ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMUNAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 

20/08/2021

Por Anaclara Canevari¹

 

LA RECONFIGURACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL: NUEVAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Desde el año 1996, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se organizó en quince comunas. Esta organización se produjo en el marco de un proceso de descentralización, el cual comenzó a discutirse a partir del establecimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, establecido en la Reforma Constitucional de 1994. Esta iniciativa, a su vez, se inscribió dentro de una tendencia mundial en la que varias metrópolis han utilizado similares criterios de departamentalización tales como Barcelona, Nueva York, San Pablo, Montevideo, entre otras. 

Este proceso de descentralización de la gestión pública implicó no sólo una descentralización administrativa y operativa, sino que refiere, en esencia, a la expansión y la institucionalización de la participación ciudadana. El principio de participación ciudadana está íntimamente ligada a un modelo de gestión pública participativa, en la cual los ciudadanos tienen la posibilidad de participar en debates y acciones de incidencia en cuestiones de desarrollo social, cultural y económico de cada comuna, posibilitando la agencia y el tratamiento de diversas demandas sociales. 

En este sentido, la reconfiguración de la sociedad civil argentina constituye un aspecto complementario de este proceso. Los años 90 representaron un período caracterizado por la continuación de la recuperación democrática (que ya venía consolidándose desde la presidencia de Raúl Alfonsín), y la intensificación de la globalización. Ambas condiciones estimularon la aparición de dos nuevos ejes: la diversificación y la consolidación organizativa de la sociedad civil. Si bien la expansión de la sociedad no sólo se explica por la agudización de la crisis socioeconómica, en este artículo hago énfasis en la emergencia de nuevas demandas de base sociocultural y su consiguiente incorporación en la agenda pública. Entrados los años 2000, las problemáticas que convocaban a la movilización ya no se restringían únicamente a las discusiones sobre las condiciones de vida (desempleo, pobreza, inseguridad), sino que se habían incorporado de cuestiones referentes a los derechos ciudadanos. Desde la sociedad civil organizada, se reclamaba la intervención estatal sobre nuevas cuestiones, tales como los derechos humanos, problemas ambientales, mejoramiento de las condiciones de vida en contexto urbano, discriminación por motivos de género, violencia social, entre otras. La “cuestión social” se vio ampliada y dejó de centrarse exclusivamente en la dimensión económica/laboral. 

A la vez que se pluralizaron las demandas, se ampliaron las modalidades en las que se organizó la sociedad para darle tratamiento a esas problemáticas. A esto refieren Rofman y Foglia (2015) cuando advierten que la diversificación se manifiesta en la aparición de múltiples mecanismos institucionales que organizan la participación en las políticas públicas. La intervención de la ciudadanía en las cuestiones que le interesan se viabiliza mediante una gama de instrumentos diferentes tales como la organización en consejos, foros, mesas de gestión, asambleas; y otras formas de democracia directa. De esta manera, el fortalecimiento de la sociedad civil se convierte en un propósito en sí mismo, y se manifiesta a partir de los diferentes niveles de participación ciudadana. 

    Para las autoras, esta concepción de la participación ciudadana no se restringe únicamente al vasto campo de participación comunitaria, como tampoco se limita a los procesos electorales del sistema político. Más bien, el adjetivo “ciudadana” evidencia que las decisiones y acciones públicas no son monopolio de la acción estatal ni del entramado comunitario, sino que se desenvuelven dentro del espacio de lo público no estatal. Chica Velez (2008) afirma que si bien el Estado es uno de los tantos espacios de lo público, lo “público” no se limita a esta dimensión, ya que también incluye a otros espacios que también agencian demandas sociales, tales como la Sociedad Civil o el Mercado. De esta manera, lo público escapa de la representación social que lo comprende como “lo común”, “lo de todos”; y se constituye como un espacio múltiple y cambiante en el cual se disputan diversos asuntos públicos considerados relevantes para una sociedad determinada. En este sentido, “recuperar lo público” implica institucionalizar la participación ciudadana, es decir, volverla parte de la política pública local. 

LAS COMUNAS COMO ESPACIO PREDILECTO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En este marco de participación social se insertan las comunas que, según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (1996), son entendidas como unidades descentralizadas de gestión política y administrativa con patrimonio y personería jurídica propia. Las comunas, que generalmente nuclean entre dos o más barrios, tienen competencias exclusivas específicas, que incluyen, entre otras cuestiones, la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano y espacios verdes y la participación en el anteproyecto del presupuesto anual, su ejecución y consecuente administración. Sin embargo, su existencia tiene un propósito general que consiste en llevar adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo local, en tanto no afecte de forma negativa a la ciudad en su conjunto o a otras comunas.  

Las comunas están gobernadas por una Junta, conformada por siete miembros elegidos según las listas ganadoras en las elecciones presidenciales. Para regular su accionar, en el artículo 33 de la Ley de Comunas se establece la creación de un Consejo Consultivo, que opera como organismo consultivo y honorario de participación popular. El Consejo Consultivo Comunal está integrado por vecinos y representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito territorial de la Comuna, quienes no perciben remuneración por sus servicios. 

Este organismo es un espacio destinado a la deliberación vecinal, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de propuestas, definición de prioridades presupuestarias, entre otras. Algunas de sus funciones son: participar del presupuesto comunal y definir las prioridades presupuestarias; evaluar la gestión comunal y supervisar el cumplimiento de la prestación de servicios públicos, presentar propuestas ante la Junta Comunal sobre programas y políticas de interés comunitario; promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las demandas, reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos; promover la utilización de los mecanismos de participación ciudadana; generar espacios abiertos de discusión, foros y toda otra forma de participación directa para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, obras, programas y políticas públicas; entre otras. 

Como podemos observar, las comunas, motivadas por la descentralización de la gestión, son espacios predilectos para la participación ciudadana. De esta manera, diversas organizaciones sociales, partidos políticos y vecinos particulares integran el Consejo Consultivo Comunal y llevan adelante diferentes propuestas y canalización de demandas sociales que respectan a cada comuna específicamente. 

La organización de la CABA en comunas se inserta en el marco de una política de participación ciudadana, a partir de la cual se establece una articulación multiactoral y se fomenta la recuperación de espacios públicos no estatales. 

En síntesis, el desarrollo de una sociedad civil moderna y democrática fue resultado de un proceso sociohistórico particular, que comenzó en los años 90 con la crisis socioeconómica y el fortalecimiento democrático, y continuó con la expansión de espacios y mecanismos participativos que permitieron a la Sociedad Civil agenciar nuevas demandas de base sociocultural. De esta manera, el fortalecimiento de la sociedad podría analizarse desde dos grandes ejes: la diversificación y la institucionalización de la participación ciudadana. En este sentido, las comunas porteñas constituyen el espacio predilecto para la participación ciudadana, ya que parten de una idea de una gestión descentralizada que promueve la articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

[1] Estudiante de Lic. en Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Matanza. 

[2] Políticas de participación ciudadana: refiere a iniciativas y espacios de articulación cuyo principal objeto es promover el incremento del protagonismo directo de la ciudadanía en las políticas públicas, en un horizonte de ampliación de la democracia, desplegándose por lo tanto en instrumentos de ampliación de la participación directa de la ciudadanía en decisiones estatales.

BIBLIOGRAFÍA

Constitución de la Ciudad De Buenos Aires. (1996)

Estadística GCBA. (2006). Capítulo 1. Las comunas. https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/anuario_2006/tomo1/01.pdf

Chica Velez, S. (2008). Gestión de las Organizaciones Públicas. Capítulo 1.

Ley 1.777. Ley Orgánica de Comunas. (2005)

Rofman, A., & Foglia, C. (2015, 15 julio). La participación ciudadana local en la historia argentina reciente (de los ´90 a la actualidad): Asistencia, movilización, institucionalización. Revista Estado y Políticas Públicas No 5.

A seis años del primer NI UNA MENOS: la construcción de la agenda política en género desde la organización social

03/06/2021

Por Jeanette Cabo[1]

María Lucia Sampayo[2]

El tres de junio de 2015 nos convocamos masivamente frente al Congreso de la Nación, tras darse a conocer reiterados femicidios. Fue la primera movilización de lo que se consolidó como Ni Una Menos, conformándose un colectivo que reúne a un conjunto de voluntades feministas, pero también es un lema y movimiento social. Desde entonces no quedaron dudas de la incorporación de los reclamos feministas en las agendas de gobierno y de las políticas públicas.

En la actualidad, la presión social y la previa movilización de recursos en la esfera de la organización de la contienda política se presentan como elementos indivisibles, que se consideran claves, entre otros, a la hora de conformar agenda. En este sentido, el tres de junio del 2015  significó una trasgresión en la acción colectiva a través de la presencia espontánea de 250 mil personas frente al Congreso, con marchas de gran convocatoria en diferentes ciudades y plazas del país. Junto con sus posteriores réplicas y otras manifestaciones en línea con los reclamos feministas, se interpeló a los sectores sociales, políticos y a los medios de comunicación que hasta entonces desoían la problemática, y presionaron al Estado en sus diferentes niveles de gobierno a responder con distintas acciones estatales.

Así, es destacable el rol (muchas veces desestimado) que tiene la sociedad a la hora de marcar agenda, lo que nos demuestra que como ciudadanxs se puede incidir en la conformación de políticas públicas y que las responsabilidades democráticas pueden ser más que asistir a votar cada dos años. 

El objetivo que nos convoca es repasar las políticas públicas producto de la agenda feminista, pero también resaltar que las acciones colectivas nutren el desarrollo de la vida democrática. Sobre ello, en este breve artículo retomamos la institucionalidad resultante del mencionado fenómeno en torno al género-en términos correlacionales-, ante una nueva conmemoración de la primera movilización más convocante y heterogénea en lo social, político y cultural en nuestro país por  violencia por motivos de género, y con claras réplicas a nivel regional e internacional. En esta línea, podemos adelantar que, como bien plantea el título, la cuestión subyacente es la idea de la sociedad imponiendo agenda al sector político y el gobierno, en sus tres poderes. 

Hacia una institucionalización de la agenda de género

A continuación, mencionamos algunas de las políticas públicas de relevancia que se impulsaron en los últimos años a partir de los reclamos de la agenda feminista:

  • La Ley Brisa (Ley Nacional N° 27.452) fue sancionada en el año 2018 y toma el nombre de la reparación económica realizada por el Estado a una niña de tres años que junto con sus hermanos quedaron a cargo de su abuelo tras el femicidio de su madre cometido por su padre. Con esta ley se garantizan ingresos económicos a través de una transferencia mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil, a lxs hijxs de las víctimas menores de 21 años.
  • La Ley Micaela fue promulgada en el año 2019. Se llamó así por conmemoración a Micaela García, militante feminista de 21 años, víctima de femicidio en el año 2017. Esta legislación establece la capacitación de género y violencia contra las mujeres, de manera obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en pos de revisar las prácticas que pueden llevar a la reproducción de la violencia institucional por razones de género. Está dirigida tanto para la alta función pública como para todxs lxs trabajadorxs que integren cualquiera de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en los ámbitos nacionales, provinciales y municipales.

Tras dos decretos presidenciales, el 721 y el 734, en septiembre del año 2020 se crearon las siguientes acciones de relevancia:

El Cupo Trans establece cupo laboral en el sector público no inferior al 1%  para personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para los puestos a cubrir, para ello se abrió un registro de anotación voluntaria de aspirantes a trabajar en el sector público nacional, además si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no tienen la educación secundaria completa, podrán ingresar a trabajar con la condición de cursar y finalizar el nivel educativo faltante.

El Programa Acompañar brinda apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencias por motivos de género a través de una transferencia económica de carácter temporal, además, realiza una vinculación con áreas de género de cercanía para la atención integral de las víctimas. 

La sanción de la Ley Nacional N° 27.610 establece el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), tras el resultado de los procesos legislativos correspondientes en diciembre de 2020, que fueron acompañados de grandes movilizaciones en el país.

Algunas políticas públicas, si bien ya pre-existían antes de la primera marcha del 3 de junio, han tomado más conocimiento y difusión, tal como la Línea 144 de atención, contención y asesoramiento a situaciones de violencia por razones de género y las políticas de desarrollo social destinadas a mujeres víctimas de violencia de género llamado originalmente “Programa Ellas Hacen”. Ambas políticas fueron puestas en marcha en el año 2013 en el gobierno de Cristina Férnandez de Kirchner, que con algunos cambios continúan en la actualidad. También hubo una paulatina incorporación de áreas de género en diferentes centros de atención ciudadana y de acceso a la justicia en varios puntos del país.

En la actualidad, el gabinete nacional cuenta con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, conformado mayormente por organizaciones de la sociedad civil con lógica de gestión participativa -rasgo novedoso en el marco de la Administración Pública Nacional-. 

A simple vista, parecería haberse consolidado un proceso paralelo con el Estado y la sociedad civil, donde se le fue dando entidad a la problemática, aunque a decir verdad, fue la sociedad la que imprimió ritmo y presión para el estado de situación actual, que se institucionaliza la problemática en torno al género, corporizado en tal organismo y, de ahí, la fuerte composición de origen social al interior del organismo. Así, lo identificable fue un proceso complejo, en lo absoluto lineal, de construcción de la agenda; un universo de situaciones demandantes de la atención pública y del gobierno. Ello se enmarca en una relación de carácter dinámico en constante transformación.

Sobre  esto último, vale recordar una premisa que destaca Aguilar[3], y es que no todas las cuestiones se vuelven públicas, ni todas las cuestiones públicas se tornan objeto de la atención gubernamental. La cuestión requirió de esfuerzos denodados de lucha reivindicativa por parte de los colectivos, y una decisión gubernamental de transformar realidades a partir de objetivos y acciones concretas mediante impulsos institucionales. Así, retomando lo acontecido, en línea con Casar y Maldonado, se observa una construcción de agenda pública, de agenda política y, finalmente, de agenda gubernamental[4]

El escenario nos ubica frente a un problema de orden público, que requirió de un repertorio de instrumentos de acciones estatales, en tanto prioridad de gobierno, para atender una situación de emergencia ante una sociedad que no vaciló (ni vacila) en salir a la calle, manifestarse y hacerse oír. 

“No habrá justicia social sin igualdad de género”

Uno de los lemas que se evidenciaron y evidencian en contexto de las movilizaciones del Ni Una Menos es el de “no habrá justicia social sin igualdad de género”, el cual interpela a la planificación e implementación de políticas públicas para el desarrollo nacional, invitando, justamente, a repensar la problemática de género en torno a la desigualdad. Sobre ello, resulta más que pertinente la noción de interseccionalidad[5]para analizar todas las brechas estructurales que pueden atravesar, proponiendo una integralidad en el accionar de gobierno con enfoque de género. En este sentido, resulta relevante mencionar los dos planes lanzados por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación: el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que desde el año pasado plantea una serie de objetivos, acciones y medidas integrales para abordar de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional una problemática estructural; por otro lado, encontramos el flamante Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad que atiende la problemática de brechas y desigualdades de las personas según su identidad de género, a partir de una lógica también integral y transversal para toda la Administración Pública Nacional, en articulación con otras jurisdicciones y actores e instituciones de la sociedad civil y el sector privado.

Entonces, si bien anteceden ciertas políticas públicas relevantes de género, las mismas fueron creadas por algunas voluntades políticas del momento, seis años después de la primera auto-convocatoria masiva, lo que podemos afirmar es que las políticas de género representan una realidad y un reclamo que hoy en día ninguna área pública puede ignorar. A su vez, encontramos respuestas estatales sobre los reclamos manifestados en la primera declaración del Ni Una Menos, no obstante, no se agota la demanda en torno a la problemática. 

Con riesgos de caer en simplismos y reduccionismos, al observar al Ni Una Menos como un fenómeno que le dio “viento de cola” a la lucha por la Interrupción Legal del embarazo, entre otros, en el sentido que puso luz en las demandas feministas que estaban invisibilizadas hasta el momento, arribamos a reflexiones varias (que no se obturan a la fecha), vinculables entre sí. Primero, la sociedad demandó un posicionamiento al sector político, teniendo que luchar contra muchos tabúes que impedían plantear abiertamente su postura (mayormente de raíz religiosa); en este sentido, no vislumbramos una clara “bajada de línea” partidaria, aunque sí encolumnamientos; por lo que se planteó como una cuestión que excedió los bloques partidarios. Ello es relacionable con la necesidad urgente de atender a situaciones de emergencia que no se podía continuar negando. 

Así, resulta fundamental remarcar, en vista de lo consolidado y para la construcción venidera, que el compromiso es de todas, todos y todes, en pos de una sociedad más justa, igualitaria y sin violencias contra las mujeres y LGBTI+, porque no vemos desarrollo nacional posible sin justicia social, ni justicia social sin igualdad de género.

[1]Lic. en Ciencia Política.

[2] Lic. en Sociología y Magíster en Políticas Sociales.

[3]Aguilar, Luis F. (s/d). El estudio de las políticas públicas, vol. 1, México, Miguel Ángel Porrúa, 1993, 4 vols. (Colección Antologías de Política Pública).

[4]La agenda pública se define por el conjunto de temas que la ciudadanía y distintos grupos de la sociedad buscan posicionar para ser atendidos; la agenda política se constituye por temas que alcanzan prioridad en el debate y la acción de actores políticos con capacidad de impulsarlas; y la agenda gubernamental es el conjunto de prioridades que un gobierno establece como proyecto y materializa en un mandato. (Casar, M.A. y Maldonado, C. (2008). Formación de agenda y procesos de toma de decisiones: Una aproximación desde la ciencia política. En Revista del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, N° 207. México D.F: Centro de Investigaciones y Docencia Económicas).

[5]La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el género, etnia, clase u orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas.