Balotaje 2023 ¿Novedad o tendencia histórica?
30/11/2023
Por Matías Galgano, Abel Iturralde y Franco Galgano[1]
El pasado 19 de noviembre los argentinos y las argentinas votamos por segunda vez una instancia de balotaje. Esta particular dinámica de elección del presidente de la nación no tiene muchos años de historia constitucional. Fue celebrada en la reforma de 1994 luego del Pacto de Olivos. Analistas electorales enfatizan fuertemente en las características propias de una disputa mano a mano por la primera magistratura.
En primera instancia, hay un dejo de opinión periodística que pone el ojo en que el electorado ha trasladado un firme mandato a Javier Milei por haber ganado las elecciones por más del 10% de los votos, “superando en 11 puntos a Sergio Massa”.
La segunda cuestión que destacan los comentaristas de la opinión pública y el comportamiento electoral refiere a que el balotaje es una instancia reacia al peronismo. Argumentan que el peronismo no puede nunca alcanzar el 50,01% de los votos afirmativos en una segunda vuelta. Esto podría ser una verdad empírica pues las únicas dos experiencias donde el peronismo se enfrentó a una disputa en balotaje perdió: la primera con Scioli en 2015 y, recientemente, con Massa como candidato presidencial.
Al mismo tiempo, los analistas argumentan que en la victoria de Javier Milei hay una novedad: es la primera vez en la historia nacional que llega a la primera magistratura un liberal libertario confeso, con una plataforma electoral profundamente regresiva en términos económicos y sociales. Por lo cual, lo consideran una novedad histórica.
Trataremos, en estas líneas, de mostrar algunos datos introductorios que fundamentan por qué para el equipo de estadística, opinión pública y comportamiento electoral del Centro de Estudios para la Integración y el Desarrollo Regional Argentino (CEPIDRA), las tres afirmaciones deben ser relativizadas, siempre que uno no se posicione sobre el fenómeno mediático y de redes sociales sino en el análisis del comportamiento electoral argentino.
En primera instancia, debería comentarse que el peronismo sólo cuatro veces superó el 50% de los votos y todas fueron en una instancia de primera vuelta electoral: Juan Domingo Perón en 1946, 1951 y 1973, así como también, Cristina Fernández en 2011.
Dio la casualidad que, ambas candidaturas, fueron precedidas por contextos sumamente complejos. Perón en 1946 venía del 17 de octubre, en 1951 de la consolidación de un escenario político muy dicotomizado. que culminó en el bombardeo a Plaza de Mayo y en el golpe de estado de 1955, y en 1973 se votó luego de la proscripción del peronismo por 18 años. Por su parte, Cristina Fernández, se enfrentaba en 2011 al desafío de recuperar la economía luego del quiebre de Wall Street en 2009 a lo que se le sumaba la pérdida del indudable referente del movimiento justicialista, Néstor Kirchner. También, para ser justos con la historia, Carlos Menem estuvo muy cerca en 1995 de conseguirlo, con la convertibilidad como bandera, alcanzando el 49,94% de los votos afirmativos. Sin embargo, todas estas experiencias fueron en primera vuelta electoral.
Ahora bien, estamos hablando de momentos en la historia nacional casi únicos y, quizás, de los dos referentes más importantes de la política nacional de los últimos 80 años de historia. Ningún otro dirigente, peronista o antiperonista, logró un nivel de adhesión que superara el 50% del electorado en una primera vuelta.
De esta forma, argumentamos que los votos, que son expresión directa del acompañamiento a sus plataformas y propuestas políticas programáticas, son los conseguidos en primera vuelta y no en segunda. Por lo cual, sólo el peronismo logró -cuatro veces- ser mayoría absoluta en cuanto al acompañamiento del electorado, en los otros casos la historia lo puso siempre como la primera minoría.
En la segunda vuelta, el electorado no elige la opción más cercana a sus intereses, sino la que le puede hacer frente a aquella alternativa que le resulta más esquiva. Por tal motivo, el resultado no es una plena adición de más del 50% de los votos al que resulte ganador, así como tampoco es un sello imborrable de único opositor al que saque menos de esa cuantía. Es, más bien, una instancia definitoria que un mandato pleno o un apoyo incondicional a los principios de sus plataformas electorales o su plan de gobierno.
Por otro lado, también, hay un error matemático/estadístico en el discurso de los comunicadores electorales debido, entendemos, al poco recorrido con que cuenta Argentina en el desarrollo histórico de experiencias de segunda vuelta. Fundamentan que la distancia entre Javier Milei y Sergio Massa fue de más de 11 puntos porcentuales. La realidad matemática/estadística marca que, en un balotaje, la totalidad de los votos se dividen en 2 en cuanto a la posibilidad de victoria, es decir lo que pierde uno lo gana el otro. Con lo cual, la distancia debe tomarse respecto al 50% de los votos: es decir Milei ganó por el 5,65% y Massa perdió por el 5,65% pues la distancia de 11,3% se divide en dos, al no haber otros competidores.
No está demás decir, como complemento, que la distancia de lo obtenido por Javier Milei respecto a los guarismos que acumuló Mauricio Macri en 2015 fue solo de 4,31 puntos porcentuales. Da la casualidad que, una parte de esos votos (un 3,32%), fue justamente lo que le faltó a Sergio Massa para ganar en primera vuelta (ver tabla).
Con estas líneas logramos relativizar las dos primeras afirmaciones que argumentaban, en primera instancia, que el voto en el balotaje es un cheque en blanco a la política económica y social del ganador; y por otro lado, respecto al segundo presupuesto, que argumentaba que el balotaje le es esquivo al peronismo en gestión profundizaremos sólo en un párrafo más.
Lo principal que debe decirse es que la historia del comportamiento electoral nacional desde 1946 se divide en dos: por un lado, los peronistas y por el otro la alianza liberal conservadora. La Unión Democrática que se opuso a Perón fue justamente eso: una alianza liberal conservadora como lo fue la opción electoral que le ganó a Duhalde en 1999 las elecciones nacionales. La única forma que esta alianza gane frente al peronismo es uniéndose y teniendo un viento de cola importante: pasó en 1983, 1999, 2015 y 2023.
Ahora bien, pasando a la tercera afirmación de los analistas respecto a la novedad del fenómeno Milei, deberíamos preguntarnos: ¿Hay algo nuevo en los guarismos que obtuvo el líder liberal libertario? Si su figura es tan disruptiva, ¿Se traduce eso en un comportamiento diferencial del electorado en términos históricos? ¿Su victoria es el producto de una novedad o sigue siendo producto del desarrollo de las alianzas históricas antiperonistas entre liberales y conservadores?
Para responder introductoriamente estas preguntas relevamos la única elección que podemos tomar como referencia para este análisis: el balotaje de 2015 entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Luego, la contrastamos con el reciente comportamiento en la segunda vuelta para llegar a conclusiones introductorias (ver tabla).
Lo primero que debe decirse refiere a que no hay nada nuevo en el comportamiento electoral que acompañó al líder libertario. En un contexto gravemente inflacionario y regresión del poder adquisitivo de la población sólo registró un 4,31% más de votos que Macri en 2015. Por lo cual, la lógica central de la alianza entre Bullrich, Schiaretti -ambos conservadores- y Milei -liberal- rindió sus frutos electorales, pero no por un comportamiento electoral diferente referido a las características disruptivas del líder libertario sino por el propio desempeño tradicional de la alianza liberal conservadora. Por lo tanto, no registra una novedad histórica.
Sin embargo, si uno suma los votos de las generales de los tres candidatos opositores el porcentaje estimado llegaría a 60,53%, por lo cual hay una fuga de 4,88% que se fue a Massa. De esta manera, el desempeño del candidato libertario fue menor al esperado, sin dejar de decir que el peronismo encabezado por Sergio Massa subió más de 7% el guarismo obtenido en la primera vuelta, en un contexto donde el postulante peronista debió enfrentar una elección definitoria con una gestión considerada de las peores de la historia del peronismo en el poder ejecutivo.
Por lo tanto, vivimos un comportamiento electoral que posicionó a Javier Milei como presidente, pero con solo un núcleo duro de menos del 30% del electorado, al tiempo que perdió caudal potencial electoral del voto antiperonista histórico respecto al corto desempeño del comportamiento electoral en segunda vuelta. Al mismo tiempo, en las dos elecciones el peronismo subió su caudal electoral de la primera a la segunda vuelta y la alianza liberal conservadora perdió votos.
Esto nos permite afirmar que el próximo presidente argentino llega al gobierno de la mano de los conservadores, así lo demuestra el fuerte contenido macrista del gabinete entrante que no es más que la institucionalización de la alianza liberal conservadora histórica.
Para finalizar, concluimos que este análisis introductorio nos lleva a pensar en que, a pesar de lo disruptivo de la propuesta electoral victoriosa, no se evidencia novedad alguna respecto a los comportamientos electorales que -con interrupciones dictatoriales mediante- vienen desarrollándose, desde 1946, en la República Argentina.
[1] Integrantes del equipo de estadística, opinión pública y comportamiento electoral del Centro de Estudios para la Integración y el Desarrollo Regional Argentino (CEPIDRA).
Evaluación del sistema de salud y los fenómenos sociales
02/06/2023
Por Roberto Ayala1
¿Por qué evaluar? ¿Para qué evaluar? Son, entre otras las preguntas que aborda la ciencia política cuando, por medio de su estudio sobre las herramientas que permitan mejorar la información para la toma de decisiones sobre las políticas públicas, está toma una incidencia directa, que puede mejorar la eficacia y la eficiencia de las mismas, para que estas valorizaciones estén en cierta “armonía” en una buena administración de la “cosa pública”. Es decir, que en este sentido, los recursos y el valor social que pueden redituar una decisión de complejizar las determinaciones de políticas públicas, tienen un equilibrio razonable para quien tiene que hacer un buen uso de los recursos. Quizá para las demás variables políticas, tanto las formales, como las informales ¿Cuándo evaluar, y el costo de evaluar? Puedan ponerse por delante en las primeras preguntas a abordar.
Todo esto -si las demás consideraciones se mantuviesen invariables- quizá no revista de mayor complejidad al momento de considerar realizar una evaluación. Pero como existen, tanto por producto de avances tecnológicos como de cambios en los hábitos de consumo, aquellos cambios sociales, políticos y culturales que modifican, tanto los espacios geográficos simbólicos que el ser humano habita. Evaluar ya se convierte en algo más que una decisión burocrática programada, metodológica o como pasos a cumplir que conduzca a un resultado que arroje certidumbre, porque aquello que se consideraba hace 5 años, se ve modificado por esta dinámica constante.
Merece un apartado el significado de la última pandemia a causa del coronavirus, que puso en jaque, no sólo al sistema de salud, en cuanto a dimensiones se refiere o a integración de éste en su faceta pública y privada, sino desde algo tan elemental que es el acceso de la población al sistema de salud, condicionada por una variable de peso como la economía y las condiciones de trabajo que permitan un servicio de salud u otro. Aquí puede que la discusión se agriete en la falsa disputa entre la medida adecuada de lo estatal y aquella que debe quedar a la oferta de lo privado, pero quedó de manifiesto que ni uno, ni otro subsiste sin un Estado capaz de inferir ante estos fenómenos sociales, impulsando hacia a una integración entre la condición humana y el acceso de salud, más allá de las posibilidades que tiene la población de dirimir entre uno y otro.
Es decir, procesar la información de la relación acceso/uso del sistema de salud, se convierte en un insumo necesario, no solo para tener un cuadro de la situación, sino, para plantear una política a largo plazo; dando esas discusiones que están en la mesa, como la historia clínica única electrónica, la integración de los sistemas de salud, abordándolos desde la realidad territorial, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, sin entrar en comparaciones que digan “¿Por qué no hacerlo si otros países si lo hacen?” cerrando grandes brechas de desigualdad, aunque lo universal (sin un adecuada evaluación y control) puede terminar no siendo tan universal.
Hubo buenas experiencias, pero discontinuas, en el planteamiento de modificaciones de planes de salud, como son las salitas municipales, los UPA, como las que actualmente integran movimientos sociales y políticos, los distintos operativos de atención primaria sobre todo lo referido a adultos mayores; las que integran a las universidades nacionales, entre otras.
Las políticas públicas de protección social como la asignación universal por hijo, que pone en vinculo una prestación sanitaria y escolar, la tarjeta alimentar que intenta cubrir la alimentación de las infancias, (funcionan como complementarias a la política de salud) todo puede sonar a insuficiente y que, en realidad, los problemas de acceso/uso deba complejizarse de manera que el acceso no sea solo una cuestión de ingreso o cobertura de necesidades mínimas, por decirlo de alguna manera, sino también “al propio sistema de salud”. Formamos profesionales, tenemos los edificios, avanzamos en equipar centros de salud neurálgicos y sensibles, pero los fenómenos sociales hacen que sea impredecible asegurar que con recursos humanos, técnicos y de infraestructura, sumada a la responsabilidad social de la atención de salud, sea suficiente.
Para concluir, se debe integrar la evaluación para la toma de decisión, como para un diseño de la política pública, que nos acerque a esta armonía entre la eficiencia del uso de los recursos públicos, como a la efectividad de la política para resolver estos avatares sanitarios, productos de fenómenos sociales cambiantes.
[1] Roberto Ayala, estudiante de la Lic. en Ciencia política y gobierno, UNLa.
RESEÑA DE “INTELECTUALES, EXPERIENCIA E INVESTIGACIÓN MILITANTE AVATARES DE UN VÍNCULO TENSO” de VERÓNICA GAGO1
14/04/2022
Por Matias Galgano2.
Introducción.
La elección del trabajo de Gago se refiere a un interés particular por discutir específicamente el rol de la ciencia en la construcción de políticas públicas de intervención.
Por mi incipiente experiencia en el campo académico logré divisar una visión muy liberal del rol del/la investigador/a donde se entiende a la investigación en función de los intereses particulares de los/las investigadores/as. Es muy común escuchar, en el ámbito académico, que los/las investigadores/as investigan para ellos mismos. De modo tal, el fin último de la investigación científica es el de retroalimentar la propia investigación científica.
Soy profundamente crítico de esta mirada. Estoy completamente seguro que si el método científico no sirve para cambiar la realidad (para mejor) no tiene sentido de existencia alguna.
Por tal motivo, la investigación militante me interpela profundamente. Considero que la militancia no es una cuestión partidaria. Se puede ser objetivo, lo que no se puede ser, es imparcial. El método científico debe ser lo más rigurosamente construido de modo tal de llegar a los datos de la realidad lo más alejado de la subjetividad del investigador. Lo que Bourdieu llamaba vigilancia epistemológica debe regir los días de el/la investigador/a.
Ahora bien, lo que no debe ser es imparcial. Concretamente el/la investigador/a debe tomar partido sobre donde aportar en el campo científico. No es lo mismo hacer ciencia para una multinacional que hacerlo para el desarrollo nacional con inclusión. La imparcialidad es una falsedad en los términos siempre que hablamos de los fines de la investigación científica.
De esta forma, considero que el artículo de Verónica Gago aporta en este sentido siempre que discute constantemente las tensiones que están inmersas en las lógicas concretas del proceso de investigación científica.
En el campo de las políticas públicas, del hacer en palabras de Gago, también hay un vacío conceptual alarmante. El diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas dejan bastante que desear en términos reflexivos y de asociabilidad con el campo de la investigación.
Por experiencia propia, los/las gestoras públicas descreen, en gran medida, de la investigación científica. La investigación le es muy ajena a la gestión pública cotidiana y sus tiempos. Los tiempos de las políticas públicas no son los mismos que los de la investigación científica. De tal forma, Gago enfatiza en que hay una relación de jerarquía entre el hacer y el pensar, donde el pensar tiene un peso específico mayor.
Yo entiendo que esto último depende de en que contexto se esté. En un municipio del conurbano bonaerense (hoy) la investigación científica tiene poco peso al igual que una política pública en un ámbito puro y duro de investigación.
Desde mi punto de vista esto es un crimen fiscal enorme. Pues a los dos ámbitos los financia el pueblo de la Nación. Es una obligación moral tanto del hacer como del pensar lograr niveles de sinergia que aumenten progresivamente la calidad de vida del pueblo que los financia.
Desarrollo.
Verónica Gago es docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Integra Tinta Limón Ediciones.
El artículo que acá se reseña es una publicación de la revista nueva sociedad del año 2017 en el número 268. En la Revista Nueva Sociedad Verónica Gago ha publicado un total de ocho artículos en temáticas distintas, pero con un hilo conductor que se refiere a los procesos sociopolíticos. De los ocho publicados tres de ellos están referidos a las luchas feministas.
El texto reseñado se denomina “Intelectuales, experiencia e investigación militante. Avatares de un vínculo tenso”. El contexto de escritura, quizá, está un poco desfasado del contenido del texto. La autora analiza y pone de ejemplos hechos de principio de Siglo para hacer referencia a la investigación militante como parte del proceso político de transformación que dio comienzo en 2003.
El proyecto político encarnado en Néstor Kirchner se podrá criticar desde diferentes ópticas, pero lo que es innegable es el contenido disruptivo de su mandato. Lo hizo necesariamente poner en tela de juicio una gran cantidad de estructuras del entramado social entre ellas el “intelectualismo”.
Pero el texto fue escrito en un contexto donde el proyecto de Kirchner estaba en una etapa de resistencia. Gobernaba Mauricio Macri con un tinte claramente distinto al de Kirchner. Y en el imaginario colectivo, las ideas de Kirchner fueron profundamente criticadas desde 2016 a 2019, sin dejar de ver que aún hoy son resistidas.
La circulación de ideas sobre el rol del intelectual durante el gobierno de Kirchner fue profundamente vigorosa. Intelectuales como Horacio González, Ricardo Forster, Horacio Verbitsky, Juan Pablo Feinmann, entre otrxs fueron considerados como actores primordiales de la discusión teórica en la militancia territorial.
La cuestión del poder fue común: en un debate televisivo del año 2011 Ricardo Forster le preguntó a Beatriz Sarlo (intelectual opositora) si dentro de su discurso el poder tenía peso. Es decir, para Forster, Sarlo analizaba la realidad social sin identificar por opción u omisión la matriz de poder real3.
A lo descrito, se le suma la creación de la agrupación “Carta Abierta” que aglutinaba a todxs lxs intelectuales alineados con el gobierno de Fernández de Kirchner. Aquí se observa claramente lo marcado por Gago en el artículo en cuanto el grupo de intelectuales trabajaban muy fuertemente en la construcción de categorías que doten al gobierno de un entramado conceptual que le permita avanzar en dos sentidos: Políticas públicas y lucha por el sentido común.
La idea de lo destituyente, nombrada por Gago para el caso del gobierno de Kirchner, es retomada para nombrar a los integrantes de la Mesa de Enlace en la llamada “crisis con el campo”. También la idea de la “década ganada” fue una construcción conceptual que deviene de un análisis intelectual y una justificación metodológica (en general cuantitativa) que le daba fuerza al discurso del gobierno de Fernández de Kirchner.
Por otra parte, la disciplina de estudio en referencia al abordaje de Gago se asocia a los estudios del poder, generalmente politológicos, y su impacto en la sociedad donde se observa facetas de la sociología del poder.
De esta forma, a mi modo de ver, enfoca la problemática de una manera bastante lineal pues no profundiza demasiado sobre las tensiones entre militancia e intelectualidad. Se describen procesos en donde los sectores intelectuales participaron activamente pero no hay definiciones conceptuales de la corriente de la investigación militante que, a mi juicio, es lo más importante del enfoque.
También, el texto se organiza de la siguiente manera: Una introducción donde se presenta esquemáticamente el tema y tres casos testigos donde la investigación militante tiene, a juicio de la autora, una relación directa con la realidad social de la época.
Es de suma relevancia entender los procesos de investigación en relación con la militancia sociopolítica. La investigación en gran medida es financiada por el Estado y es este el que a su vez es financiado por el pueblo de la Nación. De modo tal, que si la investigación no está en función de los intereses nacionales -desde mi punto de vista- no tiene fundamento alguno. La investigación debe tener como principio rector tender hacia la resolución de las grandes problemáticas nacionales.
El problema del desarrollo nacional, la restricción externa, la expulsión del mercado formal del trabajo, la urbanización excluyente, el acceso a la salud, la educación, la inflación, entre otros son los grandes problemas que aquejan al pueblo de la Nación. Si es este quien financia la investigación es, entonces, la que debe dar respuestas a esos problemas y no enclaustrarse en un mundo puramente teórico donde la incidencia en la vida cotidiana del ciudadano y ciudadana común es muy pequeña.
En cuanto a la originalidad, considero que se podría haber avanzado más. Se tocan tres ejemplos prácticos interesantes donde en cada uno de ellos se nota claramente el aporte de la investigación militante en los conceptos de políticas. Pero, así como esos casos se podría haber elegido cualquier otro caso. Y no hay una definición clara de porqué se toman esos casos testigos.
Por tal motivo, la originalidad del artículo es interesante pero poco justificada. Se podría haber tomado casos más cercanos también, pues también durante el segundo gobierno de Fernández de Kirchner hubo grandes construcciones teóricas respecto a las políticas públicas implementadas sobre todo post crisis internacional.
Entre las cuestiones a destacar en el trabajo de Gago identifico las siguientes como las principales: en primera instancia, en lo referido a la crítica respecto a la división que se hace entre quienes hacen y quienes piensan y es caracterizada por una división muy conservadora donde no se contempla una revisión crítica de su interpretación y donde el saber generalmente tiene un rol preponderante sobre el hacer, en una relación jerárquica. Respecto al concepto destituyente hay, a mi juicio, un buen aporte siempre que él mismo contribuyó a delimitar la posibilidad de esquematizar un poder que buscaba desestabilizar el sistema de partidos. El impacto de la puja hegemónica sobre un contexto electoral es un acierto concreto del artículo siempre que pone de relieve la importancia de la disputa por el sentido. En el segundo apartado, también hay un acierto respecto a la conceptualización de los movimientos sociales como sujetos de poder. La idea de movimiento social es hoy una realidad concreta que está por fuera de las lógicas tradicionales de la política partidaria. Históricamente los movimientos de masas estuvieron asociados al sistema de partidos, pero luego de la crisis de 2001 en Argentina el sujeto colectivo -primero piquetero y luego de desocupado- se transformó en una idea con peso específico que jugaba en la arena política, pero por fuera del sistema tradicional de partidos. Esto, en parte, gracias a la profunda crisis de legitimidad con la que contaba el sistema tradicional de representación política.
A raíz de este contexto social excluyente la investigación se posicionó gran parte de ella en la construcción del concepto de movimiento social con gran acierto conceptual. Es una realidad hoy que los movimientos sociales son indiscutibles actores de la realidad sociopolítica del país.
Como principal debilidad encuentro la falta de discusión teórica sobre el concepto de investigación militante. Se discute introductoriamente, pero siendo el centro del trabajo debería de tener un tratamiento más exhaustivo. El debate entre investigación y militancia es sumamente rico desde lo teórico y desde lo práctico pues es el núcleo central del debate sobre la direccionalidad de la política pública en investigación y desarrollo.
Creo que estamos muy lejos de poder dar un debate serio sobre el rol de la investigación en los procesos de mejora continua de la calidad de vida de nuestro pueblo. Y ante un problema de esta envergadura, artículos como el que acá se reseña deberían profundizar aún más en los interrogantes que devienen de la disputa ideológica sobre la direccionalidad de la política de investigación y las tensiones que surgen ante las políticas públicas de intervención socio-territorial.
Quedan, a mi juicio, interrogantes referidos al rol del/la investigador/a en el proceso militante y las disputas con las concepciones más holísticas de la investigación donde la realidad es una totalidad y donde el abordaje académico tiene pretensiones de universalidad. Desde mi punto de vista la investigación militante no puede más que tomar la realidad tal cual es: una parcialidad; en cuanto no solo es una parte del mundo, sino que está totalmente subjetivada.
Otro interrogante que me surge al leer el texto, es qué otros aportes por parte de intelectuales y actores/as del campo de la investigación existieron posteriormente a los casos tomados por Gago. Hay un campo de la intelectualidad argentina que está políticamente comprometido con un proyecto político específico pero muchas veces no son los/las que tienen prensa en los grandes multimedios. Pero me hubiese parecido interesante que se retome la idea de el “aporte invisible” de la intelectualidad al campo de la militancia política.
Es incontable la cantidad de investigadores e investigadoras que dedican su vida a aportar a un proyecto político de transformación. Pero muchas veces no tiene el renombre suficiente para discutir lo central: el rol de la ciencia en la sociedad.
Conclusión preliminar.
El artículo de Gago aporta en un campo de estudio que a mi juicio debe de ser más desarrollado, siempre que se pretenda mejorar las condiciones materiales del pueblo trabajador.
La investigación militante y la política pública deben ir de la mano en relación a construir alternativas a una realidad acuciante de nuestro pueblo. La investigación liberal nos llevó hasta donde estamos, una Hidra de Lerna investigativa. Se investiga en función de lo que el investigador/a desea y no sobre lo que el pueblo que lo/la financia necesita.
Necesitamos más trabajos de este tipo que potencien nuestro rol como investigadores/as comprometidos con un hacer atravesado por un pensar. A mi modo de ver, por ese camino debemos transitar.
[1] Esta reseña fue construida a modo de trabajo final para el Seminario General del Doctorado en Estudios Urbanos de la UNGS, a cargo de la docente Marian Sola Álvarez.
[2] Lic. En Ciencia Política y Gobierno (UNLa). En proceso de escritura del Trabajo Final Integrador de la Especialización en Desarrollo Territorial y Urbano (UNDAV-UNQ). Cursando el Posgrado en Estructura Económica Argentina (UNDAV). Doctorando en Estudios Urbanos (UNGS). Docente investigador de la UNLa. Becario CONICET.
[3] Debate disponible en: (2) 678 – 24-05-11 (1 de 4) – YouTube
07/01/2022
El ejercicio de votar y no aclamar
La democracia en la economía social y solidaria
Por Eduardo Fontenla[1]
A partir de las bases doctrinarias de las organizaciones de la economía social y desde la observación de actuales usos y costumbres, deseo introducir una reflexión sobre la necesidad de revisar práctica del voto por aclamación para la toma de decisiones en las asambleas de asociados de las cooperativas y las mutuales.
El segundo principio cooperativo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) de control democrático por sus miembros expresa que: “Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, que participan activamente en el establecimiento de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres que sirven como representantes elegidos son responsables ante los miembros. En las cooperativas primarias, los miembros tienen los mismos derechos de voto (un miembro, un voto) y las cooperativas en otros niveles también se organizan de manera democrática”
Complementariamente orienta, guían y aportan al camino democrático los principios de la ACI del año 1995, el tercero denominado: “Participación económica de los miembros” y el cuarto: “Autonomía e independencia”.
A su vez el principio democrático del mutualismo dice: El sistema democrático en su profundo significado se expresa y concreta en la mutualidad, la igualdad se concreta en el uso de los servicios sociales, en la participación con un voto de los asociados activos, en la presencia y en la responsabilidad de todos en asambleas soberanas.
En base a estos lineamientos y directrices doctrinales las leyes de mutuales n° 20321 y de cooperativas n° 20337 incluyen y confirman la validez de la democracia entre sus características esenciales de identidad y organización.
Por ello, la democracia igualitaria en la pluralidad es un auténtico pilar en la organización, gestión, control y desarrollo de las entidades de la economía social que, debe ser visto en forma sistémica junto con los demás principios y valores.
De la participación como invitado en diversas asambleas, he notado con cierta preocupación, que la práctica democrática en las entidades cooperativas y mutuales que, en el tratamiento y puesta a consideración del punto del orden día sobre la elección de consejeros y síndicos en las cooperativas y de los órganos directivos y de fiscalización en las mutuales, se recurre a un mecanismo electoral denominado “voto por aclamación” o “voto cantado”.
Ello implica concretamente poner a consideración una moción, debidamente apoyada, de votar la lista de candidatos sugeridos por el actual consejo de administración que incluye la sindicatura. Mecanismo que es legal, de acuerdo con las normas establecidas y la decisión asamblearia tomada, pero llama la atención que se vota a mano alzada y se consigue siempre la decisión por unanimidad.
Resultado por unanimidad que se hace constar en acta de asamblea, aunque no todas las manos estuviesen en alto, es decir, no se pregunta ni tampoco se cuentan las abstenciones.
Es decir, se pone a consideración sin discusión una moción, debidamente apoyada, de votar inmediatamente la lista de candidatos sugeridos por el actual consejo de administración que incluye la sindicatura. Moción que suelen hacer los asociados que más hablan y se consideran más simpáticos.
En algunos casos, los menos, observé que la moción ni siquiera surgió desde los asambleístas, sino de la misma presidencia de la asamblea.
Por ello, considero que la implementación abusiva del “voto por aclamación” o “cantado” automatizado exprés está debilitando la legitimidad de la dirigencia, limitando la expresión y quitando interés al asociado a participar, tanto para integrar los consejos de administración o directivos, sindicaturas o fiscalización, como la asistencia misma de las asambleas.
Se genera una distancia por falta de participación activa que naturalmente aleja a los asociados de sus responsabilidades con la organización de la que son partes y dueños, dejando una pregunta o sabor a “para qué vine”, ya que se entiende como acuerdos de unos pocos.
Votar o no votar no es lo mismo, no tiene similar intensidad organizacional, aunque haya una sola lista oficializada según lo previsto en los estatutos. El “voto por aclamación” y la digitación previa deja calladas muchas voces de asociados y suele dejar paso libre a cierta dirigencia endogámica y cerrada interesada en la continuidad o auto-perpetuación en sus cargos frenando posibles recambios en los consejos de administración o directivos, sindicaturas u órganos de fiscalización.
Estar tantos años seguidos los mismos dirigentes en sus cargos le hace mal a una genuina democracia.
El “voto por aclamación” no es compatible con el espíritu de los valores y principios cooperativos y mutuales. Se trata de ser, no de hacer como si fueran democráticas.
Mayor compromiso con la democracia
Es importante volver a valorizar el evento electoral en las asambleas ya que no es un acto únicamente simbólico.
Dado que el voto nominal, secreto, depositado en una urna cultiva la esperanza, la convivencia pluralista, disminuye tensiones, conecta al asociado y une el tejido social de las mutuales y cooperativas.
El voto nominal, secreto y seguro es parte de la democracia. Aumenta la participación consciente y le otorga a los consejeros y síndicos electos más legitimidad, vitalidad y poder otorgado por la base de los asociados presentes en las asambleas.
Destaco la importancia de la privacidad y el carácter de sufragio secreto para que no tenga repercusiones negativas en los asociados que emiten el voto.
Por el contrario, el “voto por aclamación” algunas veces justificado y propuesto por simplicidad, practicidad, disponibilidad del tiempo asambleario u otras, las menos, por manejo intencionado y centralizado del poder, que produce debilitamientos de las energías organizacionales, escepticismos, apatías e indiferencias.
A su vez, es una metodología electoral que aleja a los dirigentes electos en las entidades de la economía social de los asociados.
No esquivar la urna
Siguiendo los principios doctrinales cooperativos y mutuales que mencionamos al inicio de esta nota, se debe construir una democracia en favor de la participación y del empoderamiento asociativo, poniendo énfasis en la metodología de designar las comisiones de escrutinios, sacar las urnas y llamar a todos y cada uno de los asociados, activos en el caso de las mutuales, acreditados en la asamblea a emitir su voto secreto.
Creo que la asamblea es el espacio de mayor importancia y representatividad institucional para debatir y consensuar ideas, que se fortalece con una democracia plena en las elecciones de sus dirigentes.
Para finalizar la sugerencia es: no esquivar la urna, votar más y aclamar menos.
[1] Lic. en Cooperativismo y Mutualismo (UMSA). Lic. en Ciencia Política y Gobierno (UNLa). Integrante del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo.
Transformaciones de la gestión pública en Argentina:
aprendizajes y nuevas configuraciones en la pospandemia. (2020-2021)
29/12/2021
Sebastián Cruz, Barbosa
(UNLa, UMET, FLACSO)
Resumen
El presente trabajo tiene como propósito mostrar cuáles han sido las transformaciones de la operatoria del Estado en el marco de la pandemia, las principales acciones llevadas a cabo por la gestión pública y las nuevas configuraciones y escenarios posibles que se abren para la gestión pública a futuro en el marco de la pos pandemia. En función de ello, el trabajo se divide en dos partes: En la primera se presentan los datos obtenidos a través de un trabajo de encuesta para altos directivos públicos teniendo en cuenta cuatro dimensiones centrales relativas a las condiciones de trabajo: infraestructura tecnológica, normativa, personal y trabajadores a cargo. Mientras que en la segunda parte se presentan las acciones encaradas desde la gestión pública para sostener la operatoria cotidiana del Estado y se plantean cuáles son las nuevas configuraciones y desafíos que se perfilan para la gestión pública en el marco de la pos pandemia.
Abstract
The present work aims to show which have been the transformations of the State’s operations in the framework of the pandemic, the main actions carried out by public management and the new configurations and possible scenarios that are open for public management in the future in the post-pandemic framework. Based on this, the work is divided into two parts: The first presents the data obtained through a survey work for senior public managers, taking into account four central dimensions related to working conditions: technological infrastructure, regulations, staff and workers in charge. While the second part presents the actions taken by public management to sustain the daily operations of the State and sets out what are the new configurations and challenges that are emerging for public management in the framework of the post-pandemic.
Primera Parte
- Nuevas condiciones de trabajo remoto del sector directivo público
Desde el Núcleo de Estudios sobre Gestión Pública de la Universidad Metropolitana para la Educación y el trabajo (UMET), junto a CIPPEC y CEDyAT desarrollamos una encuesta orientada a conocer las condiciones de trabajo remoto de las y los agentes que ejercen funciones directivas en la Administración Pública Nacional. El relevamiento se realizó entre el 2 de junio y el 2 de agosto de 2020 en un contexto en el cual la pandemia de la COVID-19 llevó a gran parte de los trabajadores de Argentina a desempeñar sus tareas a la distancia.
El propósito de la encuesta consistió en analizar la relación entre recursos existentes, utilizados y deseables dentro de la administración pública en el contexto del trabajo remoto, así como su impacto en la modalidad de trabajo. Para eso, buscamos identificar y sistematizar la información que permita comprender los límites, obstáculos y lecciones aprendidas.
La encuesta comprendió cuatro dimensiones de análisis que abarcan las condiciones de trabajo de los directivos, así como de sus equipos:
- Infraestructura tecnológica: se busca conocer los componentes y dispositivos utilizados en términos informáticos para trabajar, administrativos para la gestión y de interacción con los equipos de trabajo.
- Dimensión normativa: aborda el conjunto de reglamentaciones en base a las cuales los agentes pueden desempeñar su función, así como el alcance de las medidas de aislamiento.
- Dimensión personal: se interesa por el impacto de esta modalidad de trabajo en el agente que desempeña la función ejecutiva.
- Dimensión trabajadores/as a cargo: indaga acerca del impacto del trabajo remoto en el equipo de trabajo a cargo del directivo.
En cuanto a las características de la muestra, el universo abarcó a directores nacionales, generales, simples y coordinadores (alta dirección pública). La muestra obtuvo 280 observaciones y el alcance estuvo limitado a la Administración Pública Nacional central (no incluye organismos descentralizados ni empresas públicas). Abarcó a los 21 ministerios + Presidencia de la Nación. El instrumento de recolección de datos se hizo mediante un formulario web autoadministrado, de carácter anónimo, con 44 preguntas agrupadas en 4 dimensiones de análisis.
- Características de los encuestados
Divididos por genero Mujer, 48%, 134, Varón, 49%, 137, Otros, 3%, 9
Fuente: UMET/CIPPEC/CEDyAT (2020)
El grueso de las observaciones se encuentra en el tramo 31 a 60 años (236, 84%). La mayor cantidad se concentra en el tramo 31 a 50 años (167, 60%), directivos jóvenes con al menos más de 10 años por delante para jubilarse.
Tabla N 1: Representación por ministerio
Agricultura, Ganadería y Pesca | 18 |
Ambiente y Desarrollo Sostenible | 10 |
Ciencia, Tecnología E Innovación | 6 |
Cultura | 8 |
Defensa | 13 |
Desarrollo Productivo | 8 |
Desarrollo Social | 15 |
Desarrollo Territorial y Hábitat | 7 |
Economía | 79 |
Educación | 12 |
Interior | 12 |
Jefatura de Gabinete de Ministros | 17 |
Justicia y Derechos Humanos | 8 |
Mujeres, Géneros y Diversidad | 5 |
Obras Públicas | 10 |
Presidencia | 4 |
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto | 7 |
Salud | 9 |
Seguridad | 4 |
Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 10 |
Transporte | 10 |
Turismo y Deportes | 8 |
Total general | 280 |
Fuente: UMET / CIPPEC /CEDyAT (2020)
En cuanto a la antigüedad en el cargo la media es de 5 (cinco) años, con casos extremos de 0 (cero) y 38 (treinta y ocho) años. La mediana es de 2 (dos) años. Quienes se desempeñan hace menos de un año, tienen una media de antigüedad de 5 (cinco) meses. La mediana es de 4 (cuatro) meses.
Respecto a las personas a cargo en su gran mayoría, los directivos tienen a cargo equipos chicos, de 1 a 25 personas: 168 encuestados (60%).
Gráfico N2: Cantidad de encuestados
Fuente: UMET / CIPPEC /CEDyAT (2020)
- Análisis según dimensiones
En relación a la dimensión de infraestructura tecnológica, la mayoría de los encuestados se apoyó en sistemas de gestión y comunicación propias e institucionales. Sin embargo, el uso baja sensiblemente en servidores compartidos donde almacenar información y en sistemas propios donde se vuelca información sustantiva del área.
o.
Fuente: UMET / CIPPEC /CEDyAT (2020)
Cuando se analiza el uso de dispositivos para el trabajo remoto, los directivos se apoyan en teléfonos y computadoras propias. Menos de un 25% utiliza dispositivos que provee el Estado.
Fuente: UMET / CIPPEC /CEDyAT (2020)
Más de la mitad utiliza Zoom o Whatsapp para realizar reuniones virtuales con la modalidad de videconferencia. Sin embargo, el 75% (209) utiliza una cuenta gratuita o que paga de su bolsillo. Solo el 21% (58) utiliza una cuenta oficial que paga el Estado.
Fuente: UMET / CIPPEC /CEDyAT (2020)
En lo que se refiere a la dimensión normativa, el espacio directivo se reparte en partes iguales entre quienes asisten presencialmente, de forma regular y eventual, a sus trabajos y quienes cumplen el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Sin embargo, solo el 3% de los equipos de trabajo a su cargo asisten presencialmente y el resto se encuentra cumpliendo el ASPO, sin actividades o con régimen de licencia. Esto pone la carga de la gestión y la presencialidad sobre los directivos públicos.
Gráfico N 6: Situación frente al ASPO – Gráfico N 7: Situación del equipo frente al ASPO
Fuente: UMET / CIPPEC /CEDyAT (2020)
Casi la totalidad no encontró impedimentos para la realización de actos administrativos de su área ni tampoco limitaciones en el marco normativo para el desempeño de su función ejecutiva. Este elemento destaca la continuidad de la gestión de gobierno de modo remoto mediante los sistemas y dispositivos relevados. Las escasas respuestas que encontraron problemas no responden a una regularidad, ya que se deben a temas de conexión, coordinación, digitalización y temas propios del circuito de trámites.
En lo que respecta a la dimensión personal, el 95% de los encuestados manifiesta haber mantenido o aumentado su carga de trabajo. Dentro de estos, 170 (61% del total) vieron un aumento de la carga con la modalidad de trabajo remoto.
Por otro lado, ese cambio en la carga de trabajo se traduce en una modificación de la calidad de las tareas del equipo a cargo. Solo para un 17% aumentó, mientras que para un 83% se mantuvo o se redujo.
Esta reducción sustancial en la calidad es atribuida a las siguientes respuestas que obtuvieron más del 25% de observaciones (estas se aclaran en valores no personas 126 (45%); b) Condiciones desiguales de acceso a infraestructura tecnológica 117 (42%); c) Condiciones familiares distintas 90 (32%); y d) El trabajo a distancia 87 (31%).
Más de la mitad de los directivos desempeña tareas de cuidado en su hogar, en su mayoría de niños (103 de las 149 respuestas). Estas tareas se encuentran distribuidas equitativamente entre mujeres y varones, tal como evidencia el cuadro desagregado.
Gráfico N 8: Tareas de cuidado en su hogar – Gráfico N 9: Distribución de género acumulativos): a) Superposición de tareas laborales y tareas del hogar y cuidados de
Fuente: UMET / CIPPEC /CEDyAT (2020)
Como se observa en la siguiente tabla, las tareas de cuidado de personas (adultas o menores) ocupa en promedio una hora más que las tareas de mantenimiento del hogar. El promedio no difiere de la mediana en ambos casos. Aunque la diferencia no es sustantiva, ambas tareas insumen más tiempo a las mujeres.
Tabla N 2: Dedicación tareas de cuidado y de mantenimiento
Género | Horas, media | Horas, mediana | |
Dedicación tareas de cuidado | 4,69 | 4 | |
Mujer | 4,76 | 4 | |
Varón | 4,63 | 4 | |
Dedicación tareas de mantenimiento | 3,24 | 3 | |
Mujer | 3,41 | 3 | |
Varón | 3,01 | 3 |
Fuente: UMET / CIPPEC /CEDyAT (2020)
En relación a la dimensión trabajadores a cargo, se registra solo un 8% de alcance en las capacitaciones para el trabajo remoto de los equipos a cargo. Asimismo, se evidencia desconocimiento o ausencia de protocolos para el regreso al trabajo presencial. La mayoría de los protocolos o preparaciones implementadas tienen que ver con temas de higiene y salud, no operativos.
Gráfico N 10: Capacitaciones del equipo para el trabajo remoto – Gráfico N 11: Preparaciones en marcha para el regreso
Fuente: UMET / CIPPEC /CEDyAT (2020)
- Aprendizajes obtenidos
Se evidencia una alta penetración del trabajo remoto para directivos públicos (45%, sin contar asistencia parcial y licencias), que se profundiza para sus equipos de trabajo (73%).
El alcance del ASPO en la Administración Pública Nacional coincide con las cifras brindadas en abril por la Secretaría de Empleo Público, en torno al 70% (Secretaría de Gestión y Empleo Público, 2020).
Los encuestados, en su mayoría, usan dispositivos propios para trabajar y utilizan sistemas de gestión, pero en menor medida archivos compartidos y sistemas de las áreas sustantivas.
El nivel de capacitación para el trabajo remoto y preparación para el regreso es bajo (8% y 24% respectivamente).
En la mayoría de los casos aumentó o se mantuvo la carga de trabajo y disminuyó su calidad.
Asimismo, cabe destacar la superposición de tareas de cuidado y del hogar con el trabajo, la falta de capacitación específica y la falta de dispositivos provistos por el Estado para garantizar el correcto uso de los sistemas con los que gestiona.
- Reflexiones analíticas sobre las dimensiones y sus Interrelaciones
Este trabajo realizado en forma conjunta entre el Núcleo de Estudios sobre Gestión Pública de la UMET, CIPPEC y CEDyAT aporta evidencia empírica para mejorar el entendimiento del impacto del trabajo remoto en la alta dirección pública. Desde nuestro punto de vista, las personas y las tecnologías digitales son cuestiones centrales de la “cocina” del Estado. Entre estas cuestiones, muchas veces invisibles para los ciudadanos (y por lo tanto no suelen ocupar un lugar relevante en la agenda de los gobiernos), se pueden mencionar procesos como la planificación; la coordinación horizontal y vertical; la gestión presupuestaria; la orientación por resultados; la transparencia y la rendición de cuentas; el monitoreo y la evaluación; y las dos particularmente relevantes que están detrás de este estudio (personas y tecnologías digitales) (Pando, 2020).
Más aún: resulta tan importante avanzar en el estudio de estos aspectos del funcionamiento del Estado como también, y fundamentalmente, avanzar en el estudio de las interrelaciones que existen entre estos elementos que operan al interior del Estado y que son centrales para fortalecer las “capacidades estatales” de manera tal de estar en sintonía con las demandas cada vez más complejas y heterogéneas de nuestras sociedades contemporáneas.
En este sentido, es necesario realizar el esfuerzo por salir de nuestras “zonas de confort” y generar esos diálogos y analizar esas interrelaciones entre, por ejemplo, los especialistas en planificación con los especialistas en monitoreo y evaluación porque sabemos bien que la planificación no es un mero ejercicio intelectual sino que a partir de buenos diagnósticos y futuros deseados se definen problemas, formulan objetivos, se diseñan acciones y se implementan esas acciones que deben ser monitoreadas y evaluadas para saber qué se hizo mal y qué se hizo bien, qué se puede mejorar, qué se puede aprender y parar rendir cuentas. Y así se pueden seguir listando diferentes y múltiples interrelaciones entre estas cuestiones que están detrás del fortalecimiento de las capacidades estatales.
En la encuesta presentada en este trabajo, existe una interrelación entre empleo público y tecnologías digitales, dos “motores” clave para una mejor gestión pública y por ende para un mejor Estado. Desde ya que no todo el empleo público puede reducirse a la alta dirección pública, así como no todas las tecnologías digitales pueden reducirse a estas que nos permiten el trabajo remoto. Más aún: dentro de esta interrelación entre empleo público y tecnologías digitales probablemente haya otros vínculos tan desafiantes que requieren de planificación (siguiendo con las interrelaciones) como, por ejemplo, las nuevas competencias que necesitan y necesitarán cada vez más los funcionarios públicos para trabajar con datos masivos y heterogéneos (fenómeno conocido genéricamente como big data) a partir del volumen, velocidad y variedad de datos, característica central del veloz e intenso desarrollo tecnológico de los últimos años.
En cuanto a los resultados de la encuesta cabe señalar que no se pueden entender sin el contexto en el cual se da el trabajo remoto: un contexto de emergencia como consecuencia de una situación inesperada de pandemia. Llegamos al trabajo remoto por una emergencia sanitaria para la cual ningún Estado estaba preparado (tampoco, por cierto, el sector privado). Pocas veces en la historia el Estado no solo en nuestro país sino en todos los países del mundo se vio tan exigido como en este momento y, si bien no hay nada definido, en términos generales el Estado en Argentina (y los funcionarios y trabajadores estatales) vienen respondiendo mejor de lo que la mayoría de la opinión pública considera.
Es decir, no se pueden explicar estas cuestiones críticas que aparecen en la encuesta vinculadas al aumento de la carga de trabajo, la superposición de tareas de cuidado y del hogar con el trabajo, las condiciones desiguales de acceso a la tecnología, el uso fundamentalmente de dispositivos propios y el bajo grado de capacitación para el trabajo remoto, sin considerar este contexto macro de emergencia sanitaria.
Pero además de este contexto de pandemia, otro elemento que vale la pena señalar para entender mejor los resultados de la encuesta es el desafío importante que existe en nuestro país en materia de profesionalización de la función pública (concursos, formación, carrera, salarios, evaluación del desempeño, etc.). La pandemia no encontró al empleo público en su mejor momento. Particularmente relevante es esto en el segmento directivo, caracterizado en su mayoría por las designaciones transitorias y las excepciones a los requisitos para ocupar esos cargos. Este problema tiene su impacto en términos de conocimiento especializado, aprendizaje y memoria institucional.
Otro punto que vale la pena señalar (y que esta encuesta aborda) es que muchas veces olvidamos que trabajar en organizaciones implica trabajar con otros. La mayor parte de los análisis y recomendaciones que circulan apuntan a la organización individual del trabajo, pero pocas veces se enfocan en cómo los directivos pueden colaborar en la realización colectiva del trabajo. A la angustia e incertidumbre natural que implica la pandemia y el hecho de no saber qué va a ocurrir cuando todo esto pase, se suma el hecho de tener que trabajar de una forma diferente.
Algunos creen que, a través de un celular, una notebook e Internet el trabajo podrá realizarse de la misma manera que si se hiciera en la oficina. Lejos está de ser así (y los resultados de esta encuesta lo demuestran). Lo importante es comprender que este cambio de modalidad de trabajo implica un desafío enorme tanto para los trabajadores involucrados, como para los directivos públicos y también para los políticos (ministros, secretarios, subsecretarios). Trabajar desde casa requiere un cambio en la forma de trabajo y no solo un cambio en el medio de comunicación. En este sentido, el trabajo remoto implica nuevas competencias individuales y colectivas para llevar adelante un trabajo efectivo.
En términos generales numerosas investigaciones demuestran que el trabajo a distancia es un método útil si logra prepararse a la organización y a las personas que la integran para ello. En cambio, si se lleva adelante de manera improvisada (como inevitablemente tuvo que llevarse a cabo como consecuencia de la pandemia), aparecen muchas de las asignaturas pendientes y desafíos que los directivos públicos identificaron en esta encuesta.
De nuestra descripción del impacto del trabajo remoto en la alta dirección pública se desprenden algunas posibles hipótesis de trabajo para futuros estudios no solo de naturaleza cuantitativa sino también cualitativa mediante entrevistas semi-estructuradas en profundidad y grupos focales.
Así, a modo de hipótesis se podría pensar que la visión crítica del trabajo remoto puede estar dada por aquellos directivos que tienen una actitud negativa hacia la tecnología, que no tienen una infraestructura hogareña adecuada (computadora, conexión, espacio físico), con hijos a cargo y en su casa por la pandemia, estilo de conducción tradicional / vertical que ejercen el control por presencialidad.
Y a la inversa: las miradas favorables al trabajo remoto puede venir desde aquellos directivos públicos cuyas tareas tienen una naturaleza tecnológica, los que pueden armar rutinas y pautas laborales bien definidas para que los trabajadores no estén tanteando qué deben hacer o decidir, los que no tienen hijos a cargo, los que tienen un largo trayecto para llegar a sus ámbitos laborales (transporte público), los que trabajan en red o de forma proactiva y flexible en base a objetivos y resultados.
Asimismo, consideramos que debemos tomar distancia de los que dicen que nada de todo este trabajo remoto quedará y también tomar distancia de los que dicen que no habrá marcha atrás. Como es sabido, los grises no tienen los brillos de los extremos, pero es por donde suele pasar la realidad. Se trata de un juego de final abierto en donde hay más interrogantes que certezas y que va a depender de los diferentes actores involucrados en la cuestión. En este sentido, este estudio y las posibles líneas de continuidad que se sugieren a partir de las hipótesis antes mencionadas, así como también otros estudios como los de la propia Secretaría de Gestión y Empleo Público, pueden ser importantes para aportar evidencia empírica que respalden las decisiones a tomar en el marco de la denominada “nueva normalidad”.
Segunda parte
Las respuestas de la gestión pública frente a los desafíos de la pandemia
Los desafíos qué representó la pandemia para los gobiernos de todo el mundo, para los estados, se podrían centralizar en dos niveles, (Castellani, 2020). En primer lugar, en un nivel Socio político y en un segundo nivel, institucional. A nivel sociopolítico, porque todas las acciones del estado requieren una legitimidad más allá de la legalidad de origen. Esta legitimación se complejizó por el escenario tan novedoso de pandemia. Con la pandemia emergió la importancia del Estado como principal coordinador en el manejo de la crisis sanitaria y también económica. Visto desde el Estado, esta situación de pandemia redefinió la relación con la ciudadanía en términos de la aceleración y profundización de problemas del transporte, sanitarios, hábitat, empleo, etc. Y en segundo lugar, con las elites económicas en tanto se estableció una disputa respecto de los costos de la crisis.
Para Castellani, A. (2020) a esta situación problemática, en el frente servicios prestados por el Estado y elites económicas, se le sumó la situación de un gobierno que recién había llegado a la administración en el año 2020, y con una gestión de un gobierno de cuatro años pasados, con una orientación muy diferente con respecto al rol del Estado y la administración pública en el proceso de desarrollo. Fundamentalmente con una gestión del Estado de cuño neoliberal. Cabe destacar que, ese gobierno anterior liderado por la coalición de derecha Cambiemos ha sido caracterizado como un gobierno que capturó las estructuras del Estado desde una gestión y personal con una lógica de funcionamiento característica del sector privado.
Dentro de los desafíos que atravesó el Estado en su operatoria cotidiana una vez declarada la pandemia, fue reconvertir a modo remoto el funcionamiento de toda la administración pública a algo que no había hecho de manera sistemática, nunca. Esto requirió un conjunto de protocolos para regular esa modalidad de trabajo novedosa. Que tuvo ventajas y desventajas, pero fue la única posible porque no existía desde ese momento manera de parar el funcionamiento del Estado. Sumado a la complejidad de un Estado que tenía que formular e implementar un conjunto de políticas públicas que no estaban en la agenda inmediata. IFE, ATP, reforzar el sistema de atención de la salud, camas, tests, etc. Todas esas políticas públicas se tuvieron que implementar rápidamente. Pero además se debió realizar garantizando la transparencia de las compras públicas en un contexto de excepcionalidad y para ello hubo que readecuar normativa para cumplir ese objetivo. Hubo que redefinir todos los servicios que se le brindan a la ciudadanía al modo remoto.
¿Qué ocurrió en la APC Nacional en esa situación de excepcionalidad del año 2020? Fuerzas armadas y de seguridad siguieron trabajando presencial, que representa la mitad del personal de la APC. El resto de los trabajadores se distribuyó, 63% quedó trabajando de manera remota, 14% de manera presencial, 17% entró en licencia por cuidado de niñes menores. Gestión y empleo público fue un área pionera para resolver este problema de cuidados. 1% otro tipo de licencias. 5% sin trabajar. (mantenimiento y servicios públicos de edificios públicos, por ejemplo).
La normativa para que la APC siguiera de modo remoto fue emitida el 16 de marzo. A través del Consejo Federal de la función pública se acordó que en las provincias sucediese lo mismo. Con el sistema de gestión electrónica de los expedientes y siguiendo los datos de las bases de datos se vio que, a pesar de esa reconversión, la administración podía seguir funcionando porque se seguían administrando de manera remota todos los expedientes. Se mantuvieron niveles altos de funcionamiento. En función de ello, se propusieron retomar los ejes de trabajo estipulados por la Secretaría de Gestión y empleo público, readecuándolos a la nueva realidad del ASPO.
En cuanto al eje, acceso de la ciudadanía junto con la Secretaría de Innovación Pública de la Nación se propusieron con mandato de la Jefatura de Gabinete de ministros avanzar con la digitalización de servicios esenciales a la ciudadanía. Y trabajar en un proceso de innovación en la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Para eso se propuso hacer un mapeo de la acción estatal y la consolidación de la información para que todos los funcionarios y para que todos los ciudadanos pudieran acceder a ver qué políticas públicas se estaban implementando en cada repartición, y con qué grado de avance.
Otro eje importante fue dotar de integralidad a las políticas de empleo. En Argentina las políticas de empleo público han tenido numerosos vaivenes en función de la orientación política de cada gobierno. No se logró consolidar un sendero estable en materia de política de empleo público y de políticas salariales más homogénea. Las acciones en ese sentido buscaron iniciar un proceso en esa dirección y no agudizar los desfasajes preexistentes sino ir a esa integralidad de esas políticas de empleo. Donde se de forma al trabajo a través de redes de colaboración, la capacitación y la formación de excelencia, la elaboración de un conjunto de regularizaciones de las condiciones laborales y el diseño de sistemas híbridos que combinen la presencialidad y el trabajo remoto para que formen parte de la agenda de estos años. Sin descuidar un mandato inicial de la JGM que es la integridad y transparencia como un eje transversal de las políticas públicas en toda la administración nacional. La prevención de la captura del estado por intereses privados es ineludible. La cuestión del Estado federal resulta clave para trabajar con cada provincia. Para lograr esa co – construcción de las políticas se llevó a un modo de trabajo desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público que combina la identificación de núcleos problemáticos y a partir de allí se trabaja con producción propia de los datos (datos del estado nacional de distintas reparticiones). Ese análisis permitió entender esos problemas y luego trabajar esos problemas con los actores de la administración en forma de red para permitir mayor colaboración, transversalidad, horizontalidad y participación.
En materia de empleo público hubo mucho para readecuar en función que se venía de lineamientos de empleo público diferentes por parte del gobierno anterior. Se hizo toda la normativa nueva, de licencias, recomendaciones para el trabajo remoto. A diferencia del sector privado las cuestiones vinculadas con las modificaciones en las condiciones laborales exclusivamente se pueden trabajar en el ámbito paritario conjuntamente con los sindicatos. Trabajan en una mesa técnica de trabajo remoto con los sindicatos. También generaron sus propios datos a través de una encuesta de impacto del trabajo remoto en la administración pública. 17. 858 trabajadores de la APN en el mes de abril 2020. Eso permitió identificar los problemas del trabajo remoto. Las cuestiones técnicas, la conectividad, infraestructura de los equipos, dificultades para conducir los equipos. Se diseñó ad hoc un plan para fortalecer a aquellos que tienen a cargo equipos de trabajo que puedan mejorar en modo remoto esa tarea. Por otro lado, se hicieron el análisis de las dotaciones de personal en un nuevo formato también para garantizar los programas de movilidad interna y especialmente la coordinación d la política salarial para todo el sector público nacional. Están colaborando con todas las paritarias que están cursando todos los organismos del estado más allá de los que están dentro del Convenio 214 del cuál ellos son los representantes del estado empleador. En el resto de las paritarias del sector público descentralizados, autárquicos y de las empresas del estado trabajaron para lograr una pauta de incremento salarial homogénea en toda la administración. E ir hacia un camino que consolide la política salarial con todas las dificultades del 2020 en donde el esfuerzo primario estuvo en garantizarle a todo el mundo su trabajo y sus ingresos completos.
Lo más importante en materia de empleo público fue en 2020 el plan de regularización de empleo público. Argentina tiene en el sector público una situación particular que es que casi un cuarto de sus trabajadores que no integran las fuerzas armadas y de seguridad están designados en modalidad transitoria. Esa modalidad transitoria implica tener las condiciones y derechos laborales en cuanto a la cobertura de salud y previsional pero solamente por seis meses. Son renovaciones que se hacen cada seis meses. Hay personas que están contratadas en esa modalidad hace 20 años. Hay 18.000 personas que están contratadas así hace más de diez años. El primer foco de acción fue puesto en esas personas. Ir hacia un plan de regularización que les permita concursar de manera remota esos cargos. La regularización de las plantas del Estado se hace a través de la plataforma concursar y comenzó en frebrero de 2021. 10.000 concursos por año. Sin descuidar lo que es la promoción en la carrera pública. De aquellos que si están dentro de la planta y que tienen que tener posibilidad de tener movilidad vertical que muchas veces quedan estancados y no tienen incentivos para subir de posiciones.
Nuevas configuraciones y desafíos futuros de la pospandemia
La pandemia dejó un conjunto de aprendizajes y desafíos para distintos ámbitos de la vida pública y privada. Para el campo de práctica de la gestión pública, que suele ser un ámbito menos sensible a cambios de fondo que otros sectores habrá que ver si se produce un punto de inflexión o se vuelve para atrás o se produce un cambio gradual. Los aprendizajes son muchos y variados, por ejemplo, la recentralidad del Estado y la gestión, la importancia de la gestión de la salud, formas innovadoras y menos rígidas de gestión, mayor coordinación, más cogobernanza, mayor digitalización, entre otras.
La pandemia ha puesto de manifiesto el papel central de las gestiones públicas de los Estados. Si bien se ha señalado que ha requerido la acción de una multiplicidad de actores, los gobiernos a través de sus áreas de gestión se han transformado en los grandes protagonistas. La situación obliga a plantearse una vez más la centralidad del Estado como uno de los agentes esenciales de la estructuración de los procesos sociales también en este siglo XXI, sin la presencia activa de éste las relaciones del mercado, y aún varias de las asociaciones de la sociedad civil no hubiesen podido iniciar acciones efectivas, con consecuencias catastróficas (Boeiro, 2020, Castellani, 2020).
Esta recentralidad fue importante por la necesaria adaptación al nuevo escenario a partir de normativas nuevas y nuevos procesos de gestión. Por el liderazgo necesariamente ejercido por los equipos de gestión y la coordinación. Y por la dotación de los recursos económicos.
En cuanto a las normativas de empleo, por ejemplo, en Argentina las respuestas estatales han sido variadas, tanto directas como indirectas. Se podría afirmar que el Poder Ejecutivo Nacional ha sido muy activo en intentar paliar los efectos devastadores de la pandemia y la cuarentena obligatoria dictada desde marzo del 2020. Teniendo en cuenta la publicación del gobierno en su portal oficial argentina.gob.ar, se pueden observar una innumerable cantidad de medidas y programas implementados. Lo más destacado en materia de transferencias es que el gobierno otorgó en meses consecutivos el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el (ATP) para trabajadores del sector privado hasta el 50 por ciento de los salarios.
En el marco de ese proceso de implementación los principales centros de estudios nacionales sobre empleo en Argentina han coincidido en señalar que el Estado ha estado presente en paliar la difícil situación del empleo. Por ejemplo, según el Centro de Estudios de Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín, “las políticas destinadas a preservar los puestos de trabajo moderaron la destrucción de empleo”. Entre los “amortiguadores oficiales” de la “pandemia después de la pandemia”, el CETyD subrayó a la prohibición de despidos y el pago del salario complementario por el Estado (ATP).
Cabe destacar también que, en cuanto al gasto, el Estado Nacional duplico las transferencias no automáticas (sin contraprestación – pasaron del 67% del gasto total al 78% a IFE y ATP). Lo hizo en un contexto de limitaciones. Los gastos de los servicios de deuda disminuyeron a la mitad y aumentó el gasto social. La evolución de las transferencias a provincias se duplicó en el año 2020 y fueron destinadas a ayudar a las cajas. (hay que tener en cuenta que los gobiernos subnacionales tienen un rol protagónico en la prestación de los servicios de salud). La APN también asistió de manera indirecta a fondos fiduciarios (los dos más relevantes son el FOGAR garantía argentino y el FONDEP para el desarrollo productivo, 1.7 del PBI) que a su vez asistieron a las empresas para que no se corten las cadenas de pago. Hay que decir también que estas tres tareas del Estado deberían continuarse, pero en términos de la agenda actual tanto la situación económica, como la deuda son condicionantes por lo menos para el último punto.
También hay que destacar que la pandemia puso de relieve y en evidencia el papel del sistema de salud público, sobre todo. Los bajos salarios, la falta de insumos, digitalización de los trámites, etc. El Estado Nacional dio una primera señal de sostenimiento de ese sector, pero restan acciones futuras de reforma del sistema de salud.
Por otro lado, se podría decir que ha habido un efecto globalizante de los desafíos de las gestiones públicas. En Argentina resta ver el peso relativo de esto. Desde la mirada ciudadana hay una mayor atención a las respuestas de las administraciones. Hay también una recentralidad del método comparado como un requisito de calidad y legitimidad de las decisiones gubernamentales.
Otra de las evidencias que ha revelado la pandemia es la cuestión de la complejidad de los problemas públicos y la complejidad para abordar estos problemas. Los sistemas complejos producen un cambio evidente en la gestión, que básicamente ya no puede estar basada en una gestión del control, sino que deberá orientarse a otro, de confianza mutua. La complejidad y la interdependencia hacen que los sistemas jerarquizados y autosuficientes no tengan las capacidades necesarias para abordar los problemas públicos en tanto problemas complejos o retorcidos. Más robustez para la gobernanza pública significa mayor capacidad para manejarse en entornos complejos. La cogobernanza está directamente asociada a esta cuestión. El sistema federal exigió en la pandemia mayor capacidad de coordinación y pensar diseños institucionales multinivel. La coordinación no sólo entre el sector público sino también entre el sector público y el privado. Se necesita un estudio del funcionamiento de los Consejos federales como el de Salud, Educación, el de ambiente, etc.
Bibliografía utilizada
Castellani, A. (2020) Presentación en el Congreso de Administración de AAEAP. Argentina.
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento [CIPPEC] (2020). El Estado desde casa: Cómo trabaja la dirección pública del Estado. https://www.cippec.org/textual/el-estado-desde-casa-como-trabaja-la-direccion-publica-del estado/?fbclid=IwAR3PsIE79eV3qYKjM6fBZPko57rWIFpSxKM5mQ9zcp7WElxd_va8ENs-_Uk
Diéguez, Gonzalo; Gasparín, José; Rubio, Jimena; y Aruanno, Lucía (2019): GPS del Estado. Radiografía y balance de la Administración Pública Nacional 2015-2019. Disponible en https://www.cippec.org/publicacion/gps-del-estado-radiografia-y-balance-de-la-administracion-publica-nacional-2015-2019/
Oszlak, Oscar. (2020). “Trabajo remoto: hacer de necesidad virtud”. Cuadernos del INAP. Año 1. Argentina.
Pando, Diego (2020): “La parte sumergida del iceberg: apuntes para más y mejor Estado”, en Daniel García Delgado y Claudia Bernazza (compiladores): Estado, políticas públicas y federalismo, Documento de Trabajo número 6, FLACSO Argentina, Buenos Aires.
Rubio, J. y Aruanno, L. (julio 2020). “La capacidad de respuesta del Estado frente a una crisis. El rol de un espacio directivo profesional” Documento de Políticas Públicas 222. Buenos Aires: CIPPEC. https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/07/222-DPP-La-capacidad-de-respuesta-del-Estado-Rubio-yAruanno-julio-2020.pdf
Secretaría de Gestión y Empleo Público. (2020): Valoración de adaptación de empleo público para entornos de crisis. Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/informe-sobre-el-impacto-de-la-adaptacion-al-trabajo-remoto
Apuntes sobre la planificación en la gestión pública argentina.
De la normativa-racional a la “Hidra de Lerna” en la planificación.
10/12/2021
Por Matias Galgano1
El objetivo del artículo es poner en debate, de manera ensayística, las diferentes implicancias históricas de la planificación como herramienta de gestión pública en Argentina. La intención es aportar unas pequeñas líneas sobre la planificación como herramienta de gestión pública con una perspectiva histórica y crítica.
Lo primero que puede decirse es que la planificación no se da en el vacío. Es producto de un entramado de pujas de poder específicas que se dan en un momento histórico determinado. Analizar la planificación por fuera del entramado de poder de época es como intentar comprender el fenómeno sin el sustento estructural que le da densidad conceptual.
La planificación es una herramienta pero, como toda herramienta, sus metodologías de abordaje son necesariamente producto de un posicionamiento histórico dentro de un campo ideológico en el mundo de la política. Las herramientas son utilizadas de diferente forma dependiendo de la direccionalidad política que se define en las pujas de poder en general asociadas no sólo a cuestiones súper-estructurales sino, también, propiamente de la materialidad histórica.
Insisto, a riesgo de caer en la redundancia, la planificación no debe entenderse como solo un mero instrumento de gestión, sino que debe comprenderse como una estructura de abordaje de una realidad que es construida social y políticamente en medio de la disputa de intereses en una sociedad determinada.
Planificación normativa-racionalista.
Si se comprende de esta forma, la planificación tiene momentos o instancias de aplicación que se condicen con el modelo de desarrollo de época.
De esta forma, el modelo de desarrollo de la segunda posguerra estructuraba su fundamento en el impulso concreto de la demanda agregada. El imperativo que guiaba el modelo de desarrollo era específicamente impulsar el consumo de sectores que se encontraban marginados de los círculos que dominaban la economía nacional. De esta forma, el avance de los sectores populares como parte de la sociedad de consumo no fue solamente una victoria simbólica de época, sino que también una parte sustancial de un modelo de desarrollo que los constituía como sujetos de consumo.
Este modelo de desarrollo tenía otra vertiente que no puede soslayarse. El rol del Estado como dinamizador de la economía. El Estado fue entendido como una herramienta necesaria para impulsar la demanda agregada y de esta forma dinamizar la actividad económica.
Es justamente en este punto donde entra la planificación normativa-racionalista. La herramienta fue utilizada como una posibilidad de estructurar la sociedad deseada con una perspectiva puesta en el sujeto de época: el trabajador industrial. De esta forma, los grandes planes nacionales (el ejemplo máximo fueron los planes quinquenales) constituían una forma de pensar la sociedad en su conjunto a escala nacional.
Esta no es una cuestión menor. Porque la intención de época de diagnosticar los grandes problemas nacionales y desde ahí asociar la planificación a la estructuración de una sociedad deseada fue en definitiva una forma de abordaje de la realidad que no solo valorizó la intervención pública en el espacio social, sino que permitía abordar las problemáticas de manera intersectorial y con un abordaje amplio.
La cuestión de la racionalización en la política pública no es un elemento a soslayar. La planificación se pensaba de arriba hacia abajo, desde el estado nacional se diagnosticaba las problemáticas nacionales y el modo de abordarlas tenía una fuerte intención de abordarlas de manera integral. Esto no descartaba las particularidades territoriales de las instancias subnacionales, pero la planificación –como herramienta- era pensada primero a escala nacional y luego subnacional.
Esta forma de pensar los problemas era parte, como se mencionó anteriormente, de un imaginario de época que ponía al Estado Nacional como gran planificador de la vida social.
Para terminar este apartado es importante destacar que no es cuestión de posicionarse específicamente como defensor de este tipo de planificación, solo marcar que en la historia existió esa forma de pensar no solo las problemáticas sino y, sobre todo, la planificación.
Atomización del poder territorial. La focalización y el incrementalismo como regla: la “Hidra de Lerna” de la planificación.
El proceso de transformación que se inició en la década de los 70 a escala global modificó radicalmente no sólo la planificación sino incluso la forma de pensar el mundo y con ello los problemas nacionales.
La globalización como fenómeno mundial fue ampliamente estudiada. No es objetivo de este apartado describir las particularidades de la misma en términos de transformación social, económica y cultural2. Sin embargo, no debe dejarse de lado una somera mención sobre sus implicancias en términos de planificación.
La principal característica de la globalización es la liberalización económica. El diagnóstico general fue que el Estado como gran planificador de la vida social demandaba un esfuerzo fiscal que no se correspondía con la realidad de la época. De esta forma, la flexibilización se constituyó como el imperativo principal no solo del sector privado sino también en el público.
La idea principal se constituía en pensar que los problemas nacionales se solucionarían por la fuerza del mercado y la intervención pública solo debía limitarse a cuestiones meramente programáticas de forma tal que el mercado estructure tanto los diagnósticos como las metodologías de abordaje.
En sintonía con este paradigma, en Argentina, la década de los 90 fue un antes y un después en términos de este tipo de intervención pública.
Destacaré solo dos aristas de las reformas que transformaron la intervención pública y con ella la planificación como herramienta específica: la atomización del poder territorial y la focalización (y el incrementalismo en la política pública) como regla.
En términos territoriales, la reforma de la constitución de 1994 consagra en su artículo 123 la autonomía municipal y, por otro lado, le da potestad a las provincias para gestionar los recursos naturales y territoriales. Esta reforma no puede entenderse desvinculada del proyecto político neoliberal que buscó descargar en los gobiernos subnacionales potestades que históricamente estaban a cargo del gobierno central.
En definitiva, en términos fácticos, los gobiernos subnacionales se convirtieron en depositarios de problemáticas que se entendieron como propias y exclusivas de sus realidades locales y regionales. De esta forma, y en sintonía con el modelo de desarrollo mercado-céntrico, la idea de la flexibilización y de descentralización se constituyó como una forma de atomización del poder territorial que tiene hasta hoy consecuencias específicas.
Estas consecuencias, que hasta hoy padecemos, se podrían resumir de la siguiente forma: en primera instancia, una licuación de la fuerza de los gobiernos subnacionales frente a los grandes desarrolladores y empresas multinacionales. Estas reformas posicionaron a los gobiernos subnacionales en el lugar de controlar y tomar decisiones políticas-territoriales que en gran medida exceden considerablemente sus recursos tanto técnicos como financieros. La segunda consecuencia destacable, es la competitividad territorial. Los gobiernos subnacionales, siendo ellos los responsables de llevar adelante las políticas territoriales se convirtieron en un espacio más de la competencia por las inversiones privadas de forma tal que el capital define dónde invertir y los gobiernos subnacionales se convierten en “impulsores de la flexibilización” a fin de atraer inversiones que demandan estructuras de intervención cada vez más laxas.
Por otro lado, lo que también me gustaría poner en discusión es la propuesta y la iniciativa de la focalización de la intervención pública. La idea de la focalización también impactó considerablemente en la forma de abordaje de las problemáticas y por ende en la forma de planificar. Se comprendió que la intervención pública no debía constituirse como una herramienta integral sino sectorizada de forma tal de abordar las problemáticas de manera focalizada y particularizada.
De esta forma, el pasaje de un abordaje, en términos de políticas públicas, más racionalista a la idea del incrementalismo estructurando un modo de intervención que ponderaba de manera positiva la desregulación y la construcción de alternativas de manera más sectorizada y atomizada.
Las políticas públicas pasaron a pensarse en términos de proyectos de menor escala en general asociados a una idea del onegeísmo como forma de intervención que se desligaba de la intervención pública desde una escala superior como es el caso de los planes.
De esta forma, la planificación también disminuyó su peso específico como herramienta de abordaje integral de las problemáticas. Planificar lo micro (con poca o nula relación con el esquema nacional) se constituyó como regla de la intervención pública abandonando la idea de planificar para una escala territorial mayor.
La focalización y el incrementalismo en las políticas públicas y la atomización del poder territorial constituyeron sólo una parte de los núcleos centrales de una política que decantó en una especie de Hidra de Lerna3 de la planificación con intenciones concretas de distanciar la planificación del abordaje integral de problemáticas.
Planificación participativa.
Una de las respuestas más actuales a la idea de retomar el camino de la planificación en el Siglo XXI es la fuerza de la participación como núcleo central del proceso de planificación.
La idea principal es entender la planificación desde un contenido democrático de abajo hacia arriba. Se parte de la idea que no es posible el proceso planificador sin tener en cuenta los actores concretos que intervienen en el proceso.
Sin desconocer la intención reformista de esta visión debe mencionarse que no deja de ser una propuesta que sigue profundizando el proceso de fragmentación anteriormente descrito. El problema central no es la falta de democratización de la planificación sino el elevado nivel de autonomía en el diseño de planes de intervención pública.
Sin embargo, siempre son valiosos los aportes que amplían la base de ejecución de un plan específico. Pero lo que se plantea es que el actual esquema de ejecución de la planificación no está determinado por un esquema integral -en términos amplios- y siguen siendo herramientas propias de la voluntad política de un gobierno de turno al tiempo que localizadas en territorios cada vez más pequeños.
La participación en el proceso de producción de un plan de abordaje es estructural no solo para el diagnóstico sino también en la ejecución y la evaluación. Eso es indudablemente una victoria. Pero no debe dejarse de lado la importancia del peso específico del plan que se quiere llevar adelante; si las propuestas siguen siendo sectoriales o distribuidas desigualmente en el territorio no cumplen la función principal de un plan estratégico que en definitiva es la de definir objetivos posibles para abordar problemáticas estructurales.
De esta forma, por más participativo que sea el plan estratégico de un municipio de cualquier rincón del país si no es entendido como parte subsidiaria de una idea planificadora provincial y, al mismo tiempo, como herramienta partícipe de una planificación nacional, el plan tiene dos destinos: ser un plan de escritorio -esto quiere decir que se convierte en solo un compendio de buenas intenciones pero sin ningún tipo de marco legal o regulatorio que le de sustento factible en el mediano y largo plazo- o ser un plan a la medida de un sector de la sociedad que es, en definitiva, el sector social que ganó la puja de poder por priorizar sus intereses.
En síntesis, la planificación participativa peca -en general- de ser una herramienta democratizadora en una estructura territorial, política y social profundamente desigual. Si el problema es la atomización del poder territorial, los planes no deben tener como principal cuestión para desarrollarse la participación sino la búsqueda de integralidad, intersectorialidad e interjurisdiccionalidad. Sino el plan está condenado a terminar de la forma que se describió en el párrafo anterior.
Necesitamos la participación enmarcada en un proceso de planificación que retome la idea de la integralidad de la política de forma tal que los planes estratégicos no solo no estén atados a la voluntad política sino que formen parte de una idea de país común.
La necesidad de planificar para lo popular
El neoliberalismo dejó entre otras cosas una pobreza estructural difícil de abordar. La pobreza y la expulsión fueron denominadores comunes de un proceso que estructuró –no solo en Argentina- una realidad social acuciante.
Hoy, en Argentina, el 35% de la población económicamente activa trabaja “sin patrón”. En general, lo que se dio en llamar economía popular no es más que la respuesta de los sectores populares a políticas que no los contemplan –ni siquiera- como parte del sistema capitalista. No son ni consumidores.
En otras épocas, la informalidad era entendida como desviación a la regla que contemplaba el empleo formal como herramienta de dinamización de la economía en su conjunto. Pero hoy ni siquiera es considerada de esta forma.
La desvinculación entre el trabajo y el empleo es un rasgo característico de la época histórica que vivimos. Una estructura laboral –mercado de trabajo- que dejó de contener a gran parte de trabajadores y “una parte creciente de los sectores pobres urbanos sostiene su integración social por fuera de las protecciones del trabajo asalariado” (Cabrera y Vio 2014: 37)
La financiarización y la tercerización económica sumado a la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) dejó a un tercio de la población argentina al margen del sistema. Esta población no tuvo otro camino que inventarse el trabajo.
De esta forma, los procesos descritos en los anteriores apartados en relación a la atomización del poder territorial y la multiplicidad de centros de comando de la planificación han dejado a los sectores populares al borde del sistema.
Lo que me interesa resaltar es la necesidad de volver a pensar la planificación como oportunidad de inclusión social y como imperativo de la justicia social.
La economía popular tiene graves problemas, en general asociados a la productividad y comercialización. Es ahí donde debe inscribirse la planificación como una herramienta que mejore la relación entre trabajo y empleo. La planificación con enfoque popular no puede pensarse bajo ningún punto de vista como la única solución a los graves problemas que atraviesan los sectores populares y que son también problemas de la sociedad en su conjunto, pero si su piedra angular.
Dotar de mayor formalidad a la economía popular no es una política sectorial o caprichosa. La economía popular en su gran mayoría no utiliza más que insumos nacionales, con trabajo nacional que dinamizan el mercado interno y generan empleo en gran parte de la economía formal.
La planificación con enfoque popular no solo es una necesidad –hasta moral- para solucionar el problema de auto reproducción de los hogares populares sino que también es una oportunidad para dinamizar la economía y el desarrollo nacional.
Es necesario pensar y actuar en este sentido.
[1]Lic. en Ciencia Política y Gobierno (UNLa). Doctorando en Estudios Urbanos (UNGS)
[2] Para profundizar sobre la globalización y sus consecuencias ver: Galgano, M. (2020) “La globalización neoliberal y las respuestas populares a contextos expulsivos”, CEPIDRA. Disponible en: Economia – Integración y Desarrollo (integracionydesarrollo.ar)
[3]La Hidra de Lerna en la mitología griega era una serpiente acuática de múltiples cabezas.
Bibliografía consultada.
- CABRERA, M. (2019) ¿De qué se ocupa la economía popular del Conurbano bonaerense? Revista Perspectivas de Políticas Públicas Vol. 9 Nº18 (enero-junio 2020), UNLa, ISSN 1853-9254
- CABRERA, M. C., & VIO, M. (2014). Cuadernos de Bitácora. Los hilos de la economía popular en la posconvertibilidad. En M. C. Cabrera, & M. Vio (Edits.), La trama social de la economía popular. Buenos Aires: Espacio
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
COMUNAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
20/08/2021
Por Anaclara Canevari¹
LA RECONFIGURACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL: NUEVAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Desde el año 1996, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se organizó en quince comunas. Esta organización se produjo en el marco de un proceso de descentralización, el cual comenzó a discutirse a partir del establecimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, establecido en la Reforma Constitucional de 1994. Esta iniciativa, a su vez, se inscribió dentro de una tendencia mundial en la que varias metrópolis han utilizado similares criterios de departamentalización tales como Barcelona, Nueva York, San Pablo, Montevideo, entre otras.
Este proceso de descentralización de la gestión pública implicó no sólo una descentralización administrativa y operativa, sino que refiere, en esencia, a la expansión y la institucionalización de la participación ciudadana. El principio de participación ciudadana está íntimamente ligada a un modelo de gestión pública participativa, en la cual los ciudadanos tienen la posibilidad de participar en debates y acciones de incidencia en cuestiones de desarrollo social, cultural y económico de cada comuna, posibilitando la agencia y el tratamiento de diversas demandas sociales.
En este sentido, la reconfiguración de la sociedad civil argentina constituye un aspecto complementario de este proceso. Los años 90 representaron un período caracterizado por la continuación de la recuperación democrática (que ya venía consolidándose desde la presidencia de Raúl Alfonsín), y la intensificación de la globalización. Ambas condiciones estimularon la aparición de dos nuevos ejes: la diversificación y la consolidación organizativa de la sociedad civil. Si bien la expansión de la sociedad no sólo se explica por la agudización de la crisis socioeconómica, en este artículo hago énfasis en la emergencia de nuevas demandas de base sociocultural y su consiguiente incorporación en la agenda pública. Entrados los años 2000, las problemáticas que convocaban a la movilización ya no se restringían únicamente a las discusiones sobre las condiciones de vida (desempleo, pobreza, inseguridad), sino que se habían incorporado de cuestiones referentes a los derechos ciudadanos. Desde la sociedad civil organizada, se reclamaba la intervención estatal sobre nuevas cuestiones, tales como los derechos humanos, problemas ambientales, mejoramiento de las condiciones de vida en contexto urbano, discriminación por motivos de género, violencia social, entre otras. La “cuestión social” se vio ampliada y dejó de centrarse exclusivamente en la dimensión económica/laboral.
A la vez que se pluralizaron las demandas, se ampliaron las modalidades en las que se organizó la sociedad para darle tratamiento a esas problemáticas. A esto refieren Rofman y Foglia (2015) cuando advierten que la diversificación se manifiesta en la aparición de múltiples mecanismos institucionales que organizan la participación en las políticas públicas. La intervención de la ciudadanía en las cuestiones que le interesan se viabiliza mediante una gama de instrumentos diferentes tales como la organización en consejos, foros, mesas de gestión, asambleas; y otras formas de democracia directa. De esta manera, el fortalecimiento de la sociedad civil se convierte en un propósito en sí mismo, y se manifiesta a partir de los diferentes niveles de participación ciudadana.
Para las autoras, esta concepción de la participación ciudadana no se restringe únicamente al vasto campo de participación comunitaria, como tampoco se limita a los procesos electorales del sistema político. Más bien, el adjetivo “ciudadana” evidencia que las decisiones y acciones públicas no son monopolio de la acción estatal ni del entramado comunitario, sino que se desenvuelven dentro del espacio de lo público no estatal. Chica Velez (2008) afirma que si bien el Estado es uno de los tantos espacios de lo público, lo “público” no se limita a esta dimensión, ya que también incluye a otros espacios que también agencian demandas sociales, tales como la Sociedad Civil o el Mercado. De esta manera, lo público escapa de la representación social que lo comprende como “lo común”, “lo de todos”; y se constituye como un espacio múltiple y cambiante en el cual se disputan diversos asuntos públicos considerados relevantes para una sociedad determinada. En este sentido, “recuperar lo público” implica institucionalizar la participación ciudadana, es decir, volverla parte de la política pública local.
LAS COMUNAS COMO ESPACIO PREDILECTO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En este marco de participación social se insertan las comunas que, según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (1996), son entendidas como unidades descentralizadas de gestión política y administrativa con patrimonio y personería jurídica propia. Las comunas, que generalmente nuclean entre dos o más barrios, tienen competencias exclusivas específicas, que incluyen, entre otras cuestiones, la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano y espacios verdes y la participación en el anteproyecto del presupuesto anual, su ejecución y consecuente administración. Sin embargo, su existencia tiene un propósito general que consiste en llevar adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo local, en tanto no afecte de forma negativa a la ciudad en su conjunto o a otras comunas.
Las comunas están gobernadas por una Junta, conformada por siete miembros elegidos según las listas ganadoras en las elecciones presidenciales. Para regular su accionar, en el artículo 33 de la Ley de Comunas se establece la creación de un Consejo Consultivo, que opera como organismo consultivo y honorario de participación popular. El Consejo Consultivo Comunal está integrado por vecinos y representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito territorial de la Comuna, quienes no perciben remuneración por sus servicios.
Este organismo es un espacio destinado a la deliberación vecinal, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de propuestas, definición de prioridades presupuestarias, entre otras. Algunas de sus funciones son: participar del presupuesto comunal y definir las prioridades presupuestarias; evaluar la gestión comunal y supervisar el cumplimiento de la prestación de servicios públicos, presentar propuestas ante la Junta Comunal sobre programas y políticas de interés comunitario; promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las demandas, reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos; promover la utilización de los mecanismos de participación ciudadana; generar espacios abiertos de discusión, foros y toda otra forma de participación directa para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, obras, programas y políticas públicas; entre otras.
Como podemos observar, las comunas, motivadas por la descentralización de la gestión, son espacios predilectos para la participación ciudadana. De esta manera, diversas organizaciones sociales, partidos políticos y vecinos particulares integran el Consejo Consultivo Comunal y llevan adelante diferentes propuestas y canalización de demandas sociales que respectan a cada comuna específicamente.
La organización de la CABA en comunas se inserta en el marco de una política de participación ciudadana, a partir de la cual se establece una articulación multiactoral y se fomenta la recuperación de espacios públicos no estatales.
En síntesis, el desarrollo de una sociedad civil moderna y democrática fue resultado de un proceso sociohistórico particular, que comenzó en los años 90 con la crisis socioeconómica y el fortalecimiento democrático, y continuó con la expansión de espacios y mecanismos participativos que permitieron a la Sociedad Civil agenciar nuevas demandas de base sociocultural. De esta manera, el fortalecimiento de la sociedad podría analizarse desde dos grandes ejes: la diversificación y la institucionalización de la participación ciudadana. En este sentido, las comunas porteñas constituyen el espacio predilecto para la participación ciudadana, ya que parten de una idea de una gestión descentralizada que promueve la articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
[1] Estudiante de Lic. en Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Matanza.
[2] Políticas de participación ciudadana: refiere a iniciativas y espacios de articulación cuyo principal objeto es promover el incremento del protagonismo directo de la ciudadanía en las políticas públicas, en un horizonte de ampliación de la democracia, desplegándose por lo tanto en instrumentos de ampliación de la participación directa de la ciudadanía en decisiones estatales.
BIBLIOGRAFÍA
Constitución de la Ciudad De Buenos Aires. (1996)
Estadística GCBA. (2006). Capítulo 1. Las comunas. https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/anuario_2006/tomo1/01.pdf
Chica Velez, S. (2008). Gestión de las Organizaciones Públicas. Capítulo 1.
Ley 1.777. Ley Orgánica de Comunas. (2005)
Rofman, A., & Foglia, C. (2015, 15 julio). La participación ciudadana local en la historia argentina reciente (de los ´90 a la actualidad): Asistencia, movilización, institucionalización. Revista Estado y Políticas Públicas No 5.
A seis años del primer NI UNA MENOS: la construcción de la agenda política en género desde la organización social
03/06/2021
El tres de junio de 2015 nos convocamos masivamente frente al Congreso de la Nación, tras darse a conocer reiterados femicidios. Fue la primera movilización de lo que se consolidó como Ni Una Menos, conformándose un colectivo que reúne a un conjunto de voluntades feministas, pero también es un lema y movimiento social. Desde entonces no quedaron dudas de la incorporación de los reclamos feministas en las agendas de gobierno y de las políticas públicas.
En la actualidad, la presión social y la previa movilización de recursos en la esfera de la organización de la contienda política se presentan como elementos indivisibles, que se consideran claves, entre otros, a la hora de conformar agenda. En este sentido, el tres de junio del 2015 significó una trasgresión en la acción colectiva a través de la presencia espontánea de 250 mil personas frente al Congreso, con marchas de gran convocatoria en diferentes ciudades y plazas del país. Junto con sus posteriores réplicas y otras manifestaciones en línea con los reclamos feministas, se interpeló a los sectores sociales, políticos y a los medios de comunicación que hasta entonces desoían la problemática, y presionaron al Estado en sus diferentes niveles de gobierno a responder con distintas acciones estatales.
Así, es destacable el rol (muchas veces desestimado) que tiene la sociedad a la hora de marcar agenda, lo que nos demuestra que como ciudadanxs se puede incidir en la conformación de políticas públicas y que las responsabilidades democráticas pueden ser más que asistir a votar cada dos años.
El objetivo que nos convoca es repasar las políticas públicas producto de la agenda feminista, pero también resaltar que las acciones colectivas nutren el desarrollo de la vida democrática. Sobre ello, en este breve artículo retomamos la institucionalidad resultante del mencionado fenómeno en torno al género-en términos correlacionales-, ante una nueva conmemoración de la primera movilización más convocante y heterogénea en lo social, político y cultural en nuestro país por violencia por motivos de género, y con claras réplicas a nivel regional e internacional. En esta línea, podemos adelantar que, como bien plantea el título, la cuestión subyacente es la idea de la sociedad imponiendo agenda al sector político y el gobierno, en sus tres poderes.
Hacia una institucionalización de la agenda de género
A continuación, mencionamos algunas de las políticas públicas de relevancia que se impulsaron en los últimos años a partir de los reclamos de la agenda feminista:
- La Ley Brisa (Ley Nacional N° 27.452) fue sancionada en el año 2018 y toma el nombre de la reparación económica realizada por el Estado a una niña de tres años que junto con sus hermanos quedaron a cargo de su abuelo tras el femicidio de su madre cometido por su padre. Con esta ley se garantizan ingresos económicos a través de una transferencia mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil, a lxs hijxs de las víctimas menores de 21 años.
- La Ley Micaela fue promulgada en el año 2019. Se llamó así por conmemoración a Micaela García, militante feminista de 21 años, víctima de femicidio en el año 2017. Esta legislación establece la capacitación de género y violencia contra las mujeres, de manera obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en pos de revisar las prácticas que pueden llevar a la reproducción de la violencia institucional por razones de género. Está dirigida tanto para la alta función pública como para todxs lxs trabajadorxs que integren cualquiera de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en los ámbitos nacionales, provinciales y municipales.
Tras dos decretos presidenciales, el 721 y el 734, en septiembre del año 2020 se crearon las siguientes acciones de relevancia:
– El Cupo Trans establece cupo laboral en el sector público no inferior al 1% para personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para los puestos a cubrir, para ello se abrió un registro de anotación voluntaria de aspirantes a trabajar en el sector público nacional, además si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no tienen la educación secundaria completa, podrán ingresar a trabajar con la condición de cursar y finalizar el nivel educativo faltante.
– El Programa Acompañar brinda apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencias por motivos de género a través de una transferencia económica de carácter temporal, además, realiza una vinculación con áreas de género de cercanía para la atención integral de las víctimas.
– La sanción de la Ley Nacional N° 27.610 establece el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), tras el resultado de los procesos legislativos correspondientes en diciembre de 2020, que fueron acompañados de grandes movilizaciones en el país.
Algunas políticas públicas, si bien ya pre-existían antes de la primera marcha del 3 de junio, han tomado más conocimiento y difusión, tal como la Línea 144 de atención, contención y asesoramiento a situaciones de violencia por razones de género y las políticas de desarrollo social destinadas a mujeres víctimas de violencia de género llamado originalmente “Programa Ellas Hacen”. Ambas políticas fueron puestas en marcha en el año 2013 en el gobierno de Cristina Férnandez de Kirchner, que con algunos cambios continúan en la actualidad. También hubo una paulatina incorporación de áreas de género en diferentes centros de atención ciudadana y de acceso a la justicia en varios puntos del país.
En la actualidad, el gabinete nacional cuenta con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, conformado mayormente por organizaciones de la sociedad civil con lógica de gestión participativa -rasgo novedoso en el marco de la Administración Pública Nacional-.
A simple vista, parecería haberse consolidado un proceso paralelo con el Estado y la sociedad civil, donde se le fue dando entidad a la problemática, aunque a decir verdad, fue la sociedad la que imprimió ritmo y presión para el estado de situación actual, que se institucionaliza la problemática en torno al género, corporizado en tal organismo y, de ahí, la fuerte composición de origen social al interior del organismo. Así, lo identificable fue un proceso complejo, en lo absoluto lineal, de construcción de la agenda; un universo de situaciones demandantes de la atención pública y del gobierno. Ello se enmarca en una relación de carácter dinámico en constante transformación.
Sobre esto último, vale recordar una premisa que destaca Aguilar[3], y es que no todas las cuestiones se vuelven públicas, ni todas las cuestiones públicas se tornan objeto de la atención gubernamental. La cuestión requirió de esfuerzos denodados de lucha reivindicativa por parte de los colectivos, y una decisión gubernamental de transformar realidades a partir de objetivos y acciones concretas mediante impulsos institucionales. Así, retomando lo acontecido, en línea con Casar y Maldonado, se observa una construcción de agenda pública, de agenda política y, finalmente, de agenda gubernamental[4].
El escenario nos ubica frente a un problema de orden público, que requirió de un repertorio de instrumentos de acciones estatales, en tanto prioridad de gobierno, para atender una situación de emergencia ante una sociedad que no vaciló (ni vacila) en salir a la calle, manifestarse y hacerse oír.
“No habrá justicia social sin igualdad de género”
Uno de los lemas que se evidenciaron y evidencian en contexto de las movilizaciones del Ni Una Menos es el de “no habrá justicia social sin igualdad de género”, el cual interpela a la planificación e implementación de políticas públicas para el desarrollo nacional, invitando, justamente, a repensar la problemática de género en torno a la desigualdad. Sobre ello, resulta más que pertinente la noción de interseccionalidad[5]para analizar todas las brechas estructurales que pueden atravesar, proponiendo una integralidad en el accionar de gobierno con enfoque de género. En este sentido, resulta relevante mencionar los dos planes lanzados por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación: el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que desde el año pasado plantea una serie de objetivos, acciones y medidas integrales para abordar de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional una problemática estructural; por otro lado, encontramos el flamante Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad que atiende la problemática de brechas y desigualdades de las personas según su identidad de género, a partir de una lógica también integral y transversal para toda la Administración Pública Nacional, en articulación con otras jurisdicciones y actores e instituciones de la sociedad civil y el sector privado.
Entonces, si bien anteceden ciertas políticas públicas relevantes de género, las mismas fueron creadas por algunas voluntades políticas del momento, seis años después de la primera auto-convocatoria masiva, lo que podemos afirmar es que las políticas de género representan una realidad y un reclamo que hoy en día ninguna área pública puede ignorar. A su vez, encontramos respuestas estatales sobre los reclamos manifestados en la primera declaración del Ni Una Menos, no obstante, no se agota la demanda en torno a la problemática.
Con riesgos de caer en simplismos y reduccionismos, al observar al Ni Una Menos como un fenómeno que le dio “viento de cola” a la lucha por la Interrupción Legal del embarazo, entre otros, en el sentido que puso luz en las demandas feministas que estaban invisibilizadas hasta el momento, arribamos a reflexiones varias (que no se obturan a la fecha), vinculables entre sí. Primero, la sociedad demandó un posicionamiento al sector político, teniendo que luchar contra muchos tabúes que impedían plantear abiertamente su postura (mayormente de raíz religiosa); en este sentido, no vislumbramos una clara “bajada de línea” partidaria, aunque sí encolumnamientos; por lo que se planteó como una cuestión que excedió los bloques partidarios. Ello es relacionable con la necesidad urgente de atender a situaciones de emergencia que no se podía continuar negando.
Así, resulta fundamental remarcar, en vista de lo consolidado y para la construcción venidera, que el compromiso es de todas, todos y todes, en pos de una sociedad más justa, igualitaria y sin violencias contra las mujeres y LGBTI+, porque no vemos desarrollo nacional posible sin justicia social, ni justicia social sin igualdad de género.
[1]Lic. en Ciencia Política.
[2] Lic. en Sociología y Magíster en Políticas Sociales.
[3]Aguilar, Luis F. (s/d). El estudio de las políticas públicas, vol. 1, México, Miguel Ángel Porrúa, 1993, 4 vols. (Colección Antologías de Política Pública).
[4]La agenda pública se define por el conjunto de temas que la ciudadanía y distintos grupos de la sociedad buscan posicionar para ser atendidos; la agenda política se constituye por temas que alcanzan prioridad en el debate y la acción de actores políticos con capacidad de impulsarlas; y la agenda gubernamental es el conjunto de prioridades que un gobierno establece como proyecto y materializa en un mandato. (Casar, M.A. y Maldonado, C. (2008). Formación de agenda y procesos de toma de decisiones: Una aproximación desde la ciencia política. En Revista del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, N° 207. México D.F: Centro de Investigaciones y Docencia Económicas).
[5]La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el género, etnia, clase u orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas.