entra las calles Eva Perón y Gral. Arias, donde se encuentra la plazoleta de los Naranjos -estaba así designada en el proyecto inicial, a pesar de no contar con cloacas-.
  1. En la zona S2-R3 (blanca) sin cloacas, haya bajado el FOS de 0,6 a 0,5 y el FOT de 1 a 0,8. Se denomina FOS al Factor de Ocupación del suelo, e indica cuanta superficie puede ocupar la construcción en un lote. Un FOS de 0,6 indica que se puede construir un 60 % de la superficie del lote. Se denomina FOT al Factor de Ocupación Total e indica cuántos M2 pueden construirse, un FOT igual a 2, indica que puede construirse una superficie igual al doble de la superficie del Lote.
  1.  En la zona S2-R3 (blanca) con cloacas, haya bajado tanto el FOT de 1,8 a 1,4, como la densidad de habitantes de 800 a 600 hab/ ha. (ver cuadro comparativo).
  1. En la zona S2-R4 (azul) con cloacas se haya bajado tanto el FOT de 2,5 a 2, como la densidad de habitantes del proyecto 2022, desde 1400 a 1000 hab/ ha.

    Este es el mapa de zonificación y los corredores jerarquizados de acuerdo a la normativa aprobada:

SEGREGACIÓN SOCIOURBANA EN LA CIUDAD DE AZUL

El barrio Pedro Burgos y su integración socioespacial

06/04/2022

Por Arrastúa, Natalia

INTRODUCCIÓN

“ ¿Cómo habría de pensar uno que pasados apenas quince años o un poco más los barrios periféricos iban a ser un factor de riesgo en una sociedad que se sabía cuidar a sí misma? ¿Cómo se podría pensar en que mucha gente iba a quedar excluida del circuito laboral?, o ¿Quién podía pensar que esta nueva manera de edificación podía, junto a la cantidad de personas conglomeradas en un mismo lugar, terminar en un sector aislado del resto de la ciudad?»1

Cuando se habla de segregación social y espacial, como de sociabilidad urbana, se tiende a pensar que son problemáticas que se dan en las grandes ciudades; como plantea Giglia (2001) el “proceso de fragmentación socioespacial propio de las ciudades globales está relacionado con la exclusión de sectores sociales cada vez más amplios(…)” , también se plantea que las megaciudades tienen una nueva forma urbana que responde al proceso de segregación socio-espacial, o se afirma que la socialización de la ciudad global es de igual características que la ciudad global, es decir, que se fragmenta, se polariza y se inscribe en el territorio reduciendo los espacios de interacción social. Sin embargo, estos fenómenos urbanos son cada vez más frecuentes en todas las escalas y en proporción a estas.

La ciudad de Azul es cabecera del partido ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros de la Capital Federal, cuenta, según el último Censo Nacional (2010), con 49.845 habitantes y 16.926 hogares. En la década de los ‘80, en concordancia con el resto del país, se llevaron a cabo en la ciudad barrios de vivienda para los sectores populares a través del programa FONAVI por medio del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. El barrio Pedro Burgos (ex Riva) pertenece a esta tipología, es el más denso en cuanto a cantidad de viviendas contando con 376 departamentos agrupados en monoblocks de planta baja y primer piso2, y siendo uno de los pocos de vivienda colectiva, lo que lo diferencia de otros barrios de vivienda individual generandose en él distintas dinámicas tanto territoriales como sociales, diferenciándose cada vez más del resto de la ciudad y cargándose de estigmas negativos.

El siguiente trabajo busca, partiendo de la hipótesis de que estamos ante un barrio segregado tanto social como espacialmente en el cuál podemos hallar problemáticas de similares características a las de los grandes conjuntos construídos por la misma operatoria en la ciudad de Buenos Aires,  analizar el funcionamiento del barrio tanto hacia su interior, las lógicas del mismo, como la relación con el entorno para entender su articulación con el contexto inmediato y con la ciudad en su totalidad, pensando entonces cuáles fueron y son los principales factores que incentivan al fenómeno de la segregación de esta tipología barrial de vivienda social construida bajo la operatoria ‘llave en mano’. Para ello se llevará a cabo un estudio de la implantación física en la escala macro, como también del diseño general del conjunto habitacional, lo que fue y lo que es en la actualidad, haciendo hincapié en las problemáticas que lo atraviesan, cómo impactan sobre el territorio y lo transforman constantemente a la par de las relaciones sociales que se dan en este.

LA INTEGRACIÓN FÍSICA DEL BARRIO

Del conjunto a la totalidad.

En cuanto a lo general, el barrio en estudio se emplaza en la zona norte de la ciudad, limitado en uno de sus bordes por el primer acceso desde la Ruta Nacional N°3, la Avenida Mujica. Paralelo a esta la Avenida Aldaz hace de límite, y en sentido perpendicular las calles internas Moreno Norte y Burgos Norte. Como se puede observar en la figura 1, el conjunto se ubica en la periferia Norte de la ciudad, a veinticinco cuadras del centro y alejado de los grandes espacios verdes públicos de calidad para actividades de esparcimiento. Se parte entonces de una localización en desventaja en cuanto al acceso a la centralidad al ubicarse en uno de los límites de la ciudad, y se incrementan las desventajas mediante la definición de usos cercanos tales como los parques industriales (PIDA I y II), el Hipódromo, la unidad Penitenciaria N°7, entre otras fábricas yuxtapuestas con las zonas residenciales; siendo estos usos que no colaboran con la integración del predio ni físicamente ni socialmente. Lo primero porque los grandes lotes hacen difícil el tránsito tanto peatonal como vehicular por discontinuar las vías de circulación, además por contar con espacios fabriles de trabajo diurno que por la noche quedan vacíos y deshabitados. Lo segundo por las cargas negativas simbólicas que contienen tanto la cárcel, por prejuicios y miedo, como el parque industrial, que puede ocasionar molestias por ruidos, olores, alto tránsito de camiones, entre otros.

  Fig. 1 . Implantación general del barrio Pedro Burgos. Relación con la totalidad

Si bien en la década del ‘80 el entorno era completamente diferente al actual, lo construído era muy poco y entre ello se encontraba el barrio Carús, también de vivienda colectiva pero de menor superficie y densidad, particularmente el nuevo conjunto resulta imponente y aislado desde un principio ya que no respeta la trama de damero ni el tejido típico de la ciudad en los sectores residenciales, de casas bajas, individuales, sino que propone una trama distinta, de mayor movilidad peatonal, cortándose las calles vehiculares transversales y planteando los monoblocks desconectados del entorno (Fig. 3), sin siquiera mirar hacia las calles (Fig.2), más un tejido de bloques de departamentos aislados con una alta densidad tanto en cantidad de viviendas como en población respecto al resto de la ciudad. Los senderos peatonales que se diseñaron atraviesan el barrio y conectan los bloques de vivienda entre sí, pero hoy en día su mal estado y su cercamiento con nuevas construcciones los hacen poco transitables, esta imagen lo diferencia del entorno inmediato, le da un carácter de un conjunto homogéneo distinto para los que habitan las cercanías de otra manera sin lograr una buena relación e integración con los barrios linderos, apareciendo como una gran barrera física.

                         Fig. 2. Relación edilicia.

Fig. 3. Trama y tejido

En cuanto al equipamiento urbano se puede observar en la figura 4 que en la década del ‘80 la zona estaba muy despoblada y carente de servicios básicos, es decir que los habitantes del barrio tenían que desplazarse para cubrir necesidades básicas como las de educación y salud. El abastecimiento diario, al emplazarse anteriormente el barrio Carús también de vivienda colectiva y el barrio Ciudad de Azul de vivienda individual, ya el sector contaba con comercios de pequeña escala sobre la avenida para realizar las compras básicas. 

Fig. 4. Lo preexistente. 1. Barrio Carus, vivienda colectiva 2. Barrio Ciudad de Azul, vivienda individual – 3. Barrio Pedro Burgos, vivienda colectiva.3

Actualmente el barrio cuenta en la proximidad con una Escuela Primaria, la N°64 “José Alberto Mordasini», y con una Escuela Secundaria, la Técnica N°1 “Pedro Burgos”, también con un establecimiento de educación inicial, el jardín de infantes N°912 “Dr. René”. Sin embargo, siendo uno de los sectores más densos la matrícula en el establecimiento primario era en 2004 una de las más bajas de la localidad, mostrando que la mayoría de las familias del barrio acuden y eligen otras instituciones4.

Si bien la cantidad de servicios y cercanías se ha incrementado a medida que el sector se fue poblando, comparando con la densidad de otras zonas sigue habiendo carencia sobre todo en cuestiones públicas. Es decir, el Estado que tiene la capacidad de decidir y accionar por su rol relevante en la configuración diferencial del acceso a los bienes y servicios, puede lograr que elementos que resultan sustanciales en término de mecanismos de reproducción de las desigualdades sociales como son las posiciones y localizaciones, las proximidades y distancias, los desplazamientos de los grupos sociales, no lo ha aplicado en este caso para mejorar la integración sociourbana del sector, sino que a través de sus intervenciones promocionando los usos del suelo antes mencionados  por medio de la normativa, sólo ha conseguido una mayor segregación de la zona Norte de la ciudad.

LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO

De la totalidad al conjunto.

Como sostiene Boniolo (2017) en su hipótesis “las zonas de residencias en general y sus socializaciones en particular, condicionan (cuantitativa y cualitativamente) oportunidades a lo largo de la vida de las personas. En este sentido las oportunidades que brinda un territorio (en tanto recursos, servicios, espacios de sociabilidad, redes sociales, etc.) reflejan y posibilitan trayectorias de vida y patrones de movilidad”. (p. 103)

 El dato sobre el nivel de escolaridad es un ejemplo de demostración de esta hipótesis mediante las imágenes (mapeo escolaridad) que ubican al barrio en una zona donde las oportunidades de crecimiento personal y social se ven truncadas no reflejando cambios      

Fig. 5, 6 y 7. Datos de Escolaridad5.

estructurales entre los distintos períodos, a diferencia de otros sectores de la ciudad  donde los habitantes pudieron avanzar y mejorar los índices en este aspecto.

Desde la implantación del complejo en adelante empieza a notarse con claridad en la ciudad una segregación social del espacio, considerándose como el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a igual grupo social. Este fenómeno acompañado e influenciado por la Ordenanza 500/80 de normativa urbanística que rige actualmente en la localidad que responde a la Ley de Ordenamiento Territorial 8912/77, generó junto con las políticas públicas de vivienda de la misma época un “patrón tradicional de segregación” en el cuál por un lado los grupos altos y medio altos se concentran en el extremo de una sola zona de la ciudad, creciendo hacia la periferia, y por el otro una conformación de alejamiento de los grupos pobres en la periferia lejana y mal servida6. Si bien las distancias absolutas en una ciudad de escala pequeña como lo es la ciudad de Azul, no son comparables a las de las grandes metrópolis, si lo son las distancias relativas que internaliza la población en general construyendo fuertes fronteras o límites simbólicos. Como sostiene Boniolo “si bien la clase social influye en el lugar de residencia, la residencia también influye en la clase porque el territorio ofrece oportunidades y limitaciones a quienes allí habitan, reforzando la clase social.”

 Fig.8 Superposición Ordenanza municipal 500/80 con barrios populares (RENABAP 2021) y barrios de la operativa FONAVI.

La informalidad inducida

La situación de las viviendas y del barrio es marginal. Los planes de pago nunca finalizaron, pasaron de pertenecer al Instituto de la Vivienda de Buenos Aires a depender del municipio de la ciudad y no se le dió continuidad, “al principio venían las cuotas todos los meses, más adelante llegaban 3 cuotas juntas en todo el año, y después ya no llegaron más”8 es decir, que los vecinos nunca culminaron su compra, entonces no cuentan con escrituras ni papeles de legitimación. Esta situación dominial irregular ubica al sector por fuera del mercado formal, generando compraventas de carácter informal, vulnerando los derechos de los vecinos al no contar con un título de propiedad. Esto hace que cuando una unidad funcional se vende a otra persona, esta última no pueda por ejemplo ubicarse de manera rápida9 como titular de los servicios de la vivienda, creándose situaciones no deseadas y dejando al nuevo dueño sin poder contar con un servicio a su nombre, hecho que habilita a otras prácticas del mercado formal.

Los departamentos no se alquilan, ya que al no contar con papeles de posesión la situación es riesgosa, una vez que otra familia está adentro, demostrar quién es el verdadero dueño puede tornarse complicado por darse estos intercambios de palabra.

Toda esta situación hace que la rotación de las viviendas se de en círculos cerrados, entre familia, amigos y gente conocida, siempre del mismo o similar ambiente, sin mostrarse las viviendas en el mercado formal a toda la comunidad, perdiendo valor por su falta de escrituración y llevando a una sociabilización de carácter homogénea, tendiendo a la reproducción de las desigualdades sociales.

La gravedad del hecho reside en, que en este caso, es el Estado el que genera esta situaciones de informalidad al dejar en estado de abandono un proyecto de política habitacional originado en el propio ámbito público. Si bien se concretó la obra, se entregaron las 376 unidades y se logró recuperar parte del valor invertido, no hubo un final concreto para la mayoría de las familias, sometiéndolas a la informalidad mediante un proceso que debería garantizar la integración dentro de la formalidad y derechos urbanos para sus adjudicatarios.

SEGREGACIÓN INTRA-BARRIAL

Los excluídos de los excluídos.

El espacio colectivo

Las cuestiones colectivas físicas que tienen alto impacto en el tejido de la trama social tanto intra-barrial como con las relaciones sociales con el contexto inmediato, como por ejemplo la decisión de agrupación de las viviendas en determinada cantidad o la numeración de los monoblocks, fueron pensadas tecnocráticamente, sin ningún tipo de participación por parte de los futuros habitantes. Esta forma de proceder es típica de este tipo de operatoria, perteneciente a la segunda generación de hábitat popular, en la cual como menciona Zapata (2021) “la población con recursos insuficientes fue atendida por el financiamiento público de vivienda mediante programas caracterizados por la descentralización y focalización”(p.7) ,y con acciones superpuestas con la primera generación como la masificación de producción de vivienda social basada en el urbanismo moderno y posicionando al usuario en un rol pasivo, sin capacidad para intervenir en el proceso, siendo el Estado el encargado de la planificación y el proyecto, y las grandes empresas las constructoras sólo se ocupó de “resolver” la problemática de la vivienda otorgando una solución habitacional a las familias de menores recursos, entendiendo a ésta como una unidad habitacional aislada, un producto final más que como un proceso, sin tener una mirada integral donde se sumen las necesidades habitacionales con las necesidades urbanas. Además esta  política habitacional pensó la vivienda más como valor de cambio, un bien intercambiable en el mercado por dinero, que como soporte material de actividades familiares, individuales y sociales10, generando problemáticas a corto y largo plazo por no ser flexibles, considerando únicamente la conformación familiar al momento de la adjudicación sin posibilidades de ampliar la superficie de la unidad funcional, prohibiendo la mixtura de usos y no contando con espacios productivos.

Los de arriba y los de abajo. 

Avance de la toma de espacios comunes. 2004/2016/2021

Existen diferentes divisiones internas, pero la más notoria e importante está a simple vista ya que se expresa espacialmente de manera contundente: los habitantes de los departamentos ubicados en la planta baja fueron tomando de manera creciente los espacios verdes comunes, dejando al resto de los vecinos que viven en la planta alta sin posibilidades de disfrutar de ellos.  Comenta Blando, H. (2020) “Los de arriba no tenemos derecho a nada”, vecina que hace años ve los avances de las construcciones, que en principio eran paredones, espacios para guardar el auto, que más tarde se fueron transformando en patios de grandes dimensiones con parrillas o “quinchos” para luego incorporarse nuevas habitaciones y ampliaciones. 

Fig. 9, 10 y 11. Elaboración propia en base a imágenes satelitales.

Esta lógica de expansión está fuera de control, cada vecino de planta baja amplía su vivienda como le parece, sin consultar a nadie y perjudicando a todos. Los nuevos cerramientos generan en la totalidad pasillos estrechos, lugares de encuentro peligrosos, oscuros, casi sin salida, desconfigurando el barrio, dándole una imagen más compleja hacia afuera ya que si no conoces y no caminas el lugar frecuentemente, es probable que sea difícil ubicarse en los espacios comunes entre las viviendas.

Esta toma de terreno “libre” valoriza las viviendas que se amplían, pero desvaloriza al barrio en general. Las razones que posibilitan estas acciones son: por un lado la falta de control y de intervención del municipio ya que desde el Estado nunca se buscó regularizar o intentar desalentar esta situación, entonces esta avanza sin control; por otra parte la falta de mantenimiento general de estos espacios, y la falta de asignaciones de uso concretos en grandes áreas con equipamientos como bancos, espacios de juego, canchas, hicieron de estas áreas verdes espacios obsoletos y deteriorados; por último, la configuración de los departamentos hace que la posibilidad de incorporar estos espacios comunes a los privados sea fácil, contando los living-comedor con puerta balcón hacia el exterior.

 

Fig 12. Ampliación de vivienda.

                                                                        Fig 13. Apropiación del espacio verde público.

Esta dinámica interior del barrio, acrecienta la segregación socio espacial considerando a esta según Carman et al. (2013) , no solo como un fenómeno de desigual distribución de bienes y servicios, sino que en la base del proceso existen límites sociales, imaginarios, estigmas y clasificaciones sociales determinantes, creándose un adentro del barrio y un afuera, donde este último encuentra al conjunto como una amenaza, un sector inseguro por donde ahora no se puede siquiera circular caminando de manera segura, donde las visuales se dificultan y el paso se ve fragmentado, configurando nuevas barreras físicas que como menciona Zapata (2016) junto a las barreras simbólicas llevan a una inadecuada integración sociourbana complejizando el proceso de apropiación de los usuarios al barrio donde se insertan. Esta práctica socioespacial genera una sociabilidad cotidiana, considerada como la “base para definir las características de la identidad barrial, requisito para construir la ilusión de habitar un ambiente más sano, seguro y humano”, compleja y conflictiva, haciendo que la fragmentación social y espacial se dé también desde el interior hacia el exterior del conjunto.

REFLEXIONES

Nos encontramos entonces ante una gestión y un proyecto de un “estado árbitro” como lo denomina Del Río (2014), que toma las decisiones sin tener en cuenta las necesidades reales de los usuarios, fallando prácticamente en todas las acciones, desde la localización del conjunto, el diseño general exterior y el particular interior de las unidades genéricas, hasta el posterior abandono pasada la adjudicación de las viviendas, tanto para el mantenimiento material como para la conformación de los grupos sociales y las relaciones entre estos.

En consecuencia, el conjunto ocasiona, junto a una mala gestión y planificación territorial local del suelo, una gran desigualdad territorial e inequidad generada en gran parte por malas decisiones en las políticas públicas urbanas. Por un lado, el Barrio Pedro Burgo es en la ciudad de Azul un ejemplo de conjunto habitacional ineficiente donde el lugar de residencia tiene gran incidencia en el futuro de los habitantes, y por otro lado una demostración de que las acciones u omisiones del Estado mediante las políticas públicas sobre el territorio son capaces de producir graves problemáticas de carácter socioespacial en todas las escalas urbanas, difíciles de revertir como lo es la segregación, que se traduce en un territorio y una sociedad fragmentada y desigual, cada vez más conflictiva y desarticulada en todos sus aspectos.

1.- Anónimo (1998).“Una lucha de pobres contra pobres”. Diario el Tiempo, Azul

2.- Lambusta, J.J (1997) “Barrio Pedro Burgos: donde las normas del urbanismo fueron dejadas de lado”. Diario el Tiempo, Azul.

3.- Fotografía aérea (1984). Diario El Tiempo.

4.- Plan Estratégico de Azul (2004). Documento Básico de Diagnóstico Participativo.

5.-Conicet/ Universidad Católica Argentina (2019 -2021) Disponible en: https://mapa.poblaciones.org/map 

6.-Sabatini, F. (2006). La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina. Documentos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Serie Azul. Pp 3-4

7.- Fuente: Elaboración propia en base a archivo zonificación. qgis. Secretaría de Obras Públicas, 8 de Diciembre del 2018

8.- (Blando, H., comunicación personal, 2021)

9.-El cambio de la titularidad en los servicios puede lograrse mediante trámites largos y engorrosos.

10.-Rodríguez, M.C., Di Virgilio, M., Procupez, V., Vio, M., Ostuni, F., Mendoza, M., & Morales, B. (2007). Políticas del hábitat, desigualdad y segregación socio-espacial en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Buenos Aires: AEU-IIGG/FSOC-UBA y HIC-AL.Pp.33-34

BIBLIOGRAFÍA

  • Boniolo, P., & Leston, B. E. (2017). El efecto del territorio en la movilidad social de hogares de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, 56(1), 101-123
  • Carman, M.; Vieira, N.; y Segura, R. (2013) “Introducción.” Antropología, diferencia y segregación urbana. En: Carman, Vieira, y Segura (coord.). Segregación y diferencia en la ciudad. FLACSO/CLACSO, Quito.
  • Del Río, J.; Vértiz, F.; Ursino, S. (2014). La acción pública en el espacio urbano. Debates y reflexiones en torno a la noción de política urbana. Revista Estudios Sociales Contemporáneos (11), 76-86.
  • Giglia, A. (2001). Sociabilidad y megaciudades. Estudios sociológicos, 799-821.
  • Rodríguez, M.C., Di Virgilio, M., Procupez, V., Vio, M., Ostuni, F., Mendoza, M., & Morales, B. (2007). Políticas del hábitat, desigualdad y segregación socio-espacial en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Buenos Aires: AEU-IIGG/FSOC-UBA y HIC-AL. (Capítulo 2).
  • Sabatini, F. (2006). La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina. Documentos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Serie Azul. Pp. 7-15 (numeración del archivo pdf), Pp. 3-11 (numeración del libro original).
  • Zapata M.C. (2016). “¿Producción llave en mano o autogestionaria?: Efectos socio-urbanos en el ‘habitar’ de las políticas públicas de vivienda social”. En Íconos, Revista en Cs. Sociales; N°56. Pp. 63-82.

FUENTES CONSULTADAS

  •  Anónimo (1998).“Una lucha de pobres contra pobres”. Diario el Tiempo, Azul
  • Blando, H (2021). Comunicación personal.
  • Lambusta, J.J (1997) “Barrio Pedro Burgos: donde las normas del urbanismo fueron dejadas de lado”. Diario el Tiempo, Azul.
  • Material didáctico de la Clase N°10: “La vivienda estatal y sus efectos en la estructura urbana” de (Sectores Populares, Hábitat y Políticas Públicas), a cargo de la profesora Zapata, M. Cecilia. Universidad Nacional de Quilmes, 2021.
  • Plan Estratégico de Azul (2004). Documento Básico de Diagnóstico Participativo.

LANÚS – LA PLANIFICACIÓN URBANA EN MANOS DEL MERCADO

22/03/2022

Por «Agrupación por mi barrio sin edificios»

El partido de Lanús, ubicado en el primer cordón del conurbano bonaerense, es uno de los más pequeños en superficie y el más densamente poblado de la provincia.

Desde su creación, ha carecido de planificación ya que sus habitantes simplemente fueron agrupando cerca del ferrocarril, extendiéndose hacia la periferia de forma anárquica, sin que existiera control alguno. 

Existe un Decreto-Ley provincial, el N° 8912/83, de Ordenamiento territorial y uso del suelo, que regula con toda claridad la forma en que se debe ocupar la tierra, el tipo de edificación, la superficie que deben tener los pulmones verdes,  los requisitos indispensables para construir teniendo en cuenta las características del lugar, las instancias de control, y todo lo referido a la urbanización, respetando el medio ambiente y las necesidades de los ciudadanos. En uso de la potestad que dicha ley le otorga a los municipios, en ese mismo año 1983 se aprueba el Código de Planeamiento Urbano y Edificación de Lanús, por medio de la ordenanza 5687 que define sus propias características en la organización urbanística del partido. 

Partiendo de décadas de ocupación desorganizada, con infraestructura deficiente en pavimento, iluminación, desagües pluviales y tratamiento de efluentes entre otros, y con servicios esenciales como las cloacas, que cubren apenas a la mitad de la población, dicho código fue permitiendo, con las sucesivas modificaciones que se le fueron haciendo, el avance de la construcción de los edificios en altura desde el centro, tomando como tal los alrededores de la estación de ferrocarril, hacia la periferia del partido, basándose en las urgencias de las empresas constructoras, que parecen ser las únicas que nos marcan el paso a la hora de planificar.

Así nos encontramos un día, con que iban apareciendo torres de hasta 15 pisos en medio de manzanas en donde el cien por ciento de la edificación estaba conformada por casas bajas, con patios o jardines, con sus propios espacios para estacionar vehículos, que, aunque con las deficiencias ya mencionadas, se mantenían vivibles por la cantidad de habitantes en ella. Una parcela en donde vivían 4/6 personas, de repente fue compelida a recibir a más de 100, sin que hubiera un ordenamiento previo, ni estudio de impacto ambiental, y mucho menos una consulta a quienes allí vivían, que vieron modificada bruscamente su calidad de vida por la aparición de una mole que les quitó luz natural y privacidad, les ocasionó problemas por el uso intensivo de los servicios requeridos por una torre, que hizo que perdieran presión de agua y vieran mermada la intensidad de la energía eléctrica. A todo lo cual se sumó el incremento del parque automotor  con la desorganización del tránsito y la contaminación que ello promueve ante un cambio de tal brusquedad.

Nosotros estamos convencidos de que hay en una parte de la población, una asociación equivocada entre construcción de edificios y el concepto de progreso, lo cual llevó a que la gente permitiera esta modificación no solicitada en sus vidas, con la actitud resignada que se tiene ante lo inevitable, o a lo sumo, a la presentación de quejas individuales por los canales habituales municipales que no fueron escuchadas.

En el año 2011 se promulgó la ordenanza 11152, en donde aparece lo que denominaron “Corredores jerarquizados”, haciendo referencia a vías de muy diferentes características en las que se modifican las alturas permitidas hasta ese momento.

Pero a fines de diciembre de 2018, se promulgó la ordenanza 12741, que es una de las tantas modificaciones a la 5687,  que colocó la frutilla del postre en este “laissez faire” urbano. Dicha norma permite construir edificios en altura sin respetar las características de densidad poblacional y existencia de servicios esenciales exigidas para las zonificaciones establecidas, llegando a contradecirse en su mismo texto.

Como grupo de vecinos de Lanús Este, nuestro pago chico, a fines del año 2021, comenzamos hablar sobre lo que sucedía a nuestro alrededor y decidimos juntarnos en una agrupación barrial a la que denominamos “X mi barrio sin edificios”, y pusimos manos a la obra en esta búsqueda de conocer las leyes existentes y las experiencias en otros partidos, incluso en la CABA.

Desde el inicio preferimos no judicializar el tema ya que consideramos más importante organizarnos y organizar a los vecinos buscando su participación, su conocimiento de ser parte de un grupo ciudadano que vive los mismos padecimientos. Y todavía seguimos en esa tesitura: cambiar la queja individual por una protesta colectiva.

Decidimos dar comienzo a nuestra actividad con un clásico: presentando un petitorio al intendente municipal, para lo cual nos dedicamos a juntar firmas de los vecinos, con la intención de hacerlo llegar al mismo en el momento en que se reuniera la comisión correspondiente en el Concejo.

 Necesitábamos hacernos conocer para que la gente se fuera acercando y supiera que no estaba sola en el reclamo, para lo cual empezamos colocando pasacalles en las zonas de mayor tránsito en donde nos permitieran hacerlo. Abrimos cuentas en Facebook e Instagram, ya que las redes son hoy tal vez, las formas de comunicación que más llegada tienen. Y diseñamos carteles para pegar en los frentes de nuestras casas, nuestros negocios o nuestros automóviles. 

Y nos lanzamos a buscar contactarnos con concejales de los diferentes bloques. Nos reunimos con todos aquellos que aceptaron nuestro convite, de todos los bloques, y les expusimos nuestras inquietudes, les hicimos llegar la voz de los vecinos, les mostramos fotos de cómo se transforma la vida de alguien que eligió vivir en un sitio tranquilo, buscando tener un patio o jardín que los proveyera de luz y esparcimiento, con el esfuerzo económico que eso implica, y de repente se encuentra con que lo elegido desapareció o se transformó en lo que no querían. 

Nos acercamos a la Universidad de Lanús en busca de su apoyo y conocimiento,  y recibimos su ofrecimiento de colaboración concreta, brindándonos la posibilidad de efectuar estudios de impacto ambiental. Asimismo nos ayudó en el trabajo de difusión de nuestras actividades, por medio de la radio que nos proporcionó espacio en el programa “Otra vuelta” para poder contarle a la comunidad que tenemos derechos, y lo que hacemos para defenderlos.

Tuvimos una charla con alumnos de la carrera de Comunicación que se acercaron, interesados en saber de nosotros, como parte de la preparación de un trabajo académico referido justamente al modo en que hacemos conocer a la sociedad nuestro reclamo.

Hablamos con medios digitales zonales como “La defensa digital”, “Lanús noticias” y “La gaceta de Lanús”. También fuimos entrevistados en la radio digital FM Secla 106.1, en el programa “Intensos”.

Toda esta movida nos fue haciendo visibles de a poco, y empezaron a llegarnos desde todo el partido, comentarios, solicitud de asesoramiento, fotografías increíbles de lo que sucede cuando el que planifica es un privado sin control del estado. Lo que comenzó en un sector acotado, se abrió a toda la comunidad y nos encontramos con gente de todas las localidades de la ciudad con problemáticas similares, ocasionadas en el avance indiscriminado de la construcción en altura.

Nos dimos cuenta que los barrios de Lanús, Remedios de Escalada, Valentín Alsina, Monte Chigolo y Gerli sufren el extractivismo urbano que nos encierra, nos expulsa, nos deja sin espacios verdes, sin luz, sin privacidad, sin identidad, en un afán de lucro que nada tiene que ver con solucionar los problemas de vivienda de nuestra gente.

Queremos algo tan lógico como que el Concejo Deliberante actualice la normativa vigente de modo integral, basándose en una planificación urbana racional y sustentable que cuide nuestra calidad de vida. Y queremos ser partícipes.

En estos pocos meses de existencia como agrupación, nos hemos ilustrado sobre el día a día de los ciudadanos de Lanús, hemos conocido las leyes que rigen nuestra vida y hemos visto lo que sucede cuando el estado se retira. Pudimos aglutinar a los vecinos de diferentes puntos del partido, más allá de las  ideologías políticas de cada uno, solo logrando que se supieran parte de una comunidad en la que todos estamos incluidos. 

No pensamos frenar esta marcha, ya que fuimos instruidos en este andar, acerca de la fuerza que tiene la lucha colectiva.

Discapacidad, Espacio Público y Derecho a la Ciudad

03/12/2021

 Por Fernando Brianda¹

                                    

Según la definición de Pedro Pirez (1995), la ciudad es un componente socio-territorial, es decir, se define en una determinada relación sociedad-territorio. En esa relación, la ciudad es una sociedad, una sociedad local. Lo local significa un recorte dentro de la sociedad. Es una parte que se diferencia dentro de otra unidad social mayor.

Cuando se hace mención a una unidad social mayor, por lo general se piensa en una unidad social global, como puede ser la sociedad nacional. La sociedad nacional es una unidad con capacidad de reproducción; decide sus cuestiones fundamentales, tiene una organización estatal propia, realiza procesos económicos para garantizar la reproducción de su población, con capacidad para producir o conseguir los recursos necesarios para ello. Es una unidad económica, cultural, social y política.

Es cierto que hoy no existe ninguna unidad social totalmente autónoma y que la capacidad de autoreproducción se ve limitada tanto en lo económico como en lo político. Sin embargo, una sociedad nacional sigue siendo una unidad social (estructura social nacional, sistema de relaciones políticas).

La sociedad nacional tiene criterios de pertenencia, algunos formales como la ciudadanía, otros reales como los culturales que definen un dentro y un afuera de ese ámbito (identidad). Es también un ámbito de articulación del capital, de procesos económicos que se dan dentro de él.

Lo local como recorte de la sociedad es una unidad parcial con cierta capacidad de reproducción, dentro de la unidad mayor. Es un sistema de relaciones entre personas, clases y grupos sociales que es posible identificar.

En una sociedad local encontramos unidad de procesos económicos y sociales, también, identidades y procesos políticos propios. Es decir, individuos o grupos sociales con poderes diferenciados que dependen de su ubicación dentro del sistema (local) de relaciones. Esto significa que el poder se acumula o se pierde en razón de las relaciones que se dan en la sociedad local.

.

La ciudad es, entonces, una sociedad local que se caracteriza por una particular relación con el territorio, que es la aglomeración con base en la división social del trabajo, frente a la dispersión de la sociedad rural.

La ciudad se presentará, en consecuencia, como un ámbito heterogéneo compuesto de unidades con una tendencia a la homogeneidad. Ese rasgo producirá, en algunas condiciones por lo menos, cierta configuración de comportamientos. En la medida que la homogeneidad social se viva a nivel territorial, podrá producirse una identificación del «nosotros» opuesta al «ellos» (los «otros»). Ese nosotros que se protege en la unidad residencial podrá producir un movimiento de apropiación privada colectiva sobre la ciudad inmediata y, en consecuencia, la percepción de la presencia de los «otros» como un riesgo a sus condiciones de existencia social.

La sociedad local, en tanto ciudad, supone un conjunto aglomerado de soportes físicos que permiten que las relaciones sociales puedan darse. La ciudad es una unidad socio-territorial. Pensar la ciudad como sociedad local implica, inmediatamente, percibirla como un sistema de relaciones entre actores.

Los actores sociales son las unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local. Son parte de la base social, son definidos por ella, pero actúan como individuos o colectivos que, además, están sometidos a otras condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas y territoriales).

Partiendo de la definición de actores sociales expuesta anteriormente, podemos decir que los actores locales son aquellos sujetos (individuales o colectivos) cuyo comportamiento se determina en función de una lógica local y/o su comportamiento determina los procesos locales. Son actores que se reproducen como tales predominantemente dentro del ámbito local. Esto significa, actores económicos que reproducen su capital en función de relaciones dentro del ámbito territorial local (comerciantes o productores que tienen como mercado predominante a la población local), actores políticos que reproducen su poder en relación a los otros actores locales y en referencia al gobierno local. Sin las relaciones locales, esos actores no sobrevivirían como tales.

Los actores locales tienen capacidad para determinar los procesos locales. Los actores económicos porque pueden incidir en el mercado local y los actores políticos porque logran incidir en las decisiones fundamentales a nivel local (gobierno local). Los actores locales tienen cierta capacidad de determinación de los procesos locales pero no la tienen (por lo menos en el mismo grado) respecto de procesos no locales: no son determinantes en las decisiones que toman otros gobiernos locales ni sus productos pueden determinar otros mercados locales. Pero además, se debe tener en cuenta a otro tipo de actor local. Aquel que, si bien se reproduce en ámbitos mayores (regional, nacional o internacional) tiene una presencia decisiva dentro de las relaciones locales.

Uno de estos actores es el movimiento de personas con discapacidad; sobre todo las organizaciones de personas con discapacidad motriz o visual, quienes denuncian que la inaccesibilidad urbanística y arquitectónica de la ciudad de Buenos Aires dificulta la circulación y el uso autónomo del espacio público urbano por parte de personas con distintos tipos de discapacidad. Señalan que los modos en que se construye el entorno material y se organizan las actividades cotidianas en el espacio público presuponen un cuerpo “promedio” con ciertas características corporales, sensoriales y cognitivas.

Muchas personas con discapacidad encuentran obstáculos para poder transitar por el espacio público. En tiempos anteriores, probablemente se hubiese atribuido la exclusión de las personas con discapacidad del espacio público a las limitaciones propias de estas personas. Sin embargo, desde hace varias décadas, el movimiento de personas con discapacidad comenzó a instalar a nivel internacional una nueva forma de mirar la discapacidad: el “modelo social”.

De acuerdo con esta perspectiva, la discapacidad no es una característica inherente a los cuerpos, sino un fenómeno que se produce en la interacción entre determinados tipos de corporalidad .con ciertas características morfológicas, sensoriales o cognitivas. y un entorno social que está diseñado en función de otro tipo de cuerpo (el que consideramos “sin discapacidad”). En consecuencia, la inclusión de estas personas podría lograrse a través de la transformación del entorno social.

El modelo social es la base teórica para las demandas actuales de la mayor parte del movimiento de personas con discapacidad. En relación con el espacio, el modelo médico-rehabilitador conlleva una segregación de las personas con discapacidad en instituciones específicas, tales como estructuras residenciales terapéuticas o de internación, o escuelas de educación especial. En cambio, a partir del modelo social, el movimiento de personas con discapacidad defiende el derecho a participar de la vida comunitaria, lo cual quedó plasmado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La demanda de inclusión lleva a la exigencia de volver accesibles los distintos espacios y ámbitos de la vida social, entendiendo la accesibilidad como el “hacer posible la participación social y el acceso a bienes y servicios al mayor número posible de usuarios”.

Frecuentemente, el término “espacio público” se utiliza para referirse a la esfera o arena pública: aquella dimensión de la vida social donde ocurren los debates y decisiones políticas, sobre todo en sociedades democráticas. En otras ocasiones, el término se usa para referirse a cierto tipo de espacio con existencia material: las áreas de uso común y colectivo sobre todo en ámbitos urbanos tales como las calles, las plazas o las estaciones de transporte público. Sin embargo, aún en este último tipo de conceptualización del espacio público, las definiciones tienden a afirmar cierta vinculación intrínseca entre este tipo de espacios y la esfera de “lo público” o de “lo político” en sentido estrecho. Más aún, el espacio público se considera el escenario de la participación ciudadana en el marco de una democracia formal. El espacio público se entiende como “esfera de coexistencia pacífica y armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad, marco en que se supone que se conforma y se confirma la posibilidad de estar juntos sin que, como escribiera Hannah Arendt, caigamos ‘unos sobre otros’”.

En base a autores tales como Arendt y Habermas, frecuentemente “se dice que los ciudadanos desarrollan sus capacidades deliberativas y sus identidades, reclaman el reconocimiento y transforman múltiples preocupaciones propias en un interés común reconocido”.

El espacio público no se constituye realmente en una escena igualitaria de encuentro entre diferentes. Los lugares de encuentro no siempre ven soslayado el lugar que cada concurrente ocupa en un organigrama social que distribuye e institucionaliza desigualdades de clase, de edad, de género, de etnia, de “raza”. A determinadas personas en teoría beneficiarios del estatuto de plena ciudadanía se les despoja o se les regatea en público la igualdad, como consecuencia de todo tipo de estigmas y negativizaciones.

La ciudadanía es considerada por algunos como algo que se produce a partir de las prácticas activas de los grupos sociales, mientras que otros la consideran desde la perspectiva de las prácticas espaciales de los grupos, como un elemento importante de esa construcción.

El espacio público fracasa en su rol de soporte material para la movilidad: genera obstáculos para trasladarse de un sitio a otro, ya sea con fines laborales, educativos, culturales, de salud, de participación política o de ocio. El espacio público, en vez de hacer posible el acceso a esas actividades y servicios, lo impide. Esto sucede debido a la ausencia de participación de personas con discapacidad en la ejecución y en la verificación de las obras, y esto queda en evidencia, ya que muchas de éstas perpetúan la inaccesibilidad.

Como ejemplo de una acción política concreta, cabe mencionar que partir de 2019 varias organizaciones de personas con discapacidad lograron constituir una “Mesa por el derecho al espacio público inclusivo”. La primera tarea que han llevado a cabo es la producción de un documento de diagnóstico a partir de la realización de talleres en los que participaron las organizaciones fundadoras y algunas otras.

Uno de los objetivos, era que las mismas personas con discapacidad identificaran obstáculos para el uso del espacio público y realizaran recomendaciones que propiciaran la apropiación subjetiva del espacio público por parte del colectivo, para que lo perciban como un entorno en el cual deberían poder existir; ésta resulta una precondición para que puedan demandar un acceso efectivo.

Entre los principales problemas está la dificultad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida para percibir al espacio público como propio. La lucha por el espacio público urbano ha permitido que las organizaciones del movimiento de personas con discapacidad se acercaran a otras vinculadas a temáticas diferentes. La lucha del movimiento de personas con discapacidad no se agota en la apropiación del espacio público, ni en la lucha por el derecho a la participación política, ni al acceso a un trabajo digno y a la vivienda. Las personas con discapacidad (o mejor dicho, el movimiento de personas con discapacidad) también tienen derecho a la ciudad.

Pero, ¿qué es esto del derecho a la ciudad? Según una definición de Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad es un derecho que no pedimos, que no reivindicamos frente a los poderosos. Es un derecho que nosotros debemos imponer. Y este « nosotros » quiere decir las clases populares.

El derecho a la ciudad es la reivindicación colectiva del espacio urbano, es tomar posesión de lo que existe pero también el derecho a reconfigurar el espacio urbano, o a configurarlo -cuando todavía no existe- según las necesidades, las aspiraciones de las clases populares.

Para finalizar, cabe hacer mención de que es absolutamente necesaria la puesta en marcha de una política urbana que sea pensada como una construcción colectiva con vistas al logro de la justicia social redistributiva del suelo. Esta política debe llevarse a cabo a través de la sanción de una ley nacional de hábitat y de una ley nacional de ordenamiento territorial  en las cuales intervenga como actor fundamental el movimiento de personas con discapacidad. Estas leyes deberán operar como herramienta para eliminar tanto la segregación territorial como la exclusión social.

Deberá, además, dar lugar a la creación de normas urbanísticas y fiscales que generen recursos públicos para impulsar el desarrollo urbanístico, así como también a la incorporación crítica de instrumentos aplicados en otros países, que se ajusten a las necesidades propias.

Los excluidos no pierden sus derechos como ciudadanos, cosa que sí ocurre con los expulsados. Quienes integran el movimiento de personas con discapacidad (en tanto colectivo excluido de la sociedad) deben hacer valer sus derechos como ciudadanos e intervenir en la toma de decisiones de las políticas públicas que favorezcan al colectivo.   

                 

 [1]  Licenciado en Ciencia Política y Gobierno – UNLA

                                                                       

Vivir y transitar la ciudad de los márgenes

Un acercamiento al urbanismo feminista

23/07/2021

                                                                                                                                                                                                       Por Maira Muiños Cirone¹

Introducción

«La ciudad es espacio público» según Borja (2016), y nos recuerda la importancia de la planificación desde los espacios de socialización, de resistencia, de encuentro y desencuentro, de diferencias y similitudes. Nos plantea un escenario en el cual, la ciudad sin planificación y sin espacios públicos, no es ciudad. La apropiación del espacio desde la ciudadanía y las distintas clases sociales, dejan huellas en la ciudad de los deseos, necesidades, anhelos, miedos y cotidianidades, y proyecta en este los modelos de ciudad que a cada unx le interesa habitar. En este sentido, el espacio público se ha conformado socialmente, y se concibe a sí mismo como lugar donde las diferencias se encuentran, se solidarizan y se dirimen (Boy y Perelman, 2008). Sin embargo, este espacio urbano y la ciudad han sido resultado histórico de un urbanismo androcéntrico y patriarcal, que enaltece al sujeto hombre (heterosexual, blanco, clase media, padre y marido, sostén de las actividades económicas y del hogar) como sujeto universal y neutral de la planificación. Esta ha sido estudiada y problematizada principalmente desde las lógicas urbanas y corrientes científicas hegemónicas, de manera sectorizada, dejando por fuera la diversidad y heterogeneidad de sujetos asentados en el territorio, como así también la multiplicidad de relaciones y conflictos sociales originados en él. Comprende entonces un resultado político, y en líneas de Gorelik se encuentra “atravesado por una experiencia social, al mismo tiempo que organiza esa experiencia y da formas” (1998, p.20).

Este trabajo busca desarrollar de manera breve, un acercamiento al urbanismo con perspectiva de género y al urbanismo feminista, con el fin de comprender de qué manera los preceptos establecidos en la ciudad habitada, se han ido des-armando y re-pensando desde las teorías del género y las militancias feministas hispanoamericanas y latinoamericanas desde los años setenta. A su vez, se analiza qué impactos diferenciales genera la ciudad de hoy en general, y en particular la representación del miedo y las violencias urbanas desde las mujeres y disidencias en el espacio público y la ciudad, a partir de la transitoriedad, la circulación y la apropiación del mismo. Por último, se hará una reflexión sobre el urbanismo feminista y las agendas urbanas, para continuar pensando cómo aportar desde las distintas voces y miradas de los grupos más invisibilizados. 

Breve acercamiento a la producción del espacio público desde la perspectiva de género.

Continuando con la línea del espacio público producido y productor, y principalmente como resultado político de las distintas esferas de poder que organizan y controlan la ciudad, resulta imperante incorporar el género como concepto relacional, transversal a todas las dimensiones y esferas resultantes de la planificación y el urbanismo, entendiendo que su construcción ha sido históricamente política, patriarcal y androcentrista. Estos elementos físicos y simbólicos operan disciplinando a los/as sujetos/as, establecen restricciones al desplazamiento, imponen determinadas circulaciones, sujetan los encuentros sociales, es decir, revelan una estructura de poder, la cual se expresa y ejercita en las ciudades (Foucault, 1990). El urbanismo feminista viene a derribar al sujeto universal de nuestra sociedad y a romper la dicotomía generada por la división sexual en el territorio, que atribuía las esferas públicas con lo doméstico y las privadas con lo productivo y lo político, a su vez asignadas a categorías sexo-género. 

A partir de los años setenta algunas investigadoras, académicas y militantes feministas comienzan a poner el foco en la no neutralidad del urbanismo y las ciudades, como también en el contexto desigual que atravesaban las mujeres y disidencias sexuales al momento de transitar el espacio urbano y salir de la esfera privada. Si bien el espacio nunca puede considerarse neutral desde el punto de vista del género, su valoración se hace a través de quien hace uso de él (Cevedio, 2003), y en esta dirección el espacio público sigue siendo masculino. En palabras de Falú (2009), las mujeres y disidencias han tenido históricamente vedado el espacio público y la “irrupción” en él ha sido producto de sus luchas (Falú, 2009, p.23), es decir que la ocupación del mismo y su apropiación ha sido conquistado de manera colectiva, plural y desde abajo. 

Pero ¿qué implica incorporar el género al urbanismo? A nivel local son relevantes los aportes que realizan Falú (2014),  Rainero (2018) al momento de plantear la necesidad de incorporar la perspectiva de género y feminista en el análisis de las ciudades, para repensar los procesos de urbanización y planificación territorial. Ello implica cambiar las estructuras actuales de conocimiento de lo urbano y reconocer que las relaciones de género son constitutivas de esa desigualdad, que estructuran la vida social y se traducen en el territorio. En la misma línea Muxí (2011, 2019) señala que, la perspectiva de género aplicada al urbanismo significa poner en igualdad de condiciones las exigencias derivadas del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo, es decir, las necesidades cotidianas de atención a las personas. En este sentido, el urbanismo feminista pone sobre la mesa todas las actividades cotidianas de supervivencia y las regula, las engrana en una red de ciudades cuidadoras. Muxi ha sido una de las fundadoras del Col Lectiu.Punt 6 en Barcelona, una de las ciudades neurálgicas dónde estos planteos han comenzado a ponerse en práctica. La metodología construida por el urbanismo feminista, identifica seis grandes campos que definen el apoyo físico y social sobre el cual se desarrolla la red cotidiana (Muxí et al., 2011: 113): los espacios públicos o de relación, los equipamientos, la movilidad, la vivienda, la participación y la seguridad.

Resulta oportuno entender las diferentes perspectivas que se asumen del espacio público urbano, dependiendo de lxs sujetxs que lo transitan y habitan. Estos nuevos enfoques y maneras de comprender la ciudad, nos permiten pensar de manera transversal el género pero también la etnia, las condiciones socioeconómicas, las oportunidades, las olas migratorias, etc. En palabras de Czytajlo, arquitecta tucumana, el espacio, atravesado por el género, se encuentra configurado por tres esferas: la esfera material, la esfera simbólica y la esfera política (2020). En la primera, se visibilizan las desigualdades materiales en la ciudad desde la interseccionalidad, reflejados en la segregación social y fragmentación urbana. La segunda refiere a las construcciones discursivas y los sistemas de imaginarios construidos en la trama social y cultural. Y, por último, la tercera esfera, refleja las relaciones de poder y dominación, como así también las diferentes territorialidades configuradas desde la resistencia y la apropiación del espacio. 

Es por esto, que resulta pertinente y urgente la incorporación del género en la planificación urbana y las políticas públicas, ya que continuando la línea de Gorelik,  el espacio se encuentra “atravesado por una experiencia social, al mismo tiempo que organiza esa experiencia y da formas” (1998, p.20).  Experiencia que se ha convertido en espacios urbanos y tiempos vedados para las mujeres y disidencias, que lxs ha culpado si algo les sucedía, obstruyendo tanto el uso de ciertos sectores de la ciudad, momentos del día y la noche, creando medidas y estrategias internas para poder circular el espacio público de manera más segura y colectiva, y principalmente lxs ha privado de la participación ciudadana y política en ciertos momentos. A pesar de la heterogeneidad de experiencias y la diversidad de posiciones que las mujeres y disidencias tienen dentro de la sociedad, la violencia urbana, con sus múltiples caras, es quizás uno de los temores que más comparten todas las mujeres, sea cual sea su identidad (Garcia Ramón et al., 2016, p.27).

La inseguridad y las violencias urbanas representadas en el espacio público.

Continuando con lo expuesto, el espacio público urbano es reflejo de las relaciones de poder (de clase, género, etnia, raza,  etc) y de los roles de género intrínsecos a la cultura. Su uso y transitoriedad se ha visto obstaculizado por la percepción del miedo/inseguridad y las violencias ejercidas en el mismo, configurando distintos territorios dentro de la ciudad, estableciendo límites y zonas a ciertos actores sociales, y vedando temporalidades para su uso y apropiación. Es la violencia que se vive y la que se percibe (Falú, 2014) la que complejiza la transitoriedad de lo urbano.

Desde los años ochenta, y principalmente en las últimas dos décadas, la inseguridad se ha convertido en el tope de las demandas públicas (Kessler, 2010) y en América Latina se ha convertido en una de las principales problemáticas que atraviesan las sociedades y agendas políticas. Castel (2004) sostiene que la inseguridad y el miedo son el producto de una trama social constituida históricamente sobre el establecimiento de protecciones sociales y civiles (en Segura, 2009 p.63). Según Segura (2009), la inseguridad en Argentina ha sido producto de diferentes riesgos y posibilidades según el contexto histórico específico. Sin embargo, ambos autores mencionan la experiencia colectiva como creadora de nociones de riesgo, miedo y amenazas ante posibles hechos de inseguridad en el espacio urbano, sin considerar la real factibilidad de peligro del individuo. 

En este sentido, los contextos metropolitanos de los años noventa, han conformado variadas territorialidades configuradas según las relaciones entre ciudadanxs – espacio – entorno. Una manera de abordarlo es desde la articulación con lo externo, en donde las relaciones en y con el espacio público se convierten en dinámicas y efímeras.  Siguiendo con esta línea, Hannerz hace mención a cinco ámbitos o dominios que han caracterizado y configurado la vida social urbana, dada por participaciones situacionales e intencionadas (1993, p.118) de cada unx en el espacio público. Por un lado, las “relaciones de aprovisionamiento”, como relaciones asimétricas, de la cual se obtienen los recursos, y por el otro, las “relaciones de tránsito” categorizadas por el anonimato, la alteridad y la movilidad en el espacio, han sido los principales dominios para dar cuenta cómo se constituyen las estructuras sociales en nuestras ciudades. Por último, las “relaciones de vecindad”, como fuelle intermedio de las relaciones internas y externas, que establecen ciertos vínculos de proximidad estables, y permiten reconocimiento entre sí, alteridad y protección de la otredad.

Asimismo, se vuelve necesario comprender el miedo a partir de la relación del género y cómo influye en la participación ciudadana, posicionando esta lectura en la concepción contextual y situacional de la inseguridad en el espacio, por lo tanto, temporal y discontinua (Segura, 2013). A su vez, es fundamental comprender que la mirada sobre la vida en el espacio público urbano, debe ser conformada a partir de las diferencias de géneros establecidas, ya que estas determinan límites y restricciones, construyen imaginarios y significados de la ciudad (Boy, 2018; Burgess, 2009; Rainero, 2009; Vargas, 2009). En esta línea, las discusiones actuales que incorporan la perspectiva de género y disidencias en el análisis del espacio público, destacan que las configuraciones sociales, políticas y culturales impuestas condicionan y producen significados sobre la trama urbana, delimitando fronteras simbólicas y materiales en el espacio público (Boy, 2018, p.161) y construyendo representaciones hegemónicas alrededor de una idea de ciudadano. En palabras de Boy:

“Los diferentes grupos que habitan la ciudad desde sus posiciones económicas, sociales, culturales y sexo-genéricas diferenciales construyen narrativas morales que (i)legitiman, (i)legalizan, (des)posicionan y hasta expulsan o acobijan a unos grupos en detrimento de otros “(2018, p.159 – 160). Este constructo invisibiliza a todas aquellas identidades que se escapan de los marcos regulatorios y normativos, colocándolas en los márgenes de la ciudad y en el umbral de las políticas públicas. Siguiendo con las ideas de Sabsay, las fronteras no solo organizan, clasifican y jerarquizan las prácticas sociales, sino que operan de forma performativa, interpelando a los distintos sujetos sociales, y de este modo participan en la configuración del imaginario de cada identidad social (2011, p.72) Las preguntas entonces qué debemos revisar a la hora de problematizar y planificar las ciudades son, para quién, qué cuerpos la transitan y qué prácticas generalizadas/sexualidadas la utilizan, de qué manera, cómo se construye la idea de ciudadano y cómo se dirimen las fronteras urbanas. 

Reflexiones finales

La posible apropiación y experiencias en y desde el espacio urbano, dista de ciertas variables cómo el acceso a los espacios públicos, generalmente pensados y planificados para los centros urbanos y no en las periferias, el acceso a equipamientos urbanos y servicios de infraestructura que permitan la movilidad y circulación segura y sin violencias, el acceso a instituciones educativas, sanitarias, comerciales y jurisdiccionales, que reconozcan las identidades de cada unx y construyan oportunidades, el acceso al trabajo, los servicios y su distribución, entre otras. Estos aspectos son pensados por el urbanismo feminista, en conjunción con la esfera reproductiva y a escala barrial, con el fin de propiciar entramados que se sostengan entre sí y pongan en el centro de la escena la vida cotidiana. 

Asimismo, surge la pregunta sobre la situación en los barrios populares, villas y asentamientos típicos del contexto latinoamericano y de Argentina puntualmente. Creemos pertinente la incorporación de lecturas urbanas latinoamericanas, que permitan la circulación de programas y políticas públicas dentro de la región, que colaboren a pensar las desigualdades socioeconómicas de manera integral e inclusiva. 

En este sentido, el urbanismo feminista propone un cambio material y simbólico en las ciudades, pero que debe ser acompañado de cambios radicales en nuestra sociedad, de nuevas maneras de pensar y usar el espacio público.  El urbanismo feminista debe ser entonces interseccional y popular, pensando en la incorporación de las voces de aquellxs que transitan y construyen sus barrios, las voces militantes que esperan reconocerse y reapropiarse de los espacios que levantan y también de aquellos que viven cotidianamente, las voces de personas con distintas capacidades motrices, de aquellas que cuidan y sostienen las vidas de otrxs, las voces que han sido calladas históricamente por las lógicas del sistema.

[1]Arquitecta por la FAU-UNLP. Militante en ARQCOM LP. Becaria doctoral CONICET y doctoranda en el DEU-UNGS.

Bibliografía

Boy, M., & Perelman, M. (2008). Los sin techo de Buenos Aires. Revista Ciudades. Las múltiples manifestaciones de la pobreza, 78, 2-7.

Boy, M. (2018). El otro espacio público en los estudios urbanos de la Argentina actual: el género y las sexualidades también construyen ciudad//Other public space in urban studies in present day Argentina: gender and sexualities also build city. Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos, (9), 153-167.

Burgess, R. (2009). Violencia y la ciudad fragmentada. Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos, 99-126.

Cevedio, M. (2003). Arquitectura y género: espacio público-espacio privado (Vol. 203). Icaria Editorial.

Czytajlo, N. (2020). Género, ciudad y violencia (s). Territorialidades y cartografías emergentes. Revista nodo, 14(28), 41-57.

Dolors, M., Ramon, O. G. G., Ramon, M. D. G., Guitart, A. O., & Ferret, M. P. (2016). Espacios públicos, género y diversidad. Geografías para unas ciudades inclusivas.

Falú, A. (2009). Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos.

Falú, A. M. (2014). El derecho de las mujeres a la ciudad: espacios públicos sin discriminaciones y violencias.

Foucault, M. (1990). Vigilar y castigar, siglo XXI.

Gorelik, A. (1998). La grilla y el parque: espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936. Universidad Nacional de Quilmes.

Hannerz, U. (1993). Conclusión: la construcción de las ciudades y la vida urbana. Exploración de la ciudad. Hacia una antropología urbana, 272-350.

Kessler, G. (2010). Delito, sentimiento de inseguridad y políticas públicas. In VI Jornadas de Sociología de la UNLP 9 y 10 de diciembre de 2010 La Plata, Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología.

Muxí Martínez, Z., Casanovas, R., Ciocoletto, A., Fonseca, M., & Gutiérrez Valdivia, B. (2011). ¿ Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?.

Rainero, L. (2009). Ciudad, espacio público e inseguridad. Aportes para el debate desde una perspectiva feminista. MUJERES EN LA CIUDAD De violencias y derechos, 163.

Rainero, L. (2018). La ciudad,¿ para quiénes? Territorio y relaciones de género desde una perspectiva feminista. Revista Género y diversidad sexual. Revista Institucional de la Defensa Pública, 8(14).

Sabsay, L. (2011). Fronteras sexuales: espacio urbano, cuerpos y ciudadanía (p. 11). Buenos Aires: Paidós.

Saldaña, D., Cardona, H., Goula, J., & Muxí, Z. (2019). La co-creación del espacio público como estrategia para ciudades educadoras. kult-ur, 6(11), 109-128.

Segura, R. (2009). Paisajes del miedo en la ciudad. Miedo y ciudadanía en el espacio urbano de la ciudad de La Plata. Cuaderno Urbano. Espacio, cultura, sociedad, 8(8), 59-76.

Vargas, V. (2009). La violencia de género: pistas para un análisis. Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos, 55-60.

La globalización y los impactos socio territoriales en CABA.[1]

16/07/2021

Por Mariana Castegnola[2]

 

La idea de este trabajo es reflexionar  sobre  algunas transformaciones territoriales  e   impactos  producidos por  la globalización, en la Ciudad Autónoma de Bs As   con algunos ejemplos zona de Puertos Madero  Barracas- Ubicados en la zona centro – sur de la ciudad)  a través de un dialogo con la bibliografía citada

 

Saskia Sassen (1995)[3] “Ciudades globales” Incorpora el término “Nuevas centralidades”,[4] La autora también incorpora además un análisis según las escalas, donde sitúa los procesos desde lo regional hacia lo nacional y global. Y explica que el avance en la escala permite la proliferación de circuitos globales especializados para las actividades económicas. Se transforman en los lugares estratégicos de emplazamiento de empresas (actividades financieras y de servicios especializados) por lo tanto se constituyen nuevas funciones centrales que junto a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, además de los espacios virtuales, favorecen a una nueva configuración geográfica que va tomando diversas formas centrales y periféricas.

Pero estas ciudades no solo se convierten en lugares estratégicos para el capital global, como actividades más avanzadas y globalizadas, sino que también se incrementan las economías informales, formando una nueva dinámica. Entonces se configuran grandes urbes con fuertes polos económicos, y a la vez, grandes escenarios de pobreza.

En este sentido C A. Mattos( 2002 )y  M.Castells(1979 ) señalan que  en la medida en que la globalización se ha desarrollado, esencialmente, como instrumento de articulación de mercados capitalistas, la rentabilidad económica se convierte en el criterio fundamental para la inclusión o exclusión en las redes globales que articulan individuos, segmentos de población, países, regiones, ciudades, o barrios, al tiempo que excluyen otros tantos individuos, grupos sociales o territorios.  Y señalan que todos los países y territorios están atravesados por dicha lógica dual, de forma que se crean redes transnacionales de componentes dinámicos de la globalización, al tiempo que se segregan y excluyen segmentos sociales y territorios al interior de cada país, región o ciudad

Mattos (2008)[5], por otro lado,  indica que es menester relacionar este proceso con la crisis del modelo de desarrollo fordista de carácter concentrador, urbano industrial y liderado por grandes empresas. En este sentido es un desafío para los gobiernos encontrar respuesta a la movilidad del capital respecto de las dinámicas territoriales específicas y a las nuevas formas de acumulación flexibles.

Esta nueva configuración de los modelos de producción, empresariales, de acumulación de capital y reorganización social, implica una demanda creciente de servicios especializados que solo se encuentran en la ciudades, siendo los sitios preferidos de producción de estos servicios, en términos de Castells(1889), las llamadas actividades  “estructurales”[6].

Las demandas de actividades especializadas requieren servicios corporativos avanzados que se combinan para hacer de algunas ciudades el sitio cable, conector, para la generación de procesos y mercados globales que han significado que el sector de la economía se ha ampliado e impuesto una nueva dinámica de valorización del suelo urbano (De Mattos 2008: 52 )[7]  señala que  los  procesos empezaron “acelerarse desde el momento en el que los promotores inmobiliarios advirtieron que la recuperación del crecimiento de las grandes ciudades en el contexto de la globalización, las estaba convirtiendo en lugares en los que se localizaba la parte más dinámica de los correspondientes aparatos productivos nacionales y, en consecuencia, también un porcentaje mayoritario de los sectores sociales perceptores de los ingresos más elevados”; a partir de allí, el suelo metropolitano y ciertos productos inmobiliarios aumentaron con efectos negativos para los sectores no globalizados (vulnerados). Es decir, la desregulación financiera y la especulación inmobiliaria se prepararon para un proceso de gentrificación comercial y residencial.

En la Argentina en la década de los años 90, en el marco del proceso de privatización, desregulación y apertura económica inducido por políticas neoliberales donde se asentaron y estabilizaron estos procesos  macroeconómicos  el espacio se fue organizando de acuerdo a las demandas del mercado a la lógica del capital produciendo  una pérdida de control en distintos factores económicos, sociales y territoriales que impactaron en los espacios urbanos

Fernando Carrión (2013: 03) [8] resalta que “Buenos Aires  permite entender el significado que tiene el funcionamiento económico de la centralidad y como, a partir de esta constatación, se debe potenciar este valor con políticas urbanas y de financiamiento.” Un ejemplo donde esos capitales tendieron a concretarse y convertirse  en los principales actores del mercado

attos (2008) [9]

 

señala que estas  inversiones se orientan a construir grandes complejos comerciales, modernos edificios de oficinas y lujosas residencias que aunque pueden contribuir al crecimiento de la ciudad, también profundizan la fragmentación y las desigualdades territoriales. En algunas áreas en particular desencadenaron procesos de fragmentación, como emprendimientos inmobiliarios que revalorizaron zonas en desuso y transformándolas en centros de ocio, turismo, viviendas lujosas, torres de exclusivas, barrios privados en la periferias, autopistas de acceso rápido a las centralidades que  van modificando el uso de suelo,  grandes equipamientos de consumos, distritos con sectores empresariales. Esto describe un auge económico y de atracción de inversión macroeconómica, y a la vez, la profundización de una polarización que genera exclusión y expulsión social.

Ejemplos de estas principales tendencias de reestructuración territorial metropolitana son: La modernización del microcentro como la zona de Catalinas, Retiro, Puerto Madero.

Fotos  (2020) zona de  Puerto Madero (fragmentacion Social)– Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Las intervenciones inmobiliarias en algunos Barrios del Sur de la Ciudad de Buenos Aires  como La Boca, Barracas, San Telmo, Parque de los Patricios  han ido  afectando las fisonomías, los usos de suelo y los precios de los terrenos e inmuebles, sin embargo estas transformaciones no han sido homogéneas ni han afectados a todos por igual. En algunos de ellos estas renovaciones que están sucediendo  estarían  atravesando un proceso de gentrificación[10].  Como el caso de  Barracas al ir produciéndose  un proceso de cambio de vecindario. Cambio que incluye el aspecto económico en un vecindario históricamente desinvertido producido  por medio de la inversión inmobiliaria y la entrada de nuevos residentes de mayores ingresos, así como el cambio demográfico, no sólo en términos de nivel de ingresos, sino también en términos de los cambios en el nivel educativo o la composición racial de los residentes.

Se han revalorizado ciertas zonas, mejorando los accesos, reciclando edificios etc., pero ese avance va produciendo el desplazamiento forzado de las personas que habitan esos barrios. Porque no están pensadas en la planificación, no se  trata de ellas, de sus modos de vida, de sus ingresos, sus actividades sociales, laborales, productivas educativas.

Entonces, al producirse un incremento del valor de sus alquileres, sus impuestos, el pago de hospedajes como hoteles donde habitan familias enteras, se tiran abajo para nuevos emprendimientos produciendo desalojos de familias. Porque no son los habitantes incluidos, sino que son los excluidos.  No están pensados en las políticas públicas de la Ciudad Global expulsiva.

“El sur de la Ciudad de Buenos Aires está cambiando su fisonomía. Y gracias a los nuevos proyectos inmobiliarios que se multiplicaron en el último tiempo, uno de los barrios en donde más se están revalorizando las propiedades es Barracas”

[11]

 

Cuenya (2011)[12] señala que. …  “conceptualmente la noción de nueva política urbana del gobierno local sintetiza los nuevos ingredientes que adquieren particularmente las políticas de regeneración urbana en las últimas décadas: por un lado, un fuerte apoyo estatal al capital privado para la revitalización de la ciudad, en donde ésta aparece como “negocio”. Por otro lado, un régimen político urbano, en el cual los intereses públicos y privados se amalgaman para definir las decisiones de gobierno”

En síntesis  podrimos  poner como título final  las tendencias urbanas de la globalización a la exclusión social. En este sentido  señalando  las problemáticas que hemos  visto hasta aquí nos muestran determinadas coyunturas históricas de polarización social, que esas condiciones de vida se acumulan y dan lugar a procesos de exclusión social con un correlato territorial.  Es evidente que los problemas de la ciudad global en nuestro territorio metropolitano  implican dimensiones de equidad, eficacia, eficiencia y legitimidad. Por lo tanto se trata de distintas áreas de gobierno que deben incidir a partir de las políticas públicas  que consideren la necesidad de satisfacer la demanda de suelo de amplios sectores sociales desatendidos por el mercado inmobiliario, generación de espacios públicos y zonas que generen una  amortiguación a la calidad del ambiente para lograr dichas dimensiones en favor de toda la población se requiere de “gobernanza”

[1] Este trabajo es producto de una producción individual para el seminario  “Planificación y gestión del ordenamiento urbano y territorial” de la Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano (UNDAV-UNQ).Profesora a cargo Marta Aguilar.

[2] Lic. en gestión ambiental urbana (UNLa)

[3] Saskia Sassen (1995) “La ciudad global”.[3] Sassen llama así a determinado tipo de ciudades para caracterizar los efectos de la economía de los gobiernos neoliberales

[4][4] Saskia Sassen (1995)donde los flujos de capital, información, mercancías y personas migrantes se intersectan, y se redirecciones

[5] Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbanos

[6] Actividades que requieren de una vasta infraestructura física que contengan nodos estratégicos con una concentración de servicios M castells CUENYA B.(2011); “Grandes Proyectos Urbanos” en carajillo de la ciudad Nº10

[7] Carlos A. de Mattos Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano

[8] Fernando Carrión :Dime quién financia el centro histórico y te diré qué centro histórico Número 16 / Octubre 2013  Carajillo de la Ciudad – Revista Digital del Programa de Gestión de la Ciudad

[9] Carlos A. de Mattos Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano

[10] La gentrificación es el fenómeno por el cual las clases altas migran residencialmente a los centros urbanos, desplazando a los habitantes de menores ingresos. Fernando Carrión :Dime quién financia el centro histórico y te diré qué centro histórico Número 16 / Octubre 2013  Carajillo de la Ciudad – Revista Digital del Programa de Gestión de la Ciudad

[11]https://www.baenegocios.com/negocios/Barracas-es-el-barrio-en-donde-mas-se-revalorizaron-las-propiedades-20190425-0061.html

[12] CUENYA B.(2011); “Grandes Proyectos Urbanos” en carajillo de la ciudad Nº10

Bibliografía

ABRAMO, P. (2012) “La ciudad com-fusa mercado y producción de la estructura urbana en las grandes metrópolis latinoamericanas” en Revista EURE Nro.38Archivo

CUENYA B.(2011); “Grandes Proyectos Urbanos” en carajillo de la ciudad Nº10

Carlos A. de Mattos Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano

Castells, M (1998) ¨Local y Global. La gestión de la Ciudades en la Era de la Información.

Castells, M. (1979). La intervención administrativa en los centros urbanos de las grandes ciudades. Papers. Revista de Sociología. Barcelona, v. 11, pp. 227-250

DE MATTOS, C. (2002). Transformación de las ciudades latinoamericanas. ¿Impactos de la globalización?. EURE. Santiago de Chile, v. 28, n. 25. Disponible en www.scielo.cl

Fernando Carrión : Dime quién financia el centro histórico y te diré qué centro histórico Número 16 / Octubre 2013  Carajillo de la Ciudad – Revista Digital del Programa de Gestión de la Ciudad

Sassen, S. (1995) Ciudad Global  “Una introducción al concepto y su historia”  publicado por Brown

https://www.urbandisplacement.org/gentrification-explained

https://www.baenegocios.com/negocios/Barracas-es-el-barrio-en-donde-mas-se-revalorizaron-las-propiedades-20190425-0061.html

La estigmatización como parte de la política urbana

02/07/2021

Por Federico Marco Chalimoniuk¹

“los estigmas territoriales no son solo fuente de desventajas, sino, al mismo tiempo, instrumentos de diferenciación social y, sobre todo, expresión de una violencia simbólica que reproduce y consolida las relaciones de poder y las desigualdades de la estructura social.”²

En nuestros días es evidente la existencia de un racismo arraigado al estigma y la perseverancia de la dicotomía de “lo civilizado” y “lo bárbaro” – como matriz común de una serie de puntos opuestos donde un barrio o una localidad (o parte de él/ella) se ubicaría en el polo negativo. 

Este estigma social y cultural es moneda corriente en varios aspectos e impulsado desde lugares que potencian esta discriminación y hacen que sea cada vez más difícil despegar de ella a los vecinos de los lugares mal señalados. Programas de televisión series, películas, notas periodísticas y reportajes a ciertos actores son algunos de los medios que suelen utilizarse, consciente o inconscientemente, para la estigmatización de determinadas zonas urbanas. 

La carga peyorativa que trae consigo esta estigmatización llevada a cabo por gran parte de la sociedad es un peso que recae sobre la gran mayoría de los barrios populares. Los habitantes de estas zonas se ven envueltos en un círculo vicioso que los lleva a tener que lidiar con dicha estigmatización que les dificulta la vida en varios aspectos: la discriminación a la hora de la búsqueda laboral, la falta de consideración por parte de los distintos niveles de gobierno y la extrema dificultad de poder acceder y/u ocupar lugares en canales institucionales para hacer oír las demandas y necesidades de aquellas personas que habitan las zonas más vulnerables.

La estigmatización de llegada masiva

«Una versión refinada del argumento de la cultura popular universal se centra no en los bienes de consumo, sino en los medios de comunicación.”³

Los procesos de estigmatización de tipo socio cultural vinculados a los territorios urbanos son llevados a cabo, muchas veces, desde los medios masivos de comunicación y las plataformas digitales (Facebook, Instagram, etc.)

Como una breve muestra de ello, propondré dos ejemplos claros para demostrar como las connotaciones racistas parten, en varias ocasiones, desde las pantallas.

El primer ejemplo corresponde a una entrevista realizada por el periodista Jorge Lanata (link youtube https://www.youtube.com/watch?v=VOWF74YtYMM) en el año 2017 en el marco de la campaña electoral. La misma consistía en una supuesta charla espontanea con un niño de unos 12 años del barrio de Villa Caraza, partido de Lanús, en donde el menor contestaba a distintas preguntas hechas por una voz en off. 

El resultado de la entrevista fue un menor que admitía haber cometido varios delitos y un editorial televisivo que, con fines electorales, resaltaba en la agenda política la necesidad de una baja en la edad de imputabilidad. La nota periodista tuvo luego una repercusión mediática más amplia: llegó a los diarios de mayor tirada y a los portales digitales más leídos.

El otro, refiere a la serie televisiva “El Puntero”, que fue emitida por canal 13 durante el año 2011. La misma tiene lugar en un barrio vulnerado ubicado en las cercanías del delta de Tigre (no especifica donde) e intenta dar una perspectiva sobre cómo se desarrolla la política en las zonas de barrios vulnerados a través de lo que se conoce como “punteros políticos” y de cómo es la vida cotidiana en un territorio de características similares. Lejos de mostrar una realidad y de generar empatía para con zonas vulneradas, la serie tiene una clara carga discriminatoria para todas aquellas personas que residen en zonas similares a las mostradas en la pantalla.

En ambos ejemplos se puede ver que, tanto con fines electorales como de entretenimiento, se carga de manera peyorativa a un cierto sector de la sociedad que habita zonas o barrios vulnerables. Dicha estigmatización tiene un alcance masivo que llega a personas y lugares que poco y nada saben sobre la vida en dichas zonas. No importa la realidad, en este caso ya fue mostrada (y demostrada) por ficciones que simulan recrear la realidad.

La estigmatización desde la clase política

La discriminación y estigmatización socio cultural sufrida por los barrios vulnerados y zonas periféricas no son una simple invención ficticia ni son lejanas a los grandes centros urbanos donde residen las clases media y alta. La realidad muestra que cada localidad del conurbano bonaerense se compone de un centro urbano desarrollado con acceso a todos los servicios y mayores comodidades en contraste a una periferia que, cuanto más se aleja de dicho centro, más vulnerada se encuentra en materia de acceso a servicios, inversiones de infraestructura, etc. Las ciudades de desarrollo mono céntrico no son un caso aislado del conurbano ni un hecho particular: son un resultado de procesos históricos en los que se ve la falta (o la presencia) de los distintos niveles de gobierno en materia de inversión para la mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, cada barrio dentro de las localidades tiene un pequeño “centro comercial” considerado como centro o avenida principal para sus vecinos, pero esto no implica que aquella zona delimitada como “centro” cuente con una mejor condición de acceso a servicios o infraestructura que el territorio lindero.

Un caso a analizar como muestra de desarrollo urbano desigualitario e impulsado explícitamente por un gobierno de turno es el caso de Lanús. La particularidad de este municipio es que, en contraste a otros municipios vecinos que han mostrado en los últimos años una política de inversión para los barrios periféricos, el municipio lanusense centra la mayoría de sus recursos y políticas de mejoras al centro más desarrollado y que menos necesidades presenta en comparación a otros barrios. 

Como bien describe Galgano, en los últimos años se ha visto un afianzamiento del sector inmobiliario en la zona céntrica del partido, mejor conocida como “Lanusita”. El aumento del valor del metro cuadrado, la construcción de edificios y la instalación constante de locales gastronómicos en la zona dan cuenta de un desarrollo elitista pensado para y desde el centro del partido. Lamentablemente, este crecimiento no se ve reflejado ni se reproduce en las zonas periféricas del partido.

Lejos de contar con la intervención del gobierno local para mejorar la calidad de vida de los vecinos, el municipio presta atención a las zonas en las cuales mayor cantidad de votos a nivel local obtuvo en los últimos comicios para destinar sus recursos. La constante ayuda a los comerciantes de Lanusita, la semi – peatonalización de calles céntricas y las inversiones de infraestructura son destinadas a zonas más bien relacionadas con la parte céntrica del municipio que a la periferia donde se ven mayores necesidades y vulnerabilidades

En contraste con la política del gobierno local que ya lleva seis años al frente, los barrios y zonas vulnerables son víctimas no solo de la falta de consideración por parte de los funcionarios locales a la hora de escuchar sus necesidades, sino también son acreedores de un estigma socio cultural que el mismo gobierno local carga con distintos barrios. El jefe de gabinete y secretario de seguridad del municipio enfoca sus redes sociales (y su futura campaña electoral) en una supuesta agenda de seguridad en la que cada semana participa en distintos operativos policiales en distintos barrios vulnerados La metodología siempre es similar: entran a un barrio, allanan una casa y detienen a una o varias personas por supuestas acciones ilegales. La realidad es que nunca se conocen los resultados de dichos allanamientos y que, en muchos casos, vecinos afirman que los operativos son montados sobre falsos delitos pura y exclusivamente para las cámaras.

Los vecinos de los barrios periféricos son víctimas no solo del abandono y la falta de inversión por parte del municipio. También, deben cargar con el peso del estigma que un mismo funcionario de su municipio carga cada semana sobre los distintos barrios en los que viven miles de personas del municipio. La estigmatización ya no solo proviene de las zonas de “clase media – alta”, sino también de funcionarios que, para satisfacer las demandas de seguridad de aquellas clases, montan un circo digital y mediático sin medir las consecuencias que ello implica para los vecinos de distintos barrios. 

A modo de conclusión 

Las estigmatizaciones producto de distintos frentes de la sociedad hacía los barrios vulnerados no hacen más que afianzar las desigualdades que estos últimos padecen. La construcción de sentido impulsada desde los medios masivos de comunicación no se detiene allí ni encuentra un punto final concreto, sino más bien se replica en medios digitales, redes sociales y, como explique arriba, de manera directa o indirecta por los mismos gobernantes electos por el pueblo. 

La solución a problemas estructurales como la discriminación y estigmatización sufrida por los sectores vulnerados por la sociedad no es sencilla ni se dará en el corto plazo. Es necesario de un plan de desarrollo territorial concreto e ininterrumpido que concentre sus políticas en lograr una mayor urbanización de las zonas periféricas de cada localidad para acortar las brechas de la desigualdad. Claro está que los diferentes posicionamientos ideológicos y políticos son, junto con los presupuestos limitados, un gran obstáculo para un mayor desarrollo de las zonas periféricas. Mientras los ojos de la política y de la inversión en obra pública no estén puestos, en gran parte, en los barrios vulnerados donde residen gran cantidad de habitantes, las desigualdades sociales, económicas y culturales seguirán asentándose y, por consiguiente, seguirán profundizándose cada vez más las estigmatizaciones a las personas que residan en zonas que los demás sectores de la sociedad consideran como aisladas o no deseadas.

 [1]Lic. en Ciencia Política y Gobierno (UNLa) y Maestrando en Políticas Públicas y Gobierno (UNLa)

[2]WACQUANT, L. 2007. Los condenados de la ciudad: gueto, peripherias, Estado. Buenos Aires, Siglo XXI.

[3] Huntington, S. (1996). El choque de civilizaciones y la reconfiguración mundial. Paidós: Buenos Aires.

Proceso de compactación y verticalización de las elites en “Lanusita”¹.

21/06/2021

Por Matias Galgano²

Debemos destacar la particularidad de la urbanización en el subdesarrollo. Baer plantea una dinámica de la urbanización capitalista en el subdesarrollo muy interesante. Enfatiza en que se dio de manera diferente que en los países considerados desarrollados. En primera instancia, la relación entre urbanización e industrialización en los países desarrollados tuvo una linealidad clara. El proceso fue de una continuidad muy clara entre la urbanización y la ocupación del suelo: primero se urbanizó y después se ocupó el territorio. 

En Argentina, producto del modelo de desarrollo agroexportador, la ciudad fue un mero instrumento logístico para la exportación. Buenos Aires, por ejemplo, hasta bien entrado el SXX se percibía solo como un nodo logístico de exportación. Por lo cual, con el esquema de sustitución de importaciones la ciudad se convirtió no solo en una herramienta del modelo de desarrollo sino como un territorio de ascenso social destacable. De este modo, la migración a la ciudad capital y sus periferias constituyó una dinámica, como plantea Baer, de ocupación del territorio antes de la urbanización a la inversa que en los países desarrollados.

Entonces, en términos actuales, hoy contamos con un nivel de concentración económica (en el corredor La Plata-Rosario se concentra el 40% de las pymes del país y el 65% de la mano de obra industrial) y demográfica (la RMBA representa el 35% de la población del país) que es producto de un modelo que se desarticuló completamente y, a partir de los 70, se implantó la finaciarización económica, apertura económica y de desguace de la industria nacional como ejes del maldesarrollo. Por tanto, el territorio que antes era símbolo de ascenso social se convirtió en un depositario de gran parte de la desocupación y la marginalidad nacional lo que transformó al AMBA en un depositario de desafíos en términos de políticas públicas enorme.

En este esquema es donde entra la idea de la ciudad “com-fusa”. Baer plantea que los patrones de urbanización en la actualidad tienen relaciones con un crecimiento compacto de las áreas centrales de la ciudad y un crecimiento difuso sobre todo de los sectores de más bajos ingresos. Abramo (2012) lo plantea claramente, en el sector informal del mercado del suelo, que es generalmente al que acceden los sectores de más bajos ingresos, hay una dinámica hacia la difusión en términos territoriales pero que termina decayendo específicamente en un proceso de compactación³.  En definitiva, el mercado informal del suelo tiende a incentivar el arraigo en territorios cada vez más alejados de los centros urbanos, pero, el costo de la movilidad por trabajo o alguna otra actividad termina siendo tan sustantivo que los sectores populares deciden localizándose en territorios cada vez más compactos. 

Ahí está realmente el nicho del problema, lo implica necesariamente un análisis desde la perspectiva de la política urbana que permita la integración socio-productiva de los sectores de más bajos recursos.

En el caso del mercado formal del suelo, según Abramo (2012), la dinámica decanta en la misma conclusión. Hay una tendencia a la difusión, o sea al avance sobre territorios cada vez más dispersos de las centralidades urbanas (las urbanizaciones privadas es el ejemplo más claro) pero al tiempo hay una tendencia a la compactación en los centros urbanos de las grandes ciudades producto de una política urbana desregulada que viene implementándose desde los años 70. (De Mattos, 2008)

Hay un eje directriz claro; el proceso de desregulación de la política urbana y particularmente la política de acceso al suelo urbano: “en las ciudades latinoamericanas, cuyos gobierno locales muchas veces cuentan con escasa capacidad y/o vocación política por regular el funcionamiento del mercado de suelo y vivienda, suelen conformarse esquemas de gobernanza y políticas urbanas que promueven los procesos de valorización inmobiliaria. Esta orientación de la gestión de la ciudad se basa en la creencia en la existencia de un ‘derrame espacial’, que aparece como el fundamento del desarrollo urbano contemporáneo.” (Guevara, 2017: 264)

En definitiva, la ciudad “com-fusa” es producto también de un proceso de desligue del Estado de la política urbana en términos de planificación de usos  del suelo urbano y un avance de los capitales privados, sobre todo inmobiliarios, en la dinámica de construcción de ciudad.

 

Lanús y la transformación de la centralidad principal. El caso de “Lanusita”.

Abordaré, de manera introductoria, la transformación de la centralidad principal de Lanús en relación con un proceso de profunda verticalización como producto de una dinámica urbana compacta.

El avance del sector inmobiliario en lo que se cataloga como “Lanusita” -territorio comprendido entre las calles 25 de Mayo y Alcorta y entre la Av. Hipólito Yrigoyen y 20 de septiembre- fue realmente sorprendente y tiene relación directa con una política de desarrollo urbano para un sector social en general de ingresos altos. 

Distribución geográfica de los edificios de más de 6 pisos en el centro de Lanús, año 2010.

Fuente: Elaboración Propia. 

Según los martilleros de la zona el valor del M2 oscila entre los 1800 y 2000 dólares dependiendo de las características de las edificaciones y la localización.

Esta dinámica de desarrollo inmobiliario en altura para la élite contribuye a un proceso de segmentación de la demanda 4  (Abramo 2012) y valorización financiera en la dinámica de compactación del entramado socio-urbano.

Según un trabajo de Vecslir y otros (2018) antes del año 90 la cantidad de edificios de más de 6 pisos en altura del distrito ascendía 112, durante los años 90 se construyeron 67 más y durante la década del 2000 la cifra llega a 152 lo que representa el 42% de la totalidad de edificios de más de 6 pisos del distrito: “La centralidad de Lanús ha sido la de mayor construcción de vivienda multifamiliar. Durante la década de 2000 se construyeron 152 emprendimientos en altura que representan casi la mitad del parque edilicio existente con más de seis pisos de altura. (…) El gran incremento de la edificación significó un aumento de un 40% de la ‘mancha céntrica’ entre los 90 y la fecha del relevamiento” (Vecsilir y otros 2018: 82)

Según los autores esta transformación refiere específicamente a un esquema de revalorización del centro tradicional y a una demanda de los sectores de altos ingresos por habitar territorios que estén en la cercanía del centro urbano de la ciudad y a la vez sea alternativa a los barrios privados o centros de altos ingresos de CABA5. 

Si bien estos proyectos urbanos no podrían catalogarse como un único “gran proyecto urbano” como aborda Cuenya (2011) si pueden contemplarse como una determinada política de desarrollar una parte del territorio para los pobladores de alto poder adquisitivo. Sin dejar de observar las profundas asimetrías socio-espaciales que implican estos proyectos en territorios (como el caso de Lanús) con grandes problemáticas en términos de acceso a los servicios urbanos de proximidad.

Pero, respecto a una parte del proceso, me gustaría rescatar el tema de las representaciones sociales que se construyen alrededor de la utilización de parte del territorio para desarrollos inmobiliarios “para las elites”. 

Cuenya (2011: 10) destaca:

 “En suma, las aspiraciones, demandas y estilos de vida de la elite que decide vivir y trabajar en los espacios de nueva centralidad, (interactuando dialécticamente con el marketing de los desarrolladores) inciden en el perfil de los lugares, en términos del tipo de usos, jerarquía, calidad físico ambiental, confort urbano, innovación en el diseño, seguridad y exclusividad de inmuebles y espacios. Las denominaciones que la publicidad utiliza para vender los productos y entornos describen la calidad de vida de las elites que los utilizan. Productos y usuarios son un binomio que refleja bien la articulación entre sociedad y espacio en los grandes proyectos urbanos.” 

Lo que me interesa rescatar de esta cita de Cuenya es justamente que este tipo de proyectos inciden no solo en el imaginario social de “las elites” sino que contribuyen a una diferenciación social específica entre centro y periferia. Las representaciones sociales que decantan de la idea de “el centro es para los ricos” son profundas grietas en el imaginario social urbano que decantan en un proceso de segmentación territorial y cultural que incentiva las asimetrías ya existentes.

Conclusión.

El proceso de verticalización que viene atravesando la centralidad principal del distrito de Lanús no está por fuera de un proceso más amplio que es específicamente el que se describe como ciudad com-fusa. La verticalización para “las elites” estipula cada vez con más fuerza un proceso de compactación territorial en áreas que se catalogan como “seguras y cercanas al centro urbano”, pero en definitiva es un proceso de compactación que los sectores de más altos ingresos demandan, al no poder acceder a urbanizaciones cerradas con un nivel de difusión considerable. 

Lo que también me interesa rescatar es que este proceso que vive el centro de Lanús es producto de una gestión urbana desregulada (De Mattos 2008) que viene desarrollándose desde mediados de los años 70 con un proceso de liberalización económica que le deja las manos libres a los desarrolladores urbanos para que sean ellos quien diseñen el entramado de la ciudad.

En definitiva, se necesitan de políticas activas que revaloricen otros espacios urbanos de la ciudad en relación con las centralidades alternativas, en este caso, del distrito de Lanús. Si no es de esa forma, estos proyectos solo tienden a la segregación espacial y al aumento de la desigualdad territorial que decanta, tarde o temprano, en grandes problemas de gestión urbana que el ejecutivo local tendrá que atender antes que se transforme en un problema sin solución concreta.

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

[1]Esta publicación es producto de un trabajo individual presentado en el marco del Seminario denominado “Planificación y gestión del ordenamiento urbano y territorial” de la Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano de la Universidad Nacional de Avellaneda. Seminario a cargo de la Prof. Marta Aguilar.

[2]Lic. en Ciencia Política y Gobierno (UNLa). Doctorando en Estudios Urbanos (UNGS)

[3]“El mercado informal, al promover un territorio cada vez más difuso, impone costos de transporte crecientes a los trabajadores que viven en esos loteos; además, cuando el mismo mercado produce una compactación en los asentamientos consolidados, se promueve una precarización del hábitat popular, por el aumento de densidad (predial y habitacional) y verticalización, con todas las implicaciones que ello tiene en los indicadores de habitabilidad (escasez de aire, sol, etcétera) que esa compactación promueve.” (Abramo, 2012: 56)

[4] “Desde el punto de vista de la oferta —es decir, de los capitales inmobiliarios—, la segmentación de la demanda permite una reducción de los riesgos y de las incertidumbres de los emprendimientos inmobiliarios desde el punto de vista de la demanda (unidades familiares), la segmentación del mercado garantiza una relativa homogeneidad socioespacial de su entorno residencial” (Abramo 2012: 58)

[5] “El dinamismo inmobiliario actual responde mayoritariamente a la demanda de un sector poblacional de medianos y altos ingresos ya radicado en estos municipios, el cual se inclina por habitar –o invertir en bienes inmuebles- en los ‘centros tradicionales’ como alternativa residencial a las urbanizaciones cerradas y los centros barriales de la CABA.” (Vecsilir y otros 2018: 83)

Bibliografía.

  • ABRAMO, P. (2012) “La ciudad com-fusa: mercado y producción de la estructura urbana en las grandes metrópolis latinoamericanas” en Revista EURE Nro.38 (2012) 
  • BAER, L; Proceso de urbanización y dinámica de mercado de suelo (VIDEO)
  • BLANCO, J.: Movilidad sustentable en el AMBA (VIDEO) Disponible en: www.youtube.com/watch?v=JL67t31umQs  
  • CARRIÓN,F (2013), “Dime quién financia el centro histórico y te diré qué centro histórico es” en www.carajillo de la ciudad Nº 16
  • CUENYA B.(2011); “Grandes Proyectos Urbanos” en www.carajillo de la ciudad Nº10
  • DE MATTOS, C. (2008); Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano” en Lo urbano y su complejidad: una lectura desde América Latina; FLACSO.
  • GARAY, F. (2015); “La Problemática de Vivienda en Argentina” Ponencia en UGICAMBA, FADU, UBA.
  • GUEVARA, T.(2017); “Gobernanza urbana, políticas urbanas y valorización inmobiliaria: el mito del derrame espacial” en Ziccardi, A. y Cravacuore, D. (Coords.) Los Gobiernos Locales y las políticas de vivienda en Mexico y América Latina, Ed. CCC, UNQ, UNAM, Bs. As
  •  VECSLIR, L., BLANCO, J. y otros (2018) “Un corredor sin autopista. Centralidad y movilidad cotidiana en el sur de la región metropolitana”, Café de las ciudades, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, 2018..

PENSAR EL PERIURBANO: El caso de Marcos Paz.

11/05/2021

Por  Verónica Casco¹

El conurbano bonaerense es un vasto territorio, diverso y plagado de contrastes. Su poblamiento, caótico y más sujeto a los devenires económicos, políticos y sociales que a la planificación, es resultado de un proceso dinámico que ha sido y sigue siendo estudiado. La zona periurbana, entendida básicamente como la periferia en la que la masa compacta entra en contacto con la zona rural y todo lo que ello implica,  es  heterogénea, pero también puede ser abordada como un conjunto. Presentamos aquí un caso, correspondiente a un municipio del Tercer Cordón.

Marcos Paz es un distrito ubicado a 50 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dirección sudoeste. Si bien no está incluido en el Gran Buenos Aires “de 24 partidos” según la definición metodológica del INDEC, sí forma parte de la denominada Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), que comprende un área más amplia al incorporar los municipios vinculados funcionalmente con el centro metropolitano, configurando el “Tercer Cordón”, si se toma como límite exterior de esa corona el trazado de la Ruta Provincial N°6. 

Fig. 1: División política Provincia de Buenos Aires.
Fig. 1: División política Provincia de Buenos Aires.
Fig. 2: Imagen satelital. Posición relativa de Marcos Paz. (Google Maps

Su superficie es rural en un 95%. La zona urbana se concentra en la ciudad cabecera (Marcos Paz) y “los barrios” que, en una continuidad no del todo compacta, la vinculan con la “mancha urbana” a lo largo del eje de la Ruta Provincial N°40, conectándola con el municipio de Merlo. En la zona rural hay algunos asentamientos poblacionales dispersos y se presenta un barrio urbano sobre la Ruta Nacional N° 3, como desborde del vecino municipio de La Matanza. Todos ellos a 10 km de la ciudad cabecera.

La población total del distrito se estimaba para 2016 en 65 mil habitantes. Si bien el asentamiento original data del último cuarto del siglo XIX (el municipio fue fundado por ley en 1878), su crecimiento  demográfico se acelera significativamente en la etapa de expansión del conurbano a partir de loteos, en las décadas de los años 60 y 70, culminando el siglo XX con una variación intercensal 80-91 del 43,9% y 91-2001 del 49,1%. Ese crecimiento se nutre de la inmigración desde las provincias del interior del país y de países limítrofes, en busca de oportunidades laborales en la ciudad de Buenos Aires y primer cordón industrial. Se consolida un perfil de ciudad dormitorio, toda vez que la actividad económica del distrito no ofrece los puestos de trabajo suficientes para satisfacer esa demanda: no hay un desarrollo industrial importante y la actividad se orienta más bien al sector de los servicios, fundamentalmente inmobiliarios y el empleo público. Lo que atrae para fijar residencia en Marcos Paz, entonces, es la posibilidad de acceder a la tierra en un lugar relativamente próximo al verdadero centro de oportunidades para la reproducción de la vida, que es la ciudad capital, aún con una conectividad vial y ferroviaria bastante deficiente. Este proceso se inscribe dentro del patrón de urbanización de “ciudad difusa” fragmentada y desigual, con una gran extensión territorial, que caracteriza a las metrópolis latinoamericanas (Baer, video, 2012). 

Abramo (2012) ofrece algunas herramientas para el análisis de este proceso de expansión urbana. Si bien en un primer momento la demanda de tierra se resolvía de manera relativamente formal, a través de los mencionados loteos, esta dinámica se volvió cada vez más informal a partir de la sanción de una nueva normativa en la Provincia de Buenos Aires a partir de la Dictadura cívico-militar (decreto-ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo N° 8912/77), por la que ya no se pudieron comercializar lotes sin servicios. Esta medida no estuvo acompañada por una política que contemplara la necesidad de acceso a la tierra por parte de los sectores populares y se hizo cada vez más difícil en las décadas siguientes, cuando las políticas neoliberales iniciadas por la dictadura son profundizadas por el gobierno de Carlos Menem. La Figura 3 muestra el resultado actual de ese proceso de poblamiento, en la zona de “los barrios” es donde se presenta con mayor crudeza la precariedad habitacional, tanto en relación a la informalidad en la posesión de la tierra como en la calidad de las viviendas, dado el perfil socioeconómico que prevalece en esa porción del territorio. El censo 2010 arrojaba para Marcos Paz un 12,3% de hogares con NBI. No disponemos de datos actualizados a nivel municipal, pero varios estudios señalan que la zona Oeste del Conurbano bonaerense presenta los índices más altos de pobreza del Gran Buenos Aires. La situación que atraviesa el país –y el mundo- en estos tiempos difíciles de pandemia y cómo esta impacta con mayor crudeza en los sectores populares, hace pensar que el cuadro se ha agravado.

Fig. 3: Imagen satelital. Zona urbanizada del distrito. Se señalan grosso modo la ciudad cabecera y los barrios periféricos que se están analizando.

Formal o informal, es el mercado el que determina el desarrollo urbano. Y cuando el estado construye conjuntos habitacionales, refuerza esta misma lógica territorial, ya que los barrios de “viviendas sociales”, construidos ya sea a través de operatorias del Banco Hipotecario, del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (desde el comienzo de la democracia hasta finalizada la década de los 90) o, más cercano en el tiempo, del Plan Federal de Viviendas del Ministerio de Infraestructura de la Nación, salvo alguna excepción, van a ser construidos en la zona de “los barrios”. Siguiendo a Abramo (2012), esta imposición de la lógica del mercado coloca al estado “por detrás” de las necesidades de provisión de equipamiento público y servicios mínimos, al tiempo que se agudizan las desigualdades sociales expresadas territorialmente (ver también Baer, video 2012).

Si bien no hay presencia en Marcos Paz de asentamientos irregulares como producto de tomas de terrenos, o villas, la problemática de la posesión irregular de la tierra está bastante extendida y merece un estudio específico.  Más allá de los esfuerzos de inversión por parte del estado en los últimos veinte años (escuelas, playones deportivos y espacios públicos, pavimentación, salas de atención primaria de la salud, piscinas públicas) se ha construido -sobre una base material que no logra ser transformada estructuralmente- un universo simbólico en torno a la diferencia entre vivir en “el centro” o en “los barrios”. Este peso simbólico está absolutamente vigente, más allá del hecho objetivo de que las desigualdades sociales, agravadas en los últimos años, refuerzan esta situación. El valor de la tierra, o la oportunidad de ocupar un terreno, es más accesible en los barrios, en un marco de “periferización precaria”. El factor “confianza” de las transacciones inmobiliarias informales que menciona Abramo (2012) se verifica en la presencia de familias extensas o procedentes de una misma provincia o país de origen concentradas en determinados barrios (paraguayos, bolivianos, santiagueños, etc.). No se manifiesta en Marcos Paz con la crudeza de otros municipios del tercer cordón el aspecto “elitista” de la ciudad difusa, ya que no hay una presencia importante de barrios cerrados (hay solamente uno). El mercado inmobiliario formal es manejado por inmobiliarias locales, con predominio de dos o tres de ellas que oligopolizan fundamentalmente el mercado de alquileres de viviendas y locales comerciales. Como en toda la RMBA, el acceso al suelo es muy difícil para los sectores medios y populares, que son amplia mayoría. Los primeros, con un perfil ocupacional orientado hacia el pequeño comercio, asalariados fabriles, docentes, empleados públicos y los segundos en el empleo doméstico y la construcción. Es crítico para muchas familias de Marcos Paz resolver el problema de la vivienda, empujados “a la periferia de la periferia”.

El desarrollo urbano de este distrito presenta interesantes desafíos, que no son ajenos a otros de la Región Metropolitana. Por ejemplo, la necesidad de regulación del mercado del suelo para garantizar, por un lado, precios que guarden relación con los ingresos de las familias, a fin de que se vea garantizado su derecho a la vivienda y, por otro lado, que el estado municipal pueda acceder a las plusvalías generadas por el desarrollo inmobiliario, o de la renta generada por el uso especulativo de amplios baldíos en zonas residenciales (Baer, 2015). A esto se agrega la condición periurbana, por la cual es necesario prever y planificar qué tipo de avance de la urbanización se autoriza sobre terreno susceptible de ser destinado a espacios verdes, o a la producción de alimentos. 

Se hace necesario considerar las características de lo que Abramo (2012) llama la “ciudad caleidoscópica”, con una distribución espacial jerarquizada, donde el territorio reproduce la estratificación socioeconómica. Para el caso de Marcos Paz, implica superar la barrera material y simbólica de la dicotomía “centro-barrios”. Pero también se hace necesario exigir un abordaje regional, de los distintos niveles jurisdiccionales y jurisdicciones del mismo nivel que confluyen en la RMBA (CABA, Nación, Provincia de Buenos Aires y más de 40 municipios), que permita pensar y planificar como un todo, un vasto y diverso territorio con millones de habitantes, más allá de los condicionantes macro, incluso globales, que pesan fuertemente sobre el destino de la ciudadanía y sus posibilidades de desarrollo. Implica también un esfuerzo especial por parte de los gobiernos locales, normalmente tironeados por los tiempos políticos y las urgencias cotidianas.

El pensar “hacia dónde” se crece es de estricta necesidad en este municipio, ya que pronto acusará recibo de los efectos de la construcción de la Autopista Presidente Perón (continuación del Camino del Buen Ayre), ya que si bien no es tocado por su traza, pasa a escasos kilómetros. Las figuras 4 y 5 muestran las dos vías de acceso a la futura autopista y las distancias correspondientes. La Ruta Provincial 40 está asfaltada y ya licitada su repavimentación con dos manos por sentido de circulación. La otra vía de acceso, por la Ruta Provincial 1003, es un camino de tierra, cuya consolidación permanente está prevista en el plan de infraestructura de la Provincia de Buenos Aires para este año. Cabe destacar además que este último vincularía directamente la autopista con dos Complejos Penitenciarios Federales.

Fig. 4. Acceso a futura autopista por Ruta 40 (8,9 km).
Fig. 5: Acceso a futura autopista por camino consolidado, Ruta 1003)(9,5 km).

Blanco y San Cristóbal (2012) analizan el proceso de construcción de autopistas suburbanas, que se remonta a varias décadas atrás y su impacto en los territorios circundantes. Sitúan este proceso en el mencionado mecanismo de “concentración y difusión” de la mancha urbana y cómo ha influido en su configuración territorial discontinua y fragmentada. En una muy interesante observación, los autores plantean que los beneficios de las redes  -de comunicación en este caso- que a priori aparecen como portadoras de “progreso”, conectividad, velocidad, no son apropiadas de manera igualitaria por la población. Por ejemplo, en el gráfico N° 3 de su trabajo “Reestructuración de la red de autopistas y metropolización en Buenos Aires”, Marcos Paz aparece -con los otros distritos del conurbano atravesados por esta autopista- con la más baja tasa de motorización (menos de 15 vehículos cada 100 habitantes). 

Cabe preguntarse entonces: ¿Qué impactos positivos acarreará para los habitantes de Marcos Paz la construcción de la autopista, cuando se trasladan diariamente a trabajar o estudiar al “centro compacto”, mediante una única ruta por donde circula una única línea de transporte automotor de pasajeros y una línea ferroviaria que carece de vías dobles y por lo tanto ofrece una baja frecuencia de servicios? ¿Qué sucederá con el precio del suelo si crece el interés de desarrolladores inmobiliarios para llevar adelante emprendimientos residenciales de elite?

 

Estas preguntas nos conducen a una última cuestión: a la dicotomía centro-barrios debe agregársele otro gran desafío “dicotómico” de este distrito mayormente rural: la presión de la expansión urbana sobre territorio productivo periurbano, en condiciones de poner a disposición de la gran urbe diversidad de alimentos frescos y generar potencialmente un círculo virtuoso de empleo y calidad de vida para consumidores y productores. La pregunta sobre el perfil futuro del territorio debe formularse y la construcción de la respuesta debe surgir de la apertura por parte del estado de mecanismos de participación de la ciudadanía. Si la opción son los barrios cerrados, que fragmentan el territorio y expresan las desigualdades sociales o bien la construcción colectiva, con la participación activa del estado, en articulación con los actores presentes en el territorio, de un proyecto en el que campo y ciudad (tomando estos conceptos provisoriamente de manera simplificada) puedan conjugarse armónicamente, con un modelo de crecimiento con proyección hacia el mediano plazo. 

[1]Lic. en Sociología (UBA)

Bibliografía:

ABRAMO, P. (2012). “La ciudad com-fusa: mercado y producción de la estructura urbana en las grandes metrópolis latinoamericanas”. Revista EURE N° 38.

BAER, L. (VIDEO) (2015). Procesos de urbanización en relación con dinámica de mercado de suelo; Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Programa de Capacitación de Agentes de Gobierno. https://www.youtube.com/watch?v=TFNF6qRyMf8.

BLANCO, J., SAN CRISTOBAL, D. (2012). “Reestructuración de la red de autopistas y metropolización en Buenos Aires” RIURB-Revista Iberoamericana de Urbanismo nº 8. core.ac.uk/download/pdf/41789976.pdf.

INDEC, censos de población. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-41 

Discapacidad y desarrollo urbano accesible

21/05/2021

Por Fernando Matias Brianda¹

Tomando como punto de partida la dualidad centro – periferia, cuyo origen lo podemos encontrar en la corriente de pensamiento político y económico conocida como desarrollismo o estructuralismo, y cuyo principal fundamento es la relación asimétrica que existe entre los países del Primer Mundo con respecto a los del Tercer Mundo, podremos comprender mejor las grandes diferencias entre el desarrollo urbano de unos países con respecto a otros. Estas diferencias son muy notorias, sobre todo, si hacemos mención a las consecuencias que este tiene sobre el colectivo de personas con discapacidad en particular.

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, existen dos artículos con sus respectivos incisos, que podríamos decir que tienen una estrecha vinculación uno con otro. Se trata de los artículos 9 y 20. El artículo 9 tiene como eje central el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad, mientras que el artículo 20 hace hincapié en la movilidad personal de las mismas.

En su primer inciso, el artículo 9 de la mencionada Convención, nos dice que los Estados Parte, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y puedan participar plenamente de todos los aspectos de la vida, adoptarán medidas pertinentes para asegurar su acceso en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas a: los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.

En su segundo inciso, el artículo dice que los Estados Parte también adoptarán medidas pertinentes para: desarrollar, promulgar, y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público. Por otra parte, sigue diciendo que también deberán asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad.

En cuanto al tema que refiere el artículo 20 (la movilidad personal de las personas con discapacidad), la Convención dice que los Estados Parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible. Luego sigue diciendo que se deberá facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible. En otro punto del artículo 20 se enuncia que los Estados Parte deberán alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.

Como podemos observar, sí hay una relación directa entre los artículos 9 y 20 en los puntos pretenciosamente seleccionados y transcriptos en esta nota, ya que por más que las personas con discapacidad cuenten con los dispositivos mínimos indispensables que le faciliten su desplazamiento en forma independiente (también conocidos como ajustes razonables), si no existe una planificación de desarrollo urbano que en su diseño contemple la eliminación de las barreras que impiden la libre accesibilidad en el medio para las personas con discapacidad, los apoyos y dispositivos tecnológicos no servirán de nada.

Lógicamente que estas son decisiones de políticas públicas que deben ser tomadas por las más altas autoridades nacionales, y que con buen tino debieran adoptar también las autoridades provinciales y municipales (esto vale tanto para nuestro país como para los demás países de América Latina, donde quizás haya un nivel un poco más alto de desarrollo urbano en este sentido, pero no mucho más alto).

Muy distinto es el caso en Europa donde, por ejemplo, en países como España hay un grado elevado de desarrollo urbano, tanto en lo que respecta a la accesibilidad en el transporte público, como en lo que se refiere a la circulación en forma independiente por la vía pública de las personas con discapacidad. Lo mismo ocurre si hacemos la comparación en lo que se refiere al acceso a los edificios públicos a uno y otro lado del mapa. En América Latina (Tercer Mundo) las leyes que exigen el cumplimiento estricto de las condiciones mínimas de implementación del diseño universal y de las normas de accesibilidad ni se cumplen, ni se controla que se haga efectivo su cumplimiento. En Europa (Primer Mundo) la cosa es bien distinta, por supuesto.

Otro punto álgido de la cuestión es la falta de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Si tomamos el caso argentino, desde 1981 (aunque hubo un antecedente que data de 1973) existe una ley que exige que tanto el Estado como las entidades privadas contraten un 4% de personas con discapacidad entre su plantilla laboral permanente, de la cual hacia 2019 había contratado solamente un 0,91%. En Europa (y tomaré nuevamente como punto de referencia España) por supuesto que la realidad del colectivo de personas con discapacidad es diferente en lo que se refiere a oportunidades laborales.

Como dije anteriormente, que exista un adecuado desarrollo urbano que favorezca el diseño de un entorno amigable para las personas con discapacidad, es pura y exclusivamente una decisión de voluntad política.

Pero cuando hablamos de desarrollo urbano y accesibilidad no solamente se hace referencia a las condiciones adecuadas en las que una persona con discapacidad debe desenvolverse en los ámbitos educativo y laboral, sino que también debe tener el acceso asegurado a los lugares públicos a los que desee concurrir y cuyos fines sean recreativos, ya se trate de un evento artístico, cultural o deportivo. Lo mismo cuenta para los centros de salud, hospitales o clínicas a los cuales deba concurrir a realizarse chequeos médicos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas.

En la actualidad no podemos hablar de que exista un desarrollo urbano accesible, ya que desde los ámbitos que están directamente implicados en el mismo, hay un total desconocimiento de cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad.

Volvamos por un instante al ejemplo de lo que sucede en Argentina; desde hace algunos años existen ONG’s, asociaciones civiles y hasta centrales obreras cuyo fin principal es el de luchar para que en nuestro país el derecho a la accesibilidad en cualquier espacio público sea definitivamente satisfecho. Por nombrar solamente algunas de las más conocidas tenemos los casos de REDI, Acceso Ya y la CTA; organismos que, ya sea que estén conformados o no en su totalidad por personas con discapacidad, se cargan sobre sus espaldas la responsabilidad de luchar por el cumplimiento efectivo del derecho fundamental de la accesibilidad.

Una premisa fundamental para que exista un desarrollo urbano que incorpore la perspectiva de la accesibilidad y de la inclusión es que tanto el recurso humano involucrado en la toma de decisiones y en la planificación, como el recurso humano involucrado en la ejecución estén capacitados e involucrados con y en ese proyecto.

En el mundo del siglo XXI ya no puede caber ni remotamente la posibilidad de que haya sectores que estén excluidos de la sociedad, como si fuesen material de descarte. Creo que es momento de empezar a bregar por una sociedad más igualitaria, en la cual se conquisten cada vez más derechos, donde los entornos físicos y sociales ya no sean más discapacitantes. El trabajo de concientización es arduo y no se va a lograr de un día para el otro, pero sí considero que sería muy productivo que se empiece a capacitar a los actores involucrados en estas cuestiones para que empiecen a incorporar una mirada y una perspectiva más abierta y más inclusiva, para que ninguno y ninguna vea cercenado su derecho al disfrute de una vida plena y en igualdad de condiciones con el resto.

En un sistema económico y social como el capitalista, imperante hasta nuestros días, la brecha de la desigualdad es cada vez más extensa. Esa extensión de la brecha de la desigualdad es la causante de las realidades tan dispares, sobre todo entre Europa y América, entre el centro y la periferia, entre el amo y el esclavo (aunque el amo mayor sea Estados Unidos).

Si realizamos una comparación entre el nivel de desarrollo urbano del área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires con el de grandes conglomerados urbanos como los las ciudades de Madrid y Barcelona, observaremos que hay diferencias abismales. Por citar solamente algunas, en lo que respecta al sistema de medios de transporte del área Metropolitana de Buenos Aires, las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad en los transportes públicos que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están cumplidas en algún grado mayor que aquellos que circulan por la zona del Conurbano bonaerense. Otro aspecto a resaltar es el del estado prácticamente intransitable de las calles que componen el Área Metropolitana de Buenos Aires. Acá nuevamente hay que diferenciar lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del sector del Conurbano Bonaerense. En la Ciudad de Buenos Aires el nivel de intransitabilidad o de inaccesibilidad es un poco más reducido que en el área del Conurbano, donde los niveles de desarrollo local son más bajos dependiendo del municipio. En los municipios donde el índice de pobreza es alto o muy alto, el desarrollo local será escaso o insuficiente, y por ende, el desarrollo urbano seguirá la misma tendencia. Por el contrario, en aquellos municipios en los cuales el índice de pobreza es  bajo y hay más posibilidades de lograr un desarrollo local de niveles aceptables, se podrá lograr un mayor grado de desarrollo urbano.

Merece un breve comentario la situación de los asentamientos (tanto del Conurbano como de CABA), que es donde menos desarrollo urbano existe, debido a las condiciones de extrema pobreza que hay en ellos. Esto último, por supuesto que tiene una estrecha ligazón con el tema de la accesibilidad (o de la no accesibilidad) de las personas con discapacidad a los espacios públicos. La pobreza, la discapacidad y la accesibilidad están directamente relacionadas dado que una de las mayores causas de discapacidad, es precisamente la pobreza; y a su vez, la discapacidad y la pobreza dificultan aún más las condiciones mínimas de accesibilidad con que debe contar el espacio urbano para ser más amigable.

Los casos de Madrid y Barcelona son muy distintos, dado que con los años han ido adaptando sus infraestructuras, sus sistemas de transporte público, y principalmente sus espacios públicos y sus calles, de manera tal que las personas con discapacidad puedan disponer libremente de la utilización de los primeros, y también del goce y el disfrute de los últimos.

El desarrollo urbano de la ciudad de Madrid, comenzó a darse en la década del 60’ del siglo XX, cuando empezó a incrementarse el número de su población, comenzó a operarse su crecimiento demográfico y se empezó a vislumbrar el incremento de su actividad industrial.

Con respecto a Barcelona, si bien es una ciudad con una marcada tendencia modernista, sus orígenes se remontan a los tiempos del Imperio Romano. De hecho, en la actualidad podemos observar como conviven en la ciudad construcciones antiguas con otras de estilo arquitectónico más moderno.  

Si bien España es un país donde la Revolución Industrial llegó tardíamente, a partir del siglo XX se ha ido adaptando a los cambios, y puntualmente, tanto Madrid como Barcelona son ciudades que han ido tomando medidas y han puesto en práctica políticas tendientes a lograr una mayor accesibilidad cuyo objetivo es facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas con discapacidad.

Como dije anteriormente, las diferencias entre Europa y América Latina son muchísimas, y el tema de la accesibilidad y de la inclusión de las personas con discapacidad de ninguna manera es la excepción a la regla. En este sentido, y en base a lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en referencia a la accesibilidad y a la movilidad personal (que ya fuera expuesto anteriormente), cada Estado debe garantizar a las personas con discapacidad, las condiciones mínimas e indispensables para su correcto desenvolvimiento y autonomía en igualdad de condiciones con las demás.

No podemos perder de vista que el nivel de desarrollo urbano en cada una de estas regiones va a depender en mayor o en menor medida de factores demográficos, pero también (y sobre todo) de factores de índole socioeconómica y (por qué no) cultural.

Creo que para lograr un desarrollo urbano que contemple el elemento de la accesibilidad, es de vital importancia contar con profesionales y expertos que, además de estar formados en el campo de su experticia, sean fundamentalmente formados en la temática de la inclusión y, en particular, en lo referente a la accesibilidad en general.

Otro elemento importante a tener en cuenta, es que más allá de los casos particulares que se han tomado para realizar las comparaciones, en ambos continentes la situación de la redistribución del ingreso es diametralmente diferente. Lo único que más o menos los empareja es que tanto en uno como en otro lugar, la población de personas con discapacidad como sujeto económicamente activo, no mueve las agujas de las macroeconomías de cada país.

Para finalizar, voy a decir que el desarrollo urbano con accesibilidad es una deuda pendiente para el futuro que tienen todos los países del mundo, desde los desarrollados, pasando por los subdesarrollados (o en vías de desarrollo) e inclusive los no desarrollados. Es así como el de la inclusión aparece como un tema que debe ser tomado como prioritario en las agendas de los distintos líderes políticos de los Estados, dándole el tratamiento serio que la temática merece y empleando en esa misión a técnicos, políticos y cualquier otro personal idóneo para abordar integralmente un tema muy sensible y esencial de cara a la conformación de las sociedades del futuro, donde haya más solidaridad, más igualdad y equidad, y por sobre todo, que sean sociedades con mayores niveles de justicia social.

                                                                                                                                                                                                               

[1]Licenciado en Ciencia Política  y Gobierno (UNLa)

Gestión urbana desregulada, desarrollo urbano extractivo y la ciudad para la elite

29/04/2021

El caso de Costa Salguero y Punta Carrasco, CABA[1]

Por

Matias Galgano[2]

María Eva Cossi[3]

Mariana Castegnola[4]

El martes pasado (27/04/2021) el juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de CABA, Leonardo Fuchi, declaró inconstitucional la ley 6.289, aprobada en 2019 por la Legislatura, que habilitaba al gobierno de la Ciudad a desprenderse de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.

El fallo dio lugar a un amparo presentado por la diputada nacional Gabriela Cerruti y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. El mismo puntualiza en que  «corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 6.289 por ser contraria a los artículos N° 63, N° 89 incisos 4 y 6, y N° 90 de la Constitución de la Ciudad» que, a grandes rasgos, estipulan que todos las leyes que tocan temas referidos a terrenos que son de “dominio público” deben ser sancionadas bajo un proceso de “doble lectura” y audiencia pública que en este caso no se cumplió.[1]

Este proyecto fue aprobado en la legislatura porteña, en su primera lectura, en octubre del 2020 con 37 votos a favor y  23 en contra. En términos generales, el oficialismo de la ciudad voto positivamente y la oposición, en términos amplios, se opuso a la iniciativa.

El predio de Costa Salguero  y Punta Carrasco cuenta con 32 hectáreas ribereñas. El proyecto de Ley enfatiza en que esas tierras se “desafectan del dominio público”. Un nuevo proyecto de Ley para enajenar definitivamente las tierras y venderlas para la realización de un proyecto inmobiliario privado: “La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, tiene el objetivo de poder desarrollar un ‘distrito joven’ con edificios, locales y áreas parquizadas. Sin embargo, un gran porcentaje de quienes se anotaron para dar su opinión se opusieron argumentando que de realizarse se perderá un valioso espacio verde y una salida al río.” (Perfil 29/01/2021)

El abogado ambientalista Enrique Viale para Clarín (25/11/2020) destacó que es «Un negociado con tierras públicas en donde, por otra parte, se construirán viviendas de lujo. Es decir que los inmuebles se convierten en un bien de cambio, un commodity. ¿Quién compra a más de 6.000 dólares el metro cuadrado?». En definitiva  es un proyecto de valorización inmobiliaria de tierras públicas, transformado estas en un bien de cambio específico.

En enero de este año se llevó a delante la audiencia pública con una gran participación que superó las 7000 personas, de las cuales 2057 fueron oradores. La gran mayoría, 2002 oradores, se pronunciaron en contra. Se destacó que el proyecto viola la Constitución de la Ciudad en términos de utilización de las riberas y espacios verdes. Un actor importante que se opuso, con otro argumento, es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) quien puntualizó que el proyecto, al realizarse en las cercanías del aeropuerto Jorge Newbery, «Atenta contra la seguridad aeroportuaria». (Perfil 29/01/2021)

La importancia de la iniciativa, según los argumentos del oficialismo, refiere “recuperar la relación entre la Ciudad y el Río de la Plata, como establece el Plan Urbano Ambiental(…) y dar otro paso importante en la transformación de la Ciudad, revitalizar al Río de la Plata como elemento urbano fundamental y recuperar la relación entre el río y la Ciudad como establece el Plano Urbano Ambiental;(…)es un proyecto que viene a sanar errores de la historia de nuestra ciudad que llevaron a tener una Buenos Aires de espaldas al río» (Página 12 09/10/2020) 

Justamente es todo lo contrario lo que está detrás de estas palabras, pues se esconde un proceso de privatización de uno de los pocos lugares con salida al rio que estaría quedando en la ciudad. Los ambientalistas y legisladores de la oposición plantean que no se estaría cumpliendo el  marco normativo   de la Constitución de la Ciudad  Art. 8,   como así también lo que indica el  Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, (ley marco a la que debe ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas), donde se establece en su art. 9, inc. C ítem4 que se deben destinar para uso público los predios de dominio estatal que afecten a las riberas.

El caso de Costa Salguero y Punta Carrasco es testigo de una dinámica urbana general pero que en CABA, por las particularidades ideológicas y políticas del gobierno porteño, se ven acentuadas: la gestión urbana desregulada, un desarrollo urbano extractivo y una política urbana para la elite.

En primera instancia, desde mediados de la década de los 70 la gestión pública de la cuestión urbana sufrió transformaciones profundas. La idea de la planificación racionalista de la política urbana, donde se acentuaban los controles en el diseño urbano de la ciudad, se fue desdibujando al compás de un proceso más amplio que se relaciona, entre otras cosas, con el fenómeno de globalización y financiarización económica. El avance del sector privado inmobiliario en el desarrollo urbano vio, de esta forma, un territorio fértil para la inversión con pocas o nulas regulaciones estatales. (De Mattos, 2008)

De esta forma, todos los postulados que enfatizaban sobre la necesidad de la gestión  urbana basada en grandes lineamientos nacionales que marcaban el camino de la planificación en una lógica de política pública racionalista se vieron modificados y ganaron espacio en la disputa las miradas más incrementalistas que basaban su gestión en políticas más desreguladas de la cuestión urbana, dejando espacio al sector privado en detrimento de la intervención pública. De esta manera, el proyecto de Costa Salguero y Punta Carrasco es un caso más de liberalización de la política urbana en perjuicio de la gestión y la intervención pública.

En segunda instancia, y como parte del mismo proceso, el caso de Costa Salguero y Punta Carrasco tiene una relación directa con las iniciativas de desarrollo urbano expansivo y extractivo. 

En términos teóricos, la iniciativa se puede considerar -tomando autores de la geografía crítica como David Harvey (2007)- como un proceso de acumulación por desposesión de bienes comunes. También se ha catalogado este tipo de iniciativas como parte del proceso que se dio en llamar “extractivismo urbano” (Svampa y Viale, 2014; Vásquez Duplat, 2017; Arqueros Mejica, 2017; Reese, 2017).

Según estos autores, la lógica del capital en los procesos de producción de la ciudad es la misma que en los procesos de acumulación en territorios rurales. Espacios públicos, considerados como bienes comunes, son valorizados en el marco de la acumulación capitalista y son desposeídos de los originarios propietarios incorporándolos a la acumulación de capital. Todo esto bajo una forma de actuar profundamente violenta y avasalladora.  

En el espacio rural es más claro. Miles de familias campesinas y pueblos originarios fueron expulsados de sus territorios quedando sus tierras en manos de grandes emporios, generalmente sojeros, que terminan incorporando a la lógica del capital territorios que eran originariamente utilizados para otros propósitos.

En el espacio urbano, aunque no tan evidente, el proceso es el mismo. Territorios que originariamente son parte de los bienes comunes o públicos comienzan a privatizarse e incorporarse a la lógica de valorización financiera e inmobiliaria, en un proceso de acumulación por desposesión.

El caso de Costa Salguero y Punta Carrasco, desde nuestro punto de vista, no es más que una expresión de un proceso de desarrollo urbano expansivo y extractivo. Donde un predio de acceso público a la ribera porteña se intenta privatizar para incorporarlo a la lógica de la especulación inmobiliaria, sin siquiera solucionar el grave problema de déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires.

Según Castells (2008), los medios de producción privados van formando polaridades y fragmentaciones. Acompañados de una política de desarrollo urbano especulativa, en búsqueda de ganancias acumulativas con el incremento del valor de uso de suelo a través de iniciativas urbanas complejas.

Y, finalmente, el producto del proceso de desregulación de la política urbana y del desarrollo urbano expansivo y extractivo tiene como corolario, en CABA, una ciudad para la elite. El proyecto tratado planea construir un complejo habitacional, dónde algunos especialistas postulan que el metro cuadrado valdría entre 10000 y 15000 dólares. (El Cronista 27/04/2021)

En definitiva, el proyecto político es construir una ciudad para goce de un sector minoritario, pero muy intenso, que determina en gran parte el imaginario común del ciudadano medio porteño. Sin dejar de ver que estos grandes proyectos urbanos  para las elites (Cuenya, 2011) producen, necesariamente, modificaciones en el desarrollo urbano local estructurando transformaciones no sólo en la fisonomía urbana sino también en el entramado de centralidades que terminan decayendo en un desarrollo geográfico desigual. (Harvey, 2007)

Como conclusión de la nota nos gustaría dejar algunas preguntas que sirvan de disparadores para el debate:

  • ¿Es necesario un proyecto inmobiliario que valorice un espacio que hoy es propiedad de todos los porteños solo para construir un barrio de lujo de espaldas al rio?
  • Y en todo caso, de ser utilizadas esas tierras para proyectos inmobiliarios ¿No deberían utilizarse para aminorar el déficit habitacional de la ciudad y no para que sirva al proceso de acumulación en base a la especulación inmobiliaria de ciertos actores económicos de la Ciudad?
  • ¿Cuáles son los sectores que se apropian de esta revalorización de la zona?
  • ¿El Río para quienes?
  • ¿Espacios abiertos, vistas al horizonte para quienes?
  • ¿Espacios integrados a la ciudad con aire y espacios verde para quienes?

 

[1]Este artículo se construyó de manera colectiva como producto de una compilación de trabajos individuales que tuvimos que presentar en el marco del seminario
“Gestión Ambiental Urbana y Territorial”, a cargo de Fernando Fimognare,  de la Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano (UNDAV – UNQ) que estamos cursando.

[2]Licenciado en Ciencia Política  y Gobierno (UNLa)

[3] Profesora en Antropología (UBA)

[4] Lic. en Gestión Ambiental Urbana (UNLa)

[5] Es para destacar que se dio lugar al recurso de amparo por una cuestión
específica de técnica legislativa y no sobre el fondo de la cuestión que es, en
definitiva, la privatización de un espacio público con acceso al rio.

 Referencias.

Notas periodísticas

Referencias bibliogáficas.

  • CASTELLS, M. (2008) “La cuestión urbana.” México, Siglo XXI, 2008, 
  • CUENYA, B. (2011); “Grandes Proyectos Urbanos”, en carajillo de la ciudad, Nº10
  • DE MATTOS, C. (2008); “Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano” en Lo urbano y su complejidad: una lectura desde América Latina; FLACSO.
  • HARVEY, D. (2007) “El nuevo imperialismo.” Madrid, Akal, 2007, Cap. IV, La acumulación por desposesión
  • HARVEY, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.
  • REESE, E. (2017) “Extractivismo urbano en la Región Metropolitana de Buenos Aires: resistencia a los atropellos del mercado de suelo a la luz de la ley 14.449 de acceso justo al hábitat” en VÁZQUEZ DUPLAT A. (comp.). (2017) “Extractivismo urbano. Debates para una construcción colectiva de las ciudades”, Fundación Rosa Luxemburgo, Centro de Estudios y Acción por la Igualdad. ElColectivo, Buenos Aires, 2017.
  • SVAMPA, M. y VIALE, E. (2014) “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo” Buenos Aires: Katz Editores. Primera edición: agosto de 2014, 425 pp. ISBN 978-987-1566-92-1. 
  • VÁZQUEZ DUPLAT A. (comp.). (2017) “Extractivismo urbano. Debates para una construcción colectiva de las ciudades”, Fundación Rosa Luxemburgo, Centro de Estudios y Acción por la Igualdad. ElColectivo, Buenos Aires, 2017.

Sobre el poblamiento del territorio II

21/08/2020

En el artículo precedente planteamos la necesidad imperiosa de repoblar nuestro territorio por una cuestión geoestratégica y porque resulta imperativo mejorar la calidad de vida de una parte considerable de nuestra población que no accede a condiciones dignas de vida.

Planteamos también en caso que fuera necesario, un esquema simplificado de adquisición de tierras, tomamos valores de referencia y sugerimos mecanismos de financiamiento para proyectos de estas características.

Entre otras aclaraciones dimos a entender que no se trata de un plan compulsivo en que el estado obligue a nadie a trasladarse o radicarse en algún lugar que no es el que desea, sino que se trata de crear condiciones dignas de vida en que diferentes actores sociales desde el migrante del interior que termina en un barrio precario de la periferia de una gran ciudad, hasta un profesional medio puedan acceder a una vivienda digna en un nuevo lugar con acceso a todas las necesidades y servicios básicos.

Entendemos que todas los habitantes de la Nación deberían acceder como mínimo a los siguientes bienes y servicios básicos para tener una vida digna: Alimentación saludable, energía, vivienda, agua potable, conocimiento, tecnologia, un ambiente sano, esparcimiento y la posibilidad de realizar actividades económicas que le permitan sustentarse y sustentar a su núcleo familiar.

Nuestra historia demuestra que la mayoría de los pueblos y ciudades nacieron al abrigo de una actividad económica principal que traccionaba a otras actividades secundarias y que cuando la actividad principal se agota o muere, los pueblos y ciudades lo hacen con ella.

El problema radicaba en que esas actividades económicas principales en general eran extractivas o extensivas en explotación de algún recurso natural y cuya explotación estaba a cargo de algún bendecido por el poder de turno sea un empresario nacional o extranjero.

Son ejemplos de esto las líneas ferroviarias cuya finalidad era la extracción de materias primas de origen agrícola para enviar a gran bretaña, pero también la minería en general o bien las actuales explotaciones sojeras.

La gran pregunta que nos hacemos es si es posible crear pequeñas comunidades que inicialmente tengan entre 1500 y 2000 habitantes capaces de no depender peligrosamente de una única actividad económica extractiva o externa al desenvolvimiento natural de la comunidad a crearse.

Claramente en este tipo de proyectos cabe al estado un rol fundamental en la planificación en sentido amplio, no solo de la obtención y loteo de tierras, también en el financiamiento de la construcción de viviendas, la provisión de herramientas y equipos con financiamiento, en el asesoramiento a los posibles futuros colonos, en la coordinación de las profesiones y actividades a realizarse, es decir en todos aquellos aspectos que hacen a la constitución de una comunidad.


La concepción es sencilla, un pueblo de 400 familias no puede ser sustentable con 100 herreros, 100 mecánicos y 200 peluqueros.

Se trata de construir un entramado social que pueda brindar a la propia comunidad todo aquello que puede necesitar al mismo tiempo que resulta medioambientalmente sustentable.

Para ello es necesario planificar seria y consistentemente, en función del lugar en que se piensa localizar el naciente poblado el entramado económico a constituirse garantizando en principio la sostenibilidad temporal de la unidad comunitaria a desarrollar.

La finalidad claro esta, es ofrecer otras lógicas de ordenamiento social diferentes a las que imperan en las grandes ciudades y sus periferias.

A partir de la respuesta esquemática de las siguientes preguntas (*) que abordaremos en este y en los subsiguientes artículos es posible trazar ejes de acción para ensamblar líneas de desarrollo conceptual y practico para la puesta en práctica de proyectos de estas características.

Existen tres requerimientos fundamentales para garantizar la factibilidad de este tipo de proyectos.

1.- Se necesita la disponibilidad de agua potable o potabilizable a bajo costo en cantidad y calidad de la que se deberá tener un manejo responsable.

2.- Se necesitan extensiones de tierras disponibles o de fácil adquisición en superficies de 200 hectareas como minimo en adelante.

3.- Se necesita la voluntad política del distrito principalmente municipios para que se pueda realizar este tipo de emprendimientos tomando todas las medidas a nivel gubernamental en los poderes que correspondan (ejecutivo, legislativo y/o judicial) para facilitar la adquisición, rezonificación, loteo, e inicio de actividades necesarias.


Retomando la idea de realizar las preguntas antes mencionadas (*) ensayaremos algunas respuestas que permitan abrir caminos de análisis.

1.- ¿Qué rol le cabe al estado en este sentido de generador de empleo?.

2.- ¿De que forma es posible garantizar empleo en la comunidad para que esta pueda sostenerse en el tiempo?,

3.- ¿Es posible producir en el marco de esta nueva comunidad los alimentos necesario para abastecer sobradamente a la misma?.

4.- ¿Es posible producir la energía necesaria para abastecer sobradamente las necesidades de la comunidad?

5.- ¿Es posible garantizar un flujo de dinero en la comunidad que pueda permitir las operaciones económicas necesarias de todos los intercambios de bienes y servicios?.

6.- ¿Es posible garantizar educación y acceso al conocimiento mediante diferentes formas en esta comunidad?.

7.- ¿Es posible garantizar a los miembros de la comunidad el acceso a la tecnología necesaria?.

Comenzaremos ensayando algunas respuestas disparadoras posiblemente de otras preguntas no necesariamente en el orden expuesto pues entendemos que va liberando dudas o por lo menos inicia el despeje de las mismas.

Estamos acostumbrados a pensar bajo las siguientes premisas o creencias. El estado interviene en las grandes urbes garantizando el empleo necesario para que las actividades privadas puedan desarrollarse y garantizando un mínimo de provisión de servicios de orden publico que son competencia del estado y cuya magnitud esta siempre en discusión. En el interior en cambio, fuera de la zona nucleo, mayoritariamente los pueblos y comunidades pequeñas no son sustentables económicamente por falta de explotaciones económicas privadas lo suficientemente atrayentes y rentables y cabe al estado generar la cantidad de empleo público necesario para que estos pueblos sobrevivan.

Cuando hablamos de actividades económicas para el ámbito privado lo suficientemente atrayentes y rentables nos referimos a actividades que puedan desenvolverse con ciertas lógicas del liberalismo económico que no necesariamente son las lógicas con las que se rige la mayoría del pueblo Argentino.

¿Qué queremos decir con esto?, la lógica liberal imperante es la búsqueda de la maximización de la ganancia en un marco de crecimiento económico que pueda garantizar rentabilidades crecientes a los dueños de los factores de la producción principalmente capital y recursos naturales. Pero acaso, ¿un pintor, un gasista, un cartonero, un kioskero, un peluquero, un obrero de la construcción, un obrero metalúrgico o un docente se rigen bajo esas lógicas?.

Claramente no, la maximización de la ganancia en un contexto de crecimiento económico que resulta legitima como aspiración sectorial, no es la lógica por la que se rigen los actores mencionados, en todo caso persiguen una mejora del poder adquisitivo de su salario para acceder a bienes y servicios que hagan mas confortable sus vidas.

Existen actores como ser empresarios, comerciantes, financistas (claramente minoritarios en la sociedad) etc que se rigen por la búsqueda de la maximización de la ganancia, pero existen otros actores mayoritarios que se rigen por la lógica alternativa mencionada.

Claramente creemos que en la segunda lógica se encuentra la sustentabilidad medioambiental, laboral y de construcción de comunidad y basado en esta lógica es que resulta sostenible el desarrollo de nuevas comunidades como las que pretendemos pensar en estos artículos.

Hecha esta aclaración, entendemos que el estado tiene un rol fundamental en la creación de empleo pero por fuera de las formas tradicionales en que entendemos al estado como empleador. Es decir, aceptamos en general con mayor o menor tolerancia la idea de un “estado bobo” que no controla, que no ejerce sus facultades y que en épocas de crisis y de gobiernos populares crea empleo contratando ejércitos de barrenderos, de pintores de cordones o de podadores de árboles.

Pero hasta ahí llega su función, a crear empleo básico, que no agrega valor, que brinda servicios deficientes a la comunidad y que no enseña y no forma mediante el trabajo. Su rol se limita a garantizar un emplea a cambio de una actividad improductiva hasta que se relance el ciclo de crecimiento que alguna crisis cíclica foránea o local, autoinfligida o casual interrumpió.

¿Es que eso es todo lo que puede hacer el estado?; ¿es que eso es todo lo que debe hacer el estado?; ¿acaso con las nuevas generaciones de profesionales universitarios que egresan de a miles anualmente de las nuevas Universidades del Conurbano, especializados en ciencia política, gestión de gobierno, medio ambiente y urbanismo, educación, logística, producción de alimento etc, es todo lo que podemos esperar?; Acaso ¿no saben los gobiernos locales que en esos profesionales que egresan año a año tienen la profesionalización de sus funciones así como la mejora en la productividad y la calidad de los servicios que les brinda a los vecinos?.

Por desarrollar solo un caso a modo de ejemplo, un estado municipal que consigue cuatro camiones con 20 trabajadores, dos vehículos de menor porte para los supervisores y herramental de poda (motosierras, escaleras, serruchos, hachas, etc), carga los camiones con los restos de poda y los manda a un relleno sanitario, ¿es todo lo que se puede hacer?, ¿no hay chance de hacer algo mas?.

Por ejemplo esos trabajadores municipales ¿no podrían ser formados para diferenciar las especies implantadas?, ¿reconocer las especies nativas, tener noción de la peligrosidad por cercanía a infraestructura de energía y comunicaciones?, ¿hacer un relevamiento territorial por especie?; ¿estar capacitado para hacer correctamente y en temporada poda y/o raleo? no podrían procesar la poda realizada separando hojas y aserrin, de ramas finas, de leña bruta. Esos subproductos, no tienen otros posibles destinos que el relleno sanitario, las hojas y aserrín con destino a alguna planta de compostaje, la leña para comercialización o abastecimiento de algún edificio publico en condiciones de usarlo, etc.

Deberiamos desterrar esta lógica de generar y mantener un estado bobo que en el mejor de los casos genera empleo y basura; Resulta factible en cambio, tener un estado con labores de cercanía, que genera beneficios y convierte potenciales residuos en recursos utilizables. ¿Todos los residuos de poda de un distrito como Avellaneda y/o Lomas de Zamora y/o Lanus por ejemplo, a cuantas toneladas de leña blanda equivalen?

Esta lógica de aprovechar recursos y generar la menor cantidad de desperdicios posibles ya sea en el ámbito privado tanto como en el publico es la que debe imperar en las nuevas comunidades a formar.

El trabajo dignifica, pero el trabajo incorporando conocimientos y haciendo cosa útiles al conjunto dignifica más.

En los artículos subsiguientes seguiremos ensayando posibles respuestas para las preguntas que dejamos planteadas en el presente.

Facundo Frattini

Sobre el poblamiento del territorio 

04/08/2020

La pandemia y el post macrismo dejo al descubierto un conjunto de problemas estructurales de nuestro país que por más que queramos, ya no estaría resultando fácil ignorar.

Pobreza estructural, indigencia estructural, falta de acceso a servicios básicos, elevados niveles de hacinamiento, etc.

Todo esto en un país con el octavo territorio en extensión mas grande del mundo, y salvo alguna excepción con todos los suelos y todos los climas que se pueden pedir; un pbi per capita de U$S 11.618 a 2018 según la CEPAL; una capacidad actual para producir alimentos para mas de 10 veces su población; con la mayoria de los recursos naturales necesario para todas las industrias basicas y con millones y millones de hectáreas de territorio vacías, muchas con dueño que se las apropiaron en formas non sancta o las pagaron monedas, pero improductivas.

Grandes porciones de nuestra población económicamente activa desocupadas, otras trabajando en la informalidad y muchos rebuscándoselas en actividades marginales y de baja productividad que no obstante, demuestran, los elevados niveles de dignidad que posee la mayoría de nuestro Pueblo.

Desde las elecciones del año pasado tomo fuerza un debate que por antiguo no necesariamente esta caduco, sino mas bien, con el correr del tiempo, cada vez, toma mas vigencia. Se retomaron viejas discusiones mediante diferentes propuestas provenientes de diferentes sectores sociales y sus correspondientes referentes con ideas referidas a repensar y planificar la distribución espacial de la población en nuestro territorio y las actividades económicas asociadas que se podrían realizar.

Juan Grabois referente del MTE y el plan general San Martin cuya finalidad seria urbanizar los mas de 4400 barrios populares de nuestro país y poner a la venta medio millon o un millón de lotes con servicios.

Enrique Martinez, ex presidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular con un plan para poner a la venta un millon de lotes e iniciar un plan masivo de forestación y uno de producción y distribución de equipamiento de energías renovables, además de generar nuevos mecanismos de comercialización de alimentos para abaratar sus costos.

También Leandro Santoro dirigente de los Irrompibles provenientes del radicalismo Enunciando la idea de fundar 100 nuevas ciudades y crear en estas 10.000 nuevas PYMES.

Lo cierto es que mas allá del interlocutor que se elija, el tema esta flotando en el aire y salvo que una catastrofe político económica o social de magnitud ocurra, el tema estará presente en la agenda de los próximos años.

¿Pero es posible considerar estas ideas?; ¿Qué cantidad de recursos demandan?; ¿es posible crear nuevas comunidades, pueblos o ciudades?, ¿existen otras lógicas para construir comunidad por fuera de los actuales modos de consumir y descartar de esta etapa de capitalismo neoliberal mundial?; ¿las únicas formas de alcanzar sostenibilidad ocupacional es montarse en los trenes de la obsolescencia programada y/o percibida?.

Una hectárea en las zonas mas productivas de la zona núcleo sale unos U$S15.000, en zonas menos productivas el valor se encuentra por debajo del umbral de los U$S10.000 y si buscamos en el interior a una distancia prudente de las ciudades medianas y los núcleos urbanos no necesariamente de los mas densos, tierras poco aptas para producir pero muy aptas para habitar, seguramente encontremos tierras bastante mas económicas.

Si del perimetro de una hectárea dejamos un borde de 10 mts alrededor para calles, parquizado y veredas nos queda un área de 80 mts x 80 mts, es decir 6400 mts2, en donde tranquilamente podríamos fraccionar lotes de 10 mts x 40 mts y 20 mts x 20 mts obteniendo 16 lotes por cada ha.

Si tomamos como referencia un valor de la ha de U$S8.000i y lo dividimos por 16 lotes nos da que cada uno tendría un valor U$S500 y considerando un dólar promedio de $70, cada lote vale $35.000.

Si pensamos en mecanismos de financiación, por ejemplo que esos lotes se vendan a pagar en 5 años, tendríamos cuotas mensuales de $583.

Como cuota es excesivamente baja y podríamos incluirle un monto para infraestructura de servicios, una actualización por inflación y una tasa de interés cuyo fin sea la constitución de un fondo que de sustentabilidad al programa.

Debe considerarse que el estado tiene superficies considerables de tierras propias pero en caso de que no todas resulten apropiadas y hubiera que comprarlas, para realizar 500.000 lotes por considerar una referencia, se necesitarían 31.250 has. Podríamos ampliar el número a 35.000 dejando espacios disponibles para construcción de servicios, infraestructura y ampliaciones de los tejidos urbanos.

A U$S 8.000 promedio, la inversión total seria de U$S 250.000.000 que claro esta, el estado no tiene porque pagarlas en dolares, por ende a un tipo de cambio de $70 por dólar nos da $17.500.000.000 (diecisiete mil quinientos millones de pesos).

El presupuesto nacional de la Republica Argentina para 2019 fue de $4.172.312.239.441 (4,172 billones de pesos (4,17 millones de millones de pesos)).

La inversión total para el medio millón de lotes seria de 0,4194% del presupuesto total 2019 y si consideramos que cada lote podría ser adquirido por una familia tipo (cuatro integrantes), seria el principio de solución habitacional para 2 millones de Argentinos.

En este punto se vuelve necesario realizar algunas aclaraciones de suprema importancia.

1.- Argentina tiene 2,78 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, lo que nos da 278 millones de hectáreas de superficie.

2.- Hay grandes propietarios que tienen decenas de miles y hasta centenas de miles de has, de hecho un caso emblemático pero por desgracia no el único es el del empresario extranjero beneton que posee 900.000 hectáreas en la Patagonia que pago monedas.

3.- Si por una cuestión estratégica y de interés nacional (poblar el territorio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes lo es) se necesitan 1000 o 2000 o 3000 de esas hectáreas, se deberian expropiar pagando lo que corresponde.

4.- Este tipo de proyectos no implica bajo ninguna circunstancia pensar que el estado tiene que forzar el traslado de poblaciones urbana a ningún lugar, simplemente se trata de que aquellos que quieran iniciar una vida diferente a la que desarrollan en los grandes centros urbanos puedan hacerlo sin que un especulador inmobiliario se quede con sus ahorros de toda la vida. Se trata de que aquellos que migran desde lugares remotos, aislados y pobres de nuestro país buscando una vida mejor puedan encontrarla. Se trata nada mas ni nada menos que de ofrecer oportunidades.

5.- Los valores de la propiedad tanto como la renta esperada por la misma en las grandes ciudades alcanzaron niveles orgiásticos en los últimos 20 años. Propiedades que valían U$S 35.000 (treinta y cinco mil dolares) en 2005, pasaron a valer U$S 100.000 (cien mil dolares) ocho años después. Un lote de las dimensiones de los descriptos, 8,66mts x 40mts en Remedios de Escalada este, zona inundable vale U$S 80.000 (ochenta mil dolares). Alquileres comerciales de locales pequeños en la zona céntrica de Lanus, sobre avenida 9 de Julio superan los $50.000 (cincuenta mil pesos) mensuales.

6.- Debe considerarse también que en el periodo jul-2016 a dic-2019 por ejemplo el salario de una maestra de grado (para un cargo) sin antigüedad medido en dólares cayo de U$S 651,56 a U$S 366,06 perdiendo un 43,82% de su poder adquisitivo en dólares. Al mes de junio del 2020 se encuentra en U$S 429,01ii.

Si consideramos por caso las jubilaciones mínimas en el mismo periodo eran de U$S 317,37 en julio del 2016 y de U$S 223,44 en diciembre del 2019 perdiendo en este caso un 29,59% en dólaresiii.

Resulta claro que en los últimos 20 años al tiempo que los precios de las propiedades en dólares se multiplicaron por 2, 3, 4 o mas, los ingresos de los diferentes sectores de la población se dividieron.

Una maestra de grado, alguien con formación por encima del promedio, pues tiene un terciario completo con un salario de U$S 429 mensuales por un cargo (el actual), necesitaría entregar su salario completo durante mas de 19 años enteros para adquirir una propiedad de U$S100.000. ¿Podemos pensar que resulta razonable?; ¿Podemos aceptar que todos los Argentinos y Argentinas de mas de 25 años incluyendo la mayoría de los profesionales deben resignarse a que no tendrán una vivienda propia y deberán alquilar de por vida?.

Hoy día en las grandes ciudades del conurbano sur como Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, un alquiler no baja de los $12.000 para una vivienda familiar sin lujos y mas o menos bien ubicada. A un tipo de cambio de $70 por dólar nos da un alquiler de U$S 171 dolares mensuales. En 20 años son poco mas de U$S 41.000 solo ahorrándolo, sin invertirlo que a una tasa del 12% anual se mas que duplica en 20 años, y sin claro esta, considerar el calculo como interés compuesto.

¿Es posible pensar en otro destino posible?; ¿es posible a partir de los proyectos mencionados al principio del presente imaginar diferentes caminos posibles?; ¿es posible que quienes lo deseen puedan imaginar un futuro diverso alejados de lo que hace a las grandes ciudades lugares cada vez mas inhabitables?.

Hay un sentido común construido a martillazos mediáticos que indica que los Argentinos y Argentinas migran desde los pequeños poblados del interior a las periferias de las grandes ciudades buscando mejores condiciones de vida. Y se supone que las grandes ciudades brindan esas mejores condiciones de vida. Estas mejores condiciones de vida se deben a tener acceso a salud, educación, servicios (agua potable, energía eléctrica, gas, cloacas, etc), viviendas habitables, trabajo, etc, pero en la realidad alejada de lo discursivo, las ciudades tienen cada vez mas gente y menos recursos, resultan insustentables en términos medioambientales y no garantizan el acceso a un trabajo digno, a una vivienda digna, a salud y educación dignas así como tampoco a servicios básicos.

De hecho es por ello que tenemos en el país 4400 barrios populares en los que viven 4,5 millones de personas en muy malas condiciones, en las periferias de las grandes urbes y sin acceso a ninguna de las promesas idílicas de las ciudades y el neoliberalismo imperante.

Resulta imperativo ensayar otros caminos y en los artículos subsiguientes iremos desarrollando ideas que entendemos pueden ser disparadores interesantes para aportar a pensar la cuestión.

i Entendemos que estamos tomando un valor de referencia elevado para tierras de las caracteristicas necesarias, no obstante la existencia de tierras mas economicas reforzaria la viabilidad del proyecto.

ii Se considero el salario indicado en las grillas para el mes de jul-16 de $9.975,46 y un tipo de cambio de 15,31$/U$S (tipo de cambio promedio entre el primer y ultimo día del mes cotización BCRA), y, para dic-19 también salario de grilla $23.046,87 y tipo de cambio 62,96$/U$S (tipo de cambio promedio entre el primer y ultimo día del mes cotización BCRA).

iii Se considero el salario indicado en las grillas para el mes de jul-16 de $4.858,97 y un tipo de cambio de 15,31$/U$S (tipo de cambio promedio entre el primer y ultimo día del mes cotización BCRA), y, para dic-19 también salario de grilla $14.067,93 y tipo de cambio 62,96$/U$S (tipo de cambio promedio entre el primer y ultimo día del mes cotización BCRA).

Facundo Frattini